El SAS oculta información relevante para investigar la corrupción

Artículo de Luis Escribano

Hace unas semanas, el Servicio Andaluz de Salud –SAS- que dirige Miguel Ángel Guzmán Ruiz, resolvía varias solicitudes de información que había efectuado la Asociación “Justicia por la Sanidad” a través del Portal de Transparencia, firmadas por el Director General de Gestión Económica y Servicios, José Antonio Miranda Aranda. Se trataba de documentación sobre contratos y conciertos sanitarios con posibles ilegalidades. Pues bien, aunque el SAS otorgaba el acceso a la información, no se hacía realmente efectivo por dos motivos: 

    a) Se entregaban decenas de páginas con pantallazos del Sistema Júpiter de contabilidad que no sirven para la investigación, y no se entregaba la parte de la documentación más importante de los expedientes de los contratos que podían acreditar posibles actuaciones corruptas, porque, según manifestaba el SAS, eran contratos antiguos y se habían destruido archivos, aunque curiosamente el SAS envió el año pasado al Juzgado otros contratos de 2006 y 2008 (al parecer, la destrucción es selectiva). Y lo grave es que ningún ciudadano tiene la posibilidad de poder demostrar lo contrario, porque las Leyes de Transparencia no exige a la Administración que acredite documentalmente dicha destrucción o eliminación de documentos públicos cuando lo alega. ¿Dónde queda la “igualdad de armas” y los derechos de los ciudadanos?

 

    b) La única documentación entregada del concierto sanitario tenía censurados (tachados) las denominaciones de los cargos públicos y los nombres y apellidos de las personas que los ocupaban. Nunca había ocurrido esto con el Gobierno del PSOE, y eso que sus aberraciones eran significativas. Es evidente que para censurar una firma no hace falta tachar los cargos y sus nombres y apellidos. 

Con esta actuación de censura del nuevo Gobierno del PP y Cs se evita, por ejemplo, que las querellas que interpone la Asociación “Justicia por la Sanidad” puedan dirigirse contra las concretas personas responsables de presuntos actos corruptos, al desconocerse cargos y nombres y apellidos, o para pedir sus testimonios. Para colmo, esta censura se realiza en contra del criterio de los Consejos de Transparencia (estatal y autonómico), los cuales han dejado claro que los nombres y apellidos y cargos que ocupan políticos y funcionarios de libre designación no pueden censurarse, por ser contrario a Derecho. 

Observen a continuación las diferencias en la censura entre el anterior Gobierno del PSOE, sobre el que he publicado sus numerosas ilegalidades y he denunciado en algunos casos, y el nuevo Gobierno del PP y Cs, en el que muchos ingenuos han puestos sus esperanzas:

Pero no acaba aquí el asunto. Siempre cabe la posibilidad de que la citada Asociación presente una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, pero tendría que esperar más de un año para obtener una resolución, aunque el plazo máximo para resolver y notificar la resolución establecido en la Ley es de ¡tres meses! 

No tienen más que comprobarlo con las últimas resoluciones publicadas en su página web: por ejemplo, su Resolución 273/2019, de 11-10-2019, resuelve una reclamación presentada el 29-06-2018; o su Resolución 265/2019, de 13-09-2019, resuelve una reclamación presentada el 17-05-2018. 

Y si luego tuvieran que recurrir a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ya saben: más de un año para resolverse y con gastos de abogados, tasas judiciales y, en su caso, posibles costas judiciales si pierde el pleito. Y si quieren recurrir la sentencia del Juzgado al Tribunal Superior correspondiente, más de los mismo, y más años a añadir.

Una estafa política en toda regla 

De esta forma tan sibilina consiguen los partidos políticos, por ejemplo, en caso de investigar presuntos delitos de prevaricación, que estos acaben prescribiendo por el transcurso de los años que se necesitan para conseguir la documentación mínima que puede probarlo (10 años de prescripción establece el Código Penal para la prevaricación). 

Esta es la esencia del régimen partidocrático: hablar de “democracia”, “transparencia” y demás atractivos principios, declarar muchos derechos y libertades a los ciudadanos -a los que consideran borregos-, que para intentar hacerlos efectivos tienen que atravesar tantos obstáculos que ni siquiera inician la carrera o, en su caso, la abandonan hastiados a la mitad del recorrido. Y cuando alguno consigue llegar al final, ya ha perdido su sentido la meta, porque “la justicia tardía no es justicia”. Los españoles que hemos investigado y acudido a los Tribunales lo sabemos porque lo hemos sufrido, pero ahí siguen esos dos tercios del electorado tragándoselo todo, votando listas de candidatos elaboradas por el jefe de turno de cualquier partido del régimen. 

Los hechos relatados reflejan la política del "cambio" del PP y Cs en Andalucía, con el apoyo incondicional de Vox, así como la vaga e ineficaz oposición de Adelante Andalucía y PSOE: aunque aquellos prometieron impulsar la “regeneración democrática”, no dejan de ser otros estafadores, tal como lo fue el PSOE durante demasiados años con la connivencia de IU y Cs en sus últimos gobiernos.