Un artículo de Luis Escribano
Con el presente artículo y los
dos anteriores publicados, ya son tres los artículos consecutivos dedicados a incumplimientos legales del SAS, aunque
hay anteriores publicados que habría que añadirlos a estos tres.
Tal como publiqué el pasado
mes de noviembre en este mismo diario, en el reportaje de investigación
titulado “El PSOE andaluz creó un sistema opaco para
el “descontrol” del gasto sanitario que el nuevo Gobierno mantiene”, la Instrucción
8/2003 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre control
financiero permanente en los centros de gastos periféricos del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), que
ha sido modificada parcialmente por la Instrucción 8/2004 y la Instrucción
9/2017, eliminó el control previo de
los gastos en 66 centros, distritos y áreas sanitarias de toda
Andalucía, incluidos los cinco grandes Hospitales en los que ya se venía
haciendo.
A la vista de dicha
Instrucción 8/2003, la Asociación “Justicia por la Sanidad” solicitó
el pasado 30 de septiembre de 2019,
tanto al SAS como a la Consejería de Hacienda, a través del Portal de
Transparencia de la Junta, determinados informes
de cumplimiento de legalidad
de los actos de gestión económico-financiera de los centro, tanto parciales
como los anuales a realizar.
Dichos informes deben incluir,
básicamente, los incumplimientos y
abusos significativos que hayan sido detectados durante o en conexión con la
auditoría, y recogerán una mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.
Como ya ocurrió con otras
solicitudes, el SAS –como Pilatos- derivó
el 3 de octubre de 2019 dicha solicitud
a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y el 31 de
octubre siguiente se recibió su resolución: la Interventora General de la
Junta de Andalucía, Amelia Ignacia Martínez Sánchez, denegó el acceso a la información
solicitada con unos pretextos absurdos, resolución que ha sido recurrida por la
citada Asociación al Consejo de Transparencia de Andalucía, aunque no se espera
que sea resuelto el recurso hasta mediados del año 2021, viendo los plazos
actuales de resolución que mantiene dicho Consejo, que supera el año y varios
meses.
El colapso del citado Consejo es
absoluto teniendo en cuenta que el plazo legal para resolver es de 3 meses, sin
que nadie ponga remedio (sus recursos humanos y económicos dependen de
Consejerías del PP, Hacienda y Presidencia, y del Parlamento). No obstante, les
recuerdo que la mayoría de su personal
procede de reubicaciones “a dedo” realizadas por el Gobierno del PSOE. ¿Qué
medidas está adoptando su Director, Manuel Medina Guerrero, para mejorar su gestión?
No obstante, la citada Interventora General de la Consejería
de Hacienda manifestó en su Resolución que es el Servicio Andaluz de Salud
el que, en su caso, “deberá decidir con
arreglo a las normas y principios contenidos en las legislación sobre transparencia
y protección de datos personales si concede o deniega el acceso a la misma.”
Es decir, el SAS remitió la solicitud de la Asociación a la
Consejería de Hacienda porque consideró que era el órgano competente para
resolverla, y este deniega el acceso añadiendo que es el SAS el que debe decidir, pero sin devolverle la solicitud al SAS. Todo muy kafkiano, como es este nuevo Gobierno del PP y Cs que apoya incondicionalmente Vox: una auténtica tomadura
de pelo a la ciudadanía….y al
principio de legalidad.
A la vista de dicha resolución
de la Interventora General, la Asociación se lo comunicó a la Unidad de Transparencia del SAS el
pasado 13 de noviembre de 2019,
pidiéndole de nuevo que el SAS resolviera la solicitud y que acusara recibo. El
21 de noviembre de 2019, al no
recibir nada, la Asociación reiteró el
acuse de recibo.
Por fin, el 22 de noviembre de 2019 se recibe un
correo electrónico del SAS acusando recibo de los correos de la Asociación, informando que han iniciado su
tramitación (SOL-2019/00002490-PID@) de acuerdo a las estipulaciones
contempladas en la Ley 9/2013, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de
Andalucía.
El plazo estipulado en la Ley
para resolver la solicitud es de 20 días. Han
transcurrido casi dos meses, y nada se sabe respecto a dicha solicitud.
Con el presente artículo y los
dos anteriores publicados, ya son tres los artículos consecutivos dedicados a
los incumplimientos legales del SAS,
un órgano del nuevo Gobierno que, según repiten, constantemente, son el
Gobierno del “cambio”, de la “regeneración” y la “transparencia”. Claro, y los
burros vuelan.
¿Y qué hace mientras tanto la
oposición de Vox, Adelante Andalucía y PSOE en el Parlamento de Andalucía? Contar
nubes, obviamente, sin dejar de colaborar para que la corrupción sistémica de
este régimen partidocrático no cese.
La Asociación "Justicia por la Sanidad", una vez más, ha convocado para el próximo domingo 2 de febrero una manifestación en la ciudad de Sevilla, no sólo por estos incumplimientos legales, sino porque el deterioro de la Sanidad pública va a más, y es necesario que los ciudadanos lo expresemos en la calle, único reducto que nos queda para hacernos oír, dado nuestro abandono por las instituciones públicas. Aquí tienen la información: Sevilla 2-F
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