Artículo de Antonio Barreda
Las minas andaluzas han estado siempre en el ojo del
huracán, sobre todo desde que reventó la famosa balsa de la mina de Aznalcóllar
en abril de 1998 propiedad de la empresa sueca Boliden, que terminó cerrando y
yéndose del país, y que nunca devolvió las jugosas subvenciones que se le
concedieron por parte de la Junta de Andalucía para explotarla, a pesar del
desastre causado, ni tampoco tenemos noticia sobre el pago de la multa que se
le impuso. De aquello surgió el famoso
corredor verde que consumió ingentes cantidades de dinero público, sobre unos
200 millones de euros, en la limpieza de los suelos contaminados. Desde
entonces las minas andaluzas han dado mucho que hablar en los juzgados y en la
política andaluza.
El escándalo de Minas de Aguas Teñidas.
El 20 de enero de 2009 saltaba el escándalo de Minas de
Aguas Teñidas en el que la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves,
concedía un incentivo de casi 10,1 millones de euros a la empresa minera a
propuesta de la Agencia Idea, para financiar su proyecto de construcción de una
planta de tratamiento mineral en Huelva. Dicho incentivo lo pagó la Junta de
Andalucía a la empresa el 4 de junio de 2010. El escándalo salta cuando se supo que en la compañía
estaba de apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del entonces presidente Manuel
Chaves. El acoso a Chaves no se hizo esperar tanto por la prensa como por la
oposición capitaneada en aquella época por el PP de Javier Arenas.
Años más tarde, en octubre de 2018 el TSJA condenó a
Minas de Aguas Teñidas a devolver a la Junta el incentivo de casi 10,1 millones
de euros más los intereses legales por las irregularidades descubiertas en la
concesión de la ayuda ya que según el TSJA el gobierno andaluz subvencionó un
proyecto ya iniciado, algo que la ley no permite. La propia UE exige que las
empresas no inicien sus proyectos antes de la presentación de la solicitud de
ayudas. La Junta mantuvo siempre que Paula Chaves no intervino en el
procedimiento algo que puso en duda el ex apoderado que gestionó la ayuda de
Matsa ante la Administración andaluza, Francisco Javier López Rubio, quien admitió
que la hija de Chaves supervisó y validó todo el proceso de la ayuda desde el
principio.
Pero aquí no queda solo el tema judicial, ya que el
pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo confirmaba una sentencia del TSJA
de 2017 ante el recurso de una empresa rival Emerita Resources, que ordenaba
repetir el concurso para los derechos mineros de varios yacimientos en la
provincia en Huelva, en concreto en las localidades de Paymogo y Puebla Guzmán,
así como eliminar criterios de valoración que la Junta de Andalucía había
introducido a posteriori y que beneficiaban a Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa),
proceso que se había hecho en 2014 con Susana Díaz ya de presidenta de la Junta
de Andalucía.
A Emerita Resources se supo que la asesoraba desde
septiembre de 2013 – tan solo 8 meses después de abandonar la Junta de
Andalucía - Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno
Felipe González y ex alto cargo de la Junta de Andalucía. El entonces consejero
delegado de Emerita Resources, Joaquín Merino-Márquez, declaró en 2014 que Juan
María González fue contratado el “1 de septiembre de 2013 y estuvo prestando
servicio hasta marzo de este año”. Sí admitió que, “en ocasiones”, lo ha
llamado para “consultarle algún tema”.
El consejero delegado rechazaba que el sobrino de Felipe González
pueda tener “la más mínima influencia” en la Administración autonómica para que
el concurso se resuelva a favor de Emerita Resources. El entorno de Juan María
González aseguraba a la prensa que éste “nunca tuvo la más mínima relación” con
la empresa canadiense durante su etapa como alto cargo en la Junta y que “no
tiene nada absolutamente que ver” con la apertura del proceso para la
reapertura de la mina de Aznalcóllar. La Junta, finalmente, adjudicó la mina de
Aznalcóllar a Minorbis, formada por una filial del grupo cordobés Magtel y la
multinacional Grupo México.
Emerita Resources denunció esta adjudicación de la
antigua minas de Aznalcóllar a Minorbis, que terminó en un archivo, pero la
Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre, con la Juez Alaya como ponente,
ordenó reabrir el caso porque entendió que podía haber “poderosos indicios de
prevaricación”. El caso se reabrió en octubre en el Juzgado de Instrucción nº 3
de Sevilla y acumula ya a 16 imputados, la mayoría de ellos funcionarios y ex
altos cargos del gobierno de Susana Díaz, entre los que se incluye al ex
presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi),
Vicente Fernández, que era secretario general de Industria de la Junta de
Andalucía cuando se llevó a cabo el concurso minero y que dimitió de su cargo
en el gobierno de Pedro Sánchez. También se imputaba a los hermanos Mario e
Isidro López Magdaleno, directivos de Magtel una empresa cordobesa, propietaria
de la compañía adjudicataria (Minorbis)
Cobre Las Cruces y la viceconsejera de Economía
El pasado mes de enero el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía nombraba viceconsejera de Economía, Empresas Conocimiento y
Universidad a Lorena García de Izarra, que según la web de la Junta ha
desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, especialmente en el
área de Derecho Público (urbanismo, energía, infraestructuras y medio
ambiente). Hasta el momento, desempeñaba el cargo de directora de Servicios
Legales y Relaciones Institucionales y secretaria del consejo de administración
de Cobre Las Cruces First Quantum Minerals. Al mismo tiempo, ejercía como
secretaria del patronato de la Fundación Cobre Las Cruces.
Según los datos del registro mercantil de la mina Cobre
Las Cruces la actual viceconsejera estuvo de apoderada mancomunada solidaria
desde el 20 de junio de 2018 hasta su cese el pasado 16 de agosto de 2019.
También ocupó, el cargo de secretaria no consejera de la empresa Cobre Las
Cruces hasta su cese el 19 de julio de 2019. Y también aparece de apoderada
mancomunada solidaria en la empresa Inmet Cobre España S.A. hasta su cese el pasado 20
de septiembre de 2019.
Pero la actual viceconsejera de Economía, Empresas,
Conocimiento y Universidad no era una completa desconocida para la Junta de
Andalucía ya que entre 2010 y 2012, según datos del Registro Mercantil, fue
consejera de Verificaciones Industriales de Andalucía S A (Veiasa), una empresa
pública dependiente de la Agencia IDEA. Y con anterioridad entre 2009 y 2010,
la actual viceconsejera, estuvo de consejera de Centros Turísticos S.A.
(Cetursa), la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada, en
Granada.
El nuevo Secretario General de Industria, Energía y Minas
trabajó en Emed Mining.
El pasado día 27 de diciembre el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía nombraba a Fernando Arauz de Robles Villalón nuevo
Secretario General de Industria, Energía y Minas. La nota del propio Consejo de
Gobierno dice que “entre septiembre de 2014 y octubre de 2019, fue director
general corporativo de minería en Levantina y Asociados de Minerales, uno de
los líderes mundiales en la extracción, tratamiento y venta de piedra
ornamental. Previamente, Arauz de Robles fue director general de Relaciones
Institucionales en Emed Minning (actual Atalaya Riotinto Minera) entre 2012 y
2014. También ha sido director general corporativo de la unidad de áridos
en Essentium Grupo y en Gla-Orascom Construction Industries, además de director
regional de áridos en Andalucía occidental de la multinacional cementera
Holcim”.
Emed Mining no es una empresa desconocida en la Junta de
Andalucía, ya que era competidora directa de Minas de Aguas Teñidas, la empresa
donde trabaja la hija del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves.
En octubre de 2008 la compañía minera chipriota Emed Mining, propietaria del
51% de la mina de cobre de Río Tinto, en Huelva, a través de Emed Tartessus,
anunciaba la adquisición del 100% de la compañía al comprar por 44 millones de
euros el 49% en poder de la sociedad MRI.
Conviene recordar que la sociedad Rumbo 5 Cero S.L. de
Severiano López Martín, economista que asesoró a Juan Guerra en sus litigios,
compró 1.200 hectáreas lindantes con Minas de Riotinto por 2,8 millones de
euros en 2005, y en 2012 la multinacional Emed Tartessus firmó un acuerdo para
la adquisición de dicha finca a la empresa de Severiano López por un importe
que podría alcanzar los 20 millones de euros según las condiciones, para la
reapertura de la mina. Pero de la empresa Rumbo 5 Cero S.L. habría tela que contar
en otro capítulo.
Finalmente, hay que señalar
que en Emed Mining trabaja el hijo de alguien que fue factótum del PSOE de
Andalucía enfrentado históricamente a Alfonso Guerra. Se trata de Jesús
Caballos Cataño, el hijo del ilustre socialista sevillano y renovador Pepe
Caballos, quien fue apoderado de la empresa minera hasta junio de 2011 según consta
en los datos del Registro Mercantil. En su perfil de Linkedin indica que es el
actual responsable de comunicación de la empresa Atalaya Mining (Emed Mining)
en la que lleva más de 12 años en nómina. Pero aquí no acaba la cosa, ya que en
la empresa Emed Mining estuvo de consejero y presidente de ésta, hasta
noviembre de 2009, Guillermo Gutiérrez Crespo, ex consejero de empleo de Manuel
Chaves de la órbita del clan caballista del PSOE, que precedió a José Antonio Viera
en el cargo condenado hoy por los ERE fraudulentos.
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