El PSOE andaluz creó un sistema opaco para el “descontrol” del gasto sanitario que el nuevo Gobierno mantiene (2ª parte)

Un reportaje de Luis Escribano

El Parlamento y Gobierno andaluz, con el sostén de la Intervención General, eliminaron los controles previos que efectuaban las Intervenciones en centros, áreas y distritos sanitarios, con cientos de millones de euros de gasto

Dos Acuerdos del Consejo de Gobierno, relacionados con la eliminación de los controles, no se publicaron en BOJA ni en su web, al igual que otras Resoluciones, Circulares e Instrucciones, ocultándolo a la ciudadanía

El nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs ha denegado a la Asociación “Justicia por la Sanidad” el acceso a informes sobre cumplimiento de legalidad que la Intervención Central del SAS y la Intervención General debían realizar sobre el gasto de los centros, áreas y distritos sanitarios, previstas en Instrucciones internas, ocultación que suscita las lógicas sospechas

 

3.- Eliminación de la fiscalización previa del gasto público en los centros de gastos periféricos del SAS.

Desde que se aprobó en 1983 por el Parlamento andaluz la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta ha ido sufriendo modificaciones que han facilitado sin duda la corrupción en el seno de la Junta de Andalucía. Algún partido como IU dejó constancia en el Parlamento de no ver con buenos ojos algunas de las modificaciones, como la aplicación de “técnicas de auditoría” en órganos y servicios administrativos, aunque luego gobernaría con el PSOE, y no exigió su cambio en el acuerdo de gobierno, como hacen todos los partidos cuando llegan al poder.

No obstante, la realidad es que ningún partido de la oposición hizo nada para remediarlo, ni siquiera cuando fueron socios del PSOE en el gobierno andaluz, como ocurrió con Ciudadanos. Y respecto a los partidos actuales que tienen Grupo parlamentario (PP, Cs, Vox, Adelante Andalucía y PSOE), ninguno ha adoptado iniciativas para cambiarlo y mantienen el mismo sistema que facilita la corrupción sistémica, sin que nadie lo denuncie.

En resumen, el proceso consistió en eliminar los típicos controles previos que tienen todas las Administraciones Públicas para los expedientes de gastos (contratos de personal, contratos con empresas, conciertos sanitarios, etc.) en los centros de gastos periféricos del SAS (Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria, Distritos Sanitarios, etcétera). De esta manera se ha evitado que algún funcionario interventor pudiera poner reparos a los expedientes por incumplimientos de la normativa.

Dicha intervención previa fue sustituida por el mecanismo denominado “control financiero permanente”, en la que se utilizan “técnicas de auditoría” que no tienen efectividad alguna en la lucha contra la corrupción, sino al contrario, la facilita y mucho. Son las mismas “técnicas de auditoría” que se han venido utilizando en la Agencia IDEA (judicializado con caso ERE), INVERCARIA (judicializado por ayudas a empresas), FAFFE (judicializado), FORJA XXI (judicializado) y resto de agencias, sociedades y demás entes de la administración paralela (algunas en investigación policial y judicial), y ya conocen sobradamente los resultados. Es evidente que las auditorías no funcionan como medida de control del gasto, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la normativa, dado que en su mayoría se tratan de auditorías financieras y operativas, que no analizan la legalidad de las actuaciones.

Por mucho que los políticos pretendan vender a los ciudadanos las bondades del control financiero y las “técnicas de auditoría”, es evidente su inutilidad para prevenir la corrupción y su gran eficacia para fomentarla. ¿Qué partido político se va a oponer a ese sistema que les permite utilizar los fondos públicos sin controles efectivos cuando ocupan el poder? Ninguno, es la esencia de la partidocracia: usar los fondos públicos con los mínimos controles posibles para mantenerse en el poder y enriquecerse o enriquecer a terceros.

Hoy día, con la Administración electrónica y una buena organización, no cabe la excusa que siempre utilizan los políticos para justificar la eliminación de controles: agilizar los procedimientos. Como funcionario con casi 30 años de experiencia, me indigna escuchar esas patrañas y engañifas.

Si en la Junta de Andalucía siempre ha sido problemático el control del gasto por funcionarios interventores, imaginen el des-control que se puede haber generado si ningún funcionario -distinto del órgano que gestiona los expedientes- fiscaliza previamente el gasto. Y digo problemático porque todos son nombrados por libre designación (y ya saben, si no obedece es cesado “libremente”) en vez de ser nombrados por concurso de méritos (sería inamovible en su plaza, salvo sanción por expediente disciplinario, lo cual es una garantía para los ciudadanos).

A todo ello hay que añadir que no existe en la Junta un Cuerpo de Interventores. Sin embargo, en la Administración Local existe desde hace muchos años funcionarios habilitados para fiscalizar los gastos (Secretarios-Interventores o Interventores), al igual que existen Cuerpos de Interventores en algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana,  Aragón -especialidad de Interventores e Inspectores Financieros-, etc.), y en la Administración del Estado existen el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,  Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social y el Cuerpo Militar de Intervención.

Como iba diciendo sobre la eliminación de los controles previos, el cambio del sistema legal se hizo con mucha opacidad, como veremos a continuación. No obstante, les adelanto que dos Acuerdos del Consejo de Gobierno que regulaban esta eliminación de la fiscalización previa no fueron publicados en el BOJA ni en la página web del mismo, como tampoco se publicaron en dicho Boletín Oficial numerosas Circulares e Instrucciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía ni una Resolución del SAS. Sin embargo, la Asociación “Justicia por la Sanidad” ya tiene en su poder dicha documentación, desconociendo si existe más documentación oculta.

Resulta lamentable que esta labor de investigación y control la tengan que hacer ciudadanos y no las instituciones que supuestamente debían controlar todo esto: Grupos Parlamentarios, Consejo de Gobierno y sus decenas de asesores, Cámara de Cuentas, empresas privadas de Auditorías contratadas por la Junta, Inspección General de Servicios e Intervención General de la Junta, Asesores de los Gabinetes de las Consejerías, Fiscales, Jueces, UDEF de la Policía Nacional y UCO de la Guardia Civil, etc. Todos se mimetizan con el avestruz: cabeza enterrada bajo el suelo con la consiguiente ceguera, y algunos hasta levantan una pata para que tropieces cuando intentas que saquen la cabeza del suelo y abran los ojos.

Estrategia de eliminación de los controles del gasto con opacidad, perpetrada por la Junta de Andalucía.

Todo empezó con la Ley 9/1987, de 9 de diciembre, que modificó determinados artículos de la Ley General de la Hacienda Pública de 1983, a propuesta del entonces Consejero de Hacienda, Ángel Ojeda Avilés (1987-1990), conocido hoy por la investigación del caso de los cursos de formación y su entramado de empresas, siendo el Interventor General Pablo López Villegas (1986-1988).

Con esas modificaciones empezaron a permitirse el uso de las “técnicas de muestreo” o comprobaciones periódicas a los actos, documentos y expedientes objeto de control, dejando en manos de la Intervención General determinar los actos, documentos y expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercitada sobre una muestra y no la totalidad de los expedientes de gastos.

Asimismo, se contempló la posibilidad de quedar excluidos de intervención previa y sometidos a “control posterior” determinados actos. Asimismo se modificó la Ley estableciendo que la intervención previa podría sustituirse por “control financiero” en los casos establecidos en dicha Ley; por ello, también se modificó indicando que el “control financiero” podrá realizarse, siguiendo las directrices de la Intervención General, en los plazos o períodos que la transcendencia de la operación u operaciones a controlar y del ente sujeto al mismo hagan aconsejable, y, en todo caso, como mínimo, una vez al año.

Si observan bien, se dejaba todo en manos de la Intervención General, con lo cual se inició un diseño del supuesto sistema de control con opacidades, que evitaba su conocimiento por la ciudadanía, dado que las Instrucciones y Circulares de la Intervención no se publicaban en BOJA, a pesar de regular procedimientos para el control del gasto.

El siguiente paso se efectuó siendo Presidente de la Junta Manuel Chaves González (1990-2009) y Consejero de Hacienda Jaime Montaner Roselló (1990-1994), con la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1991, que permitió que por acuerdo del Consejo de Gobierno pudiera sustituirse la intervención previa de los expedientes de gastos por el “control financiero permanente” en determinados órganos o servicios en los que se considerase adecuada dicha fórmula de “control”, dejando en manos de la Intervención General de la Junta de Andalucía el establecimiento de las condiciones de su ejercicio.

Es decir, se evitó el desarrollo reglamentario de la Ley por Decretos y Órdenes que debían publicarse en BOJA, facilitando de nuevo la opacidad del supuesto sistema de control.

Por si no se acuerdan, tal como informó el periodista Antonio Salvador, les recuerdo que la UCO de la Guardia Civil atribuyó en 2017 en un informe la comisión de un delito de tráfico de influencias a Jaime Montaner, por su mediación para que le pagaran a la empresa de un conocido -La Instaladora Moderna Electricidad SL- una ayuda que la Consejería de Empleo le había concedido con cargo al fondo de reptiles (Noticia: El Independiente). Asimismo, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó también 2017 en una sentencia su inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier otra persona durante dos años, por el asunto BIACS y haber sido patrono, tal como informó María Jesús Pereira en ABC (Noticia ABC).

Igualmente, les recuerdo que Manuel Chaves ha sido procesado por el caso ERE, por la comisión de un presunto delito de prevaricación. La sentencia está en el horno, el cual debe averiarse con frecuencia por la demora en cocinarse.

El Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 1993, aprobó su primer Acuerdo, previa Memoria suscrita por Eduardo León Lázaro (1991-2000), entonces Interventor General de la Junta de Andalucía nombrado por Manuel Chaves (actualmente Director General de Presupuestos de la Junta de Andalucía), y un informe suscrito por el Director General de Presupuestos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp, de fecha 4 de septiembre de 1992.

En dicha Memoria del Interventor General, debo destacarse el siguiente texto, que dejaba clara la pretensión de la Junta, que no era más que evitar que los interventores controlaran el cumplimiento de la legislación en los expedientes de gastos, configurando un "nuevo modelo de control interno". Aquí les dejo con la imagen de un extracto de dicha Memoria suscrita por Eduardo León Lázaro en mayo de 1992:

Dicho Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26-01-1993 estableció el control financiero permanente sobre determinados gastos y varios organismos y servicios de la Junta de Andalucía, entre ellos los de los siguientes Hospitales públicos del SAS (organismo autónomo), que se incluían en su Anexo:

- Hospital Virgen de Las Nieves (Granada).

- Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

- Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

- Hospital de Puerto Real (Cádiz).

- Hospital Reina Sofía (Córdoba).

En los años posteriores se fue profundizando en la opacidad del sistema. Las nuevas modificaciones las propuso la Consejería de Economía y Hacienda cuando su titular era Magdalena Álvarez Arza (1994-2004), en los años 1996 y 2001, aprobadas por el Parlamento, permitiendo la aplicación de “técnicas de muestreo” o “comprobaciones periódicas” de los actos, documentos o expedientes relacionados con los gastos de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes: se dejaba la puerta abierta).

Además, eliminó el control previo a los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones y los contratos menores (en Sanidad, estos contratos son decenas de miles). Asimismo, permitió excluirse de “control previo” y sustituirse a “control posterior” (“técnicas de auditoría”), los siguientes gastos de personal, los de todas las contrataciones de empresas privadas –gasto millonario- (excepto los relativos a conciertos sanitarios), y los gastos de farmacia y prótesis, unos de los más cuantiosos.

Es decir, en vez de aumentar el número de funcionarios interventores para efectuar los controles previos del gasto, se siguieron eliminando estos controles y sustituyéndolos por instrumentos absolutamente ineficaces, como ha quedado demostrado con el caso de los ERE y la Agencia IDEA, también sometida a “control financiero” y el uso de “técnicas de auditoría”, y ya conocen el resultado.

Asimismo, se atribuyó a la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter exclusivo, la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Agencias administrativas, mientras que para las empresas (Agencias empresariales, Sociedades, etc.), podían contratarlas recabando simplemente el informe con carácter previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Por cierto, les recuerdo que Magdalena Álvarez ha sido enjuiciada en el caso ERE por la comisión de un presunto delito de prevaricación, como máxima responsable de la Consejería de Hacienda, aunque se ha defendido diciendo que ella no sabía nada ni había recibido informes de la Intervención General por las ayudas concedidas. ¿No les “chirría” la coincidencia temporal entre lo ocurrido en Empleo y la Sanidad?

Posteriormente, en los años 2004 y 2008 fue José Antonio Griñán Martínez (2004-2009) el artífice de alguna modificación más de la Ley de Hacienda cuando fue titular de la Consejería de Economía y Hacienda. Al igual que Magdalena Álvarez y Manuel Chaves, José Antonio Griñán también ha sido procesado por el caso ERE, por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Entre esas modificaciones, se aprobó que las empresas de la Junta de Andalucía que se encontrasen sometidas a “control financiero permanente” deberán contar con “unidades propias de control interno”, cuyo personal quedaría adscrito al máximo órgano de dirección de la empresa y actuaría bajo la dependencia funcional exclusiva de la Intervención General de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a las labores de control interno y de auditoría que desempeñe (es decir, que podían efectuar otras tareas dentro de la empresa pública). ¿No les extraña a ustedes este sistema de “cabeza dual”, de depender de dos direcciones, una orgánica y otra funcional? Tal como ha quedado demostrado, su efectividad no parece que sea la adecuada: casos ERE, Invercaria, Avales, ISE, y un largo etcétera.

Miles de expedientes en la Sanidad sin previa fiscalización, con gastos de cientos de millones de euros: el sistema perfecto para amparar la corrupción.

A lo largo de esos años se fueron aprobando varias Circulares e Instrucciones por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que no se publicaron en el BOJA (se ocultaban a la ciudadanía), tales como la Circular 2/1993, de 28 de enero, la Circular 6/93, de 25 de marzo, y la Instrucción 6/2002, de 19 de julio (esta última para Hospitales del SAS), y todo ello a pesar de que regulaban el procedimiento a seguir para realizar esos supuestos “controles financieros”. Entre otras obligaciones, se debían realizar informes semestrales o anuales por las Intervenciones Provinciales de la Junta, en base a análisis de algunos expedientes elegidos por “muestreo”.

Si han sido miles los expedientes tramitados de contratos con empresas (sólo en el HUVN, en el periodo 2006-2008 se tramitaron más 129.000 expedientes, especialmente contratos menores y negociados sin publicidad), imaginen los expedientes que nunca fueron fiscalizados, con gastos de cientos de millones de euros.

A ello hay que añadir que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2002, que aprobó el programa de control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía para 2002, no fue publicado en BOJA ni en la web del Consejo de Gobierno. Fue firmado por Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, ambos procesados en el caso de los ERE y pendiente de sentencia.

Se desconoce quien realizó la Memoria de dicho Acuerdo y si existen más informes de este expediente, porque la Consejería de la Presidencia que dirige Elías Bendodo no ha entregado toda la información solicitada. No se entiende el empeño de esta Consejería por ocultar documentos. Al menos, es fácil deducir qué entiende por “transparencia” este Consejero.

En el año 2003, el Consejo de Gobierno adopta dos Acuerdos:

1º) Acuerdo de 4 de marzo de 2003, del Consejo de Gobierno, que aprobó el programa de control a realizar en el ejercicio 2003 de las empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se establecieron otras medidas de control financiero, que sí fue publicado en el BOJA de 14-04-2003.

2º) Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2003, que extendió el “control financiero permanente” a las distintas áreas sanitarias, y tampoco se publicó en el BOJA ni en su página web. Su Memoria fue realizada por el entonces Interventor General, Manuel Gómez Martínez, y el Acuerdo fue firmado igualmente por Manuel Chaves y Magdalena Álvarez.

Y por último, para añadir más opacidad al sistema, el entonces Director Gerente del SAS, Juan Carlos Castro Álvarez (2000-2008), nombrado por Manuel Chaves y Francisco Vallejo, aprobó la Resolución SC 810/2003, de 28 de agosto de 2003, por la que se crearon unas supuestas Unidades de Intervención en los Hospitales y Áreas Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, Resolución que tampoco se publicó en el BOJA. Estas supuestas Unidades dependían orgánicamente del SAS y funcionalmente de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Les recuerdo que Francisco Vallejo Serrano es otro de los procesados por el caso ERE, por presuntos delitos de prevaricación y malversación. ¡Cuántas coincidencias!

Asimismo, Juan Carlos Castro fue uno de los denunciados por la Asociación junto a otros ex-cargos del SAS y Consejería de Salud, como María Jesús Montero, Celia Gómez, etc., en un Juzgado de Sevilla, que fue archivada y recurrida a la Audiencia Provincial de Sevilla, que igualmente la archivó, porque como suele pasar con la Justicia, cuando hay políticos por medio, nunca ven delito, sólo “irregularidades administrativas”.

Otra clara arbitrariedad del nuevo Gobierno del PP y Cs, obstaculizando las investigaciones de la Asociación “Justicia por la Sanidad”

Al descubrir la existencia de dicha Resolución del SAS de 2003, la Asociación Justicia por la Sanidad solicitó al SAS el pasado 30 de septiembre el Acta de creación de dichas Unidades en el HUVN y la identificación de las personas que han ocupado dicha Unidad de Intervención (tal como se regula en la misma), dado que dicho personal pertenece al SAS según la citada Resolución. El SAS abrió el Expediente de Transparencia número 2019/1345, pero el día 3 de octubre derivó la solicitud a la Consejería de Hacienda, por considerar que era la competente para responder, aunque el personal pertenecía al SAS.

Y como en la “mafia” instalada en la Junta de Andalucía nada es casual, el pasado 31 de octubre la Asociación recibió el siguiente correo electrónico:

Es decir, la Consejería de Hacienda, cuyo titular es Juan Bravo Baena, ha devuelto al SAS dicha solicitud cuatro semanas después de recibirla para que la responda, de forma que el plazo para contestar el SAS empieza a contar desde ese día 31 de octubre.

Estas son las argucias “mafiosas” del nuevo Gobierno del PP y Cs, donde la “transparencia” es una falacia para estos “corrupto-parásitos”. Pero sigamos, que aún hay más. 

Como han podido ir comprobando, la opacidad de la “regulación” del supuesto control del gasto en la Sanidad andaluza iba en aumento a la vez que su des-control.

La Instrucción 8/2003, sobre control financiero permanente, que sigue oculta y vigente.

Y entre tanta opacidad, de nuevo el Interventor General, Manuel Gómez Martínez, aprueba otra instrucción que tampoco se publica en el BOJA, a pesar de su importancia para la Sanidad andaluza y el control del gasto, la cual sigue vigente. Se trata de la Instrucción 8/2003, de 30 de diciembre, sobre control financiero permanente en los centros de gastos periféricos del SAS, que ha sido modificada parcialmente por la Instrucción 9/2017.

Con dicha Instrucción 8/2003 de la Intervención General, se eliminó el control previo de los gastos en 45 centros, distritos y áreas sanitarias de toda Andalucía, incluidos los cinco Hospitales en los que ya se venía haciendo. Mediante la Instrucción 8/2004, de 20 de diciembre, se amplió hasta los 66 centros, distritos y áreas en total, que tampoco se publicó en el BOJA.

La eliminación de los controles previos del gasto en los centros del SAS alcanzó su culmen en esa fecha, aunque se desconoce si hubo más ampliaciones, dada la opacidad existente.

Para que se hagan una idea del gasto que ha quedado sin control previo por funcionarios de la Intervención, por ejemplo, en contrataciones de empresas (suministro de bienes y servicios), sólo en el Hospital Universitario “Virgen de la Nieves”, en los años 2006, 2007 y 2008, el gasto fue de 248 millones de euros, aproximadamente.

El nuevo Gobierno del PP y Cs oculta informes claves sobre el supuesto control del gasto en los centros sanitarios.

En dicha Instrucción 8/2003 se establecía que, partiendo de las propuestas presentadas por las Intervenciones Provinciales y de centros (como el Hospital HUVN de Granada), la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud debía elaborar, al principio de cada ejercicio, un único documento de planificación del control de legalidad, homogéneo para los centros sometidos a “control financiero permanente”, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades de cada uno de ellos.

Dicho documento debía ser formalmente aprobado por la Intervención General de la Junta de Andalucía como Programa de trabajo. En el citado programa se establecerán los procedimientos, controles y pruebas a realizar de cara a cumplir los correspondientes objetivos.

Asimismo, establece la citada Instrucción que “con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo primero del punto Cuarto del Acuerdo de Consejo de Gobierno, las Intervenciones de los centros realizarán, durante el ejercicio, informes parciales sobre el cumplimiento de la legalidad de los actos de gestión económico-financiera de los centros, con la periodicidad, estructura y alcance que establezca el Programa de trabajo...”, así como que los citados informes parciales servirían de base para la elaboración del informe anual de legalidad.

Dichos informes irán suscritos por el Interventor del centro, se comunicarán a efectos informativos a los Gerentes de hospitales y Directores de distritos y Centros Regionales de Transfusión Sanguínea, remitiéndose una copia de los mismos a la Intervención Central del SAS.

Sobre la base de esos informes parciales anteriormente descritos, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, se elaborará el Informe anual de legalidad. Los Interventores debían incluir en el informe, básicamente, los incumplimientos y abusos significativos que hayan sido detectados durante o en conexión con la auditoría, y recogerán una mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.

Todos estos documentos (programación e informes aprobados desde 2004 hasta hoy) fueron solicitados por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, tanto al SAS como a la Consejería de Hacienda el pasado 30 de septiembre, a través del Portal de Transparencia de la Junta, dado que como veremos en las dos siguientes publicaciones relativas a las dos querellas de la Asociación, ni la UDEF, ni la Fiscalía ni el Juzgado han solicitado dichos informes de control de legalidad, ni el SAS los ha facilitado a los dos Juzgados de Instrucción de Granada para colaborar con la investigación judicial.

Al contrario, el SAS se ha puesto del lado de los ex Gerentes del HUVN querellados, que fueron nombrados por altos cargos del PSOE, proporcionándoles una Letrada del SAS, como veremos en la tercera parte del reportaje.

Como ya ocurrió con la otra solicitud sobre las supuestas “unidades de intervención” que debían crearse, el SAS volvió a derivar el 3 de octubre pasado la solicitud de la Asociación a la Consejería de Hacienda, y el pasado 31 de octubre se ha recibido la respuesta: la Interventora General de la Junta de Andalucía, Amelia Ignacia Martínez Sánchez, ha denegado el acceso a la información solicitada con unos pretextos absurdos. Se manifiesta en la Resolución de denegación que otorgar la información puede suponer “un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control” y “para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial” (¿?).

La Interventora General, nombrada por el Gobierno del PP y Cs, ha obviado que la Leyes de Transparencia estatal y autonómica han supuesto un cambio fundamental en el control del gasto de las Administraciones Públicas por parte de los ciudadanos. Nos encontramos ante un derecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. Además, como bien indica la Resolución 079/2019, de 30 de abril, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la documentación solicitada tiene una “finalidad que entronca con el espíritu de la LTAIBG -Ley de Transparecia y Buen Gobierno- de conocer cómo toman los poderes públicos las decisiones que afectan a los ciudadanos, especialmente en el tema de la salud pública y su financiación, de marcado interés social”, y que interesan a los socios de la Asociación para conocer cómo se han tomado las decisiones que les afectan como ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios ha actuado la Administración, finalidades y ratio iuris de la LTAIBG.

Amelia Martínez, la Interventora General, se ha refugiado torticeramente en “normas técnicas de auditorías” para denegar la información, teniendo en cuenta que ninguna norma de la Comunidad Autónoma prohíbe la entrega de los informes de cumplimiento de la legalidad.  

Además, cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía hace públicos sus Informes de Fiscalización realizados por sus auditores, según los argumentos empleados por ella, ¿también se estaría vulnerando el secreto profesional de los auditores? ¿Habría también que pedirle el informe al órgano fiscalizado? Porque eso es lo que ha alegado la Interventora General (que además es auditora de la Cámara de Cuentas) en su Resolución para denegar el acceso, reconociendo que el SAS sí podría entregar dichos informes.

Y si el SAS los podía entregar, ¿por qué el SAS derivó la solicitud de la Asociación a la Consejería de Hacienda, y esta Consejería no la devolvió al SAS si entendía que era el órgano competente para poder entregar los informes? Como ven, estos del Gobierno del cambio son unos liantes y chapuceros que no paran de enredar con argucias creyendo que la Administración es de ellos, no de los ciudadanos, y de camino obstaculizan las investigaciones sobre la corrupción en la Junta.

No obstante, no se descarta que esa denegación de entregar los informes solicitados pudiera responder a cierto corporativismo, quizás con el fin de proteger a algunos cargos y funcionarios conocidos que han realizado esa supuesta labor de intervención posterior o, al contrario, que no la han realizado como establecía la Instrucción 8/2003. Será cuestión de judicializar el asunto, a ver si así nos enteramos todos los ciudadanos de lo que ha pasado con esos informes y qué se pretende ocultar.

En definitiva, para este nuevo Gobierno del PP y Cs, con el apoyo de Vox y el silencio cómplice del PSOE y Adelante Andalucía en el Parlamento y Tribunales de Justicia, la lucha contra la corrupción y la transparencia consiste en ocultar a los ciudadanos toda información sobre los supuestos informes de control que se estén realizando, si es que se han realizado alguna vez en la Sanidad andaluza, dado que la sospecha que suscita esta denegación es colosal.

Por cerrar el tema de la falta de controles previos en el gasto de la Sanidad andaluza, el nuevo Gobierno andaluz ha mantenido el sistema sin adoptar ni una sola medida normativa para modificarlo. Pero tampoco han presentado iniciativas los Grupos Parlamentarios de la oposición para modificar esta ausencia de controles en esta Legislatura. Y aún así, la mayoría de los ciudadanos seguirán creyendo que los partidos políticos podrán solucionarles sus vidas. ¡Cuánto masoquismo!

Por último, un mensaje a los periodistas y medios de comunicación: si con todas estas informaciones no son capaces de poner contra las cuerdas a los políticos del anterior y actual Gobierno andaluz, así como a los Diputados de los Grupos Parlamentarios, el escenario sería muy revelador. Seguro que todavía quedan periodistas de raza. En sus manos está profundizar en este grave asunto, justo en plena campaña electoral.

¿Tirarán o no de este hilo? No lo sé, pero la Asociación “Justicia por la Sanidad” seguirá con esta batalla, caiga quien caiga.

Continuará...(contratos amañados y actuaciones de la UDEF de la Policía Nacional, de la fiscal y del juez del Juzgado de Instrucción nº 4, en la 3ª parte de este reportaje)