Un reportaje de Luis Escribano
Los hechos y documentos de esta cuarta parte del reportaje constatan
una posible confabulación o negligencia inexcusable en la Fiscalía y Juzgado de
Instrucción nº 9 de Granada
Tanto unos como otros han evitado de forma injustificable la
investigación judicial del caso que afecta a la Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (fue Consejera de
Salud); al exgerente del SAS, José Luis
Gutiérrez (pareja sentimental de la anterior); al exViceconsejero de Salud,
Martín Blanco, y a otros implicados
La fiscal del caso, Montserrat
Luque Molina, ha plagiado el informe de otra fiscal de Granada, y como
consecuencia expone preceptos legales derogados, datos de otra querella y
argumentos inaplicables
El Juzgado de Instrucción nº 9, cuya titular es Rosa María Ginel Pretel, ha evitado practicar pruebas esenciales, y
la UDEF ha realizado un informe sin el necesario celo profesional, excusándose
en que no le remitieron la documentación a investigar
5.- Segunda querella presentada por la Asociación “Justicia por la
Sanidad” por fraude en contrataciones.
Si en la tercera parte del
presente reportaje analizábamos la querella criminal presentada por la
Asociación “Justicia por la Sanidad”, referida inicialmente a un contrato claramente
amañado y sus prórrogas, en este segundo caso de corrupción el asunto se refiere
a varios contratos y sus prórrogas, adjudicados a la empresa EUROCONTROL, SA, con muchas más
personas y centros sanitarios de la Junta de Andalucía implicados, como el
Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” (HUVN, que es recurrente), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), y las Fundaciones Públicas
sanitarias FIBAO y FISEVI.
La resolución del caso podría
afectar políticamente a la actual Ministra de Hacienda en funciones, María
Jesús Montero Cuadrado, dado que el caso afecta al hermano de José
Luis Gutiérrez Pérez, al que propuso como Gerente del SAS (BOJA del
25-04-2008) nada más ser nombrada Consejera de Salud (se mantuvo de Gerente del
SAS hasta 2014), siendo además su pareja sentimental (desconozco si siguen
juntos).
El hermano del entonces Gerente
del SAS, Francisco Javier Gutiérrez Pérez, era el Director de
Consultoría y Gestión en la empresa adjudicataria de todos los contratos, Eurocontrol, SA.
José Luis Gutiérrez
nombró en 2011 como nuevo Director Económico-Administrativo del HUVN a Santiago
Lanzarote Campos, que firma las Memorias supuestamente justificativas
de los contratos. Debido a estos contratos (2 de ellos se adjudicaron en 2012,
y otros 2 el mismo día de 2015), la prensa publicó varios artículos en 2015 y
2017 sobre el asunto, que llegó incluso al Parlamento de Andalucía donde los
grupos de la oposición utilizaron el asunto para “quemar” políticamente al
PSOE. Pero ahí quedó la cosa: ni la
Fiscalía actuó de oficio, ni ningún
partido político dio el paso de denunciarlo en los Tribunales (ni siquiera
lo hicieron en la Fiscalía). Así luchan todos los partidos contra la corrupción:
todo de cara a la galería y de asaltar el poder.
Ahora el nuevo Gobierno del PP y Cs tiene la oportunidad de investigarlo y
denunciarlo todo, pero como ya es sabido, “entre
corruptos anda el juego”, y todos tapan las corrupciones de los demás, pues
suelen utilizarlo como “moneda de cambio” para sus chanchullos (ya saben, “afloja tu acusación, y yo no saco este
asunto”, o “nos repartimos el pastel
juntos”, “si contratas a mi familiar
o amigo, no saco este asunto”, etc.). Quien no conozca los entresijos de la
corrupción sistémica, le costará
trabajo entender el alcance que tiene un régimen partidocrático.
Si lo ocurrido con la UDEF, la
Fiscalía y el Juzgado 4 en la anterior querella, ya era impropio de un poder
judicial que dice ser “independiente”, los hechos ocurridos en esta nueva
querella en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada son muy graves. Pero vayamos
por paso.
Investigación de la Asociación sobre las contrataciones adjudicadas a
la empresa Eurocontrol, SA.
A la vista de las publicaciones
periodísticas del año 2015 y posteriores (aquí tienen vínculos a algunas de
ellas: Noticia
2015, Noticia
2015, Noticia
2017), y del Informe de la Cámara de
Cuentas que apuntaba la existencia de numerosas e importantes
irregularidades, en especial a la falta
de transparencia de los procedimientos negociados sin publicidad en la EASP,
donde estuvo de Gerente el ex-Viceconsejero de Salud Martín Blanco, la
Asociación observó que la tramitación de esos expedientes podrían ajustarse al
mismo esquema utilizado con los contratos de la primera querella, coincidiendo muchas de las personas
implicadas.
Por ello, solicitó a la Junta de
Andalucía copias de los expedientes de los contratos (los tramitados por el Hospital
Universitario “Virgen de las Nieves”, HUVN),
así como los pagos realizados por el SAS y entes instrumentales sanitarios a la
empresa Eurocontrol, SA. Esta
empresa alegó en los procedimientos iniciados con arreglo a la Ley de
Transparencia, oponiéndose a que se
entregara la documentación solicitada, pero finalmente fue entregada una
parte (no estaba completa, es decir, el SAS ha ocultado parte de los
expedientes).
Hay que resaltar que la
Asociación solicitó el 6-08-2018 a la Consejería de Salud “Copia de todos los
documentos que integran el expediente administrativo de contratación número
10/2009”, adjudicado por FIBAO también a Eurocontrol
por importe de 43.102,92 euros,
respondiendo su Presidente, José Luis Salcedo Lagullón, que el expediente fue eliminado con
el traslado de la Fundación desde el HUVN hasta el antiguo Hospital San
Cecilio. Pero ni la UDEF, ni la fiscal del caso, ni el
Juzgado, han investigado acerca de los contratos de FIBAO ni de la EASP.
De los más de 4’4 millones de euros que el SAS y
otros entes sanitarios de la Junta pagaron a Eurocontrol, SA, en toda
Andalucía para el periodo 2003-2018, según los datos facilitados por la Junta
de Andalucía a la Asociación, los
centros sanitarios de Granada pagaron aproximadamente un 64,25 % del total de ese gasto. De esa cantidad, el HUVN pagó a dicha empresa 642.861,47 euros (periodo 2004-2011),
mientras que la Plataforma Logística Sanitaria de Granada pagó 999.559 euros en
el periodo 2011-2018.
Asimismo, la EASP de Granada pagó a Eurocontrol,
SA, en el periodo 2004-2017 un importe de 363.254 euros, y FIBAO pagó en el periodo 2004-2017
un importe de 234.541,24 euros.
Sólo este dato, el elevado
porcentaje facturado en Granada, en comparación por ejemplo con Sevilla (sólo del 16’23% del total) llamaría la atención de cualquier
investigador, por muy mediocre que fuera, especialmente teniendo en cuenta las
relaciones de Eurocontrol con Martín Blanco García a través del
Observatorio OMARS (Javier
Gutiérrez, el Director de Consultoría de Eurocontrol, era también Coordinador Técnico de OMARS) y de la
asociación AGACS (Asociación
Española de Gestión Ambiental en centros Sanitarios, fundada por Martín
Blanco en 2001), y que el ex
Viceconsejero de Salud, Martín Blanco,
participó en la mayoría de los contratos que constan en los autos judiciales,
tanto en el HUVN como en la EASP y FIBAO.
Además, uno de los cargos que
aparecen en los contratos adjudicados a Eurocontrol es Emilia Martínez Martínez,
que fue nombrada Coordinadora General de OMARS
en noviembre de 2012, siendo Presidente Emiliano Nuevo Lara (al que dediqué
otro artículo en EDL)
y el Director Técnico Javier Gutiérrez (Eurocontrol).
Además de OMARS y AGACS, también
coincidían algunos de los implicados en la primera y segunda querella en otra
Asociación: FORO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS, constituida en Motril (Granada). Como informó el periodista Leo Rama en el diario ABC en 2017 (Noticia
ABC), el presidente de esta entidad es Emiliano Nuevo Lara, que
fue Gerente del Hospital Regional de Málaga y, desde 2012, presidente de OMARS,
y ocupó también cargos en el HUVN.
El que fue en su día Gerente del
HUVN, Arturo Domínguez Fernández (firmante del contrato de 2006 con
la empresa de Juan Pérez Raya, y posible nuevo querellado por la Asociación
si la Audiencia Provincial de Granada decretase que continuaran las diligencias
de investigación de la primera querella) es vocal del FORO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, en el que además se encuentran
varias de las empresas de OMARS,
como Eurocontrol. Además, figura
como Tesorero otra persona cercana a Javier Gutiérrez, Santiago Lanzarote Campos,
que ha sido Director de Gestión y Servicios del HUVN, y que tal como informó el
periodista Leo Rama en el diario ABC,
fue “el área desde la que Martín Blanco
autorizó la compra de medicamentos con sobrecostes”.
Observen los nombres de las
personas que aparecen en esta Comunicación Técnica:
Fue tal la vinculación entre
ellas, que la técnica de medio ambiente de Eurocontrol
que aparece en la imagen de dicha Comunicación, Begoña Navarro Cuesta,
acabó siendo contratada por FIBAO en
2010 (con dinero del HUVN),
participando en la Comisión de evaluación
Martín
Blanco García, como Subdirector-Gerente de Gestión y Servicios, y Mª Jesús
González Callejas, técnica asesora de la Dirección de Servicios
Generales. En 2016, FIBAO volvió a
contratar a la misma persona, estando en la Comisión
evaluadora Santiago Lanzarote Campos y de nuevo Mª Jesús González Callejas.
A la vista de todo lo anterior,
no parece nada descabellado pensar que existiera un “concierto” entre los
implicados en los contratos que a continuación analizaré. Como ya podrán ir suponiendo
y veremos más adelante, la UDEF no ha
investigado nada ni ha tomado declaración a nadie.
¿Acaso los policías de la UDEF actuantes han recibido órdenes de la superioridad?
Los contratos y sus ilegalidades groseras.
Los cuatro contratos adjudicados
a Eurocontrol, SA, por el HUVN
fueron los siguientes:
1.- “SERVICIO DE SOPORTE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL HUVN, DE
LA PPLI DE GRANADA-JAÉN SUR”, Expediente número 12N91030033, adjudicado
mediante Resolución de 24 de Julio de 2012, por importe de 29.200 euros (IVA excluido).
2.- “SERVICIO DE DISEÑO E
IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL H.U.V.N.
DE LA PPLI DE GRANADA-JAÉN SUR”, expediente número 12N91030032 (197/2012),
adjudicado mediante Resolución de 10 de Septiembre de 2012, por el mismo
importe de 29.200 euros (IVA
excluido).
3.- “SERVICIO DE DISEÑO E
IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE
GRANADA”, expediente número 14N910330123 (Nº 829/2014), adjudicado mediante Resolución
de 9 de Febrero de 2015, por igual importe que el anterior, es decir, 29.200 euros (IVA excluido).
4.- “SERVICIO DE SOPORTE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA”, número 14N920310130 (Nº
832/2014), adjudicado mediante Resolución de 9 de Febrero de 2015, por igual
importe que los anteriores, es decir, 29.200
euros (IVA excluido).
Los cuatro contratos inicialmente
aportados con la querella fueron tramitados mediante el procedimiento “negociado sin publicidad”. Aunque
parezca extraño, todos ellos fueron adjudicados por el mismo importe de 29.200 euros (IVA excluido), sin quedar justificado el precio en los
expedientes, obligatorio según la Ley.
Todos tenían una duración
prevista de un año, y todos fueron
prorrogados por otro año más. En total, se pagó a la empresa Eurocontrol casi 240.000 euros sin el IVA.
La clave del amaño de estos
contratos es que sus expedientes
seguían siempre el mismo patrón:
-
la falta de justificaciones y de documentos
esenciales,;
-
el HUVN siempre invitaba a ofertar en la
licitación a las mismas empresas: Eurocontrol,
SA, Eurocivil, SL, y una persona
física, Jorge Molinero Méndez.
En todos los contratos, Jorge
Molinero siempre renunciaban a presentar ofertas, y Eurocivil no subsanaba la documentación
cuando se le requería, por dos motivos fáciles de entender:
-
Eurocivil
y Eurocontrol eran empresas vinculadas societariamente,
y hasta compartían dirección y teléfonos.
-
El objeto social de Eurocivil y la aptitud profesional de Jorge Molinero no guardaban ninguna
relación con el objeto del contrato.
Estaba claro que el adjudicatario estaba predeterminado
en todos los expedientes de contratación. Además, si en los contratos de 2012
renunciaron a participar dos veces Eurocivil
y Jorge Molinero, ¿por qué se les
volvió a invitar en los dos expedientes adjudicados en 2015? Téngase en
cuenta que los negociados sin publicidad son
una excepción a la regla general y debe cuidarse que haya competencia entre
empresas para que la Administración no se dañe patrimonialmente.
Lo mismo ocurrió en la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) en uno de sus contratos, estando Martín Blanco de Gerente, y era tan
descarado el asunto que hasta las dos empresas que renunciaron a presentar
ofertas (Eurocivil y Jorge Molinero) lo hicieron con textos idénticos, como pueden comprobar en
esta imagen:
Lo más grave es que en los
expedientes de los contratos suscritos entre la EASP y Eurocontrol, según
la documentación obtenida por el Portal de Transparencia, no existen Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
sólo Pliegos de Prescripciones Técnicas, y en el contrato de 2010 se siguió (con Martín
Blanco de Gerente de la EASP) el mismo modus operandi: invitar a las mismas empresas que en el caso de los
cuatro contratos del HUVN, es decir, claramente amañado.
Hay datos que llaman la atención,
como por ejemplo que los documentos de ambos contratos de 2012 y los de 2015
con el HUVN tengan las mismas fechas. Así, en los dos contratos del año 2012,
la Memoria Justificativa (29 de Marzo), la propuesta o solicitud de inicio del
expediente de contratación (30 de Marzo), el Acuerdo de iniciación (30 de
Marzo), la Resolución de aprobación de inicio de Expediente de Contratación (25
de Abril) y, hasta el Informe de la Asesoría Jurídica (17 de Abril) y las
Invitaciones a las empresas (2 de Mayo), en ambos contratos, son de la misma
fecha.
Y con los adjudicados en 2015
ocurre lo mismo, aunque hay un dato relevante: la Ley exige que la aprobación
de los pliegos y de los modelos requiere
el informe previo del Servicio Jurídico respectivo, y resulta que en los
dos contratos, la Comunicación que dirige el Jefe de la Asesoría Jurídica
Provincial, Jorge I. Martín Oviedo, adjuntando los informes, son de fecha posterior a la Resolución de
Aprobación del Expediente. Pero hay más: las invitaciones a las empresas se
efectúan antes de esa misma fecha (un día antes).
Respecto a las graves
ilegalidades cometidas en la tramitación de los expedientes, a continuación se
destacan algunas de ellas:
1ª) Carecían los 4 contratos de justificación sobre la insuficiencia,
falta de adecuación o conveniencia de no ampliar los medios materiales y
personales del HUVN, es decir, la justificación de la necesaria externalización
del trabajo, tal como el Gabinete
Jurídico de la Junta ha indicado en muchos de sus informes. Por cierto, las
Memorias mal denominadas “Justificativas” estaban firmadas por Santiago
Lanzarote Campos, nombrado en 2011 Director Económico Administrativo
del HUVN por el ex Gerente del SAS, José Luis Gutiérrez.
2ª) En los Pliegos de cláusulas
administrativas particulares no se establecieron los aspectos económicos y
técnicos que debían ser objeto de negociación con las empresas, dejando desprotegido el interés público
al no asegurar una correcta negociación con el adjudicatario (así lo tiene
establecido en varias resoluciones el Tribunal de Cuentas). De hecho, no existió negociación, y se
aceptaron las ofertas de la empresa Eurocontrol.
Además, en los contratos
efectuados por la EASP con Eurocontrol,
no existen Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, sólo PPT.
3ª) De las tres empresa invitadas
a ofertar, como ya he mencionado, dos de
ellas NO tenían como objeto social
el de los contratos, y obviamente renunciaban a presentar ofertas. ¿Saben
ustedes cuántas empresas existían y que podían haberse invitado a ofertar,
tanto en el ámbito de la calidad como de sistemas de gestión? No tienen más que
mirar las numerosas entidades
acreditadas por la ENAC en su página web, o las 9 empresas invitadas a ofertar por la Consejería de Justicia en 2014 para otro negociado sin publicidad que
adjudicó igualmente a Eurocontrol (contrato
nº 2014/000043). Pero esto hubiera supuesto actuar conforme a Ley, y todos los
indicios acreditados apuntan a lo contrario en el HUVN y EASP.
4ª) En los expedientes obtenidos
por Transparencia faltan los documentos
presentados por la empresa Eurocontrol en relación a las ofertas técnicas,
así como a la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de dicha empresa.
5ª) Igualmente faltan la actas de las Mesas de
Contratación celebradas.
6ª) No constan que los trabajos
contratados estén realmente realizados mediante las certificaciones oportunas.
7ª) No constan en los expedientes las facturas de los contratos ni las actas de recepción parcial para
poder efectuar los pagos.
8ª) Falta toda la documentación de las prórrogas de los contratos, sus
justificaciones, facturas, etc., y muy especialmente las obligaciones para
contratar (certificaciones de estar al corriente de las obligaciones
tributarias, documento acreditativo de haber formalizado una póliza de seguro
que cubra las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución del
contrato prorrogado, etc.).
Pero veamos por qué existió esta
carencia de documentación y cómo actuaron tanto la UDEF, la Fiscalía y el
Juzgado.
Tramitación de la querella. Actuaciones de la Fiscalía y la UDEF.
Cuando hubo suficiente documentación
con datos indiciarios claros para iniciar la investigación judicial, la
Asociación presentó la querella el 30-11-2018,
que por reparto recayó en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada.
Se fundamentaba en la comisión de presuntos delitos de prevaricación y
fraude en las contrataciones, siendo los querellados inicialmente los
firmantes de los contratos que pudo obtener la Asociación, aunque la situación
procesal de algunos participantes o implicados en los contratos podría
modificarse a la luz de las investigaciones, las cuales han sido impedidas en
las actuaciones judiciales, como veremos a continuación.
Estas son las tres personas
querelladas inicialmente:
1ª) Manuel González Suárez,
ex Gerentes del HUVN de Granada,
también querellado en la anterior querella de la Asociación. Como ya indiqué en
la publicación de ayer, fue Subdirector Gerente del Hospital “Virgen del Rocío”
antes de dar el salto a la Gerencia del HUVN, volviendo al Hospital sevillano
en 2012 para fusionar los Hospitales
“Virgen del Rocío” y “Virgen Macarena”, siendo Gerentes de ambos hasta 2015.
Hoy es Gerente del Hospital privado “Vithas Nisa” del Aljarafe, en Sevilla.
2ª) Manuel Bayona García,
ex Gerente del HUVN de Granada. En
la foto del margen aparece junto al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
Fue nombrado en octubre de 2012
para llevar a cabo el proceso de fusión
de los dos Hospitales de Granada, y fue cesado en noviembre de 2016 tras la
multitudinaria manifestación del 16 de octubre de ese año, promovida por el
Presidente de la Asociación, Jesús Candel. Antes fue Director Gerente
del Distrito Sanitario Costa del Sol y del Distrito Sanitario de Ronda. Hoy es
Presidente de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.
3ª) Francisco Menéndez García,
apoderado de EUROCONTROL, S.A., quien
suscribe los contratos en representación de la empresa.
Asimismo, para comprobación de
los hechos, se proponía en la querella
la práctica de estas pruebas esenciales:
1ª) El interrogatorio
de los tres querellados.
2ª) La testifical
de los cargos públicos que aparecían en los contratos:
- Martín Blanco García, por
los contratos de la EASP, solicitando además que sea citado una vez se hayan
unido a las actuaciones los referidos Expedientes de Contratación de la EASP,
cuyo requerimiento se instaba.
- Santiago Lanzarote Campos,
pues presentaba las Memorias Justificativas de los cuatro contratos del HUVN,
además de intervenir en la tramitación de los expedientes en diferentes fases.
- María Isabel Várez Álvarez,
empleada del Hospital.
- José Francisco Rueda Muñoz,
también empleado del Hospital.
- Emilia Martínez Martínez,
como Directora Económico-Administrativa, que es la propone tanto el inicio del
Expediente de Contratación, como la adjudicación del contrato a Eurocontrol,
S.A.
- Ángel Luis Casas García,
Subdirector Económico de Contratación Administrativa, que es quien hace las
invitaciones a las empresas para su participación en el expediente de
contratación.
Igualmente se pidió el testimonio
de:
a) Jorge Molinero Méndez,
como tercera de las empresas, persona física, siempre invitada a participar en
los expedientes de contratación, aunque no lo hace nunca.
b) la persona física, o personas,
que en representación de Eurocivil, SL, presentaban
inicialmente documentación incompleta en los cuatro expedientes de contratación
y que luego no subsanaba, y se quedaba sólo como posible adjudicatario Eurocontrol, SA.
3ª) La prueba documental,
consistente en la que se aportaba junto a la querella, más la que se requiera a
la Escuela Andaluza de Salud Pública (los contratos que aún no tenía en su
poder la Asociación), solicitando en ambos casos su foliado e índice.
Por supuesto, ninguna de estas pruebas se han
practicado por el Juzgado nº 9 de Instrucción.
Un primer aspecto a destacar es
que, dado que había mucha información que investigar y analizar, lo lógico hubiera sido declarar la causa
compleja a fin de tener tiempo suficiente para investigar los hechos sin riesgo a que caducase. Sin
embargo, la Fiscal no lo pidió, ni el Juez Antonio Moreno Marín preguntó a la
fiscal para poder declararlo –actuaba
este Juez en sustitución del titular del Juzgado 9-, tal como sí
realizó ese mismo Juez en la querella primera que recayó en su Juzgado nº 4. De
hecho, el Juez Antonio Moreno ya archivó un caso de corrupción (“Colina
Roja”, de contrataciones a dedo en la Alhambra) porque había caducado,
como pueden leer aquí: Noticia.
Hasta el 10-05-2019 (¡cinco meses después!), después
de las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019, no se
notificó a la Asociación la admisión a trámite de la querella mediante Auto de
08-05-2019. En su Fundamento Jurídico Primero se indica literalmente lo
siguiente:
He puesto en negrita y subrayado
esa frase porque, como podrán comprobar más adelante, se ha incumplido de forma
vergonzosa (nada se ha investigado).
Con carácter previo a la admisión
de la querella se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre
la admisión a trámite de la querella. La Fiscal del caso, Montserrat Luque Molina, presentó
un escrito fechado a 11-04-2019, que a continuación le expongo:
Como pueden observar, el escrito
es muy escueto e incompleto para realizar una investigación, sin siquiera un
membrete o sello oficial, que en
ningún caso responde a lo que una
investigación penal requiere (así funciona la Justicia). Observen que en
su firma simplemente pone “Luque”... ¡como
para poder recusar a la Fiscal con sólo ese dato! Sí, se puede ir a la Fiscalía
a preguntar quién es ese o esa tal “Luque”, pero no es de recibo ni serio en
una Administración de Justicia.
Esta fiscal es la misma que
aparece en el caso judicializado por el partido Vamos Granada (con Marta
Gutiérrez a la cabeza), asesorados por el exFiscal y abogado Carlos Castresana, y
otras acusaciones populares, por la venta
de la Casa Ágreda por el Ayuntamiento de Granada. La acusación popular se
quejó entonces, según informó el diario El Independiente de Granada, de que se había
privado a las partes de la posibilidad de conocer las razones por las que la
Fiscal Jefe Ana Tárrago Ruiz (hoy Fiscal Superior del TSJA) privó del
conocimiento del procedimiento al Fiscal José María Suárez-Varela Higueras,
quien había dirigido las Diligencias de Investigación de Fiscalía, para
atribuírselo a la Fiscal Montserrat Luque Molina.
Por cierto, ¿en la Fiscalía de Granada no se pueden firmar digitalmente los
escritos? ¿Tampoco pueden presentar los escritos por LexNet, la aplicación
informática de Justicia, como es obligatorio para los Juzgados, Procuradores y
Abogados, o acaso no se quiere porque permite un juego muy perverso de
trapicheos de documentos? Tras escuchar ayer al Presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, sobre la Fiscalía, no extraña nada. Que en 2019
siga el Ministerio Fiscal presentando así los documentos es inconcebible,
propio de una Justicia vetusta y anquilosada, un efecto muy dañino del régimen
partidocrático.
Por ofrecer datos comparativos, a
diferencia de la Fiscal de la primera querella, esta Fiscal no sólo no pide que
se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer TODOS los hechos, sino
que tampoco pide que se practiquen las pruebas solicitadas por la Asociación querellante,
y además para colmo:
- no solicita que el SAS, EASP y demás entes remitan los expedientes completos, foliados y en su caso autenticados, ante
la falta evidente de documentación de los contratos. Sin esta prueba documental
necesaria, ¿cómo pretende la Fiscal investigar informar?
- insta un informe policial, pero
en vez de pedir que realice una exhaustiva investigación de los hechos, lo limita a tres aspectos muy concretos
cuando los aspectos a investigar en los expedientes de contratación eran muchos
más.
- no pide que se declare compleja la causa para que pueda
ampliarse el plazo de instrucción de 6 meses a 18 meses. ¿Pretendía que
caducase? De hecho, como la Fiscalía no lo solicitaba, ni el Juzgado tampoco
preguntaba a la Fiscal para declararlo y el tiempo transcurría, la propia
Asociación presentó un escrito a primeros de octubre para que se declarara
compleja la causa y evitar que caducase.
El increíble informe elaborado “a ciegas” por la UDEF.
El 03-07-2019 notifican a la Asociación una Providencia del Juez Antonio
Moreno Marín indicando que se una el oficio de la UDEF y que se dé
traslado al Ministerio Fiscal por si considera necesario la práctica de alguna
otra diligencia instructora o insta a alguna resolución judicial.
A dicha Providencia se adjuntaba
el informe elaborado por la UDEF.
Aunque su autor era el mismo Inspector Jefe de Grupo de UDEF de Granada que
realizó el informe de más 70 páginas
para la primera querella (¡para un solo contrato!), en este caso ocurrió lo
siguiente:
a) en el informe de 16
páginas hace constar que el Juzgado sólo le pidió a la UDEF que
informara sobre lo que dijo la Fiscal en su informe inicial. Sin embargo,
en la primera querella le pidió el mismo Juez Antonio Moreno que
realizase una investigación sobre los hechos puestos de manifiesto en la
querella, que se adjuntaba como copia e incluía toda la documentación anexa
aportada.
b) mientras que en la primera querella el Inspector hace constar
que comisionó a un Policía adscrito al Grupo para que analizara la
documentación aportada por el Juzgado y elaborara el informe, en el informe de
esta segunda querella no se hace constar nada de eso, sino que el Inspector
manifestó lo siguiente (esto es muy
grave):
“...se aporta por parte de ese Juzgado copia de la querella y del
escrito del Ministerio Fiscal donde se hacen las peticiones (...) a lo largo de la querella se va haciendo
referencia a diversa documentación que se acompaña y que se va numerando, al
menos hasta el Documento 33, documentación
la cual NO VA UNIDA A LA QUERELLA o al menos a la copia que ha llegado a este
Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal.” Las mayúsculas y el
subrayado son del Inspector del informe.
Es decir, el Juzgado pretendía que la UDEF hiciera un informe “a ciegas”,
sin contar con la única documentación que hasta ese momento existía en el
proceso sobre los cuatro contratos, aportados con la querella. Lo lógico
hubiera sido que la UDEF solicitara al Juzgado que le remitiera la
documentación que faltaba, o que incluso le pidiera al HUVN, a la EASP y FIBAO
los expedientes para hacer la investigación, pues no sería la primera vez que
visita organismos públicos. Pero no lo hizo, y elaboró su informe “a ciegas”.
Por ello, al no contar con la
documentación de los contratos, el informe policial está repleto de expresiones
tales como “según refiere la querella...”,
“según consta en la querella...”, “tal y como consta en la querella...”, “según la querella...”, y así incluyendo
estas expresiones hasta en sus conclusiones. ¿Pueden ustedes entenderlo? Pues
así funciona la Justicia en España.
c) Asimismo, sobre la solvencia de las empresas invitadas, el
Inspector de la UDEF se limita a poner datos del Registro Mercantil y ofrece
algún dato más (alguno es hasta irrisorio).
Atención a este párrafo del
informe policial sobre la solvencia: “Como no se ha aportado documento alguno
junto a la querella, se
desconoce qué condiciones de solvencia eran exigidas y que
documentación se entregó por parte de las licitantes para acreditarla”. “En cuanto a los medios humanos y
materiales, esta Instrucción no tiene
acceso a dichos datos, siendo la Tesorería General de la Seguridad
Social a través de la vida laboral de la empresa quien conoce a las
personas que ha tenido dados de alta una determinada mercantil o autónomo y
la AEAT, a través de la declaración de patrimonio la que puede conocer los
recursos materiales”.
Es decir, el Juzgado y la Fiscal
pidieron a la UDEF que informara sobre un aspecto (la solvencia de las
empresas) sin que el Juzgado entregase los documentos necesarios para analizarlo,
por lo que la UDEF señaló el camino al Juzgado para conseguir esos documentos
necesarios. Sin embargo, ni el Juez ni
la Fiscal solicitaron dichos documentos.
Sobre Jorge Molinero indica
literalmente la UDEF que “se desconoce en
qué tipo de actividad pudiera haber estado dado de alta como autónomo, en su
caso, con anterioridad, Tal información únicamente podría ser aportada por el
propio Jorge, la AEAT y/o la Tesorería General de la Seguridad Social.”
Es decir, la UDEF manifiesta que no puede obtener esos datos, y le indica de
nuevo al Juzgado el camino a seguir. Pues tampoco el Juzgado ni la Fiscal lo
han solicitado.
Sobre la vinculación empresarial
de Eurocontrol
y Eurocivil
la investigación de la UDEF se limitó a lo obtenido por internet con fuentes
abiertas, concluyendo lo siguiente: “aparte de la propia denominación que en
ambos casos comienza con “Euro...”, la dirección y teléfono de Eurocivil
coinciden con los de la Dirección de Inspección Industrial y Control de Calidad
de Eurocontrol, por lo que la vinculación entre una y otra es evidente.”
Cuando leí esto creí que se
trataba de una investigación de algún tebeo de Mortadelo y Filemón, pero no es así. Un servidor, usando
también fuentes abiertas de internet, ha descubierto una vinculación societaria
entre ambas empresas, como les muestro a continuación.
Como bien indica la UDEF en su
informe, el Administrador Único de Eurocivil
es la empresa “Bergfelde Investment,
S.L.”. Pues si la UDEF hubiera indagado algo más, habría descubierto
que esta empresa tenía como Administrador Único a la empresa “Desarrollos Empresariales Formentor, S.L.”,
que tenía como representante a Francisco Menéndez García (representante
de Eurocontrol en los contratos de la querella). Además, esta última
empresa tenía como Administrador Único a la empresa “Moody Tottrup Eurocontrol Internacional, S.L” (nombre comercial Euromoody),
que tenía como administrador delegado de nuevo a Francisco Menéndez García,
y como dirección la calle Zurbano, 48, de Madrid, sede también de Eurocontrol,
siendo una filial suya, tal como se indica en este extracto de la Memoria de Actividades del sector
agroalimentario de Eurocontrol
de 2010:
No soy criminólogo, ni policía,
sólo un funcionario de la Junta de Andalucía con una mínima preocupación por lo
que llevo descubriendo tras años de investigación de la corrupción en todos los
ámbitos (urbanismo, medioambiente, contrataciones, subvenciones, recursos
humanos, etc.). Puedo comprender que la UDEF pueda tener mucho trabajo con la
extendida corrupción que hay en Andalucía, pero este único detalle es muy revelador de lo que está ocurriendo con los
responsables policiales de Granada y la corrupción política, empresarial y
judicial.
d) En cuanto a la idoneidad del procedimiento, el informe
policial se remite a lo que establece la legislación, informes y resoluciones
de organismos sobre los contratos negociados sin publicidad y a lo dicho en la
querella.
e) Respecto a la fragmentación de los contratos, se remite de nuevo
a lo dicho en la querella.
f) En sus conclusiones, se remite en general a lo dicho en la
querella, aunque al final de su informe manifiesta con claridad que es necesario el estudio completo de los
expedientes, y señala la
necesidad de solicitar informes y documentos a otros órganos, como la Inspección
General de Servicios de la Junta de Andalucía o a la AEAT, tal como se
indica en este extracto del Informe:
g) Al contrario que en el informe de la primera querella, la UDEF no ha tomado declaración a nadie,
ni querellados ni testigos.
h) La UDEF deja constancia del
hecho de invitar a empresas que rehúsan a participar, considerándolo
incomprensible:
A la vista de todo lo ocurrido
con la UDEF, no me extraña nada que la Magistrada Mercedes Alaya quisiera
trabajar con la UCO de la Guardia Civil
en vez de con la UDEF de la Policía
Nacional, porque al parecer la UCO pone más celo en las investigaciones que
la UDEF. Con ello no estoy poniendo en duda la profesionalidad de algunos
policías, sino especialmente de sus responsables.
Nuevas actuaciones del Juzgado.
Sigamos con los autos judiciales.
A finales de agosto del presente año,
la Asociación presenta nuevo escrito en el Juzgado aportando la nueva documentación obtenida a través del Portal de
Transparencia de contratos adjudicados a Eurocontrol
por la EASP, FIBAO y FISEVI, tal como se había indicado en la querella
inicial, así como Informe de la Cámara de Cuentas en relación a la EASP sobre determinados contratos
negociados sin publicidad, que presentaban numerosas irregularidades.
En el mismo escrito se solicita al Juzgado que, tal
como indica la UDEF, se libre Oficio a la Inspección General de Servicios de la Junta
de Andalucía, a fin de que, en relación con los Expedientes de
Contratación a los que se refieren las actuaciones, incluidos los referidos a
las entidades EASP, FIBAO y FISEVI, previo estudio de los mismos completos, informe sobre la legalidad del
procedimiento de adjudicación, tramitación y posible fraccionamiento.
Igualmente, se solicita al
Juzgado que se libren Oficios a la Agencia Especial de la Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social,
a fin de que en relación con las empresas invitadas en los expedientes de
contratación objeto de las presentes actuaciones, informen sobre la
solvencia económica, medios materiales y humanos.
A primeros de octubre, dado que a la Asociación no le constaba que
se hubieran practicado las pruebas solicitadas en la querella, ni las
posteriormente solicitadas por escrito posterior, ni tampoco que el Ministerio
Fiscal se hubiera pronunciado tras recibir el informe de la UDEF, la Asociación presentó escrito solicitando
que la causa debe ser declarada compleja ante la cantidad de investigaciones a
realizar y, en su consecuencia, el plazo de su instrucción, como mínimo,
habrá de ser de 18 meses, por cuanto lo normal es que haya de ser objeto de
prórroga por otros dieciocho meses.
Lo increíble es que la Fiscal, Montserrat
Luque Molina, había presentado un informe en el Juzgado nº 9 fechado a
29-07-2019, solicitando el
sobreseimiento de las diligencias abiertas como consecuencia de la querella,
que nunca fue notificado a la
Asociación, como se había hecho con los anteriores informes.
Dicho informe revela una cuestión
alarmante: es una copia literal del
informe que presentó la fiscal Cristina
Sánchez Ramos en la querella del Juzgado nº 4, hasta el punto de
poner datos de la otra querella y emplear argumentos de la primera querella y,
al “copiar y pegar”, usa preceptos legales que no estaban vigentes en los
contratos de la segunda querella, sino de la primera.
¿Es esto una confabulación en el seno de la Fiscalía de Granada, o
simplemente que la Fiscal ha recibido órdenes de su superior, o que es tan holgazán
que es incapaz de analizar la documentación y elaborar un informe?
Alguien de la Fiscalía General del Estado debería investigarlo y
explicar qué ha ocurrido, porque, a simple vista, parece gravísimo.
Y como muestra de lo indicado,
les dejo con extractos de los dos informes de las fiscales: a la izquierda,
el de la fiscal de la primera querella del Juzgado nº 4, y a la derecha
el de la fiscal de la segunda querella del Juzgado nº 9. Observen en el
extracto de la segunda querella -texto
idéntico al de la primera- en el que se refiere a números de folios de
los autos de la primera querella y al contrato de 2008 de la empresa de Juan
Pérez, que no se corresponde a los autos judiciales del Juzgado de
Instrucción nº 9:
Observen que no sólo la fiscal Montserrat
Luque utiliza artículos de una Ley derogada -Ley 30/2007 de CSP- (teniendo
en cuenta que los contratos de esta querella eran de 2012 y 2014 y estaba vigente
el TRLCSP aprobado por RDL 3/2011), sino que además habla de prórrogas de 8 y 5
meses que no existieron en los contratos de la segunda querella (porque
correspondían a la primera querella). ¡Todo
muy vergonzoso e indigno!
Así trata la Fiscalía de Granada a los ciudadanos, a pesar de tener por
misión promover la acción de la justicia
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley (art. 124 de la Constitución).
En definitiva, el informe de la
Fiscal de la segunda querella, Montserrat Luque Molina, es un
compendio de normas derogadas, “copias y pegas” de sentencias de la primera
querella, y demás barbaridades, sin entrar a valorar la falta de documentos en
los expedientes de los contratos a investigar, la necesidad de los informes
solicitados por la UDEF, de las pruebas solicitadas y ampliadas por la
Asociación, y todo ello sin desvirtuar todas las ilegalidades graves mencionadas
en la querella.
Si yo fuera Fiscal General del
Estado, Montserrat Luque Molina ya estaría sancionada y expulsada de la
carrera fiscal, porque no se
puede permitir esa falta de respeto a la ciudadanía, esa “chulería” de copiar y pegar un informe de otra causa judicial, que es una estafa a miles de ciudadanos
que han aportado su euro mensual a la Asociación para que se investiguen con
rigor hechos ocurridos en la Sanidad andaluza que son presuntamente
delictivos.
A todo lo anterior, y en relación
a lo publicado el martes pasado sobre la falta de control en los centros
sanitarios de la Intervención General de la Junta, debe añadirse que ni la UDEF, ni la Fiscalía ni el Juzgado
han solicitado dos pruebas fundamentales, además de las solicitadas por
la Asociación, en la creencia de que sería la UDEF la que lo solicitaría:
- informes de las supuestas “unidades de control interno” del HUVN
creadas en base a una Resolución del SAS de 2003 (nunca publicada en BOJA) e
Instrucciones de la Intervención General de la Junta, que dependían
funcionalmente de esta, al existir “control
financiero permanente”, que pueden aportar luz a los contratos.
- informes de la Intervención Provincial e Intervención General sobre los
contratos celebrados por el HUVN, EASP, FIBAO y FISEVI, tal como establece
las Instrucciones de la IGJA dictadas al efecto sobre “control financiero” y “control
financiero permanente”.
No pueden ustedes olvidar, como
publiqué en la segunda parte de este reportaje, que la actual Interventora General del nuevo Gobierno “del cambio” ha
denegado a la Asociación entregar las copias solicitadas de estos informes
esenciales, en base a argumentos insostenibles. Como evidencia la realidad,
ningún partido político toma iniciativas eficaces para luchar contra la
corrupción.
Actuaciones de la nueva jueza que llegó al Juzgado nº 9 desde la
Audiencia Provincial de Granada.
Pero si grave es todo lo anterior,
veamos la actuación de la nueva Magistrada que ha tomado posesión de la plaza
del Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada, Rosa María Ginel Pretel.
¿Quién es esta Magistrada y cómo
ha llegado al Juzgado? Rosa María Ginel Pretel, nacida en
el año 1959 y con servicio en la carrera judicial desde 1988, tiene número de
escalafón de la carrera judicial nº 806, con
destino desde 2005 en la Audiencia Provincial de Granada en el orden penal
(con anterioridad estuvo como titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de
Granada).
En el último concurso convocado, ha solicitado la plaza del Juzgado de
Instrucción nº 9, y se la han concedido, tal como se ha publicado en el BOE
de 03-09-2019. No es habitual ver a un Magistrado pasar de una Audiencia
Provincial a un Juzgado de Instrucción en un concurso, y menos aún en la misma
ciudad.
Por otro lado, dicha juez es la Delegada
Provincial de la Mutualidad General Judicial -MUGEJU- en Granada. Dado que los mutualistas pueden optar por
recibir asistencia sanitaria a través de una entidad médica privada o del SAS
en Andalucía (en la Memoria 2018 de MUGEJU aparecen 307 mutualistas que
optaron por el SAS en Granada), y que la Comunidad andaluza ha suscrito
convenio con MUGEJU para la prestación de la asistencia primaria y/o de
urgencias en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, ¿no podría existir cierta incompatibilidad de esta Magistrada -conflicto
de intereses- para instruir esta querella? Desde luego, la Magistrada
no se ha abstenido, aunque es una obligación con arreglo a la Ley (“tener
interés directo o indirecto en el pleito o causa”).
Una de sus primeras actuaciones
ha sido firmar el pasado 4 de octubre un Auto
de apertura de juicio oral contra 7 de los 9 investigados por el caso de
los contratos fantasma de Emucesa, a
los que atribuye cuatro posibles delitos continuados: fraude en la contratación, malversación
de caudales públicos, falsedad en
documento oficial y prevaricación
(¿les suenan los delitos?). En el banquillo se sentarán dos ex ediles del PP del Ayuntamiento de Granada.
Sin embargo, la Magistrada Rosa
María Ginel Pretel dictó el 10 de octubre pasado un Auto acordando el sobreseimiento
provisional y archivo de las diligencias abiertas con motivo de la querella de
la Asociación, notificado el 22 de octubre a la Asociación sin firma de la
jueza.
El Auto de la Magistrada, al
igual que hizo la Fiscal, dedica sus páginas a llenarlas de citas de Jurisprudencia
sobre las infracciones penales señaladas, una amplia transcripción de preceptos
de la legislación de contratos y una relación Sentencias sobre el derecho a la
acción penal, la función de la instrucción y de los Jueces instructores, o la
tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la acusación; es decir, para
entendernos, mucha “teoría”. Pero todo ello sin aplicarlo al caso concreto y sin explicar los motivos por los
cuales se afirma la inexistencia de infracción penal.
Obviamente, la Asociación ha recurrido en reforma el impresentable Auto del Juzgado
de Instrucción nº 9, por la indefensión causada que vulnera con claridad la
tutela judicial efectiva. Veremos qué dice en primer lugar la jueza, y si no lo
admite, se recurrirá a la Audiencia Provincial. Y si este órgano también lo
desestima, la Asociación seguirá recurriendo hasta la máxima instancia
judicial.
Todo lo ocurrido es un absoluto
despropósito no sólo desde un punto de vista jurídico -la indefensión es
absoluta-, sino también del de la lucha contra la corrupción política e
institucional. No hay más que analizar lo ocurrido con la supuesta “investigación”:
faltan numerosos documentos esenciales de los contratos que no se han
requerido; no se han solicitado los informes solicitados por la UDEF y la
Asociación; no se han practicado las pruebas testificales e interrogatorios a
los querellados, etc., lo que lleva a
concluir el nulo interés por investigar los hechos, sin conocerse si
responde a oscuros intereses o a una negligencia inexcusable de los operadores
de la Justicia.
¿A quién o quiénes está
protegiendo la Justicia en Granada? ¿Acaso el PSOE tiene patente de corso en la
Sanidad andaluza? ¿Hasta qué punto el nuevo Gobierno del PP y Cs y los demás
partidos políticos de la oposición andaluza (Vox, Adelante Andalucía, PSOE)
tienen algún interés en limpiar la basura que hay en las instituciones
públicas? A la vista de este extenso reportaje, se deduce que ninguna.
Por supuesto, no les quepa duda
que se seguirán publicando todas las actuaciones de las instancias judiciales
superiores, para que la ciudadanía pueda pasarles a todos los órganos
judiciales el “test de la vergüenza”. Como dije en la anterior publicación,
si no nos dejan otra salida, aplicaremos el “Código Social” acreditando sus hechos y condenando a los autores y
cómplices con la “pena social” de señalarlos.
Nuevas querellas de la Asociación “Justicia por la Sanidad”.
La Asociación está preparando una
tercera querella, a raíz de una investigación sobre conciertos del SAS con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
(en España, según informa la Fundación IDIS en 2019, es el segundo grupo privado con más Hospitales y número de camas, por debajo de Quirónsalud),
con la implicación de altos cargos y muchos funcionarios de la Junta de
Andalucía, que se explicará públicamente en cuanto se presente.
Asimismo, se encuentra en fase de
investigación lo que será seguramente otra querella, muy relacionado con lo
ocurrido con la fusión hospitalaria en Granada, así como otras contrataciones
del SAS de las que se sospecha haya podido haber manipulaciones y amaños.
Y no tengan la menor duda de que se irá publicando con pelos y señales cada paso que den los órganos judiciales y administrativos, para conocimiento de los ciudadanos.
Fin del reportaje
Epílogo.
Lo relatado en este reportaje son
ejemplos de la España real, la que sufren muchos ciudadanos a los que le ha
tocado acudir a la Justicia o enfrentarse a los poderes públicos. Nadie está
libre de padecerlo, porque mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes, y por
ello algunos ciudadanos preocupados estamos advirtiendo de los motivos que generan estas injusticias y merma de libertades y derechos.
O los ciudadanos nos unimos para
acabar con esta lacra llamada partidocracia
(la corrupción sistémica es uno de sus graves efectos), o ella acabará con
nosotros.
Este domingo, 10-N, tienen una nueva oportunidad de
expresar lo que piensan de los partidos políticos y de su régimen
antidemocrático, en el que la separación de los poderes del Estado no existe, y que
facilita esa lacra de la corrupción sistémica que corroe los cimientos de
nuestra sociedad.
Tengo claro que sólo la
abstención o el voto nulo pueden iniciar el camino hacia la solución, que guste
o no, es la del inicio de un proceso constituyente previo periodo de
libertad política colectiva. Algunos dicen -especialmente los interesados en
perpetuar este nocivo régimen- que no es el momento porque los españoles pueden
decidir barbaridades para una nueva Constitución, al no estar suficientemente
preparados para dicho proceso constituyente, un argumento insostenible porque
esos mismos españoles son los que votan o se abstienen en cada elección y, por
tanto, habría que concluir igualmente que los electores deciden barbaridades en cada
convocatoria de elecciones. Es decir, según los detractores del proceso
constituyente, nunca existirá el momento propicio para que la nación española decida su
futuro, lo que considero una falacia.
Por si aún no lo conocen, Jesús
Candel, Antonio Barreda y un servidor hemos puesto en marcha una
iniciativa más para poner fin a la corrupción sistémica, porque los partidos
políticos no pueden solucionar un problema del que forman parte. Si se quieren
adherir, aquí les dejo con el enlace en el logo para que se informen y firmen la Declaración, si lo estiman oportuno:
Gracias Luis por tu excelente y duro trabajo de investigación a esta mafia. Desafortunadamente, nunca será lo suficientemente agradecido. Un abrazo y fuerza.
ResponderEliminar“CUANDO ADVIERTAS QUE PARA PRODUCIR NECESITAS OBTENER AUTORIZACIÓN DE QUIENENS NO PRODUCEN NADA; CUANDO COMPRUEBES QUE EL DINERO FLUYE HACIA QUIENES NO TRAFICAN CON BIENES SINO CON FAVORES; CUANDO PERCIBAS QUE MUCHOS SE HACEN RICOS POR EL SOBORNO Y POR INFLUENCIAS MÁS QUE POR SU TRABAJO, Y QUE LAS LEYES NO TE PROTEGEN CONTRA ELLOS SINO, POR EL CONTRARIO, SON ELLOS LOS QUE ESTAN PROTEGIDOS CONTRA TI; CUANDO DESCUBRAS QUE LA CORRUPCIÓN ES RECOMPENSADA Y LA HONRADEZ SE CONVIERTE EN UN AUTO-SACRIFICIO, ENTONCES PORDRAS AFIRMAR, SIN TEMOR A EQUIVOCARTE, QUE TU SOCIEDAD ESTÁ CONDENADA. (AYN RAND 1950).
ResponderEliminarYA QUE UD. EL DR. CANDELL FABREGAS, ES QUERELLADO POR SICARIOS Y ESBIZRROS AL SUELDO, DADO QUE EN LA SOCIEDAD HAY MAS GENTE BUENA, QUE ESBIZRROS Y SICARIOS, VAYAMOS POR ELLOS.
La justicia está politizada desde abajo, jueces y fiscales, anteponen sus carreras a la profesionalidad y la honradez. Todos los que trabajamos para la administración conocemos casos de denuncias de compañeros, que nunca llegan a nada.
ResponderEliminarEn fin, España está podrida y habría que hacer tal limpieza que es imposible. La corrupción está infiltrada a niveles muy bajos.