Corrupción en la Sanidad andaluza, patrocinado por el Parlamento, Gobiernos de la Junta y la Justicia (1ª parte)

Un reportaje de Luis Escribano

La Justicia y el Gobierno andaluz obstaculizan investigaciones y ocultan la corrupción en instituciones andaluzas, como las denunciadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad”

“La corrupción política en España es crimen organizado, y en Andalucía, casi ha llegado al culmen” (ex-Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón)

“Nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia” (juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE)

“Es muy fácil mirar para otro lado en cuestiones que afectan a los políticos y al poder”; "la Justicia en España puede ser muy dócil al poder político" (juez Santiago Torres, que consiguió encarcelar a Jesús Gil)

Caso “Litomed”: el PSOE “recibía un 10% del volumen económico de los contratos de suministros y conciertos de servicios realizados irregularmente entre el SAS y empresas privadas...” (declaraciones del ex-Director General de la Oficina de Gestión y Demanda del SAS, Pedro Sanjosé) 

1.- Introducción.

En este extenso reportaje de investigación, que será publicado en varios días, se demostrará que:

- la Junta de Andalucía (entonces en manos del PSOE) perpetró una serie de acciones durante años para facilitar la corrupción en la Sanidad andaluza;

- el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos está mirando para otro lado u obstaculizando las investigaciones, con la connivencia de los partidos de la oposición (Vox, Adelante Andalucía y PSOE);

- la Justicia (jueces, fiscales, policía judicial...) está amparando la corrupción, por acción u omisión.

En el reportaje se identificarán a personas implicadas, se ofrecerán datos y publicarán extractos de documentos administrativos, policiales y judiciales, que demostrarán que no existe ninguna voluntad de poner coto a las élites extractivas (políticos, funcionarios, empresarios, etc.), esas élites privilegiadas que saquean las arcas públicas con total impunidad.

Como bien dijo el anterior Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en una entrevista que mantuvimos Eduardo Maestre y un servidor, “la corrupción política en España es crimen organizado”. Pero le faltó comentar un dato fundamental: sin la connivencia de jueces y fiscales, cuyas carreras dependen en última instancia de los jefes de los partidos políticos, de los que también dependen los recursos económicos y materiales con los que pueden contar los Tribunales y Fiscalías, sería más complicado que existiera tal crimen organizado.

Como dijo la juez Mercedes Alaya en varias entrevistas publicadas por el diario ABC:

“...Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia (...) La corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación.”

Como ven, los políticos tienen todo bien atado para salir impunes si los pillan, evitando incluso con la Ley las posibles investigaciones. No hay peor ciego que el que se resiste a ver esto.

Lean con detenimiento lo que ha manifestado recientemente Santiago Torres, el juez que encarceló a Jesús Gil, en el diario digital eldiario.es, y entenderán lo que está ocurriendo en la Justicia cuando por medio hay cargos políticos:

“...recuerdo lo que me contaba un fiscal de Marbella: que él no se metía en determinados asuntos porque eran políticos y suponían problemas. Es muy fácil mirar para otro lado en cuestiones que afectan a los políticos y al poder y la tentación supongo que será muy grande (...) La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto en el caso de los robaperas, ahí funciona de una forma hasta cruel. (...)"la Justicia en España puede ser muy dócil al poder político", en el sentido de que sólo progresan profesionalmente dentro de la carrera judicial aquellos que no son versos sueltos ni problemáticos, desde el punto de vista político.”

Más claro, agua: sin separación de los poderes del Estado, los ciudadanos estamos indefensos, y los “corrupto-parásitos” campan a sus anchas.

Refiriéndose a Andalucía, manifestó J. García Calderón que existe un decálogo que utiliza la inteligencia policial internacional para determinar si existe o no crimen organizado, de forma que cumpliéndose 6 de los 10 ítems es suficiente. En Andalucía, según nos indicó, se cumplían 9 ítems. Menos el uso sistemático de la violencia o intimidación grave (que en algunos puntos de Andalucía podrían darse, especialmente por el narcotráfico), los demás se cumplían:

• Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso en el desarrollo de la actividad delictiva.
• Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de normas de disciplina interna y jerarquía. A veces aislamiento del cabecilla como forma de protección. Interposición de testaferros o autoinculpación de subordinados.
• Actuación prolongada en el tiempo.
• Comisión de actos delictivos graves. Utilización de técnicas y métodos de ejecución sofisticados. Alta tecnología en comunicaciones. Destreza financiera en el manejo de fondos y relación con la función pública.
• Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
• Utilización de instrumentos jurídicos para crear estructuras económicas o comerciales. Uso habitual de cualificados profesionales o expertos.
• Blanqueo de capitales.
• Influencia sobre políticos, medios de comunicación, funcionarios, o sobre la actividad económica.
• Obtención continuada de beneficios económicos.

En el crimen organizado actúan, por acción u omisión, cargos políticos, funcionarios y laborales de las Administraciones Públicas y entes instrumentales vinculados, partidos políticos, testaferros, empresarios, bufetes de abogados y empresas auditoras, entidades bancarias, jueces y fiscales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medios de comunicación, etc.

La corrupción es una terrible lacra que los políticos intentan siempre relativizar, para que la ciudadanía no consiga ver el alcance real del grave problema que padecemos: una corrupción sistémica facilitada por el régimen partidocrático instaurado en España.

En este reportaje de investigación se pondrá el foco en la corrupción existente en la Sanidad andaluza, en las acciones y omisiones de algunos de los actores que han participado y participan, tales como políticos (del Legislativo y Ejecutivo), funcionarios y laborales, partidos políticos (su inacción es alarmante, aunque a un servidor no le sorprende), empresarios, jueces, fiscales, medios de comunicación, etcétera.

En mi opinión, es demasiado revelador el silencio casi absoluto, mínima investigación y denuncias exclusivas de los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, los que se suponen deben integrar el “cuarto poder” para controlar y denunciar los desvaríos de los poderes del Estado y su corrupción sistémica, cuyo origen es más que evidente.

En este extenso reportaje se recordará algún caso histórico de corrupción en la Sanidad, se describirá cómo el Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno y la Administración andaluza han creado un sistema opaco en el que se han eliminado controles esenciales del gasto público (incluido el de las contrataciones de personal) que ha facilitado aún más la corrupción, y que recuerda mucho a lo ocurrido con los casos ERE, Invercaria y otros muchos, en relación a posibilitar la desviación de fondos eliminando los controles previos del gasto por funcionarios interventores.

Pero no sólo se publicarán datos de anteriores Gobiernos, sino también del actual Gobierno del PP y Cs, que está obstaculizando la labor de investigación de la Asociación “Justicia por la Sanidad” para que no salgan a la luz datos fundamentales sobre la falta de control, lo cual se acreditará documentalmente.

Asimismo, se ofrecerán datos y publicarán extractos de documentos relativos a las querellas presentadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad” contra cargos públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y empresarios, incluyendo las actuaciones de determinados jueces y fiscales (se desconoce si también se debe a actuaciones de Letrados de la Administración de Justicia) que parecen intentar tapar la corrupción de forma inexcusable, incluso con argucias que merecerían el mayor de los castigos para un funcionario público.

Lo que está ocurriendo es una falta absoluta de respeto a la ciudadanía, a esos miles de ciudadanos que aportan con gran esfuerzo su dinero a la citada Asociación para que se investiguen la corrupción en la Sanidad. Los políticos, jueces, fiscales, policías, etc., están demostrando una falta de ética y sensibilidad con todos los ciudadanos que, tarde o temprano, acabarán descubriendo el putrefacto escenario en el que la partidocracia es la que mueve los hilos de los títeres-actores.

Desde que la Asamblea de socios de la Asociación "Justicia por la Sanidad" acordó “declarar la guerra” a la corrupción, su Junta Directiva está realizando un arduo trabajo de investigación y denuncia, pero se está encontrando con una maquinaria judicial y gubernativa que rechaza entrar a fondo en las investigaciones, tal como se acreditará publicando datos y documentos necesarios para que los inteligentes lectores extraigan sus propias conclusiones.

No olviden un dato fundamental: en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ámbito de la Salud gasta cada año más de la cuarta parte (alrededor del 29 %, la más elevada del Presupuesto público), un pastel muy apetitoso para todo corrupto-parásito. Por poner un ejemplo, sólo para este año 2019, lo presupuestado para Salud supera la cifra de 10.400 millones de euros, que suponen aproximadamente un 28,9 % del total del Presupuesto. Y tengan presente que suele gastarse más de lo presupuestado por la nociva organización, estructura y funcionamiento de la Administración sanitaria y sus satélites.

2.- Algunos antecedentes históricos.

A primeros de 1990, el partido IU presentó una denuncia en los Juzgados de Sevilla, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 (este Juzgado tiene un imán para los casos conflictivos), cuyo juez era Ángel Márquez, que se convertiría en el conocido caso “Juan Guerra”, con diversas ramificaciones. Como la Fiscalía de la Audiencia Provincial había abierto con anterioridad diligencias de investigación sobre el caso del hermano del ex-vicepresidente del Gobierno, el Juez le solicitó al entonces Fiscal jefe, Alfredo Flores, la "remisión de lo actuado en relación con los hechos", según informó el diario El País.

El citado fiscal calificó de "muy inconcreta la denuncia", por lo que antes de la actuación del juez se manifestó en contra de la admisión de la denuncia criminal, a lo que se opuso el entonces juez decano de Sevilla, Alfonso Martínez, al considerar que "los recortes de prensa aportados por Izquierda Unida son suficientes para abrir la investigación", informaba El País.

Una de las ramificaciones del caso implicaba también a cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y empresarios de la clínica Litomed, investigándose la presunta mediación que Juan Guerra realizó para que el SAS beneficiara a la clínica Litomed con el desvío de enfermos renales para su tratamiento mediante litotricia. En este caso, el Juez anunció la apertura de diligencias separadas para investigar la denuncia que realizó el ex Director General de la Oficina de Gestión y Demanda del SAS, Pedro Sanjosé, “en la que revelaba el pago de comisiones ilegales” al PSOE, partido que supuestamente “recibía un 10% del volumen económico de los contratos de suministros y conciertos de servicios realizados irregularmente entre el SAS y empresas privadas. De estos contratos también recibían comisión otras personas, de las que Sanjosé prefirió omitir sus identidades”, según informaba El País.

Antes de cerrar este caso histórico, les recordaré dos aspectos muy importantes:

1º) Tal como informó El País en diciembre de 1993, el caso “Litomed” se enjuició por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuyo magistrado -Agustín del Río-, al retirarse en el juicio la única acusación que quedaba de IU (la Fiscalía retiró su acusación con anterioridad), tuvo que absolver a Juan Guerra y a los dos ex altos cargos del SAS procesados, Pedro Sanjosé y Francisco Salamanca, pues como decía la sentencia: "Rigiendo en el proceso penal español el principio acusatorio, de tal forma que si no hay acusación la sentencia ha de ser forzosamente absolutoria (...), procede dictar sentencia absolutoria a los querellados citados y declarar de oficio las costas procesales". En el fallo no se hizo mención alguna a lo visto en el juicio, y de las comisiones que presuntamente recibía el PSOE, según declaró Pedro Sanjosé, nada se supo.

2º) Según informó hace años en el diario El Mundo el periodista Pedro de Tena, el catedrático Horacio Oliva intentó que el juez Ángel Márquez declarara secreto el sumario para evitar las filtraciones, ofreciendo a cambio un puesto en el Consejo General del Poder Judicial -propuesto por el PSOE- y algún otro favor. El intento de soborno no fue desmentido por el juez Ángel Márquez. En la portada de El Mundo, a cuatro o cinco columnas, el titular fue: "El PSOE ofrece un puesto en el Consejo General de Poder Judicial al juez del caso Guerra, Ángel Márquez". Después defenderán políticos y jueces que no existen injerencias de los partidos políticos en la Administración de Justicia. Pero lo más lamentable es que demasiados españoles sigan sin querer ver lo que ocurre en este régimen partidocrático, quizás por miedo a asumir la realidad.

¿Por qué he recordado este caso? Porque es importante conocer los antecedentes históricos para comprender el relato sobre lo ocurrido desde entonces en la Junta de Andalucía, y en concreto en la Sanidad andaluza (segunda parte del reportaje), así como el amparo que ofrece el sistema judicial cuando se trata de investigar las actuaciones presuntamente delictivas de políticos, cargos públicos y funcionarios de la Administración, así como de ciertos empresarios.

En la tercera y cuarta parte del reportaje se relatarán algunas actuaciones del SAS, de los Juzgados de Instrucción 4 y 9 de Granada y de la Fiscalía de Granada (todo está acreditado documentalmente), en relación a las querellas presentadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad” sobre contratos suscritos con determinadas empresas por el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” del SAS (HUVN), la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP), así como las Fundaciones públicas sanitarias FIBAO y FISEVI, por presuntos delitos de prevaricación y fraude en contrataciones, que podrían ampliarse a más delitos y personas querelladas en función de las investigaciones que la Justicia quisiera en su caso realizar, y siempre que no siga tapando lo descubierto de momento.

A la luz de los datos y documentos que vayan publicándose, ustedes mismos tendrán la oportunidad de juzgar y asumir si existe o no un régimen partidocrático en España, un régimen al que no interesa la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía, sino exclusivamente como seguir parasitando a costa de los ciudadanos.

Seguir votando a candidaturas de partidos políticos es seguir amparando la corrupción sistémica, sin límite alguno, porque jamás en un régimen partidocrático podrá minimizarse la corrupción, ni las declaraciones de derechos y libertades en la Constitución y leyes podrán servir de algo, porque es imposible lograr su plena efectividad. A los hechos me remito.  

Continuará...(cómo se engendró el sistema opaco de "controles" notoriamente ineficaces del gasto sanitario, en la 2ª parte)