Artículo de Antonio Barreda
El afán
privatizador de este nuevo gobierno andaluz no tiene límites en cuanto a su
voracidad. Falto de sedes para la propia Junta de Andalucía, se ha visto estos
días de mudanzas de sedes oficiales por el capricho del vicepresidente Juan
Marín, se lanza a vender inmuebles propiedad de todos los andaluces,
prefiriendo enajenar edificios antes que rescatar o que eliminar los caros
alquileres que pagan a un fondo de inversión de Estados Unidos desde que el
anterior gobierno del PSOE hipotecó muchos de los edificios de la Junta de
Andalucía.
En diciembre de
2014 la Junta de Andalucía enajenó entonces 70 edificios públicos de su
propiedad por 300 millones de euros a la gestora de fondos WP Carey Inc,
a través de su filial en España Inversiones Holmes. En la misma
operación de venta, se acordó el arrendamiento de los inmuebles por un plazo de
20 años. La Junta nos decía que abonaba por este alquiler 23,1 millones de
euros anuales. Inversiones Holmes S.L. que se hizo con el lote de los 70
edificios de la Junta se constituyó tan sólo 17 días antes de que se le
adjudicara el contrato con un capital social de 3.000 euros, y tenía a Citco
Corporate Management – Madrid – S.L. como socio único. Diez días después de su
constitución, el fondo de inversión inmobiliario norteamericano WP Carey, que
hizo la primera propuesta de compra a la Junta, adquirió el 100% de su capital.
En enero de
2017, la Cámara de Cuentas de Andalucía, en un informe de fiscalización
advertía de que la Junta de Andalucía había hecho un mal negocio con la venta
de sus edificios. La Cámara de Cuentas indicaba que, al vender los 70 inmuebles
por 300 millones de euros, el “valor neto actual de los flujos de caja”
del periodo comprendido entre 2015 y 2034 serían 377,41 millones de euros,
“generándose una pérdida de 77,41 millones de euros”. Además, la
pérdida es aun mayor tal y como indica la Cámara: “Si se considera la
pérdida del valor residual de los terrenos en términos de coste de oportunidad,
estimada en 116,53 millones, la pérdida ascendería a 131,73 millones de
euros”. Además, indicaba la Cámara, de encarecer el alquiler que pasó
de 23,1 millones de euros en 2014 a 27,8 millones al finalizar el año,
lo que representa un aumento del 20,6%.
La operación
final se alejaba bastante de los 800 millones de euros de los que se
llegó a hablar en 2011, cuando la Consejería de Hacienda intentó por
primera vez vender un lote similar de inmuebles. Para la empresa de fondos de
inversión norteamericana la operación es altamente rentable, ya que alquilaba los
edificios que ya ocupa la Administración de la Junta de Andalucía por una renta
acumulada en 20 años de 660 millones de euros. El alquiler que pagaba la
Junta de Andalucía de 23,1 millones de euros tan solo fue el primer año,
ya que en los posteriores se le añadía el IPC y el IVA correspondiente.
La Junta de
Andalucía saca a subasta edificios, pisos y garajes.
En el Boja del
pasado viernes 11 de octubre salía la Resolución de 9 de octubre de 2019, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anunciaba la enajenación de
diversos inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante
subasta convocada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
En la plataforma
de contratación de la Junta de Andalucía se señala en el Pliego de Condiciones
Particulares que “serán objeto de este contrato la enajenación de los
inmuebles relacionados en el Anexo nº 1 al presente Pliego, sitos en el ámbito
geográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anotados de alta en el
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
con carácter patrimonial, y declarados alienables por Resoluciones de 8 de
octubre de 2019 de la Dirección General de Patrimonio, conforme a la
documentación obrante en el expediente”.
Por otro lado,
se indica que los inmuebles sitos en Plaza del Campo Verde, núm. 2 de Granada,
y Paseo de Reding núm. 20 de Málaga (Palacio de la Tinta), incluidos en la
subasta, se encuentran a la fecha ocupados por personal al servicio de la
Administración y pendientes de su próximo desalojo; a desafectar y declarar
alienables dichos inmuebles se adoptará una vez desalojados y con carácter
previo a la Resolución por la que se acuerde la enajenación, aunque la
legislación de la propia Junta le posibilita la posibilidad de sacarlos a
subasta.
El listado de
bienes para la subasta es el siguiente:
Algunos de estos inmuebles fueron el pago del gobierno de Zapatero por la deuda histórica. Conviene recordar que el acuerdo final de su pago ascendía en total a 1.204,41 millones, de los cuales el Estado ya abonó otro 420,20 en dos pagos realizados en 1996 y en 2008: en el primero la Junta percibió 120,2 millones y en el segundo 300 millones de euros. Los 784 millones de euros pendientes de pago de los 1.204 de esta partida se liquidaron el 1 de junio de 2010, a través de la transmisión de la empresa Agesa, sociedad que gestiona los activos de la Expo 92 y otros terrenos en Sevilla, y suelos en 8 parcelas urbanas en el Toyo I y terrenos en El Toyo II almerienses, solares en Cádiz, el municipio gaditano de San Fernando, Granada, Almería y Jaén; parcelas en Granada y Sevilla, así como el edificio de Correos de Málaga, tasándose este entonces este edificio en unos 30 millones de euros.
Recordemos que,
en 2009, en el Parlamento de Andalucía, respecto de la deuda histórica, Arenas
reprochó que la consejera de Economía fuera a Madrid a “mendigar solares” y
anunció que recurrirá a los tribunales. “De haber sabido que el consenso se
convertiría en una traición, nunca habríamos respaldado el Estatuto”, dijo
entonces la popular Esperanza Oña durante la defensa de la iniciativa de
reprobación. Diego Valderas aseguró que jamás se habló de cobrar la
Deuda Histórica en especie durante la reforma del Estatuto de Autonomía.
En septiembre de
2018 la Junta de Susana Díaz activaba la tramitación de una modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (PGOU) para que la
finca del edifico de Correos de Málaga deje de tener una calificación
como equipamiento público de carácter local y un uso de servicio de interés
público y social, y pasara a ser para el servicio terciario hotelero.
Este cambio de uso también requiere de una compensación obligatoria a la ciudad
por la pérdida de un espacio dedicado a un fin público o de interés general.
El precio que
tenía el edificio de Correos de Málaga, cuando se transfiere a la Junta de
Andalucía como pago de la deuda histórica, se tasó entonces en 30 millones
de euros. El actual gobierno de la Junta hace unos meses decía que pensaba
subastarlo por no menos de 20 millones de euros. Sin embargo, el precio que se
estipula para la subasta de este es de tan solo 16,8 millones de euros.
Casi la mitad de su valor al ser traspasado a la entonces Junta de Andalucía,
con lo que lo andaluces se quedan, en precio de salida, sin 14 millones
del valor del entonces edificio de parte del pago de la deuda histórica.
Por otro lado,
el Palacio de la Tinta, en el centro de Málaga, es un edificio histórico
de influencia francesa que data de 1908 y tiene un grado de protección
arquitectónica de grado I por su valor. En sus inicios fue sede de la Compañía
de Ferrocarriles Andaluces y, más tarde, de la Confederación Hidrográfica del
Sur hasta que sus competencias pasaron a la Junta de Andalucía. En 2008, con
motivo de su centenario, se acometió una rehabilitación considerable, siendo
entonces sede de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Según indica el
BOJA y la propia Plataforma de Contratación, “está ocupado por personal de la
Administración y pendientes de su próximo desalojo”. Algunos grupos de
inversión interesados en este palacio pensaban pasarlo a hotel o a destino
residencial, estaban dispuestos a ofrecer hasta 15 millones de euros por
el inmueble antes de la subasta, mientras que el valor con el que sale a
subasta es de 12,54 millones de euros, según se indica en el anexo I de
la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Otra pérdida de dinero.
También podía la
actual Junta de Andalucía adecuar alguno de los edificios que vende de la
antigua Expo´92 de Sevilla – de lo que fue AGESA - y dejar de pagar así el elevado
alquiler del edificio que ocupa la actual consejería de Empleo, por ejemplo,
que no entra en los edificios que se enajenaron al fondo de inversión
norteamericano WP Carey. Algunas de las Agencias Públicas de la Junta y
Consejerías están en edificios de la antigua Expo´92 y dado que sacan a subasta
en la misma Isla de la Cartuja tres edificios como son el Pabellón de Turquía,
el Pabellón de Israel y el Pabellón de Austria, podían adecuar alguno de ellos
como sede administrativa de la Junta para aliviar la elevada carga de los pagos
de alquileres.
La Residencia de
Tiempo libre de Cádiz, otro crimen sin castigo.
El entonces
Instituto Social de Tiempo Libre del Ministerio de Trabajo decidió levantar en
el solar de lo que era la piscina municipal de Cádiz, lo que sería la
Residencia de Tiempo Libre, ejecutado por la Obra Sindical de Educación y
Descanso entre 1975 y 1977 un edificio de turismo social, cuyo arquitecto fue
Miguel Martínez de Castilla, que lo ideó como un centro para que las familias
con menos recursos pudieran veranear en la llamada milla de oro de Cádiz, en la
playa de la Victoria, la mejor playa de ciudad de toda Europa. Diversos
retrasos hacen que la inauguración sea en 1981. En la estructura exterior del
edificio predomina lo metálico en seis alturas, y las 180 habitaciones – con
450 camas - dan todas al mar.
En los tres
meses de verano pasaban por ella unas 7.000 personas, y cerraba sus puertas
cada año tan solo dos meses, llegando a tener hasta 180 trabajadores en
plantilla en las puntas de verano. En sus instalaciones se celebraban numerosos
congresos y actos de diferentes colectivos sociales y entidades, y hasta, a
veces, servía de realojo provisional para familias muy necesitadas. La gestión
de las habitaciones de la residencia – como en el conjunto de las residencias
de Tiempo Libre en Andalucía - tenía un peso principal entre UGT y CC.OO. que
se repartían el 70 % de las plazas, cobrando el 20% en concepto de gestión, y
el restante 30% lo tenía la propia Junta de Andalucía. Un modelo de gestión que terminó cuando el sindicato
CSIF llevó hasta el Supremo su denuncia sobre la misma y el T.S. confirmaba las
tesis de este sindicato, y declaraba nulos los artículos 7 y 12.3 b) del
decreto 15/1.999, de 2 de febrero por el que se regula el uso, participación y
gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la Junta de
Andalucía, por entender que el mismo vulnera el derecho a la libertad sindical
en condiciones de igualdad.
Pronto llegaría
la herida mortal para la residencia. Un foco de legionella detectado en
noviembre de 2007 dio con su cierre definitivo, mientras la Junta anunciaba una
obra integral de remodelación del edificio que no sería sino otro engaño más. La
Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la
Consejería de Empleo, llegó a tener prevista una rehabilitación general que
nunca llegó a efecto, con la instalación de placas solares, la rehabilitación
de las cocinas, el salón de actos y una profunda reforma de las habitaciones.
Proyecto que la crisis del 2008 terminó por enterrar para siempre.
El paso del
tiempo, la falta de mantenimiento y el abandono del edificio terminaron de
hacer el trabajo. La Junta dejó completamente vacío el edificio y reubicó al
personal laboral de la Junta de Andalucía que prestaba servicios en sus
instalaciones por otros centros de trabajo o por las propias delegaciones
provinciales de la Junta en Cádiz. Una señal inequívoca por la que los cargos
públicos del PSOE de la Junta habían decidido dejar morir de inanición a la
Residencia de Cádiz.
Una sentencia a
muerte en la que también fueron cómplices el propio Ayuntamiento de Cádiz. En
diciembre de 2014, pocos meses antes de las elecciones, cuando el equipo de
gobierno gobernado por el PP de Teófila Martínez firmó con la Junta el acuerdo
sobre patrimonio que afectaba a 7 parcelas y edificios, entre ellos la
Residencia de Tiempo Libre, para darle un uso 100% hotelero. Para ello había
que cambiar el propio PGOU de Cádiz, ya que el Plan de 2012 conllevaba una zona
de oficinas sobre la parcela, destinaba,
sobre una parcela de 7.349 metros cuadrados, 15.000 metros útiles
para uso hotelero y 10.000 para administrativo. La modificación del PGOU en este terreno fue
planteada por la propia Junta de Andalucía.
El documento del
PGOU fue modificado en 2018, con “Kichi” ya de alcalde. El cambio reduce la
carga constructiva de uso hotelero exclusivo que se quedará en 20.000 metros
cuadrados. Junto a ello se incluye una cesión de suelo para espacio libre con
una superficie de 1.394 metros cuadrados que se destinará
a la apertura de una calle pública entre el complejo residencial Reina Victoria
y el futuro hotel, abriendo de esta forma una nueva conexión para unir el Paseo
Marítimo y la calle Muñoz Arenillas que está a su espalda.
Numerosos
colectivos ciudadanos de la ciudad rechazaban este nuevo uso y han reclamado la
continuidad en Cádiz de la Residencia de Tiempo Libre, por el tradicional papel
de socializar la playa de Cádiz a un conjunto de trabajadores que no pueden
permitirse, en muchos casos, una semana de vacaciones en un hotel privado. Por
el contrario, la Junta de Susana Díaz argumentaba entonces para este cambio y
futura venta del edificio y la parcela, el valor económico y laboral que va a
tener el futuro hotel privado que se instale en esta zona. De hecho, varias empresas
y cadenas hoteleras vienen de largo mostrando su interés en demoler el edificio
y construir sobre el solar un hotel de 5 estrellas. Una idea que continua con
el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía.
La pregunta final que nos queda por hacer es ¿Qué ha
cambiado en Andalucía con el cambio de gobierno? Ya que el “gatopardismo” es lo
imperante en la escena política andaluza. Lo mismo que el gobierno de Susana
está haciendo el gobierno del trifachito. Tomen nota y aprendan pues.
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