Reflexiones sobre la sentencia a Jesús Candel

Artículo de Antonio Barreda

Desde hace ya mucho tiempo venimos indicando que la libertad de expresión y los movimientos sociales están siendo perseguidos en este país.  A partir de la sentencia de Susana Díaz contra Jesús Candel todo español que se precie debe ir acompañado de un lingüista, de un filósofo y de un historiador para hablar de la gestión de un político.  El derecho de opinión está hoy en grave peligro porque la intolerancia del político hacia la crítica a su gestión se ha judicializado. Son los jueces los que deben decidir ahora si la crítica es legal o no es legal, lo que repercute directamente en la libertad propia del ser humano. Las multas en lo penal por ejercer la crítica son puñaladas dadas a la figura inviolable de la libertad de expresión. Cuando un sistema democrático persigue la denuncia y al denunciante con todos los medios posibles a su alcance estamos totalmente indefensos los ciudadanos. Eso es lo que está en juego hoy.

La persecución de Candel por el sistema político alcanza ya límites que sobrepasan todas las escalas posibles. Ha sido expedientado en el SAS, en el Colegio de Médicos de Granada y su crítica a la gestión sanitaria judicializada. Y lo peor de todo es que la letrada de la Junta de Andalucía en el juicio de Susana Díaz pidió su inhabilitación como médico. Es decir, que no pudiera ejercer su profesión con lo cual sería expulsado del SAS. Es decir, que perseguía dejarlo sin comer.  Y esto último lo permitió el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía del PP y Cs apoyado por VOX, que no movió un solo dedo para que los letrados de la Junta no fueran los abogados particulares de Susana Díaz.

Pero de todo lo que ha expuesto Candel en sus años de lucha no se ha investigado nada. Sus denuncias sobre la mala gestión sanitaria quedan solo en las redes sociales porque se archivan. Nadie ha hecho un estudio epidemiológico sobre si las fusiones hospitalarias provocaron muertes en Andalucía. Si las fusiones hospitalarias agravaron enfermedades y provocaron sufrimiento porque aumentaron exponencialmente las listas de espera y los enfermos no tuvieron la asistencia sanitaria que precisaban. Nadie ha abierto una sola investigación para averiguar si lo que estaba denunciando era cierto. Ni la administración ni los tribunales. Ni un solo fiscal ha abierto una sola causa por sus denuncias públicas.

Por el contrario, en este país la persecución de la crítica se ha convertido hoy en una auténtica obsesión y en una cruzada para las instituciones públicas y sus gestores que han judicializado cualquier reproche a su gestión. Vuelve la censura y vuelve la terrible maquinaria de represión que estaba intacta desde los Pactos de la Moncloa.  La transición se está convirtiendo en una gigantesca mentira histórica. Nos han engañado desde la Constitución del 78 a todos. Ha vuelto el miedo a hablar en libertad, a criticar la gestión política. Los políticos son hoy absolutamente intocables para todos los estamentos de la sociedad, ya no hay separación de poderes, y los derechos de los ciudadanos están ahora, más que nunca, heridos de muerte. El código penal queda solo para el roba gallinas.

Hoy se persigue sin tregua la crítica a la gestión política, avalada, además recientemente, por la doctrina del TSJA donde el político puede denunciar a la prensa y a los ciudadanos que critiquen su gestión, y encima le pagamos el abogado entre todos.  Los gestores públicos se han convertido en virreyes y en auténticos sátrapas persas incapaces de rendir cuentas ante nada ni ante nadie. La justicia está dando la espalda a los ciudadanos. Y cuando no hay justicia hay injusticia. Un poderosa mentira se apodera ahora de todas las instituciones y las secuestra, la deja sin voz y sin representados. Por eso, hoy más que nunca, la crítica a los políticos no debe ni puede tener límites, porque cuando se dirige a ellos no se dirige a la persona, sino al gestor y a la valoración de su gestión.

El sistema democrático ha involucionado desde la caída del muro de Berlín. Los referentes del este de Europa y el peligro del comunismo de la URSS hizo que los estados democráticos del oeste de Europa, tras la segunda guerra mundial, desarrollaran los famosos estados del bienestar, creando una nueva clase social: la clase media. Mimada por el estado se puso a su disposición poderosos servicios públicos para anestesiar las ansias libertadoras que se disponen en el ADN de los oprimidos y los desclasados. Se creó toda una industria de ocio y de productos alrededor de esta clase media que llenó las casas de nuevos electrodomésticos que facilitaban la vida a las familias, ya que la mujer se iba incorporando al mundo del trabajo cada vez con más fuerza.

Por eso, desde el colapso que sufrió la Unión Soviética – golpe de estado incluido - este estado del bienestar se fue acelerando su desmontaje desde los estados poco a poco. Empezó en los principios de los años ochenta con la llegada de una derecha furibunda a Europa y a Estados Unidos. Los exponentes principales fueron la británica Margaret Thatcher y Ronald Reagan, obsesionados ambos con destruir la URSS, con desmantelar el estado del bienestar y con derribar a los poderosos sindicatos británicos. El hito del inicio de esta época oscura para los movimientos obreros viene con la derrota de los sindicatos tras la huelga minera de 1985. Esta lucha se convirtió en un reto para Thatcher que logró romper la espina dorsal del sindicalismo británico.

Desde entonces hemos vivido el desmantelamiento progresivo de la clase media en Europa y hemos asistido a la creación de una nueva sociedad que venía a sustituir a aquella que se creó tras la Revolución Francesa y la caída de la sociedad estamental. Hoy esta nueva sociedad estamental está constituida por un nuevo primer estado creado por los propios gobiernos y que engloba a la clase política, a la judicial y a la parlamentaria, donde se aúnan los tres poderes del estado. La segunda clase está compuesta por la burguesía, la gran triunfadora de los movimientos sociales del siglo XIX y de las guerras del siglo XX, que ha salido absolutamente indemne de la Gran Crisis de 2008, y que comprende hoy al todopoderoso poder económico y a todos sus intereses anexos. Y por último está la clase media que fue creada como colchón frente a futuras crisis y movimientos obreros.

Por eso asistimos hoy a uno de los mayores y más inquietantes cambios sociales de la historia contemporánea, porque la clase media está siendo atacada y desmantelada. Era una clase que creía en su propio futuro, que sus hijos vivirían mejor que sus padres y que el consumo los haría más libres. Pero tras el 2008 todo cambió. Ahora es la clase de la indignación y del desengaño, hoy sabe que ya no hay futuro, que sus hijos vivirán peor que sus padres, que ya no hay en su vida estabilidad económica y que los contratos eventuales y los bajos sueldos los harán eternamente pobres. El sueño que construyeron y les construyeron desde la segunda mitad del siglo XX hoy se ha venido abajo. Ahora ellos pagan con su esfuerzo y su dinero todos y cada uno de los errores de los dos estamentos que les han situado encima en la escala social, y esto se traduce de forma inmediata en menos derechos y en menos libertades.

En España la institucionalización de los sindicatos los domesticó. La creación de foros del estado con la presencia de estos acabó con parte de la independencia sindical. La primera huelga general en la España democrática vino de la mano de CC.OO., el famoso 20 de junio de 1985 contra la reforma de las pensiones de la Seguridad Social formalizada por la Ley 26/1985 de 31 de julio que abría la caja de las pensiones a los planes privados. Pero, ironías del destino, luego se fueron con UGT a crear empresas para gestionar los enormes planes de pensiones de millones de trabajadores, como el plan de pensiones de los funcionarios del estado, el mayor plan de pensiones de toda Europa, gestionado por una empresa mixta UGT, CC.OO. y el BBVA.

Luego vino aquel histórico 14-D del 88 contra el plan de empleo juvenil del gobierno de Felipe González que permitía un salario más bajo para los jóvenes y que movilizó al 90% de la población activa, y que supuso uno de los golpes más duros dados a un Gobierno en la historia de la reciente democracia española. Pero el poder político no estuvo quieto y conspiró como hizo Thatcher para aplastar el poder sindical. Tras esto llegó el fin de Nicolás Redondo y de la cúpula de la UGT de entonces tras el escándalo de la PSV- y el adormilamiento de esta tras la llegada de Cándido Méndez, más sumiso al poder político y a los pactos que sus antecesores en el cargo. Yo fui testigo directo de todo esto porque lo viví en primera persona como dirigente sindical y liberado en la UGT.

En la mitad de la década de los años 90 y la llegada de la derecha de Aznar al poder siguió la caza del sindicalismo, con la eterna Thatcher como ejemplo. Y siguió un modelo económico engañoso para cimentar su poder y para su reelección con la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Con Aznar empezó todos y cada uno de los males que hoy sufrimos, empezó lo que todos conocemos como la burbuja inmobiliaria. Un crecimiento exponencial del ladrillo que derivó en 2008 en la peor crisis financiera de la historia de España desde los lejanos tiempos de Felipe II, tras la crisis de las hipotecas subprime norteamericanas - o hipotecas basura - y la quiebra del gigante Lehman Brothers, un banco que había sobrevivido al crack del 29 y al periodo de entre guerras.

Millones de trabajadores fueron expulsados del mercado de trabajo. El gobierno de Zapatero, un incapaz en materia económica, ideó un modelo keinesiano de obras públicas para paliar esta lacra, el Plan E. Un monumento a la inutilidad de un presidente de gobierno. Pero la exposición al ladrillo de la banca pública – manejada por políticos puestos a dedo por los partidos – provocó la mayor crisis financiera de la historia de España. Zapatero finalmente arrojó la toalla en medio de la tempestad en que se hallaba la economía y convocó elecciones que ganó el PP de Rajoy. Gracias a la gestión de estos dos expresidentes casi uno de cada seis hogares, caracterizados como de clase media antes de la crisis, ha pasado a engrosar el listado de las rentas más bajas en poco más de cinco años desde el 2008.

Lo primero que hizo Rajoy nada más llegar al poder es pedir un rescate financiero a Europa. El costo de esta medida fue brutal para la clase media española ya que los ciudadanos pagaron a escote los descalabros de las cajas manejadas por los políticos.  Los datos del rescate por parte del Banco de España son para temblar: se destinaron 64.953 millones de euros, de los que 42.621 millones fueron aportados por el Estado y 22.332 millones por el propio sector a través del Fondo de Garantía de Depósitos. De los fondos usados para el rescate el Banco de España considera perdidos unos 42.017 millones de euros.

Pero de esta gigantesca cantidad empleada en tapar el agujero financiero sólo se habían recuperado 5.150 millones —menos del 9%— 4.477 millones corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 673 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. A lo que hay que sumar los activos del famoso Banco Malo o Sareb que consumió otros 40.000 millones de euros. Excepto Rodrigo Rato que está en la cárcel por el Caso de las famosas tarjetas Black de Bankia, ningún gestor político, responsable de este agujero de las cajas, que sepamos ha pisado la cárcel.

Junto a esto empezaron los recortes para los trabajadores españoles. El primero en 2010 cuando Zapatero, para apaciguar al presidente norteamericano Obama que lo había llamado por teléfono días antes asustado por la situación de quiebra la economía española, anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina de todos los empleados públicos y que se congelaban los salarios en 2011. A esto se sumaba la suspensión también para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas, la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007 y la eliminación del cheque bebé.

El PP de Rajoy continuó con la política de recortes. Más congelaciones salariales a los empleados públicos e incluso la supresión de la paga extra de la navidad de 2012. Una Ley de Estabilidad que congeló las inversiones de todas las administraciones públicas, y lo peor de todo una reforma laboral que devaluó los salarios. Se buscaba que España recuperara parte de la competitividad perdida durante la época de la burbuja a base de reducir sueldos, unido a una temporalidad en la contratación aterradora, continuando con la reducción de los costes del despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33, y 20 por causas objetivas. Hasta la UE ha expresado en diversas ocasiones que la moderación salarial se ha convertido en un lastre para la recuperación económica de España. Y no se nos olvide que menores salarios implican menores pensiones cuando llegue la edad de la jubilación.

Pedro Sánchez es más de lo mismo. Prometió acabar con la reforma laboral de Rajoy y con la Ley Mordaza nada más llegara a la Moncloa y no ha tocado ni una sola de las dos. Malos tiempos para la lírica llegan. Estamos hoy ante el mayor peligro de recortes a los derechos y libertades sociales. Y el actual gobierno mira hacia otro lado. El juicio al “proces” marca a hoy a la Justicia y marca los límites del propio estado y del gobierno. Las instituciones del nuevo primer estado se miran con recelo esperando respuestas que hoy en día no hay, ni se esperan, porque parece que pronto van a entrar en colapso.

Paralelamente a los hechos relatados, la reacción de Candel ante los recortes de los gobiernos que repercutieron directamente en las políticas regresivas en sanidad en Andalucía fue la de denunciar cómo estos recortes impuestos en la sanidad por el gobierno de Susana Díaz y las fusiones hospitalarias repercutían en la salud de los andaluces. Candel se movilizó en las redes sociales y en la calle movilizando a la ciudadanía, y denunciando todos y cada unos de los males de la sanidad en aras de los usuarios y de los pacientes. Por eso, la condena a Candel es la censura a la libertad, a la libre opinión, y a los derechos de los ciudadanos a criticar y protegerse de la gestión de sus gobiernos. Es por eso también por lo que siempre pierden los ciudadanos ante el absolutismo ejercido por el primer estado. Y, por último, como dirían algunos de nuestros mejores autores, en qué clase de país nos hemos convertido si no te puedes ciscar en la madre o en el padre de alguien para canalizar toda la opresión y frustración a la que nos someten.

Antonio Barreda Alcobet es Licenciado en Geografía e Historia.