La sanidad pública nos importa: ¡no somos de piedra!

Artículo de Luis Escribano

Según publicó el diario ABC en el año 2013, el primer ministro británico, David Cameron, pidió disculpas públicamente por las negligencias que causaron las muertes de muchos pacientes en uno de los hospitales de la sanidad pública del Reino Unido (NHS). Igualmente, decía la noticia que el diario The Times reveló cómo “240.000 pacientes fueron dados de alta en el año 2011 de madrugada, para liberar camas de tal modo que los centros sanitarios pudiesen cumplir los objetivos de tiempo de espera fijados por el Gobierno”. Era obvio que prevalecía el logro de objetivos económicos y políticos sobre la calidad del servicio sanitario.

¿Les suena esto último? ¿Cuántas instituciones públicas españolas -Fiscalía, Defensor del Pueblo, Juzgados, etc.- han investigado los posibles agravamientos de enfermedades o muertes producidas por las manipulaciones de listas de espera, la prevalencia de objetivos económicos sobre la calidad del servicio incentivada mediante complementos retributivos a los profesionales sanitarios, nepotismo en la selección del personal sanitario quebrando principios de mérito, capacidad e igualdad, y demás aberraciones ocurridas en nuestra sanidad pública?

Les recuerdo que en los años 2008 y 2009, las denuncias que valerosamente presentó la Médico de Admisión Dª. Socorro Ricoy, hoy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Justicia por la Sanidad, primero en la Fiscalía y luego en un Juzgado de Granada, sobre manipulación de listas de espera en el Hospital Virgen de las Nieves de dicha ciudad, fueron archivadas con un pretexto más que cuestionable: primaba la protección de datos de los pacientes sobre la posible investigación criminal, a pesar de reconocer expresamente los indicios de una “mala praxis administrativa” en la gestión de las listas de espera. En resumen, se lavaron las manos, a pesar de que incluso el TSJA pronunció en una sentencia firme que hubo cargos del Servicio Andaluz de Salud que se dedicaron a acosar laboralmente a la Sra. Ricoy por negarse a manipular las listas de espera.

¿Alguna institución pública exigió responsabilidades a los autores de las manipulaciones de las listas de espera y del acoso laboral? Ninguna. ¿Confianza en las instituciones públicas? Ninguna.

Que la sanidad sea uno de los problemas que más nos preocupa a los españoles se evidencia cada año con los Barómetros del CIS, quizá porque todos, más tarde o temprano, acabamos haciendo una visita -o acompañando una persona cercana- a nuestro médico de familia o al especialista, experimentando directa o indirectamente la prestación del servicio. A dicho problema le acompaña en las citadas encuestas el paro, la corrupción y el fraude, los políticos en general, los partidos y la política, así como los problemas de índole económica.

Entre otros aspectos dignos de análisis, me llama poderosamente la atención que los españoles consideren en las encuestas que uno de los problemas principales que existe actualmente en España sean “los políticos en general, los partidos y la política” (este problema ha ido escalando puestos en los últimos cinco años hasta colocarse en segundo lugar) y, sin embargo, cuando se les pregunta sobre los problemas que personalmente más les afecta, ese problema en concreto desaparece de los primeros puestos. Es decir, muchos españoles no consiguen ver la relación existente entre los problemas que padecen y “los políticos en general, los partidos y la política”. Algo parecido le ocurre al problema de “la corrupción y el fraude”, a pesar de la íntima conexión que guarda con las acciones y omisiones de los políticos y con varios de los problemas que padecemos.

Si observan, lo anterior no guarda mucha coherencia con los datos de las últimas elecciones generales, pues la alta participación y los votos a candidaturas de partidos parecen reflejar lo contrario: los españoles ponen mayoritariamente su esperanza en los partidos políticos para solucionar sus problemas, cuando son estos los que crean o alimentan muchos de esos problemas.

No es fácil entender que haya tantos ciudadanos que no perciban los efectos que genera la corrupción sistémica en España, amparada sin pudor por los partidos políticos, salvo que consideremos que dichos ciudadanos pierden objetividad a causa de sus prejuicios, creencias, miedos, odios y bajas pasiones, o simplemente que el desconocimiento sobre el sistema político y administrativo les impide descubrir dicha conexión.  

Los problemas que padece la sanidad pública en España guardan una estrecha relación con todos los problemas expuestos anteriormente, pero la política y la corrupción son los que se llevan la palma.  

Hay españoles que parecen vivir al margen de la sociedad, sin importarles nada la política hasta...hasta que tienen una mala experiencia: por ejemplo, cuando empiezan las visitas forzosas a los centros sanitarios públicos y sufren su nefasta gestión (evítese mezclar con el buen hacer de algunos profesionales comprometidos). Hay otros que se conforman exclusivamente con la crítica en redes sociales, en los medios o en la barra de un bar, sin adoptar una postura activa en defensa de lo que a todos nos corresponde disfrutar desde el momento en que contribuimos al Estado español, ya sea con impuestos directos e indirectos, tasas y cánones.

Pero también hay otros muchos ciudadanos comprometidos, incluidos algunos profesionales sanitarios, que luchan activamente por sus derechos y libertades, por el buen uso del erario público y por una sociedad con valores y sin corrupción. Por ejemplo, muchos de ustedes han acabado siendo socios de la Asociación Justicia por la Sanidad porque han entendido que es una manera efectiva de luchar por una sanidad pública digna y contra la corrupción, o porque ya han padecido en sus carnes algunos de los graves vicios del Sistema sanitario público.

La sanidad pública no es un ámbito ajeno a la corrupción, la cual se manifiesta en todas sus vertientes. En Andalucía, casi la tercera parte del Presupuesto de la Comunidad Autónoma se gasta en materias relacionadas con la salud. Pero no es sólo en el proceso del gasto público donde aflora la corrupción, dado que también se manifiesta de otras formas y en otros procesos: nepotismo, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, fraude en las contrataciones, omisión del deber de perseguir delitos, etcétera. Todas ellas repercuten de forma muy directa en el deterioro de la prestación del servicio público sanitario.

Pocos medios de comunicación preguntan y escuchan a los que conocemos en profundidad los problemas de la corrupción, y menos aún los que publican informaciones contrastadas sobre lo que está ocurriendo. Al contrario, suelen poner el altavoz en las palabras vacías e insubstanciales de demasiados irresponsables, sin preguntar a los que podemos desmontar sus engaños con facilidad, y así añadir algo de contraste en las informaciones. ¿Por qué no se invita en las tertulias televisivas y radiofónicas conjuntamente a políticos y a quienes podemos poner en evidencia sus mentiras con datos irrebatibles? Obviamente, es una pregunta retórica.

Por ponerles un ejemplo clarificador: muchos medios “voceros” se interesan y publican noticias sobre lo que concierne a Jesús Candel, el Presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad, cuando ha sido denunciado en los tribunales por presuntos delitos de injurias, pero ninguno de ellos ha preguntado por el estado de las querellas criminales presentadas por dicha Asociación, sobre casos de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía, ni tampoco han preguntado por otros casos investigados sobre los que se están preparando nuevas querellas, que serían noticia en otros países avanzados. El silencio de esos medios lo dice todo: forman parte del sistema corrupto.  

Y la Administración de Justicia (incluyo al Ministerio Fiscal y Policía Judicial) tampoco está haciendo el esfuerzo que debería hacer cuando los que denunciamos la corrupción acudimos a ella para que actúe con contundencia, especialmente si hay políticos o jueces implicados (no olviden que la Administración de Justicia forma parte del sistema político y también le afecta la corrupción). Hemos tenido acceso a informes de fiscales, de la policía judicial y sentencias de tribunales que abochornan a quienes tenemos conocimiento profundo de los casos, reflejando el poco respeto que nos tienen a los ciudadanos. ¿Cómo va a extrañar que los ciudadanos pierdan la confianza en la Justicia española? Lo contrario sería lo insólito.

Precisamente por todo ello seguiremos adelante con esta batalla contra la corrupción, caiga quien caiga, y procuraremos aunar esfuerzos en aras de conseguir los fines de la Asociación, tal como conseguir una Sanidad pública digna. Mientras más voluntades sumemos, más fácil resultará conseguirlo.

Y quisiera finalizar el presente artículo con un último mensaje: aquellos que hayan participado en algún caso de corrupción en la Sanidad pública andaluza o hayan dejado de perseguir los delitos siendo su obligación, no deberían dormir tranquilos, porque los ciudadanos que formamos parte de Justicia por la Sanidad, ¡no somos de piedra!