El SAS discrimina arbitrariamente a una asociación crítica con su gestión

Artículo de Luis Escribano

El Gerente del Hospital Universitario “San Cecilio” de Granada del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Manuel Enrique Reyes Nadal, ha denegado la solicitud de la Asociación “Justicia por la Sanidad” para conseguir que sus voluntarios pudieran ayudar gratuitamente a los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz a cumplimentar y presentar sus reclamaciones en el citado Centro sanitario, dadas las numerosas dificultades que muchos pacientes y sus familias encuentran a la hora de formalizarlo adecuadamente y de informarse sobre ello, especialmente sobre las normas que establecen las garantías de plazos (listas de espera).

El argumento utilizado para dicha denegación ha sido literalmente el siguiente: “...las funciones de información a los usuarios y pacientes en los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, incluidas las que menciona en su atento escrito, están reservadas al personal de los correspondientes centros sanitarios en cuanto que son tareas que implican prerrogativas administrativas inherentes a la Administración, así se contempla, entre otros, en el artículo 10 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Es la Administración, en el marco de su propia potestad de autoorganización, la que los presta a través de sus empleados públicos que son profesionales excelentemente formados y que desarrollan una magnífica labor con total dedicación y esmero, como ustedes conocen.

Por tanto, no cabe, como indica en su escrito, que voluntarios de la Asociación que preside, desarrollen una labor que realiza ya esta Administración y que cada día se esfuerza en mejorar.”

A continuación, el Gerente indica en su respuesta todos los canales de información sobre derechos y garantías de los usuarios, incluida la de “Salud Responde” y las Unidades de Atención a la ciudadanía en Centros Sanitarios, insistiendo al final del escrito que la información a los pacientes y ciudadanos en general lo desarrolla la Administración a través de “empleados públicos perfectamente cualificados”.

Antes de entrar en materia, que el citado Gerente diga que todos los empleados públicos de la Administración andaluza son “profesionales excelentemente formados y que desarrollan una magnífica labor con total dedicación y esmero”, como si él tuviera conocimiento del trabajo que realiza cada empleado andaluz y de su formación, revela un desconocimiento absoluto de la Junta de Andalucía, entre otros extremos.

Lo que realmente conocemos los andaluces (y en mi caso particular con más profundidad al ser funcionario público de carrera con más de 28 años de experiencia, actualmente trabajando en una Dirección General del Servicio Andaluz de Salud -SAS-) es que, en la Junta de Andalucía, hay empleados públicos de todo tipo: hay buenos y malos profesionales, los hay dóciles y otros con criterio propio que no lo son, los hay corruptos y otros rectos, algunos hay bien formados y otros no tanto, etcétera, como también hay buenos y malos Gerentes de Hospitales, incluso algunos sin formación adecuada para ello, como el Sr. Reyes Nadal.

Las palabras del Gerente en el escrito citado suenan vacías, a “postureo” típico del que intenta buscar una salida con palabras galantes sin centrarse en la cuestión principal, muy habitual en los que creen que aparentando con las formas, con una educación y trato positivo y desmedido, es suficiente para que se lo traguen los ciudadanos y se resuelvan los problemas sin entrar en el fondo. Lamentablemente, la Junta de Andalucía está repleta de este tipo de directivos que nada resuelven, inconfundibles gestores floreros.

Debe señalarse que dicho Gerente, Manuel Enrique Reyes Nadal, es Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en Psiquiatría, cursando la especialidad en el Hospital San Cecilio de Granada. Además, ha sido apoderado y apoderado solidario en tres empresas privadas del sector inmobiliario y de promoción de Granada, inscribiendo en el Registro Mercantil sus ceses como tal dos meses después -29 y 30 de mayo- de ser nombrado Gerente mediante Resolución de 21 de marzo de 2019 (BOJA de 20-05-2019).

Que se conozca, no tiene ninguna formación ni experiencia en Gerencia y Dirección Pública. Desconozco si es uno de esos amigos del Consejero de Salud, Jesús Aguirre, a los que este se ha referido públicamente, que debe ser un nuevo mérito a valorar: la amistad, que junto a la docilidad defendida recientemente por el TSJA en una sentencia (¡ay, la Justicia!), definen perfectamente el comportamiento de los políticos en una partidocracia. ¡Manda narices!

Quizá por ese desconocimiento absoluto de lo que es una Administración pública, así como del principio que la rige, entre otros, de interdicción de la arbitrariedad, y sin desmerecer sus posibles méritos profesionales como facultativo, el Gerente sólo menciona en su respuesta -de forma interesada y muy reveladora- un artículo de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, cargándose de un plumazo los múltiples reconocimientos y declaraciones de principios y derechos de los ciudadanos que la misma Ley efectúa. Por ejemplo, el de participación ciudadana en los servicios y actividades sanitarios a fin de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos en Andalucía, una Ley que dedica su Título III a la participación ciudadana. Precisamente este es el área de trabajo de un servidor en el SAS, además de ser Vicepresidente de la Asociación “Justicia por la Sanidad”. ¡Qué mala suerte, Gerente!

Pero quizá no se trate de una actuación negligente por desconocimiento, sino quizá más bien de una actuación arbitraria y discriminatoria. Lo primero, porque como Gerente no puede obviar el cumplimiento de la Ley, y existen vías legales para acordar la colaboración denegada a la Asociación “Justicia por la Sanidad”; y lo segundo, porque hay numerosas asociaciones con convenios firmados que realizan funciones dentro de los centros sanitarios de Andalucía, incluso formando parte de Comisiones en dichos Centros, a pesar de existir profesionales en el SAS que también las realizan. Lo que un servidor desconoce es si esa actuación del Gerente se debió a alguna orden superior.

Convendría señalar que muchas de esas asociaciones reciben subvenciones de la Administración sanitaria andaluza, justo lo que no ocurre con la Asociación “Justicia por la Sanidad” y que le otorga una libertad que no tienen otras muchas asociaciones, como las de consumidores y usuarios. Quizás sea este uno de los motivos por el que no interesa permitir a la Asociación “Justicia por la Sanidad” que colabore con el SAS ayudando a los usuarios del Sistema Sanitario público: la independencia, como bien saben los lectores, está infravalorada por los partidos políticos, que se han acostumbrado a rodearse de personas aduladoras y dóciles que comen de sus manos. 

Asimismo, cabe recordar al citado Gerente que su Hospital tiene una Comisión de Participación Ciudadana, y que debe reunirse dos veces al año como mínimo. ¿O también lo desconoce? ¿Y sabe el Gerente que, según una Resolución del SAS de 4 de febrero de 2015, es él quien elige a algunos de sus miembros como expertos en participación ciudadana pertenecientes a asociaciones de pacientes, expertos de ONG, voluntarios expertos en participación, expertos en participación de los medios de comunicación, etcétera? ¿Qué criterios seguirá para formar parte de dicha Comisión? ¿El del veto a la Asociación “Justicia por la Sanidad”, los de amistad del Consejero de Salud o cualquier otro que evite el debate en dicha Comisión de los problemas que realmente preocupan a los usuarios del Hospital Universitario San Cecilio?

Por cierto, dicha Resolución del SAS de 2015 no se ajusta a Derecho, dado que la Dirección Gerencia del SAS no tiene competencias para crear y regular dichos órganos de participación (las tiene la Consejería de Salud). La Viceconsejera de Salud, Catalina García, fue advertida de ello por miembros de la Junta Directiva de “Justicia por la Sanidad” en la primera reunión que celebraron el pasado 30 de abril, especialmente porque las actuaciones de dicha Comisión de Participación Ciudadana se valoran a efectos de las productividades que se pagan a los profesionales de los centros sanitarios. Y ya ven el resultado: ni caso. Por lo visto, la legalidad no es el fuerte de este nuevo Gobierno “del cambio”, como tampoco lo era del anterior.

Resulta obvio que se busca nombrar en las Comisiones a quienes no critiquen la gestión de los Centros sanitarios. Quizá por ello el Gerente ha dejado clara en el escrito de respuesta su aspereza con la Asociación “Justicia por la Sanidad” -y su veto-, cuyas reivindicaciones para mejorar el funcionamiento de los centros sanitarios no interesan ser discutidas en dichas Comisiones de Participación Ciudadana, no vaya a ser que los andaluces tengan conocimiento de lo que se cuece en ellos y de lo que sus Gerentes no solucionan, y entonces no podría venderse la imagen que interesa de la Sanidad pública andaluza.

El Sr. Reyes Nadal debería explicar públicamente si algún órgano superior le dio la orden de contestar denegando la solicitud de la Asociación “Justicia por la Sanidad”, lo que podría explicar el pretexto utilizado, o si lo decidió motu propio, y así aclarar si se debió o no a su incompetencia como Gerente.  

En vez de poner excusas que resultan ser un insulto a la ciudadanía, el citado Gerente debería rectificar si no quiere quedar como un cargo público dócil o, en su caso, como un incompetente más de los que sufrimos los andaluces, tanto del anterior gobierno del PSOE (con apoyo incondicional de C’s) como del actual del PP y C’s (con el apoyo de Vox).

PD.- ¿Qué pasó con el compromiso de la Viceconsejera de Salud de convocar reuniones mensuales con la Asociación “Justicia por la Sanidad”? ¿Tan comprometedoras resultaron ser las propuestas realizadas en la primera reunión para dar solución a temas tan graves de la Sanidad andaluza, o hay órdenes superiores de veto a la citada Asociación?