Juicio a Jesús Candel (Spiriman): el intento de Susana Díaz por blanquear sus vergüenzas

Artículo de Luis Escribano

Si usted fuera un ingeniero o arquitecto de una empresa constructora o de una central nuclear, y descubriera diversos fraudes que estuvieran poniendo en grave riesgo la vida de las personas (contratación del personal no adecuado, organización pésima, compra de materiales de muy baja calidad, reducción gastos en seguridad, etcétera), ¿lo denunciaría o se callaría para no poner en peligro su trabajo? Si tras denunciarlo todo sigue igual o peor, ¿qué haría?

Imagine ahora que es usted un médico que trabaja en un hospital público, y que vive diariamente el deterioro de la prestación del servicio sanitario conociendo los motivos, hasta el punto de poner en grave riesgo la salud y la vida de las personas, provocado por decisiones u omisiones de sus gestores, tales como: una pésima organización, incluso fuera de la Ley; contrataciones inadecuadas de profesionales sanitarios y en fraude de Ley; insuficiencia de profesionales; listas de espera interminables y manipuladas; se incentiva económicamente a médicos y centros por no derivar a especialistas, recetar por principio activo para consumir medicamentos de subastas fabricados en países "exóticos", por gastar menos en medicamentos y otros productos sanitarios, por contratar menos personal, por adelantar las altas, y por cumplir otras medidas economicistas; fraude en las contrataciones de empresas con pérdida de dinero que no se invierte en salud; centros sanitarios sin autorizaciones para determinadas unidades asistenciales que están funcionando; reducción enorme de gastos sanitarios por la corrupción sistémica; etcétera.

Si a todo lo anterior añadimos que usted preside una asociación que reúne a miles de ciudadanos en defensa de una sanidad pública digna y contra la corrupción, y que le siguen en redes sociales más de 300.000 ciudadanos, ¿denunciaría la situación o se callaría? Si a pesar de denunciarlo en distintos ámbitos, todo siguiera igual o peor, ¿haría algo para ser escuchado o simplemente tiraría la toalla?

Es obvio que, si usted es una persona con principios éticos y alguna empatía hacia su prójimo, que rechaza la hipocresía y las mentiras cuando está en juego la salud y la vida de las personas, lo denunciaría aun sabiendo de antemano que los responsables criticados podrían abusar de sus facultades para atacarle, lo cual suele ser lo habitual (yo mismo lo he vivido en la Junta de Andalucía, y no una sola vez, sino varias, como he publicado y acreditado en estas páginas).

Si usted decidiera denunciarlo siendo médico, y por este motivo los responsables públicos de ese desaguisado -que nada efectivo hacen por solucionarlo- le acosaran y orquestaran campañas de desprestigio contra su persona, incluso por parte de compañeros de trabajo que deberían velar siempre con todas sus acciones por lo más sagrado de una persona -la vida-, ¿consideraría que esas personas tienen “honor”? Pues bien, llegados a este punto, lo primero que debemos preguntarnos es qué entendemos por honor.

El honor es un bien jurídico que se protege por estar asociado al derecho a la dignidad humana (aunque no significan lo mismo) y a la protección del patrimonio moral de la persona, y se reconoce en dos vertientes: el honor subjetivo, y el honor objetivo.

El honor subjetivo va a depender de cada individuo, de la autoestima que cada uno posea, por lo que una misma manifestación o expresión realizada por una persona puede ofender a unos y no a otros, hasta el punto de que puede depender incluso del estado de ánimo del receptor de las palabras. Valorar este aspecto tan subjetivo del honor de una persona es muy complejo, y es un campo abonado para las injusticias (como todo lo que afecta a la moral), dada la inseguridad jurídica que crea y que fácilmente puede quebrar el principio de igualdad. Si un juez, por ejemplo, no explicara bien este aspecto, podría incurrir con suma facilidad en arbitrariedad y, en su caso, prevaricación judicial.

Este aspecto del honor sólo puede ser atacado cuando se menosprecia exclusivamente lo más íntimo de la persona para degradarla como tal. Es típico en las discusiones acaloradas entre dos personas que se conocen y que buscan herir profundamente a la otra persona aprovechándose del conocimiento íntimo que se tiene de la misma.

El honor objetivo va ligado a la valoración que los demás hacen de la persona supuestamente ofendida en función de sus acciones y omisiones, es decir, se refiere a la buena reputación que se adquiere por las buenas acciones en el entorno social en el que se desenvuelve. Si se trata de un cargo público, es obvio que el entorno social tiene mucho que ver con los afectados por sus decisiones (los administrados, incluidos los empleados públicos), pues no por el mero hecho de ocupar un cargo público se adquiere buena reputación: imaginen, por reducción al absurdo, la reputación que tendría “Jack el Destripador” si saliera elegido diputado o fuera nombrado alto cargo.

Esto significa que atacar directamente el honor objetivo de una persona no afecta a su intimidad o privacidad. Por ejemplo, decir que tal persona es deshonesta o corrupta (restar crédito) no significa en absoluto lesionar su privacidad (aunque pueda sentirse herida moralmente). Además, si la reputación o fama de una persona no es objetivamente buena debido precisamente a sus acciones y omisiones, ¿tendría algún “honor objetivo” digno de ser protegido?

Precisamente por todo ello, esta vertiente del honor es la que menos protección tiene para las personas que ocupan cargos públicos (autoridades y funcionarios), de forma que cualquier valoración de la posible ofensa producida por la opinión o expresión de los gobernados o administrados deberá hacerse en términos muy tolerantes (así lo tiene establecido la jurisprudencia), pues quienes ocupan puestos de relevancia pública que afectan decisivamente a la sociedad están sometidos a las críticas de los ciudadanos, por muy hirientes que sean, y muy especialmente si están justificadas.

Asimismo, debe determinarse en cualquier valoración que se haga si una expresión es utilizada simplemente para menospreciar a la persona de forma intencionada, dañando su intimidad, o para definir coloquialmente a la persona por sus acciones y omisiones acreditadas, pues esto último en ningún caso debería ser punible, y menos penalmente. Y si además se hace en el calor de la crítica a cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, más motivado estaría no sancionarlo.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que un mismo hecho no puede ser a su vez un ejercicio de la libertad de expresión y un delito contra el honor: o es una cosa o es otra, pero ambas no puede ser simultáneamente, por lo que debe quedar muy clara la frontera entre ambos derechos. Si hay dudas razonables para establecer ese límite en la jurisdicción penal, la inocencia de las personas acusadas debería prevalecer siempre.

Si al médico granadino Jesús Candel (conocido también en redes sociales por Spiriman) se le acusa por atacar supuestamente el honor objetivo de Susana Díaz y Martín Blanco, y así parecen entenderlo los Letrados de la Junta que representan a ambos cargos públicos porque, según han manifestado por escrito (y en el mismo sentido se ha pronunciado el TSJA en su reciente Auto), ambos fueron supuestamente atacados en “el ejercicio de sus funciones”, quedaría libre por tanto de cualquier acusación contra el honor subjetivo. De hecho, es lo que se deduce en todo caso de las declaraciones públicas de Jesús Candel, muy críticas con las acciones y omisiones de ambos en el ejercicio de sus funciones como cargos públicos, dejando siempre a un margen consideraciones personales, como siempre ha aclarado en sus vídeos, dado que no ha tenido relaciones personales con ninguno de los dos cargos públicos ni con sus familiares.

¿Existe algún ciudadano que alguna vez no se haya preguntado, por ejemplo, cuántas muertes han podido provocar las listas de espera y sus manipulaciones, la no derivación a especialistas a tiempo (incentivado económicamente en pos de una supuesta “racionalidad del gasto”), no recetar el medicamento más adecuado, ser permisivos con la corrupción, etcétera, y quienes han sido los responsables de esas situaciones, ya sea por acción u omisión?

Llegados a este punto, me pregunto qué relación guardan con la dignidad humana las acciones y omisiones de unas personas que viven en una realidad paralela, que infravaloran la salud o la vida humana anteponiendo sus comodidades, sus intereses particulares o los de determinados grupos fácticos. ¿Puede considerarse que el supuesto honor objetivo de estas personas -si es que poseen alguno- que ocupan cargos públicos prevalece sobre el ejercicio de la libertad de expresión en defensa de la salud y de la vida humana, por el mero hecho de usar expresiones coloquiales en un contexto generalizado de fuerte crítica, incluso hiriente?

A mi juicio, Susana Díaz y Martín Blanco han denunciado a Jesús Candel no porque en su fuero interno se sientan ofendidos (honor subjetivo) o porque tuvieran que defender la escasa reputación que les quedara (honor objetivo), sino porque estaban perdiendo apoyo electoral (las encuestas evidenciaban lo que se demostró tras el recuento de votos en las elecciones autonómicas pasadas del 2-D, con 1 millón de votos sobre un censo electoral de 6,5 millones de personas), en parte debido a las movilizaciones ciudadanas y a las evidencias denunciadas por el movimiento social que lideraba y sigue liderando Jesús Candel, y que nadie ha rebatido con datos. En el fondo, se trata de una típica operación de “matar al mensajero” que ha denunciado públicamente estos desmanes, con la evidente intención de desactivar dicho movimiento social, que tiene la fuerza suficiente para contribuir a derrocar un gobierno autonómico que ha sido incapaz de valorar debidamente la salud y vida de las personas que estaban en juego.

“Res non verba” (puede traducirse como “Hechos, no palabras”) es un brocardo latino que muestra el camino para aproximarnos al acierto en cualquier juicio o valoración que realicemos de la realidad. Sin embargo, dado que los humanos estamos llenos de prejuicios, ideologías, odios, pasiones bajas y miedos, es frecuente que en el proceso de interpretación de los hechos nos dejemos influenciar por todo ello y por palabras embaucadoras, imposibilitando analizar los hechos en su crudeza absoluta. Si somos incapaces de desprendernos de ideas preconcebidas y sentimientos aprehendidos, no es de extrañar que acabemos distorsionando la realidad.

De hecho, esto último pudiera estar pasando, porque estando en riesgo la salud y vida de las personas, las movilizaciones ciudadanas deberían haber sido mucho más masivas, y en vez de de salir unas decenas de miles de personas a las calles, deberían haber salido millones de personas a exigir lo más básico de todo: la prevención y protección de la salud minimizando el riesgo de muerte, mediante unos servicios sanitarios públicos excelentes, que bastante pagamos los contribuyentes entre impuestos directos e indirectos que parecen alimentar en exceso los casos de corrupción.

Y puede pasar de nuevo en Granada mañana miércoles, 26 de junio, en el juicio contra el presidente de la Asociación “Justicia por la Sanidad” y médico de urgencias de un hospital público del Servicio Andaluz de Salud, Jesús Candel, por sus continuas y contrastadas denuncias en defensa de una sanidad pública digna y contra la corrupción -incluida la judicial-, y por ello, parte de la ciudadanía que sí ha visto la realidad en toda su crudeza (o la ha sufrido ya) se ha movilizado ante tamaña injusticia, organizando para mañana miércoles numerosas concentraciones en más de 30 ciudades de toda España, en apoyo a quien se atrevió a alzar la voz sin correcciones políticas contra las injusticias cometidas en la Sanidad andaluza y la corrupción sistémica.

Aunque sea Jesús Candel quien se siente en el banquillo como acusado por presuntos delitos de injurias y calumnias, en realidad estaremos sentados muchos ciudadanos que también hemos sido críticos con los hechos irrebatibles cometidos por autoridades y funcionarios, hechos que, por cierto, el nuevo Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no cesa de criticar públicamente.

Mañana se enjuicia nuestro derecho a la vida, nuestros derechos de libertad de expresión y comunicación ante las barrabasadas de unos gestores públicos que han marginado los intereses generales, anteponiendo intereses espurios. Por todo ello, mañana miércoles deberíamos exclamar al unísono millones de personas comprometidas y valientes la expresión que puso de moda nuestro querido médico, Jesús Candel, con la mano en el pecho:

¡¡¡¡ YEAAAAAHHHH !!!!