¿Por qué las Administraciones no exigen responsabilidades patrimoniales personales a los desalmados que les causan daños?

Artículo de Luis Escribano

Entre esos fenómenos extraños que anegan la vida política de nuestra desconocida y mermada España se encuentra el del complejo de bombero de muchos de sus actores. No hay más que ver, elección tras elección, cómo ninguno pisa la manguera a otro, aunque pertenezca al Cuerpo de bomberos de cualquier otro color político.

Toman el poder unos, expolian las arcas públicas, y cuando entran otros, nadie exige responsabilidades a los salientes. Tal cual. Al final, los costes de las injusticias los pagamos los de siempre: los contribuyentes, esa media España que mantiene a la otra media subsidiada o adicta a la economía sumergida.

Nuestra legislación es laxa respecto a la exigencia de responsabilidades patrimoniales personales de los autores y cómplices en vía administrativa. Los buhoneros metidos a políticos no dedican ni un minuto de su tiempo a diseñar y adoptar medidas que prevengan la corrupción, y las medidas disuasorias son diseñadas para que ellos y sus funcionarios cómplices salgan ilesos cuando los pillan, lo cual suele ser poco frecuente.

Al contrario, ellos amparan una Justicia muy lenta (conseguido, por ejemplo, con los pocos recursos que le suministra), que, a su vez, es muy permeable por gobiernos y Administraciones y demasiado permisiva con estos; aprueban un Código Penal muy blandito en el diseño de las infracciones por corrupción para que los Jueces de lo Penal y los fiscales casi nunca encuentren “relevancia penal” en los casos de corrupción (los tildan de “meras irregularidades administrativas”); han politizado el Tribunal de Cuentas de forma lamentable, y con los dedos de la mano podríamos contar los expedientes administrativos iniciados por las Administraciones para exigir a los autores y cómplices responsables de las tropelías el pago -con su patrimonio personal- por los daños causados a los bienes o derechos de aquellas.

Esto último lo han aprobado en una norma…¡aleluya! (artículo 36.3 de la Ley 40/2015). Pero…mi gozo en un pozo: sólo se ha previsto para los casos en los que pueda demostrarse el dolo o intención (lo cual siempre queda al criterio del funcionario nombrado a dedo por el político), o por culpa o negligencias graves, gravedad que queda de nuevo a criterio del funcionario nombrado a dedo por el político. El círculo queda siempre bien cerrado para salir impunes y con beneficios sin coste alguno para sus bolsillos: ¡esto sí que es eficiencia…en la corrupción!

Vienen elecciones municipales, y muchos de los nuevos alcaldes se encontrarán en las arcas municipales enormes agujeros negros dejados por sus antecesores. Y los que repiten como alcaldes, simplemente negarán la existencia de esos agujeros sin consecuencia alguna.

¿Cuántos de los candidatos llevan en sus programas exigir esas responsabilidades patrimoniales personales si consiguen el poder, a pesar de que en la campaña denunciarán las miles de irregularidades supuestamente cometidas por los actuales alcaldes y concejales? Insisto que me refiero a la vía administrativa, no a la enmarañada vía penal. Les adelanto a ustedes el dato: ninguno lo lleva en su programa. Y si algunos llegaran a prometerlo, mentirían: no hay más que mirar atrás para darse cuenta de que, entre bomberos, nunca se han pisado las mangueras.

Y, por cierto, respecto a las últimas elecciones autonómicas, ¿cuántos de los nuevos gobiernos y cargos públicos han iniciado expedientes administrativos exigiendo la responsabilidad patrimonial personal de los anteriores gestores? Por ejemplo, miremos al Sur: en Andalucía, que se conozca, ningún expediente, y eso que los nuevos cargos del PP y Cs no paran de difundir de las barbaridades cometidas por el anterior Gobierno del PSOE.

Si sorprendente resulta la extensión del complejo de bombero en la clase política, más digno de expediente x es que la ciudadanía siga votando a unos y otros con la esperanza del milagro que nunca llega. Sí, estimados lectores, porque votar hoy en España se ha convertido en un ritual religioso, donde la fe ha sustituido por completo al raciocinio. Que sí, que es lícito votar hasta por deseos inconfesables, pero cuando escucho a muchos votantes justificar su voto en defensa de esos supuestos valores de “solidaridad” con el pueblo, defendido ardientemente por los candidatos de unos y otros partidos, no puedo evitar descojonarme de risa con ciertas dosis de indignación. ¿Soli… qué? ¡Nunca este vocablo se empleó tan erróneamente como en la política actual!

Me comentaba recientemente un conocido que hay vecinos de un pueblo andaluz que tienen en sus salones y dormitorios retratos de su alcalde, porque les paga la luz y el agua de sus viviendas privadas. Sí, así lo entienden ellos: el alcalde es el que paga…¡como si todos los ingresos del presupuesto municipal procedieran de su bolsillo! Esto tiene de solidaridad lo que un servidor de taxidermista.

Me temo que la razón huyó de España hace tiempo. Decir falacias y etiquetar a las personas como único argumento se ha convertido en un deporte nacional. Añoro a aquellos que observan la realidad sin prejuicios y que están abiertos a debatir sin el velo de las ideologías, sólo basándose en los hechos y datos fehacientes. ¡Quizá me esté haciendo viejo o sea un extraño en esta que creía mi tierra!