La corrupción salpica a Elías Bendodo y Antonio Sanz si no rectifican

Artículo de Luis Escribano

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, cuyo titular es Elías Bendodo Benasayag, tiene adscrito el Gabinete Jurídico, que depende jerárquicamente del Viceconsejero, Antonio Sanz Cabello. Cuando se retuerce el Derecho como lo ha hecho la citada Consejería, sus dirigentes no quedan al margen de la actuación corrupta si no rectifican de inmediato.

Hace unas semanas, Jesús Candel solicitó copia del expediente de la Orden que, según parece, firmó el ex Consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, por la que supuestamente se autorizó al citado Gabinete a representar a Susana Díaz Pacheco para efectuar la acusación particular contra Jesús Candel en el proceso penal incoado por presuntos delitos de injurias y calumnias. Como ya he demostrado en un anterior artículo, la acusación particular del Gabinete Jurídico es ilegal, lo cual nadie ha rebatido hasta ahora, y el citado Gabinete mantiene su postura sin que el nuevo Gobierno actúe para rectificarlo.

En contestación a su solicitud, Jesús Candel ha recibido un escrito de la Consejería de la Presidencia, firmado por su Secretario General Técnico, Eugenio Benítez Montero, manifestando que su petición de copia del expediente se tramitará no con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, sino con arreglo a la Ley de Transparencia y, que por tanto, se dará trámite de audiencia a Susana Díaz antes de seguir con el procedimiento.

Peor no se pueden hacer las cosas. Primero, porque la Consejería de la Presidencia está aplicando indebidamente la Ley de Transparencia; segundo, porque no tiene justificación que ahora la Consejería efectúe con Susana Díaz dicho trámite de audiencia y no lo hiciera con Jesús Candel cuando Susana Díaz solicitó que la representara el Gabinete Jurídico para acusarlo en un Juzgado Penal, conociéndose desde el inicio que Jesús Candel era interesado en dicho procedimiento, como se explica a continuación; y tercero, porque la Consejería de Salud del mismo Gobierno sí le ha hecho entrega de la copia del expediente de la autorización que solicitó el ex Viceconsejero de Salud, Martín Blanco García, sin que la Consejería de Salud alegara o realizara dicho trámite de audiencia a Martín Blanco.

Aunque el procedimiento de la autorización al Gabinete Jurídico se inició con la solicitud presentada por Susana Díaz, Jesús Candel tenía la condición de interesado en el mismo, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común (PAC): “Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”.

Los derechos de Jesús Candel que podían verse afectados eran obvios: se solicitaba una autorización para acusarle en un proceso penal, que afectaba de lleno a su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (art. 24 CE), además de afectar a otros derechos (libertad de expresión, comunicación, etc.) puestos en juego en el proceso penal por la acusación particular efectuada gracias a dicha autorización.

Conforme a lo indicado en la citada Ley, se le tendría que haber comunicado a Jesús Candel la tramitación del procedimiento de la autorización, pero no se hizo, causándole indefensión. Dice el citado artículo: “Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.”

Las cuatro condiciones se daban en dicho expediente para haberle comunicado la tramitación del procedimiento:

a) Se trataba de un procedimiento sin publicidad.

b) Jesús Candel estaba identificado con nombres y apellidos en el procedimiento desde la solicitud de Susana Díaz (y de Martín Blanco).

c) Además, era titular de derechos o intereses legítimos y directos, porque dicha solicitud tenía como finalidad acusarlo en un proceso penal, conectándolo además con el concepto de interesado en el procedimiento.

d) Sus derechos podían resultar afectados por la autorización final.

El hecho de no haberse efectuado el trámite de audiencia a Jesús Candel en los procedimientos de autorización solicitados por Susana Díaz (y Martín Blanco) puede constituir un motivo de nulidad de pleno derecho, al considerarse un trámite esencial. En cualquier caso, sería anulable, por lo que las Consejerías de la Presidencia y Salud deberían iniciar un procedimiento de revisión de oficio de dichas Órdenes para anularlas y retrotraer las actuaciones, siempre que dichas Consejerías quisieran actuar conforme a Derecho, que a estas alturas es más que improbable, visto el empeño en perseguir y acosar al líder de un movimiento social con decenas de miles de seguidores que no está bajo el control de los poderes fácticos (partidos, sindicatos, empresarios, etc.).

Esto implicaría, obviamente, que dichas acusaciones particulares, admitidas incomprensiblemente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, serían ilegales. Por tanto, con este nuevo motivo ya serían dos los existentes para anular dichas acusaciones particulares.

Para colmo, no acaban aquí las injusticias: Jesús Candel tiene derecho a recibir la notificación de la supuesta autorización concedida al Gabinete Jurídico para representar a Susana Díaz (y a Martín Blanco). Sin embargo, la Consejería de la Presidencia también vulneró ese derecho, y sigue vulnerándolo.

Esto último es vital, porque se le ha impedido a Jesús Candel, como interesado, interponer el pertinente recurso contencioso-administrativo contra dicha autorización, recurso que difícilmente puede interponer sin conocer los fundamentos jurídicos de la misma (lo bueno es que el plazo para interponerlo sigue abierto mientras no le comuniquen la resolución, según mantiene la jurisprudencia).

Por todo ello, Jesús Candel sigue siendo interesado en el procedimiento de la autorización solicitada por Susana Díaz, procedimiento que sigue en curso mientras la Consejería de la Presidencia no le notifique la supuesta Orden de autorización, por lo que tiene derecho a acceder a todos los documentos del expediente para poder recurrirla, en su caso, ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Sin embargo, la Consejería de la Presidencia que dirigen Elías Bendodo y Antonio Sanz se escuda de forma torticera en la Ley de Transparencia para vulnerar sus derechos como ciudadano. Al parecer, están empeñados en aumentar los casos de corrupción de este nuevo Gobierno.