Cortar la garganta a Jesús Candel

Artículo de Antonio Barreda

Cortar la garganta a Jesús Candel es la orden dada por los estamentos e instituciones de la región. Todos a una. La persecución de la crítica se ha convertido en una cruzada para las instituciones que cohabitan en Andalucía. Cada vez el escenario en que vivimos se parece más a la Europa de entre guerras donde la libertad de expresión se castigaba con la cárcel, y donde la palabra era perseguida y encerrada en campos de concentración llamados poéticamente de “reeducación”. Vuelve la censura y vuelve la maquinaria de represión que estaba intacta desde los Pactos de la Moncloa. La Ley Mordaza no es más que un paso más en la cercenación de nuestra libertad como pueblo.

 

Nada cambia desde la llegada de la democracia a España. La transición se está convirtiendo en una gigantesca mentira histórica. La autonomía se va pareciendo cada vez más a la creación de un estado dentro de otro estado, con una especie de monarquía parlamentaria dirigida desde San Telmo. Y el pueblo que permanezca impasible, obediente y atento a los martes de Consejo de Gobierno. Estamos volviendo a pasos agigantados a lo que definió Bakunín hace un siglo: Donde comienza el Estado termina la libertad del individuo, y viceversa. Este concepto de Estado es el que usa hoy toda la maquinaria legal para perseguir la libertad de expresión y de pensamiento.

En Andalucía llevamos desde los años 80 olvidándonos, convenientemente, de lo que pasó en Europa tan solo 40 años antes. Un telón de acero ha caído sobre la memoria colectiva. Más aún cuando la llamada Memoria Histórica se ha puesto en entredicho en el propio parlamento andaluz estos días. Quieren anestesiarnos para que nadie recuerde la persecución de la libertad y de la expresión en libertad. Quieren pasar página del sufrimiento de millones de personas en Andalucía durante 40 años. Quieren blanquear la historia, en el mayor ejercicio de cinismo político desde los negacionistas europeos sobre los crímenes nazis.

En esta región del sur ha vuelto el miedo a hablar en libertad, a criticar la gestión política. Los políticos son intocables hoy para todos los estamentos, ya no hay separación de poderes, y los derechos de los ciudadanos están ahora, más que nunca, heridos de muerte. Antes teníamos la esperanza de que había una Justicia que nos acogía a todos. Y de ese engaño nos han despertado con un atronador cañonazo de realidad. La tutela de estas libertades se había convertido en un fiel indicador de la solidez de nuestro sistema democrático, en el que la crítica y la expresión de la disidencia garantizaban la legitimidad política del sistema. Eso hoy está completamente en entredicho desde que se persigue sin tregua la crítica a la gestión política, avalada, además recientemente, por la doctrina del TSJA donde el político puede denunciar a la prensa y a los ciudadanos que critiquen su gestión, y encima le pagamos el abogado entre todos.

La mentira se apodera ahora de todas las instituciones y las secuestra, la deja sin voz y sin representados. Es la institución del pueblo sin el pueblo. De los partidos y de sus funcionarios. Los intereses de la mayoría desparecen por los desagües del estado mientras nadie hace nada. Mientras todos callan. Muy pocos son hoy quienes hablan para ser la voz de los que sufren en silencio toda la ignominia del régimen, la voz de los desclasados que nunca aparecerán en los BOE o en los BOJA. Y, aun así, siguen levantando la voz contra el sistema, aunque sepan que se arriesgan a la denuncia pública, a la persecución política y al castigo del sistema. Nuestra libertad de expresión es la que está hoy en juego, y mientras más callemos más peligramos como pueblo.

Todos los regímenes hablan siempre de que buscan lo mejor para su pueblo, y cuando se van asentando en el poder siempre buscan todos los elementos a su alcance para perpetuarse en el poder, sea como sea, y al precio que sea. Pero también buscan a los que critican para señalarlos como enemigos del pueblo, con el objetivo de aplastarlos a todos. Ese concepto de enemigo del pueblo les abre las puertas a cometer todos los desmanes posibles contra los ciudadanos indefensos. También a los regímenes les gusta prohibir con el objetivo de controlar a toda la sociedad. Solo ellos dicen lo que es lícito y lo que es ilícito. Y lo más penoso es que sus postulados son refrendados por los tribunales, como un ejercicio de democracia y de libertad.

Los parlamentos les dan la espalda a sus propios pueblos. El caso del andaluz es aun más dramático. Nadie sabe para qué sirve ni para que está ahí. Tan solo que cada cuatro años nos han convertido a todos en ganado electoral para que vayamos a las urnas y mantengamos el estatus quo de sus señorías y de sus partidos. El Parlamento andaluz se está convirtiendo cada año que pasa en una entelequia absurda e inservible. Durante años no hubo una sola comisión de investigación, durante años no hubo un efectivo control al gobierno regional. Las preguntas nacían en las bancadas y morían en el Boletín Parlamentario. Algo inerte se había creado para los andaluces, mientras que sus componentes se hacían con el rango de Autoridad y se llenaban de privilegios.

El servicio público está profundamente muerto. Los gestores se han convertido en virreyes y en auténticos sátrapas provinciales, incapaces de rendir cuentas ante nada ni ante nadie. La descentralización ha creado inmensos reinos de taifas por las consejerías, aumentados exponencialmente por las empresas públicas que manejan. El monstruo creado es tan grande que es imposible controlarlo. Además de convertirse en una gigantesca máquina de devorar presupuestos y dinero público, alimentado profusamente por las subvenciones europeas. Si Europa despertara y analizara para qué sirve la máquina administrativa regional estaríamos ante la mayor causa general realizada en Europa desde la caída del III Reich.

Y el actual gobierno regional es para echarse a llorar. Si el Susanato era lo peor que sufrió Andalucía desde la invasión vándala, el nuevo gobierno lo está haciendo bueno. No está tocando ni uno solo de los enquistados problemas que tiene la Junta de Andalucía desde la época de Escuredo y de Borbolla. El cambio que vendieron es el mayor tocomocho jamás realizado a un pueblo a través de las urnas. El Susanato cayó, pero su régimen sigue intacto. La alta jerarquía de los funcionarios PLD y los cuadros intermedios siguen intacta y en la misma inercia del gobierno anterior. Nada cambia. Como dijo Talleyrand “lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible”.

La persecución de Candel alcanza ya límites que sobrepasan todas las escalas posibles. De todo lo que ha expuesto en sus años de lucha no se ha investigado nada. Sus denuncias sobre la mala gestión sanitaria quedan solo en los ecos de la red. Nadie ha abierto una sola investigación para averiguar si lo que estaba denunciando era cierto. Ni la administración ni los tribunales. Ni un solo fiscal ha abierto una sola causa por sus denuncias públicas. Cuando un sistema democrático persigue la libertad de expresión en toda su extensión y con todos los medios posibles a su alcance sin investigar las denuncias de los hechos, estamos totalmente indefensos los ciudadanos. Eso es lo que empieza a estar en juego en esta Andalucía.

Además, quien denuncia la corrupción en Andalucía tiene ya un futuro extremadamente incierto. La enorme lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es cada vez más larga. Se ponen en juego con estas actuaciones nuestra democracia y nuestro estado de derecho, porque no hay nada más lejano de la democracia y de la libertad que usar las instituciones para acallar la denuncia y para acallar las voces que se levantan contra la corrupción. A Candel el estamento político lo consideró, desde el primer minuto, como el enemigo del pueblo que deber ser silenciado, castigado y derrotado. Idearon entonces la campaña en la que Jesús insultaba, ya no importaba lo que Jesús denunciaba, ni importaba la carga de sus mensajes ni la profundidad de sus denuncias.

Una campaña que terminaron judicializando intentando meterlo en un laberinto judicial donde pierda sus fuerzas y energías en defenderse, con la pretensión de que haya antes un juicio social de condena antes que ejercer su derecho a la defensa. Así le han abierto tres frentes: Por un lado, expedientes en el hospital, en el Colegio de Médicos y en los juzgados de lo penal por parte de la fiscalía por supuestos delitos de injurias y calumnias a Susana Díaz, a Martín Blanco y al fiscal jefe de Granada. Una tripleta que pretende meterlo en una jaula judicial para que todos tomemos ejemplo de que quién denuncia la corrupción en Andalucía lo va a tener muy difícil como ciudadano.

Para muchos de nosotros los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de información son derechos que consagran nuestra Constitución. El ejercicio de la crítica y la libertad de expresión contra el sistema deben estar garantizados por el propio sistema, en caso contrario, cuando el sistema pone coto a la crítica ejercida en libertad, como es el caso de Candel, se pone en peligro nuestra democracia y nuestra Constitución. Cuando estos derechos dejan de estar tutelados y protegidos por los poderes públicos el propio sistema deja de tener legitimidad.

Candel hace un ejercicio de activismo político cuando denuncia las carencias del sistema sanitario y señala a los responsables. Y aunque lo haga con palabras políticamente incorrectas o malsonantes, esto es un énfasis para denunciar los hechos, son opiniones sobre la gestión de los responsables sanitarios que no dejan de ser otra cosa que políticos dirigiendo una institución, y esta crítica no debe ni puede tener límites, porque cuando se dirige a ellos no se dirige a la persona, sino al gestor y a la crítica de su gestión. El lenguaje usado por Candel no debe nunca quedar fuera del campo legítimo de la libertad de expresión. Pero a Candel, sin embargo, lo enjuician por los hechos a personas, obviando al político y al gestor, desnaturalizando así todo el contexto de la crítica a la gestión. Lo que en sí es un gravísimo error de interpretación de los hechos y pone barreras claras e infranqueables a la libertad de expresión.

Todas las críticas de Candel se realizan en un momento en el que el poder político ha adoptado medidas que afectan a un problema de gran calado social como era la defensa de la sanidad pública y su deterioro tras el problema generado por la fusión hospitalaria, que ha quedado demostrada que fue nefasto para la ciudad de Granada, aumentando exponencialmente las listas de espera y deteriorando gravemente la atención sanitaria de los ciudadanos. Nadie hasta la fecha ha propiciado un mapa de riesgo por esto, ni ha hecho un estudio epidemiológico sobre los impactos de estas medidas en la población. Los responsables de todo esto, sin embargo, se han ido de rositas.

Otro hecho de obligada concurrencia en este caso es que sus denuncias han sido siempre públicas y en redes sociales, con total ausencia de cualquier tipo de violencia y de llamamiento a la misma. A pesar de que el inicio de todo este proceso judicial fue una denuncia de dos particulares por delitos de odio. Y precisamente el archivo de este delito fue la excusa perfecta para apartar esta acusación de delito de odio e iniciar un proceso en defensa de los cargos públicos a los que denunciaba. Y todo ello a pesar de que uno de ellos había dejado de ser autoridad y cargo desde hacía más de un año.

Lo que los tribunales pretenden juzgar de Candel no son sus denuncias, ni su contenido – estas no les interesan en absoluto -, sino cómo las hace y cómo las dice. Candel no perseguía con sus denuncias provocar odio – como fue el objeto de la denuncia – ni atacar el derecho al honor ni de Susana Díaz ni de Martín Blanco, simplemente perseguía llamar la atención pública y política de la ciudadanía para informar del peligro de la fusión hospitalaria, y de los riesgos que corrían todas las personas y sus familias a través de sus denuncias públicas, para que, además, los ciudadanos no permanecieran en silencio y quietos, como pretendían los entonces gestores sanitarios, sino que reivindicaran sus derechos, y que se comprometieran a exigirlos, como así ocurrió en las manifestaciones que convocó en la ciudad de Granada y a las que acudieron decenas de miles de personas. Por esto es, precisamente, por lo que se juzga a Candel.