¿Una Oficina contra el Fraude, Juan Marín? La mafia aplaude el proyecto

Artículo de Luis Escribano

Dijo recientemente el Vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, en relación al proyecto de Ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, que "nuestro objetivo es que no se vuelvan a cometer los errores pasados por la falta de control de la gestión pública. Qué mayor garantía para un ciudadano que tener una Administración que sea capaz de vigilarse a sí misma". ¡Y se quedó tan tranquilo!

Obviamente, mayor falacia no cabe decir, pues todo ciudadano con un mínimo de inteligencia sabe que la mayor garantía es tener a una Administración -parte del poder ejecutivo- vigilada y controlada por entidades de otros poderes distintos e independientes -legislativo y judicial-, siempre y cuando el sistema político fuera verdaderamente democrático, con una efectiva separación de poderes, sistema con el que sería posible luchar eficazmente contra la corrupción.

Pero como el nivel del Vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía no da para más, supongo que dijo lo primero que se le ocurrió sin darse cuenta de la necedad que soltó, lo cual empieza a ser más habitual de lo deseable en un cargo público. ¿Vigilarse a sí misma es la mayor garantía, Sr. Marín? ¡Venga! ¡Dejemos a los delincuentes presos que se vigilen a sí mismos!

Si tienen ocasión de analizar los distintos escritos que presentaron organismos oficiales, asociaciones, sindicatos, ciudadanos (entre los que me incluyo), etc., sobre el indescriptible y alucinante proyecto de decreto de la Oficina que quiso poner en marcha el anterior Gobierno de Susana Díaz, con María Jesús Montero al frente -¡ojú!-,  para "luchar" contra la corrupción, verán que una de las mayores preocupaciones de los autores de los informes era la falta de independencia de la Oficina.

¿Quién puede tomarse en serio, en un sistema partidocrático sin separación de poderes, donde todos los nombramientos de cargos públicos prácticamente están en mano de los partidos políticos, que una Oficina del mismo poder ejecutivo -o incluso del legislativo, si lo prefieren- va a funcionar con absoluta independencia hasta el punto de exigir responsabilidades a cargos públicos de esos partidos políticos cuando fuese necesario? Sin duda, toman por estúpidos a muchos ciudadanos, aprovechándose vilmente del desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del sistema político y de las instituciones públicas. Lamentablemente, la indignidad de los políticos con sus peroratas ya no tiene límites en España.

Sin el necesario cambio del actual sistema político español (régimen electoral, separación de poderes con medidas de control, elección de fiscales por los ciudadanos, etc.) y administrativo (medidas preventivas y disuasorias), que posibilite un control efectivo de los abusos y desviaciones de los poderes públicos, no hay Oficina posible que pueda luchar eficazmente contra la corrupción, por muchos proyectos similares que Susana Díaz, Juan Marín o cualquier otro “vende humos” se atrevieran a plantear.

No obstante, mientras los españoles descubren la necesidad del cambio del sistema político en España, mediante un previo y necesario periodo pacífico de libertad política, y se dan los pasos necesarios para ello, voy a plantear un hipotético escenario con algunas medidas que podrían ir en esa línea de otorgar cierta independencia a la ínclita Oficina, transformándola en un nuevo ente independiente, algo similar a “otro poder público”, dado que los actuales poderes legislativo y judicial no están controlando al poder ejecutivo como debieran y deseamos una inmensa mayoría.

Por ejemplo, podríamos imaginar que los ciudadanos fueran quienes eligiesen al presidente de dicha Oficina en referéndum, pudiendo presentarse como candidato cualquier ciudadano, sin necesidad de avales o de pertenencia a algún partido político. Además, que su cargo pudiera ejercerlo durante seis años como mínimo, con posibilidad de revocación por la ciudadanía si su actuación se apartara de lo prometido en su campaña, es decir, si incumpliera el “contrato” suscrito con los ciudadanos.

También podríamos plantear que la selección de su ejecutivo (podríamos denominarlos adjuntos o subdirectores), como autoridades de dicha Oficina, los cuales debieran cumplir con unos requisitos mínimos (méritos y capacidad) correspondiera al presidente de la misma elegido por los ciudadanos. Igualmente, que la relación de puestos de trabajo de la Oficina fuera elaborada por la misma y aprobada por su presidente, con las características y requisitos que considerara más apropiados. 

Ya puestos, que el personal investigador e instructor de la Oficina fuera funcionario (para garantizar la imparcialidad en sus funciones y poder actuar como agentes de la autoridad), con la posibilidad de crear cuerpos propios para la Oficina en los que ingresar mediante oposición o que se pudiera acceder a los puestos de la Oficina desde otros poderes (legislativo, ejecutivo o judicial) mediante concursos de méritos.

Otra medida hipotética que podría otorgar cierta independencia a la Oficina sería contar con un presupuesto anual mínimo fijo, determinado mediante un porcentaje de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, para sus gastos de funcionamiento (gastos corrientes e inversiones), con posibilidad de incrementarlo, especialmente en sus años primeros hasta normalizar su funcionamiento. Dicho porcentaje sería negociado entre el órgano correspondiente del Parlamento y la Oficina tras el primer año de funcionamiento, y sería aprobado por Ley.

Pero sigamos imaginando, que es gratis. A la Oficina se le podría atribuir las competencias necesarias para que tuviera la capacidad de investigar a todas las entidades de la Junta de Andalucía sin trabas, así como poder instruir y resolver procedimientos de exigencias de responsabilidades patrimoniales a autoridades y funcionarios que hubieren sido responsables de alguna indemnización a pagar a terceros (por supuesto, garantizando el cumplimiento de los principios legales), colaborar con otras instituciones públicas mediante los convenios oportunos, etcétera, etcétera. Asimismo, sería deseable que pudiera contar con agentes de los actuales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ocupando puestos de la Oficina, que trabajarían en exclusividad para la Oficina, bajo la dirección de su presidente.

Sin embargo, llegados a este absurdo punto -al que quería llevarles a ustedes-, cabría realizar el siguiente planteamiento: en vez de liarlo tanto con la creación de “otro poder público” lo más independiente posible y dotado de instrumentos de control, que además aumentaría el gasto del Estado innecesariamente, ¿no sería más fácil y eficaz acabar con el actual sistema partidocrático, dando los pasos necesarios para crear otro sistema político en el que ninguno de los poderes públicos -legislativo, ejecutivo y judicial- pudieran restar libertades y derechos a los españoles tan impunemente, como ocurre desde hace muchos años?

En definitiva, si fuéramos realmente inteligentes, no permitiríamos al chapucero de turno añadir más “cinta americana” a la tubería que hace aguas por todos lados, sino que sustituiríamos directamente la vieja tubería inservible por otra nueva, cuyas características garantizaran una perdurabilidad y estabilidad que ningún apaño podría conseguir.

Por tanto, exijamos a todos los partidos políticos que se dejen de Oficinas contra la corrupción, de apaños y remiendos inútiles, de izquierdas y derechas, de monsergas y enredos, de separatismos y odios, y que dejen a la nación española dar el gran paso que necesita mediante ese previo periodo pacífico de plena libertad política.

Continuará…