¡¡¡Pongamos fin a este régimen partidocrático!!! (parte 4)

Artículo de Luis Escribano

8.- Proceso constituyente, con previo periodo pacífico de libertad política colectiva.

En el anterior artículo planteaba ideas para a un proceso constituyente, con un previo periodo pacífico de libertad política. Sin embargo, algunos españoles temen el resultado final, quizá por desconocimiento de lo que supone un proceso constituyente. Sin embargo, no hay motivos razonables para temerlo.

En Irlanda, por ejemplo, se han realizado reformas constitucionales significativas (no eran realmente un proceso constituyente) con fórmulas interesantes de participación ciudadana. En Islandia, tras la profunda crisis económica provocada por las entidades bancarias, los ciudadanos iniciaron un proceso al margen del Parlamento, que no se ha resuelto definitivamente. Chile sí inició un proceso constituyente, y aún se encuentra inmerso en ese proceso, para la redacción y aprobación de una nueva Constitución que reemplazará a la aprobada en 1980.

No existe una fórmula mágica para llevar al mejor puerto un proceso constituyente, aunque sí debería contar con algunos elementos claves. A continuación reflexionaré sobre ello sin ningún tipo de pretensión, salvo la de tratar el tema sin prejuicios ni miedos, y a sabiendas de que no existe una única forma posible para ejecutar dicho proceso. Las ciencias políticas, como ha demostrado la humanidad a lo largo de la Historia, es una de nuestras ciencias más inexactas.

El proceso constituyente debería durar los meses que sean necesarios, pero coincidiendo con la tesis de García-Trevijano, en España sería fundamental una ruptura con el régimen partidocrático mediante un periodo previo de libertad política colectiva en el que no debería haber representantes políticos, un periodo en el que se debería evitar contaminaciones partidistas o de grupos fácticos de poder, un periodo en el que la nación española debería reflexionar y debatir sobre su futuro sistema político sin crispaciones partidistas y sin vicios heredados, siendo conscientes de la dificultad que tiene marginar los prejuicios.

Este periodo sin representantes políticos de partidos de Estado no debe constituir un problema, pues para eso contamos con el ordenamiento jurídico y los funcionarios profesionales, para que las instituciones no se paralicen y la nación pueda seguir funcionando con normalidad. Algo similar ocurrió cuando estuvimos con un Gobierno en funciones durante 316 días (con facultades de decisión limitadas), al no formarse Gobierno tras las elecciones de 2015, durante los cuales incluso mejoró la economía española.

El proceso constituyente debería contar desde su inicio con una amplia participación ciudadana, pues entiendo necesaria la redacción de unas “bases” que deberían constituir el fundamento del nuevo texto constitucional. El modo en el que se articule este procedimiento de participación adquiere gran importancia, porque debe desvincularse por completo de cualquier partido o grupo fáctico que pueda contaminarlo, y debe garantizarse una representación adecuada y equitativa de la sociedad española. Una ventaja con la que contamos hoy día son las tecnologías de información y comunicación (TIC), que deben facilitar esa participación.

En mi opinión, para la elaboración de esas bases se necesitaría un “órgano colectivo” (foro, consejo, asamblea, junta o similar), cuya composición debería reflejar una amplia representación de la nación española y, en todo caso, contar con reconocidos y prestigiosos constitucionalistas –elegidos por sorteo y con funciones consultivas- que pudieran contribuir a la redacción de las bases.

Las fórmulas para constituir ese órgano colectivo pueden ser diversas. Por ejemplo, en las reformas realizadas en Irlanda, la denominada “Citizens Assembly” fue constituida con un grupo de 99 ciudadanos elegidos por sorteo con una amplia representatividad de la sociedad irlandesa (se encargó a una empresa de demoscopia).

Lo importante en la elección de la fórmula es que se garantice un reparto equitativo teniendo en cuenta variables como el territorio, la profesión, el sexo, la edad y otras. A mi juicio, considero conveniente que sus integrantes tuvieran que superar un filtro en los que quede demostrada su honestidad, integridad y objetividad (sin antecedentes penales o no estar inmerso en procesos como investigado, independencia de organizaciones políticas, sindicales, empresariales y demás grupos fácticos de poder, etcétera).

Asimismo, sería conveniente en su selección que se abarcara un amplio abanico de ámbitos profesionales y sectores de la economía (primario, secundario y terciario), a ser posible con un mínimo de experiencia en sus trabajos: juristas, profesores, periodistas, funcionarios (incluidos diplomáticos, policías y militares), informáticos, empresarios, comerciantes, agricultores, artistas, etcétera.

Durante ese periodo, se considera fundamental mantener debates, charlas y coloquios públicos (televisión, radio, prensa, conferencias, redes sociales, foros, etc.) en los que se discuta abiertamente las ventajas e inconvenientes de cada parte del contenido de la nueva carta fundamental: forma de Estado y Gobierno; regulación de los poderes del Estado y de las medidas de contrapeso o contrapoderes; libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos; organización territorial y competencias a otorgar y repartir, en su caso; hacienda pública; régimen electoral; posibles reformas del texto, etcétera), para que puedan ser tenidas en cuenta en la redacción de las bases previas del futuro texto constitucional.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, la decisión definitiva sobre tener un Estado unitario (centralizado políticamente y descentralizado o no administrativamente) o complejo (descentralizado política y administrativamente); que se instaure una monarquía o una república; el régimen básico electoral; los derechos y libertades fundamentales de los españoles; determinación de las pocas o muchas competencias que se otorgan al Estado, su posible reparto territorial y regulación de la financiación para el ejercicio de dichas competencias; régimen fiscal y demás aspectos primordiales a considerar, va a depender de lo que libremente decida la mayoría de la nación española, dado que en función de esas bases, deberá elaborarse un nuevo texto fundamental (Constitución) como fase final de ese proceso constituyente, que siempre será sometido a referéndum del pueblo, y que podrá ser rechazado o aprobado.

Por otro lado, no veo inconveniente alguno a que el texto constitucional pudiera votarse por Títulos en vez del texto completo, lo cual tendría que decidirse previamente. Esta posibilidad la indico porque es posible que haya acuerdos mayoritarios en algunas partes de la nueva Constitución, y no los haya en otras. ¿Consideraría ustedes una mayoría suficiente un 51% de votos a favor para considerar refrendado el texto completo, o sería conveniente un mayor porcentaje representativo de la nación española? A mi juicio, la nueva Constitución debería ser aprobada por Títulos por mayoría cualificada, evitando la mayoría simple. Por ejemplo, 3/5 de los votantes podría ser suficiente, dado que se estaría sometiendo a referéndum las reglas del juego político que afectan a toda la nación.

La redacción definitiva de la nueva Constitución, fundada en esas bases previas, debería recaer en una asamblea constituyente, para lo cual habría que elegir a sus componentes previamente. ¿Mediante un sorteo? ¿Mediante una convocatoria de elecciones? Es lo habitual, pero en mi opinión debería evitarse que los antiguos “partidos de Estado” pudieran liderar esa asamblea para no caer en los mismos vicios. ¿Cómo evitarlo? Una posible fórmula podría ser que esas elecciones se realizaran por distritos uninominales definidos al inicio del proceso constituyente, sin que ningún ciudadano pueda presentarse bajo las siglas de un partido, sólo con su nombre y apellidos. No obstante, dado que caben diversas fórmulas, será sin duda es una de las cuestiones mollares a resolver al inicio del proceso constituyente.

Una vez refrendada la nueva Constitución en su totalidad, será el momento de convocarse las elecciones de nuestros representantes, ajustándose a las nuevas reglas del juego aprobadas por la mayoría de la nación española.

Insisto que no existe una fórmula mágica para desarrollar todo el proceso constituyente, y me he limitado a ofrecer algunas ideas con la simple intención de mostrarles que no es imposible ni tan descabellado llevarlo a cabo. En España contamos, en las Universidades y en empresas consultoras, con magníficos expertos en la materia que podrían aportar jugosas ideas hasta definir el proceso completo.

9.- Conclusión.-

Que un Estado pueda considerarse democrático depende en gran parte de su sistema político y de la capacidad de participación de la ciudadanía (consultiva, ejecutiva, etc.) en el proceso de toma de decisiones que puedan adoptar los poderes públicos. Declarar en la Constitución que España es un Estado democrático no es suficiente si no va acompañada de las medidas apropiadas que permita realmente aproximarse a una democracia.

Es vital para el pueblo español la forma de elección de los representantes, la posibilidad de su revocación si incumple su programa y la fluida comunicación que debería tener con sus votantes en cada distrito electoral en el caso del poder legislativo, así como la posibilidad de influir de forma efectiva en las decisiones del ejecutivo y de participar incluso en el poder judicial. Y hablando del poder legislativo, ¿qué impide que no se sometan a referéndum aquellas leyes que sean fundamentales para nuestro futuro, como las relativas a la regulación de los poderes del Estado o las materias de Educación, Sanidad, Código Penal, Hacienda Pública, etc.? En la nueva Constitución podemos determinar lo que más nos favorezca como pueblo.

Observen, por ejemplo, como la mayoría de las asociaciones y organizaciones que participan en las instituciones públicas (comisiones, consejos, foros, etc.), en base a normas aprobadas -por los políticos- en las que se declara que “nos representan”, están todas subvencionadas por los mismos políticos desde las instituciones (y por tanto, dependientes), y en muchas ocasiones vinculados a los mismos: sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores, etcétera. En el poder judicial, la participación se produce a través del Tribunal popular, y ya ven que la ciudadanía interviene en pocos procesos, y no es obligatorio cuando se trata de delitos cometidos por políticos. ¿Esto es participación ciudadana? No, es la gran estafa al ciudadano.

Por todo lo expuesto, considero necesario seguir los pasos indicados hasta conseguir el adecuado proceso constituyente que nos permita refrendar finalmente el sistema político que más nos beneficie a la mayoría de españoles.

Sin embargo, no se pueden evitar campañas de difusión del “miedo a lo que pueda ocurrir” para desactivar cualquier movimiento en ese sentido. Son típicas las frases “¡se rompería la nación!”, “¡ahora no es el momento!”, “¡eso es romper el consenso de la Transición”!, “¡eso sólo favorece a los independentistas”!, “¡eso sería el fin de la Monarquía!”, “¡eso es una locura, una fantasía de cuatro locos”!, y otras similares, utilizadas interesadamente por los partidos políticos y demás grupos fácticos que se benefician de este sistema partidocrático con la finalidad de que el pueblo español pierda la conciencia de su poder, de su soberanía, de sus posibilidades de conseguir dar un vuelco a la actual situación.

A pesar de lo que puedan repetir hasta la saciedad, cualquier persona inteligente sabe que la nación española no puede romperse si una mayoría de españoles quiere mantenerla unida, y esa mayoría existe y está consolidada, porque la nación española procede de una sólida construcción histórica, porque la mayoría estamos convencidos de que la unión puede facilitarnos nuestra vida familiar y social, y también porque nos fortalece como pueblo y ante otras potencias extranjeras.

Y si a algunos españoles no les gusta nuestra nación, siempre tienen la libertad de intentar integrarse en otras, pero no tiene razón de ser que impongan a la mayoría romperla y desintegrarla. La nación española no se basa en un sentimiento: se generó hace muchos años como resultado de su Historia, con múltiples pueblos y regiones, y está lo bastante madura para evitar que unos vándalos pudieran romperla en un proceso constituyente. Las fronteras están abiertas, y nada impide a los separatistas marcharse cuando quieran: les invito a ello. Y si siguen empeñado en destruirla imponiendo su criterio, la nación deberá dotarse de los mecanismos necesarios para disuadirles definitivamente, y nada mejor que dicho proceso constituyente para erradicar los movimientos separatistas.

La Historia de nuestra nación la debe escribir el pueblo español, no los beneficiados por este sistema partidocrático. Decía Spencer Tracy en la genial película “Adivina quién viene esta noche” (estrenada en 1968), que hay pobres diablos que son “esclavos de sus prejuicios, fanatismos, ciegos odios y estúpidos miedos”, que les impiden pensar y actuar libremente, incluso para mejorar sus vidas. ¿No es hora ya de desafiar tanto obstáculo?

La partidocracia española es una enfermedad crónica que puede curarse, y es urgente hacerlo porque el pueblo español carece desde hace años de las garantías necesarias para maximizar la efectividad de sus libertades y derechos y controlar adecuadamente a quienes ocupan los poderes públicos, porque ya es hora de poner en valor el trabajo y esfuerzo de toda la sociedad española y de restar ese absurdo protagonismo a tantos buhoneros disfrazados de políticos que pululan por los partidos de Estado subvencionados con nuestros impuestos.

Por último, aunque soy consciente de la ausencia de cultura participativa en la sociedad española, no veo que sea un motivo suficiente para eternizar este régimen partidocrático que precisamente fomenta que la participación no sea efectiva. Al contrario, opino que espolear e incitar a la nación a que se preocupe de su futuro y luche por la libertad sería la medida oportuna para iniciar ese cambio cultural que España necesita. ¿O acaso debemos seguir manteniendo la cultura de esos “padres protectores” -partidos políticos- que evitan que sus hijos se responsabilicen de sus vidas?

No pudo expresarlo mejor en su discurso de investidura en 1961 el trigésimo quinto Presidente de los Estados Unidos, J.F.K.: “Así pues, compatriotas: preguntad, no qué puede hacer vuestro país por vosotros; preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país”.

(Fin de la serie constituida por cuatro artículos)