¡¡¡Pongamos fin a este régimen partidocrático!!! (parte 1)

Artículo de Luis Escribano

1.- Introducción.

¿Qué español -o alguien de su entorno familiar- no ha sufrido los efectos negativos del actual sistema partidocrático en sus relaciones con las Administraciones Públicas o la Justicia? Si se bucea hasta el origen de todos esos problemas que padecemos con la sanidad, la justicia, la corrupción, el desempleo, la educación, la seguridad, etcétera, siempre se descubre una estrecha relación con este denigrante régimen político y de poder.

Con esta serie de artículos no pretendo “sentar cátedra”, pues sólo soy un ciudadano preocupado por lo que ocurre en mi país tras observar, investigar y reflexionar sobre ello durante años. Pretendo hacer públicas estas reflexiones y compartirlas con ustedes con la intención de buscar conjuntamente la que podría ser la mejor solución para la inmensa mayoría del pueblo español -lo que ningún político de este régimen hará- y, de paso, responder a muchas preguntas que suelen realizarme. Y espero disculpen la extensión de esta serie de artículos, pero el tema lo requiere.

Si las reglas del juego político en España suelen favorecer a unos pocos, que además suelen ser los mismos, es obvio que esas reglas del juego discriminan a la ciudadanía, y habrá que cambiarlas por otras reglas del juego que, a priori, permitan a cualquiera tener la opción de ganar; es decir, que sea real la igualdad efectiva de derechos.

Por ejemplo, es fundamental tener un sistema adecuado para evitar que haya una Justicia que beneficie a un grupo de privilegiados (no confundir con ricos) y otra Justicia distinta para el común de los españoles, especialmente cuando un ciudadano se enfrenta a los poderes públicos o al resto de privilegiados. Hoy no está garantizada la "igualdad de armas" en los Tribunales, término empleado por los juristas cuando en los procesos judiciales se favorece de forma injusta a una de las partes en detrimento de la otra. Además, la justicia tardía no es justicia y, sin embargo, se están señalando fechas para juicios a dos y tres años vista, ¡y eso cuando se señalan sin demoras de varios meses! Incluso hay procesos en los que los delitos llegan a prescribir por las demoras en la instrucción, o en los que la sentencia firme tarda más de siete u ocho años en dictarse. Y todas estas deficiencias se deben, en su origen, al régimen político actual.

Tras una simple comparación entre el discurso y el comportamiento de los cargos públicos de los distintos partidos políticos, resulta paradójico que demasiados ciudadanos aún sigan confiando en las listas elaboradas por dichos partidos, ya sean cerradas o abiertas, otorgándoles sus votos en la creencia de que es la mejor manera de cambiar los fallos de este humillante sistema partidocrático que tanta corrupción facilita y ampara.

En las últimas elecciones generales se contabilizaron más de 23,7 millones de votos a listas de candidatos, con un censo de casi 34,6 millones de electores, lo que constata la amplia confianza de muchos españoles en las listas de candidatos elaboradas por los partidos de Estado subvencionados. Por otro lado, este dato revela que el inicio de un proceso de cambio del régimen partidocrático no puede alcanzarse en breve plazo: es una cuestión de años, en los que la pedagogía, la difusión y la constatación de evidencias jugarán su papel, por lo hay que tener paciencia y ser perseverante. Hoy contamos con las redes sociales, que juegan un papel fundamental.

A lo largo de mis artículos, denuncias y conferencias de los últimos años, he demostrado que a ningún partido -antiguo o nuevo- le interesa cambiar el actual régimen político partidocrático cuando alcanzan cuotas de poder. Una vez que lo consiguen, se limitan a aprovecharse del mismo para conservar su posición de privilegio y supremacía que incluso les permite el logro de beneficios espurios, y lo intentan enmascarar con “cuatro planes” y “cinco medidas”, que no son más que árboles que impiden ver el bosque. Para colmo, muchas de sus acciones irresponsables persiguen mayoritariamente un rédito electoral, sin importarles los efectos negativos que generan sobre la ciudadanía. Y esto es un hecho que se repite elección tras elección.

¿Les parece democrático que quienes dicen ser nuestros representantes en el poder legislativo -diputados- antepongan los intereses de sus partidos a los de sus votantes sin que estos puedan hacer nada para corregirlo, salvo votar cada cuatro años unas listas elaboradas por las oligarquías o clanes de dichos partidos? ¡Si incluso tienen instaurada la disciplina de voto en casi todos los partidos presentes en los Parlamentos, mediante multas o el pase al grupo mixto del diputado díscolo! Y si algún partido carece de disciplina de voto, da lo mismo, porque el clan deja de contar con cualquier diputado díscolo en las siguientes elecciones, no poniéndolos en las listas como “castigo”.

Muchos conciudadanos creen que sólo puede modificarse nuestra situación política desde dentro del sistema -ocupando cargos públicos o creando nuevos partidos-, quizá por desconocimiento del funcionamiento del sistema político e institucional, quizá por miedo a enfrentarse desde fuera del sistema político a aquellos que viven del mismo, quizá porque les interesa mantener este sistema o quizá porque les resulte más cómodo votar cada cuatro años eludiendo sus responsabilidades como ciudadanos que viven en sociedad. Otros, se dan por vencido al no ver una salida factible a esta partidocracia mantenida y defendida sin pudor por todos los partidos políticos de forma tan irresponsable y con el lógico apoyo de determinados grupos fácticos que les favorece, y otros, simplemente votan a un partido como “castigo” ante la decepción sufrida con los partidos a los que prestó su confianza  (en el fondo, ese voto de “castigo” revela cierta indignación con el sistema partidocrático, aunque aún no lo sepa ese votante).

Sin embargo, votar a partidos que pudieran reformar (con leyes) los graves problemas que se derivan de este régimen partidocrático no puede ser la solución, pues mañana cambia el partido en el poder y vuelve a revertirse la situación con otro partido. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que nuestros derechos y libertades fundamentales declarados en la Constitución son de “configuración legal”? Es decir, su contenido, el núcleo de cada derecho o libertad, es definido por las leyes orgánicas que aprueben (por mayoría cualificada) los partidos políticos en las Cortes Generales, y en algunos casos, los partidos han buscado “pretextos” para aprobarlo simplemente con una ley ordinaria (por mayoría simple), por lo que puede cambiarse dicho contenido en función de quienes gobiernen. ¿Entienden el brutal alcance que tiene este régimen partidocrático?

Por todo ello insisto tanto en esta idea: sólo un cambio de régimen político podría minimizar o evitar de forma estable y perdurable muchos de los problemas que padecemos.

2.- Elementos que se consideran imprescindibles para un nuevo sistema político.

A mi juicio, es imprescindible contar con un sistema político que maximice la independencia de los poderes políticos del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y que estos puedan contar con mecanismos efectivos de contrapoderes para vigilarse entre ellos y actuar cuando sea necesario, así como que nos permita a los ciudadanos un adecuado control sobre los poderes públicos para evitar sus abusos y desviaciones, y todo ello con el objetivo de conseguir que nuestras libertades y derechos sean lo más efectivos posible, un sistema político en el que la democracia se aproxime a su esencia. Y para ello, en el diseño de este nuevo sistema político, la desconfianza entre los poderes políticos del Estado debe ser la premisa clave, pues los humanos no somos ángeles.

(Fuente: www.portaleducativo.net)

Entre otros aspectos, sería necesario un nuevo régimen electoral que permitiera una representación real de los ciudadanos. Por ejemplo, una buena medida sería instaurar las elecciones de representantes para el poder legislativo (Parlamento) por distrito uninominal (un diputado por distrito), conformado por territorios con unos 100.000 o 150.000 habitantes, de forma que el diputado elegido sólo se deba a sus votantes, y no al partido o clan del partido que lo colocó en las listas (cerradas o abiertas). Cabría hacer la elección con segunda vuelta incluida entre los más votados para obtener una mayor representatividad.

Además, sería imprescindible tener la posibilidad de que dicha elección pueda ser revocada por los electores del distrito si incumpliera su mandato o programa, y el diputado debería atender a sus electores en su oficina del distrito un día como mínimo a la semana. Entre otras ventajas que presenta este sistema electoral es el fin de la dependencia de partidos separatistas en el Congreso de los Diputados, y por fin podrían centrarse los diputados en los problemas que realmente nos afecta a los ciudadanos día a día en vez de dedicarse a perjudicar y crispar la convivencia ciudadana.

También sería deseable tener elecciones diferenciadas para los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo (diputados de distrito, por un lado, y presidente del gobierno, por otro, también con segunda vuelta), a fin de maximizar la separación de los poderes legislativos y ejecutivos.

Por otro lado, debería diseñarse un poder judicial independiente del legislativo y ejecutivo, con un presupuesto anual mínimo fijados por un porcentaje del total. Entre otras medidas, considero fundamental que la organización para el ingreso en la judicatura y demás puestos de los Tribunales (Letrados de Justicia, Oficiales, Auxiliares, etc.) estuviera en manos únicamente de la Administración Judicial, no del Ministerio de Justicia, para evitar posibles influencias del poder ejecutivo. Asimismo, el máximo órgano de gobierno del poder judicial debería ser elegido por todos los miembros que participan en el sistema judicial: jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, oficiales, auxiliares, abogados, forenses, etc., y debería contar con unidades de policía judicial adscrita en exclusiva al poder judicial, sin que el Gobierno pueda tener posibilidad de cambiar a los agentes que pudieran resultar incómodos al ejecutivo en sus investigaciones.

Asimismo, considero necesario instaurar la elección de los fiscales-jefes de distrito o partido judicial por los ciudadanos (eliminando Fiscales Jefes provinciales, regionales y estatal), en ciclos distintos al legislativo y ejecutivo. Eso sí, tendrían que elegirse entre fiscales de carrera, jueces o abogados en ejercicio que cumplieran con un mínimo de requisitos (por ejemplo, experiencia con un número mínimo de años).

De esta manera, se eliminaría la dependencia de los fiscales con el poder ejecutivo y quebraría posibles relaciones con el poder judicial -jueces, magistrados y letrados judiciales-, de manera que la función actualmente prevista para el Ministerio Fiscal en la Constitución de “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley” fuera lo más efectiva posible, lo cual no puede ocurrir en este sistema partidocrático. Para ello, también sería imprescindible adoptar otra medida: si un fiscal-jefe elegido por los votantes no cumpliera con lo programado en su “contrato social”, igualmente considero fundamental prever que se pudiera revocar su elección, haciéndose cargo el siguiente más votado, hasta las siguientes elecciones de fiscales.

¿Acaso en una Comunidad de Vecinos su presidente y administrador pueden actuar a su antojo sin que los vecinos puedan controlarlos continuamente e incluso expulsarlos de sus cargos sin esperar a la siguiente asamblea ordinaria? Salvando las lógicas distancias, se trata de lo mismo en lo esencial: diseñar un sistema político que minimice los posibles abusos y desviaciones que pueda cometer cualquier persona que ocupe alguno de los poderes públicos, y que disuada de actuar caprichosa o arbitrariamente a nuestros diputados, gobernantes y jueces, porque hoy, estimados lectores, se sienten impunes.

Con un sistema político diseñado con esas garantías democráticas, un servidor aceptaría, por ejemplo, presentarse a unas elecciones, pero jamás lo aceptaría con el actual régimen partidocrático, porque sería perder el tiempo. Lo pongo de manifiesto para responder a todos mis lectores que me piden continuamente que me presente a unas elecciones, dada la confianza que tienen en mi persona, lo cual les agradezco.

Conseguir poner en marcha este proceso de cambio del sistema político está en manos de una mayoría suficiente de ciudadanos que estén dispuestos a dar un vuelco a este régimen partidocrático. Como decía antes, puede ser que el proceso dure más de lo deseado, aunque realmente su duración va a depender de la voluntad de la mayoría de los españoles. Quizá la primera vez se movilicen pocos ciudadanos, y la segunda vez también. Pero el tiempo es nuestro aliado, dado que la ciudadanía irá descubriendo que, a pesar de votar a listas de partidos -antiguos o nuevos-, los vicios del sistema partidocrático seguirán aflorando, y tarde o temprano acabarán apoyando el cambio del sistema político. Por ello, en las siguientes movilizaciones seremos muchos más, y el miedo irá calando en los partidos políticos y resto de grupos fácticos beneficiados por este sistema al ver que van perdiendo legitimidad (no confundir con legalidad), como explicaré en los siguientes artículos.

Todas estas medidas que he indicado anteriormente a modo de ejemplos, que a algunos les parecerán utópicas, son absolutamente factibles. Sólo hay que dar los pasos adecuados hasta conseguir un periodo pacífico de libertad constituyente que rompa con este sistema partidocrático y nos permita diseñar un sistema político que realmente beneficie a la inmensa mayoría de los españoles. ¿Quién dijo miedo o comodidad?

Continuará...mañana, parte 2.