Artículo de Antonio Barreda
La Asociación Justicia por la sanidad ha convocado una manifestación el
próximo día 20 de enero en Sevilla contra la corrupción sanitaria, política y
judicial. Una manifestación que se convoca tras la negativa de las autoridades
a autorizar la misma convocatoria el pasado día 1 de diciembre de 2018, el día
previo a las elecciones andaluzas que alejó del trono de la Junta de Andalucía
a Susana Díaz. Por ello, a día de hoy, ya ha dejado de ser una manifestación más
de las que se hacen en Andalucía y se
convierte en una demanda al nuevo gobierno andaluz sobre la corrupción que
atañe a la sociedad andaluza.
Los recortes y la
corrupción sanitaria.
Andalucía tiene el
menor gasto sanitario por habitante de toda España, tan solo 1.169
euros por habitante, un 20% menos que la media nacional. Muy lejos de lo que
invierte el País Vasco con 1.733 euros por habitante. Además, mientras Euskadi
ha aumentado su gasto sanitario por habitante desde 2007 un 11%, Andalucía en
este periodo ha reducido la cifra un 3%. Los recortes aplicados por la Junta de
Andalucía son los responsables de dicha reducción, sobre todo los que se
ejercieron entre el Gobierno del PSOE y de Izquierda Unidad en el primer
gobierno de Susana Díaz.
Así, conviene recordar que en 2008 el año de la crisis que afectó a todo el
país, el gasto sanitario en Andalucía alcanzaba los 10.307 millones de euros
mientras que en el año 2014 alcanzó tan solo los 8.737 millones de euros. Estas
cifras nos indican que se recortaron o
se dejaron de invertir en sanidad durante estos 6 años 1.570 millones de euros.
(Recuerden que el dinero defraudado con los ERE fue de 721 millones de euros).
El tajo que se le pegó entonces a la joya de la corona de Susana Díaz provocó
todos y cada uno de los problemas que desde entonces arrastra la sanidad
andaluza y que la han convertido en una
sanidad Low Cost.
La excusa de la crisis ha servido para empeorar el sistema sanitario
público andaluz desde 2008, un deterioro
que ya ha sido aprovechado por los empresarios y compañías de seguros de la
sanidad privada que ya reclaman su trozo del negocio del pastel de la
sanidad pública con la excusa, esta vez, de reducir las listas de espera de la
sanidad pública. Los recortes en materia de personal han sufrido una
disminución general, y se han traducido
en la destrucción de 7.265 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS), especialmente en las provincias de Málaga y Sevilla.
El gobierno de Susana Díaz ha estado obsesionados los años de la crisis
económica con los recortes de la sanidad, con el objetivo final claro de quien
pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública. Además, la fusión
hospitalaria que nos vendieron desde la Junta de Andalucía no era más que una
forma de ahorrar, pero no era una forma de gestionar la salud de los andaluces.
Gracias a las fusiones las listas de espera se dispararon por toda la región,
mientras los responsables sanitarios no eran capaces de dar solución alguna, mientras se repartían jugosas productividades
entre ellos.
Nuestro sistema sanitario hoy está en grave peligro. Están dándose todos
elementos para la tormenta perfecta. Los recortes y la falta de inversiones
dejan muy tocada a la sanidad pública y va a provocar un quebranto a corto
plazo del sistema sanitario público ya que, al tener menos recursos, unido al
envejecimiento de la población, el
sistema dentro de unos años entrará en quiebra, y lo peor de todo esto es
que se lo ha llevado a la quiebra de manera intencionada por la falta de liquidez
y de inversiones necesarias.
Las listas de espera
de disparan en Andalucía.
Como decía la Memoria del Defensor del Paciente, las listas de espera son un símbolo de desigualdad en salud, entre
ciudadanos y clases sociales de distintos territorios, puesto que
dependiendo de la zona geográfica donde residamos contamos con unos derechos u
otros. La brecha en sanidad entre la población se abre cada vez más. Los que
pueden pagarse un seguro privado de sanidad huyen de las listas de espera de la
pública, y dejan que los que menos recursos tienen se queden atendidos por una
sanidad que cada vez más se parece a una
sanidad de beneficencia.
En Andalucía, ha habido que esperar a las elecciones para que el SAS
publicara, con seis meses de retraso los datos sobre las listas de espera en
Andalucía. Y los datos nos indican el
empeoramiento que ha sufrido la atención sanitaria en Andalucía. Según los
datos publicados, en Andalucía aumentan las personas a la espera de una
operación este año son 71.868 frente a las 69.005 del pasado año, más gente
aguardando una consulta externa en 2018 son 222.962 y en 2017 eran 206.765 y
más andaluces a la espera de una prueba diagnóstica (41.425 este año por los
31.254 del pasado año.
Los peores datos, como ha publicado
la Dra. Socorro Ricoy de la Asociación Justicia por la Sanidad, se dan en Granada, donde según los
datos de la Consejería de Salud, 11.469 granadinos están a la espera de ser
intervenidos quirúrgicamente (un 22,3% más que el año pasado), a la espera de
una primera cita para el especialista 26.657 personas y a la espera de
realizarse una prueba diagnóstica 10.490 personas. La grave situación de las
listas de espera en Granada se centra en los dos hospitales de la capital, que,
en 2015, 2016 y 2017 se gestionaban conjuntamente en el engendro que se llamó
fusión hospitalaria, englobados en lo que se conoció como Complejo Hospitalario
de Granada.
La corrupción
política.
En octubre de 2018 el periodista Antonio R. Vega indicaba en un artículo
que “el
traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su Administración y entramados
paralelos, la mayor empresa de la Comunidad…ERE, Invercaria, Avales, Facturas
falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe... El goteo de casos
que investigan los juzgados andaluces es incesante. La mayoría son causas
clasificadas como complejas, que llevan años instruyéndose”.
“El quebranto que
causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de algunos de sus
protagonistas. El dinero público bajo la lupa de los jueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de
euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza
(9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las
alcantarillas del poder”.
En cuanto a los casos de corrupción en Andalucía hacemos un recordatorio de
estos:
El Caso del Chalé de
Escuredo. Surgió en 1984 para laminar al entonces presidente Rafael Escuredo, quien
inventó lo del “nacionalismo de clase” para atraer el voto y a las bases electorales
del entonces Partido Socialista Andaluz (PSA) de Alejandro Rojas Marcos. Pero
Felipe González no iba a dejar crecer este movimiento en el Sur.
Todo empezó cuando el grupo Prisa publicó un reportaje sobre el chalé que
Escuredo y su esposa, la diputada Ana María Ruiz Tagle, se habían construido en
el Aljarafe sevillano. Para conseguir la caída del expresidente se filtró que
una conocida empresa estaba edificándole un chalé como supuesto “pago de
favores”. La dimisión de Escuredo, asqueado y humillado, no se hizo esperar y
puso fin a su carrera política.
El Caso Edificio
Presidente. Acaecido en 1986 con el Edificio Presidente en el barrio sevillano de los
Remedios, donde la Junta de Andalucía pagó mil millones de pesetas de la época
por encima del precio de mercado. Pero también conviene reconocer que con una
mayoría parlamentaria absoluta el entonces presidente de la Junta de Andalucía,
José Rodríguez de la Borbolla, permitió la apertura de una comisión de
investigación en el parlamento de Andalucía.
El Caso Costa Doñana que estalló en 1988
denunciado por IU y que era un proyecto de construcción de una urbanización de
seis kilómetros con 32.000 plazas hoteleras y campo de golf en la duna fósil de
El Asperillo. Mas tarde se demostró que fue un caso de especulación urbanística
con tráfico de influencias, y en el que resultaron implicados Jacinto Pellón,
el hacedor de la Expo 92 gracias a Felipe González, Jesús Bores, amigo del
presidente y Francisco Palomino, su cuñado, además de un consejero del entonces
presidente José Rodríguez de la Borbolla, Jaime Montaner Roselló.
Hace unos días hemos sabido que la valoración de la Junta de Andalucía
ofrece a los propietarios para estos terrenos situados entre Mazagón y
Matalascañas es de cuatro millones de euros para terminar con los intereses de
construcción del litoral cercano al Asperillo, además, afectado por un
monumental incendio el pasado año. Pero los propietarios de estas 700 hectáreas quieren
20 millones de euros. Además, para enmarañar mas la cuestión, los propietarios
denuncian que la Junta no les paga en dinero, sino en terrenos.
El Caso de la
creación de la RTVA. El proceso de creación de la RTVA también fue
escandaloso por tres motivos. Primero, porque se metió a dedo a la gente afín
al PSOE, según confesión propia de los dirigentes, y de su entonces director
general, Salvador Domínguez, ese que se presentó en una Comisión Parlamentaria
diciendo “vengo chungo de papeles”. Segundo, porque se desviaron miles de
millones de pesetas públicas que fueron a parar a las productoras amigas del
PSOE. Tercero, porque el descubrimiento de la mala gestión, el trapicheo y el
traspaso de dinero público llevo a la dimisión del director general de la RTVA
y del director general de Canal Sur TV, Francisco Cervantes Bolaños.
El Caso Juan Guerra estallaba en enero
de 1990 y versaba sobre la utilización indebida de un despacho oficial situado
en la Delegación de Gobierno en Andalucía desde el que Juan Guerra, además de
servir de asistente de su hermano Alfonso, organizaba y diseñaba sus negocios
privados. Un caso que obligaba, un año después del escándalo, a dimitir de
vicepresidente del gobierno a entonces todopoderoso Alfonso Guerra. El
resultado de su descabalgue fue la orden de Felipe González de liquidar a
Guerra y al guerrismo a través de los llamados “renovadores”.
El Caso Ollero los hechos se
remontan a julio de 1992, cuando la Policía detuvo a Jorge Ollero, hermano del
director general de Carreteras, Manuel Ollero, con un maletín con 22 millones
de pesetas fruto de una supuesta comisión ilegal por la adjudicación de obras
de la Junta en el tramo Las Pedrizas-Salinas de la A-92 en la provincia de
Málaga. El juicio que se celebró en 1999, condenó, en sentencia confirmada por
el Tribunal Supremo en 2001,
a los hermanos Ollero y a los representantes de la
constructora.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional decretó en noviembre de 2003 la
nulidad como prueba de las escuchas grabadas a los imputados y ordenó la
repetición del juicio, esta vez sin tener en consideración los pinchazos
telefónicos. Tras este hecho, el caso Ollero quedó en nada tras 14 años. La
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla finalmente absolvió a los
cuatro acusados.
El Caso Malaya un proceso
histórico en nuestro país, ya que su investigación desembocó en la primera
disolución de un Ayuntamiento en la historia de nuestra democracia y puso en el
juzgado el mayor caso de corrupción urbanística municipal en España. Entre los
95 imputados, destacan el considerado cerebro de la trama y ex asesor de
Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, que es el único que permanece en
prisión, y los ex alcaldes de Marbella, Julián Múñoz (en la cárcel, pero por
otros casos de corrupción) y Marisol Yagüe.
La magnitud del delito fueron 2.400 millones de euros blanqueados. La trama
urbanística destapada en Marbella habría defraudado a las arcas municipales
hasta 460 millones de euros. De esta gota malaya salieron poco a poco otras
investigaciones que dieron origen a un total de 30 procedimientos, como el caso
Blanqueo, el caso Saqueo, en dos partes, el caso Minutas, el caso Pantoja….
todos alrededor de la gestión de un ayuntamiento, el de Marbella, anegado por
la corrupción y el blanqueo de capitales.
El Caso Estepona que llegó a contar
con 107 imputados, supuestamente involucrados en la trama de corrupción que
tuvo como epicentro el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Pero, tras una década
de investigación, finalmente sólo 51 se van a sentar en el banquillo de los
acusados, entre ellas el exalcalde socialista del municipio malagueño, Antonio
Barrientos, para el que se pide diez años y nueve meses de prisión. El pasado
mes de septiembre el juez de Instancia e Instrucción de Estepona acordaba el
sobreseimiento de la causa para 39 imputados, en un asunto para el que aun no
hay fecha para el juicio.
El exalcalde es considerado el cabecilla de la trama corrupta que expolió
las arcas del Ayuntamiento de Estepona una cantidad que la fiscalía fija en 28
millones de euros. Junto al regidor, en la cúspide, estaba el líder del Partido
Estepona, su socio de gobierno y de “una organización” cuyo negocio principal
pasaba por comisiones, mordidas, tratos de favor y sobornos siempre vinculados
a la gestión urbanística en la localidad.
El Caso Poniente
Almería. Lleva diez años de investigación en la que la presunta trama de corrupción
política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la multinacional Abengoa, habría retraído
de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los
años 2002 y 2009. Una trama por el que el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor
municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 64 años de prisión y 20
años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según la acusación que la fiscalía elevó al Juzgado de Instrucción 2 de
Almería indicaba que el saqueo de las arcas públicas se realizó “orquestando la
creación” de una red de sociedades que se dedicaban a “subcontratar” con la
empresa mixta Elsur con “una doble finalidad: engordar artificialmente el canon
anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento,
y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública”.
El Caso MATSA. Dos meses y medio
antes de dejar la Junta para ocupar su cargo de ministro en el gobierno de
Zapatero, el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves (que no se
abstuvo) aprobó una ayuda de más de 10,1 millones de euros para Minas de Aguas
Teñidas (Matsau) de la que su hija Paula era representante legal desde
noviembre 2008 para la supuesta construcción de una planta de tratamiento
mineral.
Hace tan solo unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) acaba de fallar contra Matsa en una sentencia en la que condena a la
empresa minera a devolver a la Junta el incentivo de 10,1 millones de euros más
los intereses legales acumulados (podría rondar los 16 millones) por las
irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda. La tesis del TSJA es
que la Junta de Andalucía subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente
prohibido por la ley.
El Caso ERE. El caso ha pasado
de 4 golfos a cerca de 300 imputados. Este caso nace de las grabaciones a dos
directivos de Merca Sevilla que exigían comisiones ilegales para una escuela de
hostelería a cambio de ayudas de la Junta para formación. Luego se descubrieron
intrusos en el ERE de Merca Sevilla que desembocó en el descubrimiento del
fraude.
La fiscalía anticorrupción señaló en su escrito de acusación en la
macrocausa de los ERE que Manuel Chaves como presidente de la Junta y José
Antonio Griñán, además de cómo presidente, como consejero de Economía y
Hacienda conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y
arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores en crisis y no tomaron
ninguna decisión para frenarlas en relación al reparto de subvenciones al
margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un
sistema diseñado ex profeso y por el que se detrajeron de manera fraudulenta de
los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo
realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía, a través de las
denominadas “transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de Andalucía
(que más tarde se transformó en la Agencia IDEA). Una herramienta que permitió
que las subvenciones se distribuyeran y se abonaran eludiendo la fiscalización
de la Intervención.
Tras un largo juicio, en la actualidad, mientras las defensas piden la absolución
de sus clientes, el fiscal Anticorrupción solicita para el expresidente Manuel
Chaves diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto
delito de prevaricación, y para el expresidente Griñán mantiene su petición de
condena a seis años de cárcel y a treinta de inhabilitación por delitos de
malversación de fondos públicos y prevaricación.
La Fiscalía pide ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por un
delito de malversación, y otro de prevaricación para diez ex altos cargos de la
Junta de Andalucía: José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García,
Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús María Rodríguez
Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan
Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Además, pide seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de
30 años por delitos de malversación y prevaricación para cinco encausados: José
Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Lourdes
Medina y Jacinto Cañete. A estos dos últimos, exsecretaria general técnica de
la Consejería de Empleo y exdirector general de la agencia IDEA.
También pide la fiscalía de 10 años de inhabilitación por prevaricación
para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y
exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el
exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del
Río.
El Caso Formación. Que se deriva en
dos ramas, las ayudas para cursos para parados, por un lado, y las ayudas para
cursos a parados con compromiso de contratación por otro, que se conoció como
el Caso EDU. En total, el caudal de ayudas bajo sospecha estaría en torno a los
3.000 millones de euros entre 2007 y 2013. Aunque se ignora la cuantía total
defraudada sólo la investigación judicial y policial determinará la misma. La
Junta siempre ha puesto todos los palos que ha podido en la investigación y
siempre ha negado la existencia de un fraude de esa magnitud.
En cuanto al caso EDU para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal,
que realizó más de cien detenciones, los cursos sirvieron para la “compra de
votos”, un caso de “clientelismo” que intuyó la juez Alaya y que puso de manifiesto
en sus autos.
La corrupción
judicial.
No existe una verdadera democracia si no existe justicia. Las instituciones del estado se están
alejando peligrosamente de los límites marcados por la constitución hacia
un limbo que beneficia a los partidos que las gobiernan, lo que ha provocado
que hasta los propios ciudadanos empiecen a dudar de sus instituciones. El mercantilismo partidista para nombrar a
los miembros del Consejo General del Poder Judicial pone en entredicho la
esencia de independencia de la Justicia. Y el culmen de la duda ciudadana
de la independencia judicial llegó con la decapitación de la propia sentencia
del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos de las hipotecas.
Hemos asistido al
asalto de la política a los jueces y fiscales. Muchos de ellos han sido nombrados
senadores o diputados, otros ministros o altos cargos, incluso de alcaldes. Los
propios partidos se vanagloriaban de nombrar a los miembros del Consejo General
del Poder judicial. Incluso se llega a hablar de magistrados progresistas y
conservadores, para emular el sistema bipartidista de la política española. El
caso del magistrado Marchena ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El propio presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó en 2014 que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba “pensada para el
robagallinas, no para el gran defraudador”. Lo que viene a equivaler que
los legisladores no protegen a su propio pueblo y demuestra que la justicia
nunca es igual para todos, depende de quién seas tú y de quiénes sean tus
abogados, de cuánto les puedas pagar y de qué tribunal te toque en suerte.
El Consejo de Europa
ha advertido en reiteradas ocasiones a España de que su sistema judicial está
seriamente amenazado por la corrupción y por sus sospechosas conexiones con la
política y el poder financiero. El toque de atención de las instituciones
europeas llegó tras el informe sobre Percepción de la Corrupción elaborado por
la agencia Transparency Internacional, según el cual España queda a la altura
de países como Libia, Brasil y Turquía. El citado documento revela que dos
Estados miembros de la Unión Europea, precisamente España y Hungría, figuran entre los países donde más ha empeorado la
percepción de que los jueces y magistrados están contaminados por factores
externos.
La resolución europea reconoce que está alarmada “porque la confianza pública en la integridad del
Poder Judicial sigue siendo muy baja en una serie de Estados miembros, y
que el Poder Judicial se percibe como una de las instituciones más corruptas en
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Georgia, Lituania, Moldavia,
Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y España”.
En cuanto al caso concreto de España, el
Consejo de Europa advierte de que el sistema judicial es ya la tercera
institución menos valorada y que el 51% de los encuestados reconocieron
desconfiar de la misma. Si bien la Resolución valora los esfuerzos que nuestro
país ha realizado en los últimos años, como la creación de organismos de lucha
contra la corrupción, el Consejo muestra sus dudas sobre la eficacia de las
medidas. “Los marcos legales actuales estudiados se consideran limitados,
débiles o ineficaces en el caso de Albania, Armenia, Estonia, Georgia,
Moldavia, Montenegro, Eslovaquia y España”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario