Subastas de medicamentos, Eurocontrol y opacidad

Artículo de Luis Escribano

Una investigación sobre las subastas de medicamentos del SAS y contratos de Salud con la empresa Eurocontrol revela el interés de sus gestores por ocultar informaciones vitales para los ciudadanos

El SAS y la Consejería de Salud acuden a argucias selectivas y a un supuesto “error” para obstaculizar la entrega de documentación, provocando en un caso la ocultación de presuntos delitos que pudieran haber cometido ex altos cargos de la Consejería

No obstante, la Asociación "Justicia por la Sanidad" ha presentado una segunda querella por fraude en las contrataciones y prevaricación, pendiente de admisión por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada

Las subastas de medicamentos del SAS, sinónimo de opacidad

Desde su inicio, las subastas de medicamentos realizadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han estado rodeadas de un halo de opacidad que ha impedido conocer con detalle sus entresijos. Ni los diputados de la oposición al PSOE, ni periodistas interesados, ni otros ciudadanos hemos logrado obtener información detallada de la documentación obrante en los expedientes de las subastas. Por mucho que se disfrace “la mona”, la subasta de medicamentos constituye en el fondo una contratación administrativa (aunque se excluya expresamente en los “convenios” suscritos con los Laboratorios), cuya transparencia debería ser máxima.

Se ha anunciado recientemente por los dirigentes de los partidos que han pactado la formación del nuevo Gobierno andaluz que se pondrá fin al mecanismo de las subastas de medicamentos, pero como ciudadano andaluz –y sospecho que la mayoría de los andaluces coincidirán conmigo- espero que los nuevos inquilinos del SAS publiquen la información ocultada por los actuales gestores de dicho organismo.

En el mes de agosto de 2018, como parte de una investigación que desde la Asociación “Justicia por la Sanidad” estamos realizando sobre dichas subastas de medicamentos, dirigí al SAS -a través del Portal de Transparencia- diversos escritos solicitando copias de documentos de los expedientes de varias subastas celebradas, a fin de poner algo de luz a las mismas. Dos de las grandes incógnitas a despejar son el supuesto dinero ingresado por los Laboratorios en cuentas bancarias de la Junta de Andalucía, y el destino que han tenido esos supuestos ingresos.

Tras iniciar los trámites de las solicitudes, y entendiendo los gestores del SAS que los documentos solicitados afectaban a los derechos de los Laboratorios adjudicatarios (aunque posteriormente reconocerían que no les afectaba), les remitieron dichas solicitudes por si querían presentar alegaciones. Con esta argucia, los gestores del SAS han conseguido paralizar la entrega de la documentación solicitada “sine díe”, pues según la Ley de Transparencia, los supuestamente afectados pueden alegar que no están conformes con la entrega de la documentación, y si posteriormente la Administración desestima las alegaciones y concede el acceso a la documentación, tampoco hacen entrega de la misma durante el plazo legal de la posible interposición por parte de las empresas de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de acceso a la documentación.

Transcurrido dicho plazo de interposición del recurso judicial (2 meses), si algunas de las empresas afectadas llega a presentar el recurso, la Administración debe esperarse a la sentencia judicial para poder entregar la documentación, siempre que dicha sentencia sea favorable.

Y el resultado en este caso concreto de las subastas de medicamentos ha sido el siguiente: hace unos días he recibido un correo electrónico del SAS comunicando que han tenido conocimiento –todo ello sin acreditarlo- que varios Laboratorios han presentado recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del SAS por la que se estimaban mis solicitudes de acceso a la información, y que por tanto no podrá hacerse efectivo hasta que, en su caso, se reconozca en la sentencia (ya saben ustedes que eso supone una demora de años hasta que se dicte una sentencia firme).

Es decir, los legisladores (léase “miembros de partidos políticos” a los cuales pertenecen los compañeros que suelen ser investigados por sus acciones en las instituciones) han previsto en la Ley de “Transparencia” -¡cuánta ironía!- un mecanismo procedimental de obstaculización de entrega de la documentación que favorece la opacidad y la corrupción, y todo ello se efectúa con el pretexto de un supuesto “conflicto de intereses” que se crea entre el acceso a la información y unos supuestos derechos de las empresas o personas afectadas por ello, a pesar de que la propia Ley reconoce como regla general el acceso a la información salvo en casos muy excepcionales...¡tasados por Ley!

La gravedad del asunto reside en que la propia Administración reconoce en la resolución de la solicitud de la documentación que, a pesar de las alegaciones presentadas por los Laboratorios adjudicatarios de las subastas, no existen motivos para denegar el acceso a la información (lo cual ya se conocía previamente), y resuelve conceder dicho acceso. Pero...¡nuestro gozo en un pozo!, porque no puede materializarse la entrega de la documentación, según la Ley.

Y si grave es lo anterior, ¿no es igualmente grave que, habiendo solicitado documentación sobre contratos con otras empresas, en estos casos no se haya comunicado a las mismas para que puedan presentar alegaciones? ¿Por qué los gestores del SAS actúan selectivamente, según cuáles sean las empresas adjudicatarias o afectadas?

El caso de los contratos de la EASP con Eurocontrol, objetos de una querella

Curiosamente, la Consejería de Salud ha llegado más lejos con sus argucias para obstaculizar la entrega de la documentación de cinco contratos suscritos por la Escuela Andaluza de Salud Pública -EASP- (algunos supuestamente firmados por Martín Blanco García, ex Gerente de la EASP y ex Viceconsejero de Salud) con la empresa Eurocontrol, en la que trabajaba el hermano (Javier Gutiérrez) del ex gerente del SAS, José Luis Gutiérrez.

En primer lugar, la Consejería ha utilizado el mismo mecanismo que el SAS para demorar la entrega de la documentación de dichos contratos, utilizando innecesariamente el artificio de notificar mis solicitudes a la empresa Eurocontrol por si querían presentar alegaciones (actuación que no han realizado en otras solicitudes que he presentado de acceso a otras informaciones), sabiendo de antemano la Consejería que no existían motivos legales para denegar el acceso a los expedientes de contratación administrativa. A pesar de todo, dichos contratos han sido objeto parcial de la querella presentada por la citada Asociación “Justicia por la Sanidad” en los Juzgados de Granada, que está pendiente de admisión por el Juzgado de Instrucción número 9 desde finales de noviembre de 2018, fecha en la que se presentó la misma.

Pero, como decía anteriormente, el tema se ha agravado. El pasado 28 de diciembre remití un correo electrónico a la Unidad de Transparencia de la Consejería solicitando que ya había finalizado el plazo de dos meses para interponer el recurso por la empresa (había finalizado el 15 de diciembre, dado que el 15 de octubre anterior se me notificaron las cinco Resoluciones por dicha Unidad por correo electrónico), y que me enviaran la documentación solicitada de los contratos. Les dejo con la imagen de dicho correo:

Como respuesta a mi correo, el pasado 11 de enero recibo un correo electrónico de la Consejería de Salud comunicando que la EASP, debido a un “error” (¡menudo eufemismo!), no había notificado a la empresa Eurocontrol las cinco resoluciones de la Directora Gerente de la EASP –fechadas a 10 de octubre de 2018 en el sello de registro de salida- por las que se me concedía el acceso a la documentación solicitada, por lo que el plazo de los dos meses para que la empresa pueda interponer algún recurso judicial aún no había comenzado, y adjuntaban el escrito remitido en este mes de enero por la EASP a Eurocontrol para la notificación. A continuación les dejo con las imágenes del correo y del citado escrito:

¿Se trata de una irresponsabilidad –sin consecuencias- o quizá de una actuación intencionada a la vista de la querella presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”? Yo lo tengo claro.

A mi juicio, constituye un fraude de Ley y, especialmente, una estafa al sentido común, el hecho de que puedan utilizarse estas argucias para obstaculizar la entrega de información cuando se reconoce en las mismas resoluciones que no existen impedimentos legales para el acceso a dicha información, y para colmo, que se utilice selectivamente dicho mecanismo según quienes sean las personas afectadas por los contratos, sean físicas o jurídicas.