Spiriman. ¿El primer preso político de Andalucía?

Artículo de Antonio Barreda

En septiembre de 2011 Benedicto XVI dio un discurso ante el Parlamento federal del gobierno alemán en el que recordaba el oscuro pasado de los años 30: “cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él, cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada…”

No existe una verdadera democracia si no existe justicia. Las instituciones del estado se están alejando peligrosamente de los límites marcados por la constitución hacia un limbo que beneficia a los partidos que las gobiernan, lo que ha provocado que hasta los propios ciudadanos empiecen a dudar de sus instituciones. El mercantilismo partidista para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial pone en entredicho la esencia de independencia de la Justicia. Y el culmen de la duda ciudadana de la independencia judicial llegó con la decapitación de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos de las hipotecas.

 

El activista afroamericano por los derechos civiles Philip Randolf dijo aquello de que “la libertad nunca se concede sin más; hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.” Pues a nuestra generación nos dieron la libertad y la justicia, y luego nos las arrebataron con el transcurso de los años. El juego de la política convirtió las instituciones en un apéndice más de los partidos. Por ello, asistimos ahora a una vuelta al pasado, a manifestarnos en las calles para recuperar lo que en derecho nos corresponde.

Estos años hemos asistido al asalto de la política a los jueces y fiscales. Muchos de ellos han sido nombrados senadores o diputados, otros ministros o altos cargos, incluso de alcaldes. Los propios partidos se vanagloriaban de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder judicial. Incluso se llega a hablar de magistrados progresistas y conservadores, para emular el sistema bipartidista de la política española. El caso del magistrado Marchena ha sido la gota que ha colmado el vaso.

El propio presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó en 2014 que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba “pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”. Lo que viene a equivaler que los legisladores no protegen a su propio pueblo y demuestra que la justicia nunca es igual para todos, depende de quién seas tú y de quiénes sean tus abogados, de cuánto les puedas pagar y de qué tribunal te toque en suerte.

Otro problema añadido son los actos de hipocresía ejercidos por la clase política, uno de los más execrables y de los más comunes, es el de alardear ante los medios de comunicación de su respeto escrupuloso de las sentencias que dictan los jueces, y mientras duran los procesos judiciales ejercen una presión insoportable sobre los instructores, los acosan, les montan terribles campañas de prensa, los amenazan, los calumnian y desacreditan. Que se lo pregunten a la jueza Alaya, instructora del Caso ERE en Andalucía.

Además, se olvida en este país que la democracia en España llegó por la negociación y demolición controlada de un régimen militar. Parece que este detalle se pasa por alto en los libros de historia. Exactamente igual que llegaron las democracias a Hispano América, como a Chile, Argentina, Paraguay… Hubo que negociar una ley de amnistía y unas leyes de punto final. Después, algunos han intentado llevar a la justicia a los culpables de las atrocidades del antiguo régimen, con nulo resultado. La justicia siempre les ha cerrado todas las puertas. Lo mismo le ha ocurrido al concepto de Justicia Universal en España que fue acotada convenientemente por la legislación del Partido Popular de Rajoy, y casos como el de José Couso fueron sacrificados por los intereses internacionales.

En Andalucía llegan tiempos oscuros para la democracia. Pretenden convertir a Spiriman en el primer preso político de Andalucía. Decía San Agustín: “Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”. La perversión del derecho y del concepto de Justicia es lo que vemos en su caso. Acosarlo por difundir sus ideas y someterlo a una terrible persecución por sus supuestos insultos es el arma que usan para silenciar todas y cada una de las críticas que ha realizado al sistema sanitario público.

Por primera vez en los 38 años de autonomía un presidente del gobierno de la Junta de Andalucía actúa en los juzgados contra un activista social, utilizando todos los medios a su alcance, incluido el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía para proceder contra Candel. Y sobre todo, como dice la querella interpuesta por Spiriman contra Susana Díaz por estos hechos: ¿Cuántos funcionarios públicos de la Consejería de Presidencia se han destinado a la visualización de los más de 1000 videos que llevada editados D. Jesús Candel Fábregas? ¿Es lícito disponer de medios humanos pagados por la Administración en este caso, y con dinero público, para perseguir y acosar a un ciudadano que se muestra crítico con la Gestión Sanitaria de la Comunidad Autónoma Andaluza?

Su lucha por los pacientes es lo que le ha llevado a ser acosado por los estamentos del estado. Decir la verdad en Andalucía puede salir muy caro a la ciudadanía. Ese es el mensaje que quieren transmitirnos. Que callemos, que silenciemos todos los desmanes, que la denuncia lleva pareja la persecución.  Si no hay justicia, hay injusticia. Si hay injusticia, hay conflictos. Eso es lo que no quieren ver las estructuras de poder de esta región. La voz de Candel despertó las conciencias de un pueblo acostumbrado al silencio.

Spiriman representaba una tercera vía en Andalucía. Los ciudadanos necesitaban que alguien les contara lo que estaban haciéndole a la sanidad pública en la región desde dentro. Una sanidad que se desangraba por unas arterias a las que habían abierto en canal, y empezó a mover a las masas en Granada. Y eso empezó a preocupar al régimen andaluz que movilizó todo a su alcance para neutralizarlo, con la canalla mediática apesebrada incluida. Pero era inútil, gracias a él la ciudadanía empezaba a tomar conciencia de que detrás de la Joya de la Corona de Susana Díaz se escondía una gigantesca mentira.

Spiriman dio significado andaluz a aquella idea de Margaret Mead: "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado". No estaba solo. Unos pocos miles y luego más miles se unieron  a él en la reivindicación contra  los desastres que había en la sanidad andaluza. Y creció el espíritu de Desmond Tutú en Andalucía cuando todos marchaban detrás de él. “Para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante.”

En Andalucía la palabra en libertad está empezando a estar herida de muerte. Denunciar la verdad se está convirtiendo en un ejercicio de supervivencia. He visto estos años como hay miedo a expresar una opinión. He visto que ha vuelto el mismo recelo que vi cuando mis padres hablaban en silencio en la dictadura. He escuchado la misma frase que me repetían en mi adolescencia. Tú no te metas en nada y no hables jamás de política. Y he visto que quien denuncia la corrupción es perseguido hasta su eliminación. Quieren volver a encerrarnos en las antiguas gañanías.  Los nuevos amos de hoy no son muy distintos de los viejos amos de ayer.