Artículo de Antonio Barreda
El próximo día 1
de diciembre la Asociación Justicia por la Sanidad convoca una manifestación en
Sevilla con el lema No a la Corrupción
Sanitaria, Política y Judicial. Una manifestación que se pretende hacer en
la jornada de reflexión electoral pero sin entrar en ella, es decir, sin pedir
ni influenciar en el voto. Tan solo será un paseo pacífico por las calles de
Sevilla sin lemas ni pancartas. La Asociación está a la espera de la
autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para poner
en marcha su capacidad de convocatoria.
La corrupción nos atañe a todos.
Durante estos 38
largos años de autonomía y de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía se han
generado algunos de los mayores casos de corrupción de toda Europa. En los que
le afectaban, el gobierno regional los negaba uno a uno mientras ponía todos
los medios a su alcance para oscurecer cualquier investigación de los mismos. Además,
el ejecutivo andaluz ha venido contando, paralelamente, con la complicidad de
su grupo Parlamentario que ha impedido abrir comisiones de investigación
durante 15 años en el Parlamento de Andalucía, hasta la pasada legislatura del
pacto de gobierno con IU, en la que su minoría parlamentaria impedía
obstaculizar todas y cada una de las comisiones que se intentaron levantar.
Por otro lado, los
denunciantes de la corrupción en Andalucía tiene un futuro extremadamente
incierto. La lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es
cada vez más larga. Se ponen en juego, con estas actuaciones, nuestra
democracia y nuestro estado de derecho. Aquí se pasa de denunciar la corrupción
a ser denunciado, con lo que los corruptos siguen campando a sus anchas. No hay
nada más lejano para la democracia que usar las instituciones para acallar la
denuncia pública contra la corrupción. Y lo peor es que nadie actúa. Los
ciudadanos parece ya que ven la corrupción como un estado natural de nuestra
sociedad.
Un sistema democrático sin alternancia.
El sistema
democrático en Andalucía ha generado una permanente dictadura parlamentaria de
mayorías absolutas o de pactos entre partidos que ha permitido gobernar
ininterrumpidamente al PSOE en la región desde hace ya 38 largos años. Creando
un sistema absolutamente clientelar que se aleja de la realidad de la calle,
que no escucha a nadie sino solo los intereses del partido, que no le interesa
nada ni nadie fuera del círculo de poder y de las decisiones del Consejo de
Gobierno. La primera máxima del régimen es de lo que no interesa no se habla, y
de lo que no se habla no existe. El apagón informativo creado por el régimen
andaluz es digno de una tesis doctoral.
El control de la
sociedad por parte de los gobiernos terminan congelando la democracia y crea
parlamentos de plástico donde la voz del pueblo se va apagando hasta que
desaparece. Bajo el lema “El partido por encima de todo”, se ha venido
construyendo en Andalucía un régimen absolutista donde los deseos de un partido
se iban imponiendo desde el BOJA. Y a través de una OPA hostil, pagada con
dinero público, se han venido subyugando los derechos de Andalucía y de los
andaluces, hasta construir un sistema sin alternancia política que ha desterrado
todas las expectativas y el espíritu de todo un pueblo expresadas el 28-F.
El control de la sociedad y de la
administración.
El PSOE en
Andalucía ocupó las estructuras de poder que había dejado vacante el franquismo
tras la llegada de la democracia y supo aprovecharlas convenientemente para
permanecer en el poder. Luego se preocupó de controlar todos los estamentos de
la sociedad. Este control ha sido absoluto, directo, lateral, perpendicular y tangencial.
Hemos asistido a la construcción de un Gran Hermano que todo lo controla y lo
ve.
En el libro La
Tela de Araña de Andalucía, Hilos de un Régimen, exponíamos la tesis, que luego
iríamos probando, de que en Andalucía, un gran número de personas
pertenecientes al PSOE, sus familiares, sus amigos y sus simpatizantes han
encontrado un puesto de trabajo tanto en las administraciones públicas como en
las empresas y entes instrumentales dependientes del dinero público, puestos
que no son exclusivamente los vinculados a la libre designación.
¿Es que, se
dirá, los socialistas, sus familias, sus simpatizantes, sus afiliados y/o sus
amigos no tienen derecho a ocupar los puestos que sean? Sí, tienen todo el
derecho constitucional vigente, como tienen todo el deber constitucional
vigente de obtenerlos mediante pruebas de acceso donde primen el mérito, la
capacidad y la igualdad de condiciones con los demás ciudadanos a la hora de
concurrir a las mismas con limpieza, publicidad y transparencia de los
procedimientos.
Si no hubiera
sido así es que algunos comportamientos no han sido moralmente lícitos, cuando
menos. Las colocaciones “a dedo” en una democracia sana no son permisibles
porque arrebatan la posibilidad de trabajar a quien tiene el mismo derecho que
el “enchufado”, por decirlo de manera directa, a una vida laboral
satisfactoria. El “enchufado” le sustrae, le roba su trabajo a quien teniendo
más mérito y capacidad carece de sus influencias. Además, las colocaciones “a
dedo” no son admisibles porque condenan a los ciudadanos a ser administrados no
por los mejores sino por quienes sólo han demostrado proximidad al poder pero
nunca mérito ni capacidad.
La muerte de Montesquieu.
Un régimen no
nace de la nada. Se va construyendo año a año, paso a paso, día a día. Y va
eliminando tanto a los que buscan la ética en el gobierno como a los que les
pueden hacer sombra. Los resortes del gobierno se van introduciendo poco a poco
en la maquinaria judicial y legislativa hasta que saltan los engranajes y las
costuras que lo hacían funcionar en democracia.
Alfonso Guerra
le ha hecho un daño terrible a la democracia en España. Sobre todo cuando se le
atribuye la frase pronunciada en el año 85 de “Montesquieu ha muerto”, cuando
el partido socialista aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para
reformar la Ley del Poder Judicial. Se habían cargado la independencia del
poder judicial y se jactaban de ello, enterrando a Montesquieu, el filósofo que
defendió la independencia de los tres poderes del Estado. El Consejo General
del Poder Judicial había sido reiteradamente acusado de corporativismo y los
socialistas, siempre fieles a la “voluntad popular”, decidieron que fuese el
parlamento quien eligiese a los vocales del Consejo. Una fórmula que, inevitablemente,
politizó dicho órgano.
Algunos casos de corrupción en Andalucía.
La corrupción en
Andalucía viene de lejos, de muy lejos. Un repaso por los principales casos de
corrupción que han tenido lugar en Andalucía:
El Caso del Chalé de Escuredo. Surgió en 1984 para laminar al entonces
presidente Rafael Escuredo, quien inventó lo del “nacionalismo de clase” para
atraer el voto y a las bases electorales del entonces Partido Socialista
Andaluz (PSA) de Alejandro Rojas Marcos. Pero Felipe González no iba a dejar
crecer este movimiento en el Sur.
Todo empezó
cuando el grupo Prisa publicó un reportaje sobre el chalé que Escuredo y su
esposa, la diputada Ana María Ruiz Tagle, se habían construido en el Aljarafe
sevillano. Para conseguir la caída del expresidente se filtró que una conocida
empresa estaba edificándole un chalé como supuesto “pago de favores”. La
dimisión de Escuredo, asqueado y humillado, no se hizo esperar y puso fin a su
carrera política.
El Caso
Edificio Presidente. Acaecido
en 1986 con el Edificio Presidente en el barrio sevillano de los Remedios,
donde la Junta de Andalucía pagó mil millones de pesetas de la época por encima
del precio de mercado. Pero también conviene reconocer que con una mayoría
parlamentaria absoluta el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José
Rodríguez de la Borbolla, permitió la apertura de una comisión de investigación
en el parlamento de Andalucía.
El Caso Costa
Doñana que estalló en
1988 denunciado por IU y que era un proyecto de construcción de una
urbanización de seis kilómetros con 32.000 plazas hoteleras y campo de golf en
la duna fósil de El Asperillo. Mas tarde se demostró que fue un caso de
especulación urbanística con tráfico de influencias, y en el que resultaron
implicados Jacinto Pellón, el hacedor de la Expo 92 gracias a Felipe González,
Jesús Bores, amigo del presidente y Francisco Palomino, su cuñado, además de un
consejero del entonces presidente José Rodríguez de la Borbolla, Jaime Montaner
Roselló.
Hace unos días
hemos sabido que la valoración de la Junta de Andalucía ofrece a los
propietarios para estos terrenos situados entre Mazagón y Matalascañas es de cuatro
millones de euros para terminar con los intereses de construcción del litoral
cercano al Asperillo, además, afectado por un monumental incendio el pasado
año. Pero los propietarios de estas 700 hectáreas quieren
20 millones de euros. Además, para enmarañar mas la cuestión, los propietarios denuncian
que la Junta no les paga en dinero, sino en terrenos.
El Caso de la
creación de la RTVA. El
proceso de creación de la RTVA también fue escandaloso por tres motivos.
Primero, porque se metió a dedo a la gente afín al PSOE, según confesión propia
de los dirigentes, y de su entonces director general, Salvador Domínguez, ese
que se presentó en una Comisión Parlamentaria diciendo “vengo chungo de
papeles”. Segundo, porque se desviaron miles de millones de pesetas públicas
que fueron a parar a las productoras amigas del PSOE. Tercero, porque el
descubrimiento de la mala gestión, el trapicheo y el traspaso de dinero público
llevo a la dimisión del director general de la RTVA y del director general de
Canal Sur TV, Francisco Cervantes Bolaños.
El Caso Juan
Guerra estallaba en
enero de 1990 y versaba sobre la utilización indebida de un despacho oficial
situado en la Delegación de Gobierno en Andalucía desde el que Juan Guerra,
además de servir de asistente de su hermano Alfonso, organizaba y diseñaba sus
negocios privados. Un caso que obligaba, un año después del escándalo, a
dimitir de vicepresidente del gobierno a entonces todopoderoso Alfonso Guerra.
El resultado de su descabalgue fue la orden de Felipe González de liquidar a
Guerra y al guerrismo a través de los llamados “renovadores”.
El Caso Ollero los hechos se remontan a julio de 1992,
cuando la Policía detuvo a Jorge Ollero, hermano del director general de
Carreteras, Manuel Ollero, con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de
una supuesta comisión ilegal por la adjudicación de obras de la Junta en el
tramo Las Pedrizas-Salinas de la A-92 en la provincia de Málaga. El juicio que se
celebró en 1999, condenó, en sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2001, a los hermanos Ollero
y a los representantes de la constructora.
Sin embargo, el
Tribunal Constitucional decretó en noviembre de 2003 la nulidad como prueba de
las escuchas grabadas a los imputados y ordenó la repetición del juicio, esta
vez sin tener en consideración los pinchazos telefónicos. Tras este hecho, el
caso Ollero quedó en nada tras 14 años. La Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Sevilla finalmente absolvió a los cuatro acusados.
El Caso
Malaya un proceso
histórico en nuestro país, ya que su investigación desembocó en la primera
disolución de un Ayuntamiento en la historia de nuestra democracia y puso en el
juzgado el mayor caso de corrupción urbanística municipal en España. Entre los
95 imputados, destacan el considerado cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo
del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, que es el único que permanece en prisión,
y los ex alcaldes de Marbella, Julián Múñoz (en la cárcel, pero por otros casos
de corrupción) y Marisol Yagüe.
La magnitud del
delito fueron 2.400 millones de euros blanqueados. La trama urbanística
destapada en Marbella habría defraudado a las arcas municipales hasta 460
millones de euros. De esta gota malaya salieron poco a poco otras
investigaciones que dieron origen a un total de 30 procedimientos, como el caso
Blanqueo, el caso Saqueo, en dos partes, el caso Minutas, el caso
Pantoja…. todos alrededor de la gestión de un ayuntamiento, el de Marbella,
anegado por la corrupción y el blanqueo de capitales.
El Caso
Estepona que llegó a
contar con 107 imputados, supuestamente involucrados en la trama de corrupción
que tuvo como epicentro el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Pero, tras una
década de investigación, finalmente sólo 51 se van a sentar en el banquillo de
los acusados, entre ellas el ex alcalde socialista del municipio malagueño,
Antonio Barrientos, para el que se pide diez años y nueve meses de prisión. El
pasado mes de septiembre el juez de Instancia e Instrucción de Estepona
acordaba el sobreseimiento de la causa para 39 imputados, en un asunto para el
que aun no hay fecha para el juicio.
El ex alcalde es
considerado el cabecilla de la trama corrupta que expolió las arcas del
Ayuntamiento de Estepona una cantidad que la fiscalía fija en 28 millones de
euros. Junto al regidor, en la cúspide, estaba el líder del Partido Estepona,
su socio de gobierno y de “una organización” cuyo negocio principal pasaba por
comisiones, mordidas, tratos de favor y sobornos siempre vinculados a la
gestión urbanística en la localidad.
El Caso
Poniente Almería. Lleva
diez años de investigación en la que la presunta trama de corrupción política y
empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento
de El Ejido (Almería) y la multinacional Abengoa, habría retraído de las arcas
públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y
2009. Una trama por el que el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el ex interventor
municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 64 años de prisión y 20
años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según la
acusación que la fiscalía elevó al Juzgado de Instrucción 2 de Almería indicaba
que el saqueo de las arcas públicas se realizó “orquestando la creación” de una
red de sociedades que se dedicaban a “subcontratar” con la empresa mixta Elsur
con “una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que
recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar
más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública”.
El Caso
MATSA. Dos meses y medio
antes de dejar la Junta para ocupar su cargo de ministro en el gobierno de
Zapatero, el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves (que no se
abstuvo) aprobó una ayuda de más de 10,1 millones de euros para Minas de Aguas
Teñidas (Matsau) de la que su hija Paula era representante legal desde
noviembre 2008 para la supuesta construcción de una planta de tratamiento
mineral.
Hace tan solo
unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de
fallar contra Matsa en una sentencia en la que condena a la empresa minera a
devolver a la Junta el incentivo de 10,1 millones de euros más los intereses
legales acumulados (podría rondar los 16 millones) por las irregularidades
descubiertas en la concesión de la ayuda. La tesis del TSJA es que la Junta de
Andalucía subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente prohibido por la
ley.
El Caso ERE. El caso ha pasado de 4 golfos a cerca de
300 imputados. Este caso nace de las grabaciones a dos directivos de Merca
Sevilla que exigían comisiones ilegales para una escuela de hostelería a cambio
de ayudas de la Junta para formación. Luego se descubrieron intrusos en el ERE de
Merca Sevilla que desembocó en el descubrimiento del fraude.
La fiscalía
anticorrupción señaló en su escrito de acusación en la macrocausa de los ERE
que Manuel Chaves como presidente de la Junta y José Antonio Griñán, además de
cómo presidente, como consejero de Economía y Hacienda conocieron las
irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a
empresas y trabajadores en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas
en relación al reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o
procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un
sistema diseñado ex profeso y por el que se detrajeron de manera fraudulenta de
los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo
realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía, a través de las
denominadas “transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de
Andalucía (que más tarde se transformó en la Agencia IDEA). Una herramienta que
permitió que las subvenciones se distribuyeran y se abonaran eludiendo la
fiscalización de la Intervención.
Tras un largo
juicio, en la actualidad, mientras las defensas piden la absolución de sus
clientes, el fiscal Anticorrupción solicita para el ex presidente Manuel Chaves
diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito
de prevaricación, y para el expresidente Griñán mantiene su petición de condena
a seis años de cárcel y a treinta de inhabilitación por delitos de malversación
de fondos públicos y prevaricación.
La Fiscalía pide
ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por un delito de malversación,
y otro de prevaricación para diez ex altos cargos de la Junta de Andalucía:
José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano,
Agustín Barberá Salvador, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier
Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García, Javier
Aguado Hinojal y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Además, pide
seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 30 años por
delitos de malversación y prevaricación para cinco encausados: José Antonio
Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Lourdes Medina
y Jacinto Cañete. A estos dos últimos, exsecretaria general técnica de la
Consejería de Empleo y exdirector general de la agencia IDEA.
También pide la
fiscalía de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros
Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el
exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y
el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Para mí que las autoridades NO van a dar su permiso.
ResponderEliminarVotad cada uno lo que quiera; pero que se vayan el PSOE del gobierno andaluz
Cuándo se autoriza la convocatoria espero ver hora y lugar de la manifestación
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