Artículo de Antonio Barreda
Como la
magnífica película de Alemania, año cero de Roberto Rossellini que se rodó en
el Berlín caótico después de la guerra mundial, el Caso ERE en Andalucía
significa el hundimiento de un régimen que ha adoptado desde hace décadas la forma
de un totalitarismo parlamentario y que ha hecho y desecho a sus anchas en el
gobierno de la Junta de Andalucía creyéndose que estaban por encima de la Ley,
de la propia sociedad y de todas las normas.
En Andalucía
debería haber habido hace años un caso como el conocido Tangentópolis de Italia
y una operación “manos limpias”, donde se sometió a la justicia a la clase
política italiana y llevó al banquillo de los acusados a los máximos líderes
del Partido Socialista Italiano (PSI) y de la Democracia Cristiana (DC),
Bettino Craxi y Arnaldo Forlani, y cuyo balance final se saldó con 1.233
condenas y 429 absoluciones. Aquí hace muchos años que debería haberse sometido
a la justicia a la clase dirigente política y no se hubieran dado los mayores
casos de corrupción de toda Europa.
Resulta algo
realmente extraordinario que el juicio del Caso ERE no haya salpicado la
campaña electoral en Andalucía. Hay un silencio atroz que es como una lluvia
fina que impregna hasta al conjunto de la ciudadanía. Los medios dan el día a
día del juicio, pero la sociedad andaluza y sus representantes políticos están
ausentes del debate. Y, sin embargo, asistimos en directo a la auténtica
anatomía del régimen andaluz en estado puro. Los medios adictos del régimen
están apagados. El periodismo de investigación hacia la Junta de Andalucía hace
muchos años que está enterrado. Muchos medios dependen del maná de la
publicidad institucional que apesebra y aborrega, para que aquí nadie conozca a
nadie.
La acusación
de la fiscalía.
La Fiscalía
Anticorrupción mantiene su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la
Junta procesados en la pieza política del caso ERE, entre los que destacan por
encima de todos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para
quienes que solicita penas de inhabilitación, además de seis años de cárcel
para el segundo. Sólo ha retirado los cargos contra el ex secretario de
Hacienda Antonio Estepa. Las defensas piden la absolución de todos los
imputados.
Anticorrupción
cifra el dinero supuestamente malversado – las famosas transferencias de
financiación - que en un principio fijó en 741 millones de euros entre 2001 y
2010 y que el en el juicio ha rebajado a 680 millones de euros. La tesis de la
fiscalía indica que la cúpula de entonces de la Junta ideó un sistema para
esquivar los controles de la Intervención General y así tramitar ayudas de
manera totalmente opaca a empresas afines al PSOE. Además, indica “que no
hicieron nada para iniciar el procedimiento de reintegro de las ayudas a partir
de los reiterados informes de la Intervención, sino que posibilitaron que año a
año se siguiera reproduciendo el mecanismo de concesión y pago”.
En el escrito de
acusación de la fiscalía que abrió el proceso se indicaba que “con la
finalidad de dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de empresas
con centros de actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza, el
Gobierno de la Junta de Andalucía a través de los presupuestos que gestionaba
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico - anteriormente Consejería de
Trabajo e Industria - articuló en la década de los 90 y ejercicio 2000 un
sistema de ayudas para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la
contratación de pólizas de rentas para trabajadores de dichas empresas que,
atendiendo a su edad, le aseguraran un nivel de ingresos hasta acceder a su
jubilación, sistema complementario a las ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social y las ayudas extraordinarias a
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas regulados
por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de
1994 - derogada por Real Decreto 3/2014 de 10 de Enero - y de 5 de abril de
1995 - derogada por Real Decreto 908/2013 de 22 de noviembre-.
La
articulación de dicho sistema de ayudas por la Consejería de Empleo se hacía
mediante la tramitación de un expediente de subvención excepcional al no
existir regulación específica de la materia - artículo 107 de la Ley General de
la Hacienda Pública vigente a la fecha -. Como todo expediente administrativo y
cumpliendo lo exigido en la normativa aplicable se integraba, entre otros
documentos, por: Memoria justificativa, acreditación de la personalidad del
solicitante, documento acreditativo de la situación de hecho que ampara la
solicitud - en este caso resolución de la autoridad laboral del expediente de
regulación de empleo- compromisos asumidos de
comunicación de variación de la situación laboral de los perceptores.”
El sistema de
los ERE.
Lo más grave de
todo el caso es que, mientras cientos de miles de parados andaluces iban a
engrosar las listas del paro y se les dejaban abandonados a su suerte, se ideó
un sistema para que hubiera “afortunados” de empresas “en crisis” que entraban
en estos ERE y que se pagaban con dinero público. O sea, que la empresa se
ahorraba los costes laborales que pasaba a pagar la Junta de Andalucía con
dinero público. Y en medio de todo las comisiones a las aseguradoras y a los
sindicatos que negociaban el ERE, y que pasaban factura por su intermediación.
Además, la
fiscalía ha concluido que el entonces consejero de Hacienda, José Antonio
Griñán, sabía de la “grosera vulneración” que se estaba haciendo de los fondos
públicos de la Junta de Andalucía “en contra de la ley”. Y aun así permitió que
hasta 680 millones de euros se repartieran sin control absoluto ni respeto por
los procedimientos legales establecidos. “Nos encontramos con una conducta
prolongada en el tiempo de un máximo responsable de caudales públicos”, indicó
la Fiscalía.
Todo ello se
hacía para atenuar las protestas y los conflictos laborales y sociales, al que
se le dio el “pomposo” nombre de ayudas socio laborales, mientras que los pagos
para sofocarlas acababan en sonoros escándalos como cuando una de las
declaraciones judiciales del ex chofer del ex director general de empleo,
afirmó que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína
para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas que recibieron
irregularmente sus empresas.
Una causa
general a Chaves y a Griñán.
Este caso se ha
convertido ya en una causa general contra los gobernantes de la Junta de
Andalucía, y es por esto por lo que por lo que serán recordados en los libros
de historia, porque se juzga a quiénes han gobernado la Junta de Andalucía los
últimos 23 años de manera absolutamente cortijera. La ausencia de comisiones de
investigación parlamentaria, la burla al parlamento y a la oposición marcaron
la gestión parlamentaria del PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía con
estos dos expresidentes.
El hecho en sí
de que se esté juzgando a toda la cúpula política que ha gobernado la Junta de
Andalucía durante 23 años debería hacer reflexionar profundamente al conjunto
de la ciudadanía andaluza. Y llama poderosamente la atención que la propia
sociedad andaluza no esté siendo sacudida por un terremoto político y social
que recorra las plazas, las calles y las casas y llegue a las
instituciones. Nadie se ha manifestado
por el escándalo de los ERE, ni se han llenado las calles de pancartas de
protesta. Porque este caso representa los límites de hasta dónde han llegado
los máximos gestores de la cosa pública que ha estado en manos de unos cargos
públicos que los han gestionado como si hubieran sido auténticos sátrapas
persas, que se creían por encima de todo y que presuponían, además, que no
tenían que rendir cuentas ante nadie de su gestión pública.
Citas en el
senado sobre financiación del PSOE.
Para rematar su
epitafio político en Andalucía deben comparecer los dos expresidentes en la
Comisión de investigación del senado por la financiación de los partidos
políticos. Manuel Chaves lo hará el 15 de noviembre, precisamente el día que
arranca la campaña andaluza, mientras que José Antonio Griñan lo hará el día 22
de este mismo mes. Una comisión senatorial en la que compareció el pasado día 8
la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía.
La virreina del
Sur compareció como si ella sola representara a Andalucía, en una estrategia a
lo Belén Esteban. Ella iba allí en calidad de presidenta de una comunidad
autónoma que tenía a los dos anteriores presidentes de la Junta en el
banquillo, por supuestamente malversar 680 millones de euros de las arcas
públicas en un sistema de EREs fraudulentos. Pero el PP se enredó en cuestiones
estériles, olvidando hacer el trabajo que tenía que haber hecho, que era sobre
la financiación del PSOE y los grandes escándalos de los últimos 28 años.
Pero Susana,
ante los reproches a la familia por parte del PP, bajó a la arena del barrio,
del lenguaje de Lopera y sus criaturitas. Y en esa arena sabe moverse como
nadie. Explotando el lenguaje de la barra del bar. Si el PP hubiera tenido
interés en explotar la tela de araña del PSOE en Andalucía hubiera realizado
una tesis doctoral completa y por tomos sobre el tema hace años, ya que hay
datos más que abundantes para ello. Pero se quedó en un terreno de juego en el
que no se faja nada bien. Ya que ante el mínimo reproche Susana se acoge a su
papel de víctima. Y representar a la madre de Bernarda Alba es el papel de su
vida.
El débil
papel del PP en el Sur.
Le correspondía
todos estos años a llamadme Juanma Moreno Bonilla haber sido el martillo de
Susana, pero este ha estado ausente del parlamento y de la calle en los que
tenía el papel de jefe de la oposición. Pero la camarilla y caterva con los que
los presidentes provinciales de su partido lo rodearon le hicieron a la larga
inservible para el puesto de mando. Esa endeblez se circunscribe a dejar que
Susana haya campado y campe a sus anchas por Andalucía. Y aspirar a que solo
cuajara la denominación de “Juanma” entre el electorado era su única aspiración
política, llamando a los medios para la foto del día.
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