El Gobierno andaluz de Susana Díaz miente en un Decreto

Artículo de Luis Escribano

El Consejo de Gobierno, presidido por Susana Díaz, ha faltado a la verdad en la narración de los hechos del Decreto de creación de un nuevo municipio, ocultado documentos relevantes 

¿Podría considerase que ha cometido un presunto delito de falsedad en documento público por faltar a la verdad en la narración de los hechos, o incluso de prevaricación?

¿Tanta es la impunidad judicial que creen tener los miembros del Gobierno andaluz hasta el punto de mentir sin disimulo en una norma reglamentaria de tanto calado?

Si realmente España fuera un Estado de Derecho, la Fiscalía debería actuar de oficio inmediatamente como exige la Constitución en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley

 

El pasado 9 de octubre se publicaron en el BOJA ocho Decretos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, suscritos por su Presidenta, Susana Díaz, y por su Vicepresidente y Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, aprobando la creación de ocho nuevos municipios en Andalucía.

Tanto la Ley estatal como la autonómica exigen el cumplimiento de una serie de requisitos estrictos para la creación de nuevos municipios por segregación de otros, siendo la población uno de los factores determinantes. De hecho, en la propia Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía se establece que “la creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter excepcional” (art.93.2), hasta el punto de incentivarse legalmente –de forma poco certera, a mi juicio- la fusión de municipios.

Así lo viene entendiendo el Consejo Consultivo de Andalucía en sus dictámenes, cuyos informes son preceptivos en los procedimientos de segregación de municipios. Sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz ha creado los nuevos municipios incluso con los dictámenes desfavorables del citado Consejo Consultivo, que suele hacer hincapié, tal como establece la Ley, en la viabilidad económica tanto del nuevo municipio que se crea como del municipio matriz, dado que este pierde habitantes y, lo más importante, ve reducidos los ingresos económicos, reducción que puede poner en riesgo la prestación de los servicios públicos municipales y su calidad, en perjuicio de la población.

Además, si el nuevo municipio que se crea tiene escasos habitantes, la viabilidad económica para la prestación de los servicios suele ser desfavorable (salvo que cuente con algún tipo de ingresos especiales), como han ido demostrando en numerosas ocasiones las cuentas de las entidades locales autónomas –ELA- previamente creadas. Desde 2013 se han creado 15 nuevos municipios en Andalucía, y varios de ellos no superan los 900 habitantes.

A continuación se exponen extractos del BOJA en el que se ha publicado el Decreto 179/2018, por el que se aprueba la creación del municipio de Fornes por segregación del término municipal de Arenas del Rey (Granada), relativos a la viabilidad económica.

Imagen sobre el apartado de Hechos del Decreto:

Imagen sobre el apartado de Fundamentos de Derecho del Decreto:

Sin embargo, en el Procedimiento Abreviado número 53/2017, tramitado por el Juzgado número 12 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, figuran documentos que prueban que lo indicado anteriormente en el Decreto falta a la verdad, y se miente cuando dice que el Servicio de Cooperación Económica emitiera un último informe el 10 de diciembre de 2013. Dichas pruebas acreditan, por ejemplo, que hubo varios informes posteriores.

Un servidor fue parte recurrente en dicho proceso judicial, y solicité como prueba documental los expedientes de los ocho municipios recientemente creados, para demostrar los verdaderos motivos de mi cese. Dicha prueba me fue denegada inicialmente por el Juzgado, y tras recurrirlo, sólo estimó que bastaba el del caso que relataba sobre la Entidad Local Autónoma de Fornes (Granada).

Los documentos fueron remitidos al Juzgado por la Dirección General de Administración Local con fecha de salida de 19 de diciembre de 2017, suscrito por su Director, Juan Manuel Fernández Ortega, numerados y foliados. Entre estos documentos numerados, constan los siguientes:

- DOCUMENTO 97: el 17-12-2014, la Viceconsejería de la Presidencia solicitó ampliación y actualización de la información económica cuando se le envió la propuesta de Decreto para su inclusión en la Comisión General de Viceconsejeros.

- DOCUMENTOS 99 y 100: el 18-03-2015, la ELA de Fornes remite documentación económica relativa a los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014, y el 19-03-2015 se remite la misma al Servicio de Cooperación Económica para su evaluación.

- DOCUMENTO 101: el citado Servicio emite un nuevo informe económico financiero, recibido el 25-03-2015.

- DOCUMENTOS 102 a 104: tanto el Secretario-Interventor de Fornes como la propia Entidad solicitaron un plazo de dos meses para entregar la documentación económica que se requirió, que fue concedido.

- DOCUMENTOS 105 a 119: el Servicio de Coordinación de Viceconsejería remite el 22-05-2015 diversa documentación a la Dirección General de Administración Local, incluido el original del Dictamen 179/2015, de 11 de marzo, del Consejo Consultivo.

- DOCUMENTOS 120 a 126: la ELA de Fornes remitió en julio de 2015 diversa documentación económica sobre la Liquidación del Presupuesto de 2014, que el día 7-07-2015 se remitió al Servicio de Cooperación Económica para su evaluación.

Hay que resaltar que se solicitó el informe a dicho Servicio ocultando la existencia del citado Dictamen 179/2015 del Consejo Consultivo, cuyo contenido era esencial para la emisión del informe. Además, obsérvese que el Decreto en cuestión sólo menciona las Liquidaciones hasta 2012, sin mencionar las siguientes que constan en el expediente (2013 y 2014).

- DOCUMENTO 127 a 135: el 21-07-2015, el Servicio de Cooperación Económica requiere la documentación económica del año 2015 de la ELA de Fornes para emitir el informe solicitado, requerimiento que se traslada al Ayuntamiento de Arenas del Rey, y a la citada ELA. Esta remite dicha documentación y se entrega el 23-09-2015 al citado Servicio para su informe.

- DOCUMENTOS 141 a 145: estos documentos son esenciales, pues demuestran las presiones que sufrió el Servicio de Cooperación Económica para que se emitiera un informe favorable a la viabilidad económica de la segregación de Fornes. Desde la citada fecha de 23-09-2015, hubo un cruce de Comunicaciones Interiores entre este Servicio y el Servicio de Régimen Jurídico (dirigido por María José Escudero Olmedo) y el Coordinador de Administración Local (Juan Alfonso Medina Castaño), que acabó en una forzada reunión con la entonces Directora General de Administración Local, Isabel Niñoles Fernández.

En dicha reunión, que se celebró con todos los Servicios implicados y la citada Directora General, los miembros del Servicio de Cooperación Económica tuvimos conocimiento por primera vez de la existencia del Dictamen del Consejo Consultivo que se había ocultado desde finales de mayo, como así consta en el nuevo Informe Económico Financiero sobre la creación del nuevo municipio de Fornes elaborado por dicho Servicio con fecha 4-11-2015, que se nos entregó posteriormente.

- DOCUMENTOS 146 a 148: dicho informe interno fue trasladado a la ELA de Fornes, que presentó alegaciones al mismo el 11-01-2016.

Hasta mi destitución el 11-11-2016 como Jefe del Servicio de Cooperación Económica, no hubo más peticiones de informes por escrito, porque a partir de ese momento todo se hacía verbalmente para que no constaran más informes del Servicio de Cooperación Económica. Así lo expuse en la demanda del recurso contencioso administrativo, como consta en esta imagen:

Sobre este asunto ya adelanté algunos hechos en mi artículo “DESVIACIÓN DE PODER (capítulo 5): "Ocultaciones, presiones y maquillajes de informes".

¿Entienden ahora por qué los Diputados del PSOE y Ciudadanos votaron (7 y 2 votos, respectivamente) en contra de mi comparecencia en el Parlamento de Andalucía, y los de IU-CA y Podemos se ausentaron de dicha votación? Es evidente que no interesaba que un servidor hablara de todo esto y mucho más en el Parlamento.

En conclusión, es evidente que el Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto mintiendo en el mismo, porque sí existía en el expediente documentación económica financiera de Fornes posterior a 2012, como también se emitieron por el Servicio de Cooperación Económica nuevos informes posteriores al de fecha de 10 de diciembre, que dicho Decreto menciona por dos veces como el último emitido, faltando a la verdad.

¿Ha cometido el Consejo de Gobierno con dicho Decreto un presunto delito de falsedad en documento público, o incluso de prevaricación? Según el artículo 390 del Código Penal, será castigado la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad “faltando a la verdad en la narración de los hechos”. Alguna indagación debería hacer el Ministerio Fiscal de oficio, dado que tiene un mandato constitucional, y para ello les pagamos los ciudadanos los sueldos a los Fiscales, no para perseguir a los ciudadanos que denuncian la corrupción de autoridades y funcionarios.

Disminución del número de municipios

Como ya expliqué en mi artículo “Los últimos de Europa”, la tendencia en los últimos años ha sido justamente la contraria, es decir, disminuir el número de regiones, provincias y municipios pequeños. Las propuestas para que cambie el mapa municipal llegan desde la Unión Europea. El Consejo de Europa recomienda la fusión de municipios de menos de 10.000 habitantes. Según un informe que ha publicado el Consejo, Grecia ha reducido su número desde 1.034 municipios a 325; Islandia, de 7.200 (1990) a 76; Letonia, de 500 a 118; y Dinamarca, de 271 a 98.

En España, de sus 8.124 municipios, el 84% tienen menos de 5.000 habitantes (6.823 municipios), y residen en ellos unas 6 millones de personas (12,7% del total). ¿Se imaginan el ahorro si se fusionaran los municipios y nos quedáramos con un número entre 2.000 y 4.000 municipios, menos del 50%? El ahorro en cargos políticos locales, funcionarios municipales y gastos corrientes sería enorme, con la consecuente bajada de impuestos. Además, con la reducción en el número de mancomunidades y la eliminación de las Diputaciones, que no tendrían ninguna utilidad (ya no habría municipios pequeños que apoyar), el ahorro sería aún mayor. Por supuesto, las provincias se eliminarían, porque hoy día no tienen ningún sentido (los límites provinciales son líneas administrativas creadas históricamente para la recaudación de impuestos).

Como publicó Pedro Fernández Barbadillo en Libertad Digital en 2012, la tendencia general que se dio en Europa a partir de los años 50 del siglo pasado para inyectar mayor racionalidad y eficiencia a la Administración local fue disminuir el número de municipios: “Suecia ha pasado de casi 2.500 a sólo 290. En Bélgica, debido a la federalización del país, se redujeron los municipios en los años 70 de más de 2.300 a sólo 589. En Inglaterra la concentración fue igual de cotundente: de 1.244 a 332. En Alemania Occidental, antes de la reunificación, se pasó de más de 24.000 a 8.500. Y en Holanda de 1.014 a 647. Las disminuciones anteriores se realizaron hasta los años 80 del siglo XX. Otros países prefirieron mantener un mapa municipal propio del minifundismo o incluso aumentarlo, y ahora lo están pagando debido al encarecimiento de los costes”.