Así se creó el currículum de la Ministra de Hacienda en la Sanidad andaluza

Artículo de Luis Escribano

Ocupar en España las carteras de una Consejería o un Ministerio no parece ser una tarea demasiado compleja, especialmente cuando el currículum del cargo electo o de designación política se construye por los dirigentes (partidos políticos) utilizando torticeramente el Derecho. Lamentablemente, nuestro sistema político y administrativo –incluida la Justicia- no ofrece las garantías necesarias a la ciudadanía para que se eviten esas flagrantes vulneraciones del ordenamiento jurídico, que quedan impunes.

Uno de los esenciales motivos que deberían escandalizar y movilizar a la población, y lamentablemente no ocurre, es que demasiados dirigentes se han olvidado que el Derecho es el fundamento de los gobiernos constitucionales en un Estado de Derecho como el nuestro, y no un instrumento al servicio de los intereses de los partidos políticos, sus allegados y oportunistas.

Como ejemplo, traigo hoy el curriculum de la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado. Pero antes de entrar en materia, con datos contrastados, debo incidir en dos aspectos fundamentales: uno, el marco jurídico fundamental que regula el acceso a las funciones y cargos públicos, y la promoción dentro de ella; y dos, las consecuencias fatídicas del nepotismo, es decir, de las selecciones y nombramientos caprichosos de personal.

El marco jurídico fundamental

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene carácter de derecho internacional consuetudinario, establece que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 21.2).

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en vigor en España desde 1977, establece que todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 25).

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor en España desde la misma fecha, reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le asegure en especial igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad (artículo 7).

Nuestra Constitución de 1978, introduce como derecho fundamental de todos los españoles acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (artículo 23.2). Asimismo, con arreglo a sus artículos 10, 56, 63.2 y 93 a 96, los citados Tratados ratificados están integrados en el ordenamiento interno español y debe entenderse que son aplicables, sin olvidar que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados.

Por último, nuestras leyes generales y específicas sobre Función Pública vienen estableciendo que el acceso y provisión de puestos de trabajos debe realizarse mediante convocatoria pública en la que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

El nepotismo es la clave de todo sistema político corrupto

No obstante lo anterior, los Parlamentos y Gobiernos, estatales y autonómicos, con las diferentes leyes y reglamentos que han ido aprobando, han adulterado los principios esenciales y corrompido el sistema de selección y promoción de los empleados y cargos públicos, logrando que los derechos y libertades reconocidos como fundamentales dejaran de ser efectivos. Para colmo, en demasiados casos los Tribunales de Justicia no nos han otorgado a los ciudadanos el amparo necesario.

Y de aquellos polvos estos lodos. El ansia de los partidos políticos españoles por manejar a su antojo todo departamento o servicio de las Administraciones Públicas, incluida la de Justicia, les ha llevado a usar torticeramente el Derecho, tanto en la regulación normativa como en su aplicación, consiguiendo con ello unas organizaciones deficientes –incluso corruptas- cuyos efectos son muy graves y perversos para los ciudadanos, que han visto volatilizadas sus expectativas. Puede afirmarse, sin tapujos, que el nepotismo constituye el elemento clave para construir cualquier sistema político corrupto, y lo ocurrido en Andalucía, una fracción del sistema que conozco bastante bien, es la prueba patente de ello.

Desde el momento que se marginan los principios fundamentales en la selección y promoción de los empleados públicos, tanto en puestos básicos e intermedios como en puestos directivos, la corrupción se autoalimenta y crece sin parar, constituyendo lo ocurrido con la libre designación el más claro ejemplo de perversidad.

Por un lado, los cargos políticos se aprovechan de las propias arbitrariedades que se procuran con determinadas normas y sus aplicaciones con el fin de designar a las personas que les conviene –sus títeres-, en demasiadas ocasiones para fines ajenos a los que justifican el marco jurídico fundamental, y también para poder destituir o acosar a quienes no les obedezcan o pongan obstáculos cuando intentan cumplir con el ordenamiento jurídico. Para conseguirlo, suelen nombrar generalmente –con algunas excepciones- a personas manipulables y con escasos escrúpulos, a oportunistas con pocos méritos y necesitados de incrementarlos, a quienes tienen mucho que ocultar.

Por otro lado, demasiadas personas se prestan al juego de los cargos políticos cuando con ello consiguen algún provecho particular (mejores retribuciones, conseguir méritos con los puestos que les ofrecen los cargos políticos y, en ocasiones, incluso participar en las dádivas que ofrece la corrupción), que tiene además un efecto perverso: siempre tratarán de ocultar sus propios errores o torcidas actuaciones, lo que obstaculiza cualquier investigación o control, interno o externo. De esta manera, los dirigentes consiguen empleados y cargos públicos agradecidos que luego silencian y ocultan los errores y actuaciones torcidas de todos.

La conjunción de ambos factores constituye, sin duda, la tormenta perfecta para la corrupción.

Como señalan nuestros Tribunales, toda la actividad pública está embebida de la noción de la función pública (artículos 9 y 103 CE), esto es, orientada a la sociedad. No existen intereses contrapuestos ni intereses que "escapan" al ciudadano, ni asuntos "propios" del Estado. Este nace y se justifica para el servicio a los ciudadanos, y fuera de esta consideración se transforma en un ente distinto y muy peligroso. Y esto, lamentablemente, muchos españoles aún no lo han entendido.

Currículum de María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda

La información que publico es fruto de un arduo trabajo de investigación, y se ha nutrido generalmente de fuentes oficiales. A continuación podrán descubrir como se creó el curriculum de la actual Ministra de Hacienda, designándola desde el primer momento en un puesto directivo sin méritos (antigüedad de unos pocos meses), en detrimento de otros muchos empleados públicos que sí disponían de amplios y reconocidos méritos. Además, se hizo con la opacidad necesaria, porque no se conocían los puestos que iban quedando desocupados, los requisitos de los puestos directivos a ocupar, ni sus nombramientos se publicaban, escapando al necesario control de los Tribunales de Justicia.

María Jesús Montero Cuadrado nació en 1966, y estudió en la Universidad de Sevilla, obteniendo la Licenciatura de Medicina y Cirugía General, carrera que en aquellos años duraba 6 años. Por tanto, si inició la Licenciatura en 1984, debió de terminar la carrera en 1990. De hecho, estuvo presente en el XXV aniversario de dicha promoción.

Siendo estudiante de Medicina, ocupó los cargos de Presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía del PSOE (1986-1988), y Secretaria general de la misma Comisión (1988-1990).

Al año siguiente de terminar la carrera, se publicó la Resolución de 24-05-1991, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Función Administrativa del Estatuto de Personal no Sanitario dependientes del Organismo (BOJA de 29-05-1991). Figuraba como vocal del Tribunal Juan Carlos Castro Álvarez, que luego sería nombrado Director Gerente del SAS por Francisco Vallejo y Manuel Chaves (procesados ambos en el caso ERE). María Jesús Montero mantuvo a Juan Carlos Castro como Director Gerente del SAS entre 2004 y 2008, cuando fue Consejera de Salud.

En el plazo del mes concedido en la citada convocatoria, María Jesús Montero debió presentar su solicitud, dado que fue nombrada personal estatutario del citado Cuerpo Técnico, dentro de la opción de Organización y Gestión de Servicios de Salud, mediante Resolución de 31 de mayo de 1994, siendo destinada al Hospital “Virgen del Rocío” de Sevilla (publicado en el BOJA de 10/06/1994).

Por cierto, Juan Carlos Castro Álvarez, junto a otros cargos del SAS y de la Consejería de Salud (María Jesús Montero Cuadrado, María José Sánchez Rubio, Aquilino Alonso Miranda, Marina Álvarez Benito, José Luis Gutiérrez Pérez, José Manuel Aranda Lara, Rafael Burgos Rodríguez y Celia Gómez González), figuran como posibles responsables en la denuncia presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, por la presunta comisión en sus actuaciones de los delitos de prevaricación continuada y nombramientos ilegales, denuncia que inexplicablemente ha sido archivada inicialmente por un Juzgado de Sevilla sin practicar diligencias de investigación. Dicho archivo ha sido recurrido, y está pendiente de resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Nombramiento en un puesto directivo del Hospital de Valme: Subdirectora Médica (1995)

A los pocos meses, cuando ni siquiera contaba con un año de antigüedad con su plaza fija como Técnico administrativo no sanitario, María Jesús Montero fue designada el 10-02-1995 como personal fijo con plaza en propiedad, en el puesto de Subdirector Médico del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, por el Gerente Provincial del SAS de Sevilla, José Manuel Cabrera Rodríguez. Por aquel entonces, el Director-Gerente del SAS era Ignacio Moreno Cayetano, y el Consejero de Salud era José Luis García de Arboleya y Tornero. Así inició su fulgurante carrera.

Este último nombramiento se realizó en base a una insólita convocatoria del entonces Director General de Personal del SAS, José Antonio Souto Ibáñez, realizada dos años antes de que María Jesús Montero obtuviera la plaza como Técnico. Dicha convocatoria constituía un claro ejemplo de adulteración de un procedimiento que permitía, con su opacidad, nombrar en puestos claves de la Sanidad andaluza a cargos afines políticos o allegados. Se trataba de la Resolución de 31-07-1992, por la que se anunciaba convocatoria pública para la provisión de puestos directivos del SAS por el sistema de libre designación (Res. 53), publicada en el BOJA de 20-08-1992.

Dicha convocatoria se realizó en base a lo dispuesto en la Orden de 17-07-1992, por la que se regulaba el sistema de provisión, nombramiento y cese de determinados órganos de dirección y cargos intermedios, de hospitales y centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA de 28-07-1992).

Observen lo que decían las Bases Generales que aprobaba dicha Resolución:

“1.1. La presente convocatoria se realiza, con carácter genérico, tanto para la provisión de puestos vacantes de carácter directivo que existan en la actualidad como para cualquiera otros que en un futuro pudieran producirse.

(...)

3.1. La selección se llevará a cabo por el sistema de libre designación.

3.2. Las candidaturas recibidas serán evaluadas por la Dirección General de Personal de forma que se determine la idoneidad de los aspirantes para puestos concretos, de acuerdo con sus aptitudes y con la preferencia expresadas.

3.3. Los candidatos considerados idóneos serán propuestos y, en su caso, designados para el desempeño tanto de los puestos vacantes que existan en el momento de la convocatoria, como de aquellos que pudieran quedar vacantes en el futuro.

En todo caso los candidatos recibirán notificación personal del resultado del proceso evaluatorio.”

¿Qué candidatos, si nadie conocía quiénes iban presentando las solicitudes? Es decir, ningún ciudadano, ni siquiera los aspirantes, podían controlar quienes solicitaban los puestos, qué puestos iban quedando vacantes, ni qué características y requisitos se exigían para ocupar dichos puestos directivos, ni se publicaban en el BOJA los nombramientos ni los puestos que iban quedando vacantes. La opacidad era total, y ya saben ustedes que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Un sistema muy similar de nombramientos en puestos directivos lo acabó promoviendo María Jesús Montero con el Decreto 75/2007 cuando fue nombrada Consejera de Salud, que fue aprobado por el Gobierno de Manuel Chaves y suscrito por ella. Ha de suponerse que la actual Ministra descubrió las ventajas de dicho sistema para nombrar a empleados allegados y oportunistas, como lo experimentó ella misma. Precisamente la aprobación y aplicación del citado Decreto 75/2007 es uno de los puntos denunciados en la jurisdicción penal por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, pendiente de resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Como se explicó en la citada denuncia, la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su “Informe de fiscalización de determinadas áreas de la gestión de Recursos Humanos del Sector Público Sanitario de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2013” (BOJA de 08/11/2017), dijo sobre dicho sistema:

“Respecto al sistema de provisión de los puestos directivos y cargos intermedios de los centros del SAS, en el punto 38 del informe se dice que la existencia del Registro de candidatos a puestos directivos pudiera suponer un obstáculo para la plena aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación que -entre otros-, deben presidir la selección de personal directivo de los centros sanitarios.

La Sentencia que se menciona del TS (Sala 3ª) de 9 de julio de 2012, si bien es cierto que desestima el recurso contencioso-administrativo en cuanto a sus impugnaciones planteadas frente al artículo 5, el apartado a) del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 13, del Decreto 75/2007, no dice en ningún momento que no pueda vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esto es lo que se menciona en el informe.

No obstante, se dispone de evidencia de que determinados informes de fiscalización de la Intervención Central del SAS han hecho referencia a la vulneración de los principios indicada en el párrafo anterior.”

¿Entienden ahora ustedes la importancia que tiene el sistema de selección y promoción de empleados, y en este caso, en la Sanidad andaluza, que tan graves problemas padece? No es un tema baladí, y por ello desde la Asociación “Justicia por la Sanidad” estamos denunciando todas estas corrupciones de tan graves consecuencias para la salud de los usuarios y pacientes, pues una organización basada en personas que, sin méritos profesionales o sin capacidad suficiente, son colocados en puestos básicos, intermedios y directivos, no puede funcionar con la debida eficacia, y la corrupción se instala con total facilidad.

Aquí les dejo con un extracto de dicho nombramiento que no se publicó en el BOJA (como tampoco los siguientes):

   

Nombramiento en un puesto directivo del Hospital Virgen del Rocío: Subdirectora Médica (1998)

Una vez engrosado su currículum con los 3 años de experiencia en el Hospital de Valme, llegó el siguiente nombramiento. Si sorprendente resultó el nombramiento anterior, no menos lo fue el siguiente nombramiento en un puesto de Subdirección Médica del Hospital Universitario “Virgen del Rocío” . A propósito, debe aclararse que en dicho Hospital existían cinco Subdirecciones Médicas en su organigrama, y ella realmente desempeñó la Subdirección Médica del Hospital Duques del Infantado y Área, según consta en las Memorias del Hospital Virgen del Rocío.

El 23-06-1998, el entonces Director Gerente del citado Hospital, Joseba Barroeta Urquiza, resolvió tal nombramiento en base a la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que se modificó el Decreto 105/1986, de 11 de junio, sobre Ordenación de la Asistencia Especializada y Órganos de Dirección de los Hospitales (BOJA de 5-11-1996).

Por cierto, en 1998, cuando María Jesús Montero fue nombrada en dicho puesto, la Directora Gerente del SAS era Carmen Martínez Aguayo (nombrada en su cargo por Decreto 187/1996). Curiosamente, esta última está procesada en el caso ERE por prevaricación y malversación, además de ser la artífice de la reintegración del sector público de la Junta, que conllevó la integración en la Administración General (Servicio Andaluz de Empleo) del personal laboral de la Fundación FAFFE, la de las tarjetas Black gastadas en prostíbulos.

Tras su nombramiento en el Hospital “Virgen del Rocío”, María Jesús Montero entró a formar parte de la Comisión de Dirección del mismo y de su Junta Facultativa como vocal, junto a los otros cuatro Subdirectores Médicos (Ana Casas Fernández de Tejerina, Laureano Fernández Fernández, Juan Mellado Jiménez y Francisco Rodríguez Rodríguez), siendo el Director Médico Juan Francisco Rodríguez Alonso, que a su vez presidía la Junta Facultativa. Por aquel entonces, José Luis Gutiérrez Pérez (igualmente denunciado por la Asociación “Justicia por la Sanidad”) era el Secretario General de las Comisiones Médicas del Hospital, y que en 2008 sería nombrado Gerente del SAS cuando María Jesús Montero era Consejera de Salud.

Realmente el objeto del citado Decreto 462/1996 era la modificación de la regulación de las Juntas Facultativas y de las Juntas de Enfermería, como órganos colegiados de participación de los profesionales sanitarios del Área Hospitalaria, derogando para ello los artículos 25 y 26 del anterior Decreto 105/1986, permitiendo a dichas Juntas funcionar como una “Comisión de selección” de facto, al establecer como una de sus funciones proponer una terna para el nombramiento de los Directores Médicos de los Hospitales.

Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se introdujo curiosamente dicha Disposición Transitoria Segunda que, como explicaré a continuación, constituía una nueva aberración. Decía dicha Disposición que “Hasta tanto se adecuen las normas que regulan el sistema de provisión, nombramiento y cese de los puestos directivos de Subdirector Médico y Subdirector de Enfermería, se delega en el Director Gerente del Hospital la facultad de nombramiento o remoción de los mismos, que se efectuará a propuesta del Director Médico o de Enfermería, según corresponda, oída la correspondiente Junta Facultativa o de Enfermería.”

Una novedad aberrante que introducía dicha Disposición Transitoria era que los nombramientos en dichos puestos directivos ya no los hacía la autoridad en la provincia, como era el Gerente Provincial del SAS, sino que se delegaban los nombramientos en personal estatutario directivo -Director Gerente del Hospital-, y encima a propuesta del Director Médico. Esto creó un claro conflicto de intereses, porque a ese Director Gerente del Hospital y a ese Director Médico no les interesaría nombrar a médicos estatutarios que pudieran competir con ellos en futuros concursos o procedimientos de libre designación en puestos directivos, o podría interesarles designar sólo a aquellos amigos o allegados de su cuerda a fin de engrosarles sus curriculums y mantener siempre el poder desde los puestos directivos: una endogamia similar a la de las Universidades. En definitiva, un auténtico disparate muy propio del SAS y bendecido por el Gobierno de Manuel Chaves: funcionarios eligiendo a dedo y nombrando a otros funcionarios (o laborales, los cuales firmaban un contrato de alta dirección, con regulación propia fuera de convenio).

Pero lo más curioso del caso es que ya existía una regulación sobre la provisión, nombramiento y cese de los puestos directivos en los centros sanitarios: la Orden de 17-07-1992, que he citado anteriormente, en la que se basó la convocatoria de su primer nombramiento en el Hospital de Valme.

De hecho, no hay más que observar, por ejemplo, la Resolución de 5-10-2000, del SAS, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación, que dice que “Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992 de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de puestos de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designación...”, convocando varias Subdirecciones Médicas, precisamente una de las existentes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (BOJA de 26-10-2000). En esta convocatoria incluso se menciona una “Bolsa de Candidatos a Puestos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz de Salud”, que no estaba regulada en norma reglamentaria alguna. A estas alturas deben conocer que, en materia de personal, el SAS incumplía –y lo sigue haciendo- de forma continuada y persistente el ordenamiento jurídico.

Es decir, la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 462/1996 fue el fruto de un uso torticero del Derecho que permitió, entre otros nombramientos a dedo, el de María Jesús Montero como Subdirectora Médica del Hospital Virgen del Rocío. Así se va construyendo el currículum de una Ministra del Gobierno de España, que manda narices.

A continuación aparece un extracto de dicho nombramiento:

Nombramiento temporal –suplencia- como Subdirectora Gerente del Hospital “Virgen del Rocío”

Si ya extraño resultaba todo lo anterior, no lo es menos lo que sigue. Mediante Resolución de 7-05-2001, suscrita por el Director Gerente del SAS, Juan Carlos Castro Álvarez, se anunció convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre designación el puesto de Subdirector Gerente del Hospital Universitario “Virgen del Rocío” (BOJA de 5-06-2001), conforme a lo previsto en la citada Orden de 17 de julio de 1992. Se concedió un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes.

Pues bien, nueve días después de dictarse dicha Resolución y antes de que saliera publicada en el BOJA, el Director-Gerente del SAS, Juan Carlos Castro Álvarez, mediante Resolución de 16-05-2001 autorizó a María Jesús Montero a ocupar dicho puesto temporalmente hasta que se resolviera la convocatoria, aplicando -según dice la citada Resolución- el mecanismo de suplencia previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de RJAPyPAC.

¿Favor por favor? Juan Carlos Castro la nombra en el puesto directivo, y luego María Jesús Montero lo mantiene de Director-Gerente del SAS durante cuatro años siendo Consejera de Salud...que cada uno saque sus propias conclusiones. 

El mismo día 16-05-2001, el Director Gerente del Hospital, Joseba Barroeta, suscribió una Diligencia, para hacer constar que iniciaba el desempeño de las funciones del puesto.

Esta imagen es un extracto de dicho nombramiento:

Nombramiento definitivo como Subdirectora Gerente del Hospital “Virgen del Rocío”

Según la actuación anterior, es obvio que ya estaba predeterminada la candidata a ocupar dicho puesto (antes de que se abriera el plazo de presentación de solicitudes), como se confirmó posteriormente. Así tenemos que, por Resolución de 10-07-2001, el Director Gerente del SAS, Juan Carlos Castro Álvarez, acabó nombrándola definitivamente en el citado puesto, tomando posesión del puesto el 16-07-2001. Por aquel entonces el Consejero de Salud era Francisco Vallejo Serrano.

A continuación aparece un extracto del citado nombramiento definitivo:

Nombramientos en cargo políticos de María Jesús Montero

Transcurrido un año desde la ocupación definitiva del anterior puesto como Subdirectora Gerente del Hospital “Virgen del Rocío”, María Jesús Montero es nombrada Viceconsejera de Salud mediante el Decreto 235/2002, de 17 de septiembre (BOJA de 21-09-2002), estando Francisco Vallejo Serrano de Consejero de Salud en la VI Legislatura (2000-2004).

Posteriormente, María Jesús Montero fue nombrada Consejera de Salud por el Presidente Manuel Chaves, en la VII Legislatura (2004-2008), tomando posesión el 25 de abril de 2004, así como en la VIII Legislatura (2008-2012). Hasta 2008, mantuvo a Juan Carlos Castro como Director Gerente del SAS, y en 2008, promovido por María Jesús Montero, fue nombrado Director-Gerente del SAS José Luis Gutiérrez Pérez, que ocupó el cargo hasta 2014.

En esta VIII Legislatura, tras la dimisión del Presidente Chaves en abril de 2009, tomo posesión de la Presidencia de la Junta José Antonio Griñán Martínez, entonces Consejero de Economía y Hacienda. María Jesús Montero seguiría como Consejera de Salud, y Carmen Martínez Aguayo era nombrada Consejera de Economía y Hacienda (en la remodelación de 2010 fue nombrada como Consejera de Hacienda y Administración Pública).

En la Legislatura IX (2012-2015), en la que IU y PSOE conformaron el Gobierno andaluz, María Jesús Montero tomó posesión el 5-05-2012 como Consejera de Salud y Bienestar Social, y Susana Díaz como Consejera de la Presidencia e Igualdad.

El 27 de agosto de 2013, José Antonio Griñán dimitió por el caso ERE. Al tomar posesión el nuevo Gobierno el 7-09-2013, se remodela y queda Susana Díaz como Presidenta de la Junta, nombrando a María Jesús Montero Consejera de Hacienda y Administración Pública, cargo que ocupó hasta su traslado a Madrid.

Con la moción de censura a Rajoy en el Congreso, Pedro Sánchez se hace con la Presidencia del Gobierno de España y nombra a María Jesús Montero Ministra de Hacienda en junio de 2018.

Visto todo lo anterior, y analizada la trayectoria de María Jesús Montero en sus distintos cargos, la hoy Ministra de Hacienda es la prueba evidente de que ocupar cargos públicos con un currículum creado a base de argucias y chanchullos jurídicos sólo nos puede llevar al desastre.

Algo habremos hecho mal los españoles y, en particular, los andaluces. O mejor: ¡algo no hemos hecho para remediarlo!