Artículo de Antonio Barreda
Hablar hoy del cambio climático está de moda. Aparecen gurús y
expertos por todos lados, sobre todo agoreros que ven un negocio en esto.
Aunque muchos ya no lo recuerdan durante muchos años la principal preocupación
medioambiental no fue el cambio climático. En la década de los años 90 del
siglo pasado, el agujero de la capa de ozono ocupaba los principales espacios
dedicados a la ecología. Se sustituyó el uso de los gases gases
clorofluorocarbonatados (CFC) después del Protocolo de Montreal por otros gases
que no están surtiendo el efecto deseado en la recuperación de la capa de
Ozono.
La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
Unos años después, la megalomanía de la Junta de Andalucía en
muchas materias hizo que la misma entrara de lleno el tema de moda: el cambio
climático. Manuel Chaves, gran estratega electoral del PSOE en Andalucía, ideó
ya en 2002 la famosa Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático que
consistía en un conjunto de medidas, a ejecutar por los distintos Departamentos
de la Junta de Andalucía, como aportación de la Comunidad Autónoma a la
“Estrategia Española ante el Cambio Climático”.
Esta
estrategia cristaliza en un conjunto de medidas para todas las Consejerías aprobado
mediante Acuerdo de Consejo de gobierno del 3 de septiembre de 2002, por el que
se aprueba la adopción de una estrategia autonómica ante el cambio climático.
Esto, además, trajo la creación de puestos para los políticos del PSOE en la
Junta de Andalucía como toda una Secretaría General para el cambio climático.
La última política nombrada para el cargo es una licenciada en derecho del
PSOE. Una profesión muy alejada de las ciencias que estudian y e intentan
prevenir el cambio climático.
El mayor hito de esta época fue traer en 2007 a Sevilla al que era el
gran gurú del cambio climático, premio Nobel de la Paz y premio Príncipe de
Asturias, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y multimillonario Al Gore,
que vino a inaugurar lo que fue pomposamente llamado como el "I Encuentro español de líderes en
cambio climático". Al Gore advirtió que Andalucía “será una de las
regiones que reciba mayor impacto del cambio climático” por lo que alentó para
siga desarrollando las energías renovables.
El Plan de Acción
por el Clima 2007-2012.
Coincidiendo con este evento, la Junta de Andalucía preparaba el
Plan de Acción por el Clima 2007-2012. Más tarde, por Acuerdo de 3 de
agosto de 2010, se aprueba el segundo programa, el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. Finalmente,
el Programa de Comunicación es aprobado por Acuerdo de 31 de enero de 2012,
constituyendo la tercera pata en la que se sustentaba el Plan Andaluz de Acción
por el Clima. Paralelamente se creó la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento
de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
así como un Reglamento de la desarrolla.
Conviene
recordar que la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero fue la de
las energías verdes. Las generosas primas a las renovables alumbraron un nuevo
sector “con la garantía del Estado”. La empresa sevillana Abengoa construyó 16
termosolares, más que nadie en España, con la promesa de un inmenso retorno
económico. La rentabilidad sobre la inversión superaba el 20%, y Abengoa
destinó 4.000 millones de euros a las termosolares, la mayor parte financiadas
por deuda.
A principios del 2011, tras el estallido de la crisis de
la deuda soberana en el que se incluyó luego el rescate de la banca pública, el
gobierno socialista de Zapatero propinó el primer castigo al sector de las
renovables. El segundo, propinado por el PP de Rajoy, vendría en la siguiente
legislatura, cuando se revisaron de nuevo todas las primas y se bajó
drásticamente la rentabilidad. Toda una puñalada por la espalda a las empresas
renovables y a cientos de miles de inversores en renovables.
La quiebra de Abengoa es un ejemplo de la bola artificial creada
por las renovables. Como sufrió un durísimo castigo por su exposición a las
renovables en España, decidió centrar su crecimiento futuro en el exterior.
Empezó entonces a crecer sin freno en proyectos en el exterior para pagar la
deuda de los que tenía en España, donde el nuevo marco tarifario impedía cubrir
los costes. Hasta que la bola creada fue tan grande que la empresa naufragó con
una deuda de 20.200 millones a bancos, bonistas y otros prestamistas, a lo que
hay que sumar alrededor de 5.000 millones más a proveedores, y dejando a miles
de empleados en la calle.
Paralelamente la Junta de Andalucía, a través de la Agencia
andaluza de la Energía, se aprobó por Acuerdo de 27 de octubre de 2015, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Energética de
Andalucía 2020, que pretendía establecer las orientaciones para desarrollar la
política sectorial en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas en nuestra
Comunidad Autónoma, con la finalidad de alcanzar un sistema energética
suficiente, bajo en Carbono, inteligente y de calidad
Proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático.
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha estado paralizada estos
años desde el fin del Plan de Acción por el clima, dando la espalda
conscientemente a los graves problemas medioambientales de la comunidad y
paralizando muchas de sus propias actuaciones. Hasta que el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía aprobó el 17 de octubre de 2017 el Proyecto de Ley
de Medidas frente al Cambio Climático que actualmente está encallado y
paralizado en el Parlamento de Andalucía.
Una Ley que crea más entes dentro de la Junta con el argumento de
paliar el cambio climático. Así, contempla la creación de la Comisión
Interdepartamental de Cambio Climático y de la Oficina Andaluza de Cambio
Climático, como unidad administrativa de apoyo y fomento de las políticas de
mitigación, adaptación y comunicación. Una Ley que contiene medidas de
reducción para los distintos sectores que generan contaminación difusa,
fundamentalmente el transporte, y la regulación del Municipio de Baja Emisión
de Carbono, cuyo reconocimiento irá emparejado a la concesión de ayudas o
subvenciones de la Junta de Andalucía.
La Junta riega de subvenciones el cambio climático.
La Junta empezó a regar de subvenciones la sociedad andaluza con
el cambio climático, empresas, asociaciones, municipios, implicando a varias
consejerías, de forma transversal, en las jugosas subvenciones. Sirva de
ejemplo las últimas subvenciones para inversiones a bordo para la promoción de
la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático en la flota
pesquera con puerto base en Andalucía.
Para ver la pobreza de las subvenciones frente a la megalomanía de
los proyectos de la Juta de Andalucía baste indicar que el pasado el 3 de julio
se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la
convocatoria destinaba tan solo un total de 214.713 euros en ayudas para la
realización de proyectos de participación y de educación y sensibilización
ambiental, que contribuyan a resolver los problemas ambientales de ámbito local
y otros de tipo global, relacionados con el cambio climático.
Convocatoria que iba dirigida a entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro inscritas en el Registro Público de Andalucía y con sede social en la
comunidad autónoma, cuyos fines deberán contemplar la conservación de la
naturaleza, la protección ambiental o la educación y voluntariado ambiental. El
importe máximo por beneficiario será de 4.000 euros para los proyectos de
ámbito local y 20.000 euros para los de ámbito interprovincial.
La falacia andaluza del cambio climático.
Lo que no le explican a los andaluces los responsables políticos
de la Junta de Andalucía es que estas estrategias deben ser acompañadas de
medidas en todo el planeta. Andalucía no es dueña de su atmósfera, hay una cosa
que se llama circulación atmosférica general que se le olvida convenientemente
de explicar al gobierno andaluz. Mientras que los países en vías de desarrollo
de América latina, de Asia, los propios Estados Unidos de Trump, China, India o
Rusia no dejen de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera todo lo que
haga la Junta en esta materia es tan solo un carísimo brindis al sol.
Además, sus modelos tampoco tienen en cuenta las variaciones del
clima, ni sus proyecciones dentro de 30 años. Hay que recordar que las
erupciones volcánicas son uno de los factores principales que alteran el clima,
y que han sido las principales responsables de los períodos de glaciaciones que
ha sufrido la tierra durante el cuaternario. Así, por ejemplo, la erupción del
volcán Pinatubo (Filipinas), en junio de 1991, hizo que el nivel del océano
mundial bajase unos cinco milímetros, y consiguió, además, bajar la temperatura
global algo más de 0,5 grados centígrados sobre un período de dos años.
Hay estudios que nos advierten de que estamos entrando en una
nueva era glacial que frenaría los efectos del cambio climático. Hace 127 mil
años terminó la penúltima glaciación y empezó el penúltimo periodo cálido
llamado Interglacial Eemiense (Riss-Würm). Había entre dos y cuatro grados por
encima de la temperatura actual y el nivel del mar tenía entre cuatro y seis
metros arriba del presente. La última glaciación inició hace aproximadamente
115 mil años y terminó hace 12 mil; entonces el nivel de mar tenía 120 metros debajo del
nivel actual.
Aparte de que estudios sobre el ADN mitocondrial del ser humano
han lanzado teorías sobre que la súper erupción del volcán Toba situado en la
Isla de Sumatra, que se produjo hace alrededor de 75.000 años, sumió al planeta
en un invierno volcánico que pudo reducir la población humana hasta un máximo
de 10.000 o incluso 1.000 parejas reproductoras. Por ahora solo nos queda mirar
de reojo al súper volcán de Yellowstone en los Estados Unidos, capaz de
protagonizar inmensas erupciones comparables al del Toba que cambiarían la faz
misma de los Estados Unidos y de la Tierra.
Recientemente, diversos investigadores nos están indicando también
que estamos a punto de experimentar una nueva “Pequeña Edad de Hielo”, que
trajo un período frío que abarcó desde finales del siglo XIII hasta mediados
del XIX. Las últimas teorías hablan de
que la Pequeña Edad de Hielo fue causada por la disminución de la radiación
solar combinada con volcanes en erupción que enfriaron el planeta al emitir
sulfatos y otras partículas en aerosol que reflejaban la luz solar hacia el
espacio. Algunos autores identifican este período frío con el estallido de la
Revolución Francesa.
El fracaso del Plan forestal andaluz.
El 15 de noviembre de 1989 el Parlamento de Andalucía aprobaba por
unanimidad el Plan Forestal Andaluz. Un plan que ha sido el más
ambicioso proyecto medioambiental de Andalucía, por sus objetivos, por la
amplia participación en su elaboración y por su duración, 60 años y cuyo principal objetivo fue la conservación
y regeneración de los bosques mediterráneos autóctonos.
La Junta de Andalucía empezó ejecutando buena parte de las
actuaciones y programas previstos, pero a poco ha ido enterrando el Plan
Forestal, incumpliéndolo de forma manifiesta. La Junta de Andalucía lleva 20
años sin cumplir prácticamente ninguno de sus objetivos. Además, la Junta ha
ido modificando el Plan de forma que ha ido eliminando los objetivos más
ambiciosos en cuento el aumento de la superficie arbolada, tratamientos de
conservación del monte o adquisición de fincas forestales, dejando el Plan
Forestal Andaluz en vía muerta y muy alejado del que aprobó el Parlamento de
Andalucía en 1989.
La mala gestión del agua y la desertización de Andalucía.
Paralelamente, las políticas de la Junta no hecho nada, o muy
poco, para evitar la desertización que avanza imparable en Andalucía, más allá
de publicar el Plan Andaluz de Control de la Desertificación, un plan
que – tal y como indica la propia Junta - tan solo busca servir de base para el
establecimiento de un programa de actuaciones específicas sobre el territorio
que inviertan la tendencia actual y logren detener el proceso de
desertificación que sufre nuestra Comunidad.
Además, la Junta tan solo ha participado en el Proyecto de
cooperación interregional Desertnet I y II, cuyo objetivo fundamental es
avanzar en el estudio de los procesos responsables de la desertificación en las
regiones mediterráneas mediante la realización de estudios piloto, el
intercambio de experiencias y el desarrollo de modelos de evaluación.
En Andalucía, la mala gestión del agua y el cambio climático
agravan la sequía. La política hídrica de la Junta de Andalucía – que tiene
transferidas varias cuencas hidrográficas -
se ha basado en la oferta ilimitada de agua, cuando es un recurso
limitado y muy variable al que afecta los ciclos de sequía, es un error con
graves consecuencias medioambientales y sociales. Además, la Agencia Andaluza
del Agua utiliza el discurso ambientalista sin llevarlo a la práctica e incluso
está incumpliendo la Directiva Marco del Agua.
El escándalo de las depuradoras.
Los ríos andaluces sufren graves problemas de vertidos de aguas
residuales sin depurar. Por ejemplo, un elevado porcentaje de las aguas
residuales urbanas e industriales vertidas en la cuenca del Guadalquivir no se
depura. El pasado mes de febrero Ecologistas en Acción denunciaba que según las
muestras analíticas de vertidos de las ocho provincias andaluzas durante el
2016, se deduce que hay más de un 2,5 % de aumento del porcentaje de
disconformidad en comparación con el año 2015.
Ecologistas en Acción aseguraba que Andalucía ha recaudado 444
millones por canon de depuración, de los que 106 no están previstos ejecutar
por ahora, y que sigue habiendo cerca
del 58 % de actuaciones autonómicas declaradas de interés sin iniciar. El canon
de depuración se cobra en la factura pero no se hace. Este presunto fraude se
produce en 117 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) de Andalucía. Se trata de la tasa de depuración que cada usuario del
ciclo urbano del agua (toda la ciudadanía andaluza) paga en su recibo del agua
pero que después la empresa encargada de hacer esa depuración de aguas no
realiza acorde a lo que establece la ley.
Esta organización indica que de las 318 depuradoras de las que la
Junta de Andalucía tiene datos, un 36,8 por ciento no cumple lo que cobra. No
hay realizado un análisis de la cantidad a la que podría ascender el presunto
fraude contra los ciudadanos, pero Ecologistas en Acción decidió denunciar
estos hechos ante las diferentes fiscalías provinciales y la respuesta por
ahora ha sido dispar por parte de ellas.
Las conclusiones para la provincia de Sevilla, de la que se tienen
todos los datos, son alarmantes y muestran un desprecio de la normativa de
aguas: De los 105 municipios que componen la provincia de Sevilla poco más del
50 por ciento tratan adecuadamente sus aguas residuales, un 16 por ciento,
aunque tratan biológicamente sus aguas residuales necesitan tratamientos
adicionales para eliminar correctamente el nitrógeno y el fósforo;
Además, en la provincia de Sevilla, hay un 10,5 por ciento que
tienen las depuradoras fuera de servicio y casi un 23 por ciento ni siquiera
tienen depuradoras. Las depuradoras sevillanas que no cumplen la ley son:
Brenes, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Guadalcanal,
Palomares del Río, Herrera, Isla Mayor, Guillena, Los Palacios y Villafranca,
Morón de la Frontera, Utrera, y las sevillanas de El Copero, Tablada y San
Jerónimo.
Multa millonaria de Europa por las depuradoras.
El pasado mes de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE) condenó a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir
las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá
una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el
incumplimiento a partir del día 25 de julio.
La Unión Europea ha tenido paciencia con este tema, ya que 9
municipios o aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes siguen sin
cumplir una directiva europea de 1991. De los 9 municipios infractores, 8 son
de Andalucía: Matalascañas e Isla Cristina en la provincia de Huelva; Alhaurín
el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja en la provincia de
Málaga; y Tarifa y Barbate en la provincia de Cádiz.
En 2010 la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia
europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de
15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores, ni de sistemas de
tratamiento de aguas residuales urbanas. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.
Todos los municipios que han originado la multa a España tenían que haber
depurado correctamente sus aguas residuales en 2001, pero no lo hicieron.
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