Susana Díaz es la responsable de los cierres de museos y otros centros en Andalucía

Artículo de Antonio Barreda

La Junta ha aprovechado la excusa de la crisis para podar al personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

La reducción de personal laboral de la Junta de Andalucía desde 2008 a 2018 ha sido de 4.098 efectivos.

En estos años de crisis la administración paralela de la Junta de Andalucía no solo no se ha reducido sino que ha crecido.

La administración paralela de la Junta de Andalucía ha pasado de 23.692 contratados en 2014 a 23.899 contratados en 2018.

María Jesús Montero ha sido el brazo ejecutor de estas reducciones de personal laboral y como premio ahora es ministra del gobierno de Pedro Sánchez.

Susana Díaz se encuentra ajena a los problemas de cierre de centros por falta de personal de la Junta de Andalucía. En vez de solucionar los problemas que le corresponden como presidenta de la Junta se marcha de vacaciones a uno de los complejos de lujo de Novo Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera. Allí vive dentro de una burbuja de lujo ajena a los graves problemas que sufren  los andaluces y a los problemas que tiene la propia Junta de Andalucía que dirige. Qué lejos queda la austeridad de la que presumían Chaves o Griñán.

Gracias  ella el personal laboral de la Junta de Andalucía ha sufrido importantes reducciones desde el inicio de la crisis de 2008. La Junta ha aprovechado la excusa de la crisis para podar el número de este personal con lo que los servicios públicos de prestación directa han sufrido una merma importante y hasta los ha puesto en juego. El reciente cierre del Museo Arqueológico de Sevilla o del Conjunto Arqueológico de Itálica es una muestra de estos recortes en personal. Un personal laboral al que encontramos desde los museos o yacimientos arqueológicos a las residencias de tercera edad, desde los centros de menores a las guarderías infantiles, desde los IES a los colegios públicos.

El personal laboral de la Junta forma parte de la función pública de la Junta de Andalucía. El grueso de este personal fue transferido cuando se crea la administración autonómica. Le es de aplicación el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), la Ley 6/85 de Función Pública de la Junta de Andalucía y el VI Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que este convenio único vino a agrupar los más de 30 convenios colectivos propios que había originariamente en la Junta de Andalucía.

Todo este personal tiene nombramientos como tal que están registrados e inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, y su relación con la administración es por contrato laboral. Sus plazas forman parte de las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) de las Consejerías y Delegaciones Provinciales, todas ellas aprobadas por Consejo de Gobierno y publicadas en BOJA. Toda la distribución de estas plazas en la Junta de Andalucía se pueden ver en la web del empleado público andaluz. Sus plazas son ofertadas a través de ofertas públicas de empleo aprobadas por Consejo de Gobierno, listadas todas ellas en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía.

La administración paralela: la gran mimada del PSOE de Andalucía.

Mientras los recortes se cebaban sobre todo el personal de la administración general de la Junta de Andalucía (funcionarios y personal laboral) su administración paralela ha sido la gran mimada del gobierno del PSOE en Andalucía estos años de crisis. Los graves recortes sufridos entre personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía afectan directamente a la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. La Junta ha estado estos años mucho más preocupada por mantener su administración paralela que en la prestación de los servicios públicos. Con esto se cae el falso discurso que han mantenido estos años Susana Díaz y el PSOE de Andalucía sobre la defensa de los servicios públicos.

Para blindar al personal de la administración paralela creó la famosa Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, conocida como la Ley del enchufismo, con la clara intención de blindar a este personal ante cualquier cambio de gobierno que pudiera producirse. Los informes de la Cámara de  Cuentas recuerdan insistentemente la falta de igualdad, mérito y capacidad para acceder a estos entes instrumentales. Entes, por otro lado, que debían reducir su tamaño según el acuerdo de gobierno suscrito entre CS y el PSOE para que éste formara gobierno.

En estos años de crisis la administración paralela de la Junta de Andalucía no solo no se ha reducido sino que ha crecido, con lo que se ha mantenido al margen de la política de recortes que se imponía en el resto de las administraciones públicas, sosteniéndola con importantes inyecciones de dinero público de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, detrayendo así sustanciales sumas de dinero público para sostenerla. Según reconoce la propia Junta en sus presupuestos de 2018, para la administración paralela trabajan 23.899 contratados, lo que supone 207 contratados más que los que indicaba la Cámara de Cuentas en su informe del año 2014 en que indicaba que formaban parte de ella 23.692 contratados.

La reducción de personal laboral de la Junta de Andalucía.

Este personal es el que más ha sufrido la reducción de personal por parte de la Junta de Andalucía y esto se traduce en graves problemas para la prestación de servicios a la ciudadanía. Esto es responsabilidad directa de Susana Díaz y de su gobierno en la Junta de Andalucía. Apuntamos el nombre de la responsable de todos estos recortes de personal: María Jesús Montero Cuadrado que como responsable de la Función Pública de la Junta de Andalucía ha sido el brazo ejecutor de estas reducciones, y cuyo premio por recortar personal y cerrar centros de trabajo de la Junta de Andalucía es ser ministra del gobierno de Pedro Sánchez.

Ningún sindicato hasta la fecha ha denunciado que los cierres de centros que han saltado a la prensa se deben a la reducción de personal instigada por la propia Junta de Andalucía. Tampoco la oposición parlamentaria ha dicho nada, ni ha denunciado estos hechos en el Parlamento de Andalucía o ante la opinión pública. Lo que nos deja a los ciudadanos en una posición muy delicada.

Esta reducción de personal se observa tomando los datos de los Presupuestos Generales de la propia Junta de Andalucía, donde en 2010 había 26.448 trabajadores, mientras que en 2018 se pasaron a tan solo 22.350 trabajadores. Así La reducción de personal laboral de la Junta de Andalucía durante estos ocho años ha sido de 4.098 efectivos.

La reducción más acusada es la que sufre el Grupo V de este personal. Que pasa de 12.210 efectivos en 2010 a tan solo 9.851 en 2018. Lo que implica una reducción de 2.359 efectivos reales entre estos 8 años. Esto trae como consecuencia todos y cada uno de los graves problemas que afectan a los centros de la consejería de Cultura, de Asuntos Sociales o de Educación. El cierre del Museo Arqueológico de Sevilla o del Conjunto Arqueológico de Itálica este verano por falta de personal es tan solo la punta del Iceberg.

Conviene recordar que las categorías que componen este grupo según consta en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía son las de auxiliar sanitario, ayudante de cocina, conductor,  conserje, expendedor, jardinero, limpiadora, ordenanza, peón, peón de mantenimiento, peón especializado artes gráficas, peón y mozo especializado, personal de servicio doméstico, pinche de cocina, telefonista y vigilante. La falta de cientos de estos últimos es lo que hace cerrar los museos.

La insuficiente oferta pública de la Junta de Andalucía.

Lejos de intentar reponer los recortes en materia de personal cometidos todos estos años atrás en la Junta de Andalucía, ésta ha optado en muchas ocasiones por privatizar los servicios públicos o cerrar centros directamente. La última oferta pública correspondiente a los años 2016 y 2017 es absolutamente insuficiente y no viene a cubrir las necesidades de los centros de la Junta de Andalucía.

En el Boja número 130  del  viernes 6 de julio de 2018 se convocó el acceso a personal laboral fijo del Grupo V, el más castigado por la reducción de personal, en el que  la Junta tan solo convoca un total de 284 plazas entre algunas de las categorías que lo conforman, con lo que faltan aun 2075 efectivos que cubrir por culpa de los recortes de Susana Díaz.

Las categorías  laborales señaladas anteriormente para el grupo V han sido fusionadas en Personal de Limpieza y Alojamiento, Personal de Servicios Generales, Personal Asistente Restauración, Auxiliar Sanitario, y Personal de Oficios, por la Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, se introdujeron modificaciones en el sistema de clasificación profesional (Boja número 14 de 22 de enero de 2015).

Queda claro con todos estos datos que a la Junta de Andalucía solo le interesa mantener a ese monstruo que se come 7.000 millones de euros anuales que nos cuesta su administración paralela, y que no le importa la prestación de los servicios públicos, ni que tener que cerrar museos, guarderías o residencias de la tercera edad por falta de personal.