A la caza de Spiriman

Artículo de Antonio Barreda

Quien denuncia la corrupción en Andalucía tiene un futuro extremadamente incierto. La lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es cada vez más larga. Se ponen en juego con estas actuaciones nuestra democracia y nuestro estado de derecho. No hay nada más lejano de la democracia que usar las instituciones para acallar la denuncia y para acallar las voces que se levantan contra la corrupción. Los andaluces queremos conocer qué pasa en la región. Ya no nos creemos lo que nos dice el gobierno regional desde hace muchos años, un gobierno regional que tiene a dos ex presidentes sentados en un banquillo juzgados por “supuestamente” dilapidar, sin normas que lo sustentaran, 850 millones de euros de los presupuestos andaluces en los ERE.

La jueza Alaya lo ha dicho alto y claro.  “PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación” y añadía que "Me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no solo estuvieran produciéndose en Andalucía, sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE". Estaba claro que el gran telón de acero sobre la democracia en Andalucía caía sobre todos nosotros. Un telón grueso, pastoso, lleno de aristas y de nombres.

Además, pretendía seguir investigando los sumarios tras la toma de posesión de su plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, pero a juicio de la jueza todo fue "un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA", para que ella no siguiera con la investigación de dichos procedimientos.  Apuntando que la "causa real de la denegación de la comisión de servicios" fue, desde su punto de vista, "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas".

Cuando un sistema democrático persigue la libertad de expresión en toda su extensión y con todos los medios posibles a su alcance estamos perdiendo los ciudadanos nuestro derecho de opinión y nuestro derecho a expresar nuestras ideas en libertad. Eso es lo que empieza a estar en juego en esta Andalucía. La persecución de las ideas y de la expresión se está convirtiendo en un hecho común en nuestra sociedad. Es la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos la que está en juego hoy, y que en su artículo 19 recoge que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

El sistema democrático en Andalucía ha generado una permanente dictadura parlamentaria de mayorías absolutas o de pactos entre partidos que ha permitido gobernar ininterrumpidamente al PSOE en la región desde hace ya 39 largos años. Un sistema que se aleja de la realidad de la calle, que no escucha a nadie sino solo los intereses del partido, que no le interesa nada ni nadie fuera del círculo de poder y de las decisiones del Consejo de Gobierno. La primera máxima del régimen es de lo que no interesa no se habla. Y lo de que no se habla no existe.

Parece que muchos han ido olvidando lo que pasaba en la Europa de entreguerras cuando la palabra empezó a ser perseguida con total impunidad. Cuando las personas empezaban a ser señaladas. Cuando la libertad de expresión, uno de los bienes más preciados del hombre, dejó de tener valor para los estados y los gobiernos. Los regímenes buscan todos los elementos a su alcance para perpetuarse en el poder, sea como sea, al precio que sea. Y buscan a sus enemigos para aplastarlos de manera inmisericorde. Así sirven de ejemplo para la ciudadanía, y para que todos callen y guarden silencio.

El régimen andaluz inició una campaña contra Candel, apoyados en la prensa adicta al sistema, en los medios donde se bebe la publicidad institucional y por soldados apesebrados que solo hablan de las bondades del régimen y nunca de sus defectos. La campaña venía de Granada cuando idearon que Jesús insultaba, a partir de aquí, ya no importaba lo que Jesús denunciaba, no importaba la carga de sus mensajes y la profundidad de sus denuncias. Esta es la espina dorsal a la que se han aferrado para acallar a Candel.

Una campaña que han terminado judicializando intentando meterlo en un laberinto judicial donde pierda sus fuerzas y energías en defenderse, con la pretensión de que haya antes un juicio social de condena antes que ejercer su derecho a la defensa. Así le han abierto tres frentes: Por un lado expedientes en el hospital, en el Colegio de Médicos y ahora en los juzgados de lo penal por parte de la fiscalía. Una tripleta que pretende meterlo en una jaula judicial para que todos tomemos ejemplo de que quién denuncia la corrupción lo va a tener difícil. Está cada vez más claro que ya no tenemos ni siquiera el derecho a denunciar en libertad.

Pero hay que destacar el hecho de que tras la denuncia por delitos de odio, injurias y calumnias fechada el 19 de marzo de 2018, el 3 de Mayo la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía remitió soportes de intervenciones de Spiriman en redes sociales e internet a los juzgados de Granada no especificando los motivos de dicha remisión, simplemente haciendo referencia “a los efectos oportunos”. O sea, que Presidencia, usó la denuncia para deslizar, de forma conveniente, intervenciones de Spiriman para que no sea ni la Junta, ni Susana Díaz la que lo denunciara directamente. Y este es el verdadero fondo del asunto.

De hecho el primer fiscal que se hizo cargo del caso lo archivaba dos veces, primero tras la denuncia de Juan Pérez, y luego tras los aportes digitales de la Consejería de Presidencia, con una clara idea: “no debemos correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión; lo que, sin duda, resultaría indeseable en un estado democrático”.

Por ello, el propio fiscal indica que “el ámbito de la libertad de expresión debe ser incluso más amplio, pues se entiende que los excesos verbales no persiguen en sí mismos atacar bienes jurídicos concretos, como la discriminación (delito de odio) o el derecho al honor (delitos de injurias y calumnias) sino concitar llamativamente la atención del público, espolear a la sociedad, incluso recabar adeptos a su posicionamiento para que los ciudadanos no permanezcan acomodados, conformistas ante el problema que está atravesando la sanidad pública en Granada”.

Pero el fiscal jefe de Granada discrepa de esta propuesta. Archiva las diligencias por delitos de odio,  de los supuestos delitos de injurias contra particulares y formula denuncia penal por supuestos delitos de injurias y calumnias contra Autoridades y Funcionarios Públicos. En un Decreto de la fiscalía firmado el día 11 de junio, justo el día después de la gran manifestación en Sevilla promovida por la Asociación Justicia por la Sanidad.

Con estos hechos, muchos de nosotros pensamos que lo que hay aquí es el inicio de una represión  de lo que Spiriman representa en Andalucía. De un acallar las protestas y la crítica contra la gestión de la sanidad de Susana Díaz y sus responsables sanitarios. De una persecución de los que denuncian la corrupción en Andalucía. Y que todo esto nos deja en la más absoluta indefensión democrática cuando ejercemos nuestro derecho a la crítica y a la libertad de expresión contra el régimen andaluz que se ha ido creando tras 39 años de poder absoluto.

La propia Teresa Rodríguez, dirigente de Podemos Andalucía, a la que vinculan a la denuncia penal de la fiscalía ya ha salido al paso en su perfil de Facebook, indicando:

SOBRE LA APERTURA DE ACTUACIONES DE LA FISCALÍA CONTRA SPIRIMAN

Ante las noticias aparecidas sobre la apertura de actuaciones de la Fiscalía de Granada contra el Sr. Candel por injurias contra Susana Díaz, otros cargos públicos y, eventualmente, contra mi persona, anuncio que en los próximos días voy a dirigirme a dicha Fiscalía para aclarar que en ningún caso me he sentido injuriada por el Sr. Candel, que en cualquier caso ha podido expresar disconformidad con mi labor como representante pública, cosa totalmente asumible en el cargo que ocupo, opiniones que he tenido ocasión de responder en redes sociales, en esta carta abierta

https://www.facebook.com/TeresaRodriguezAnd/posts/1566314423414914 y que todas las opiniones que a mí ha dirigido las entiendo en el contexto de la libertad de expresión y crítica, por más abigarrada que esta sea, en un sistema democrático. Pido que en ningún caso se me use como coartada para una operación como las que estamos viendo de represión de colectivos sociales, artistas, escritores y tuiter@s. Mucho más grave que las palabras del Dr. Candel es la situación actual de la sanidad pública andaluza.