Artículo de Antonio Barreda
La herencia de María
Jesús Montero en Andalucía
La gran recaudadora de impuestos de Andalucía ha sido nombrada ministra de
Hacienda en el gobierno de Pedro Sánchez. La exconsejera y ahora ministra
Montero ha sido una de las más nefastas
gestoras que ha tenido la Junta de Andalucía desde su existencia. Ha sido
responsable de todos y cada uno de los recortes
realizados a la sanidad y a la educación estos últimos años, unido a que ha
sido la mayor exprimidora de los
bolsillos de los andaluces, con una presión fiscal de las más alta de toda
España.
La llegada a Madrid parece que la libera de todas las actuaciones negativas
que ha tenido para con los andaluces. Pero no solo ha sido un lastre para la
hacienda regional, sino que ha sido una
mala gestora para los intereses de los andaluces convirtiéndose con el
tiempo en una recaudadora de impuestos insaciable, sobre todo en el impuesto de
sucesiones y donaciones con cuya recaudación ha logrado arruinar a miles de
familias en Andalucía, antes de su modificación.
Ella es una de las responsables de los procesos
de externalización de la Junta de Andalucía. Se entiende por
“externalización” de servicios de la Junta de Andalucía el uso de trabajadores
no vinculados a la función pública para realizar trabajos propios de
funcionarios o empleados laborales de la Administración. Ya se utilice para
tales fines personal de las empresas públicas dependientes de la Junta o sus
Organismos, casi siempre Sociedades Anónimas regidas por el Derecho Laboral; ya
se recurra a personal de Fundaciones u otros Entes Instrumentales; ya se
resuelva mediante contratos administrativos para trabajos específicos o se acuda
para proveerse de personal a empresas privadas contratadas.
Andalucía entre las
regiones con mayor presión fiscal de España.
Es una de las regiones que más impuestos propios tiene con un total de
ocho. Entre ellos, destacan algunos como el que grava las tierras
infrautilizadas o las bolsas de plástico de un solo uso. El IRPF que aplica es también uno de los más altos de España y
hasta la reforma del impuesto de sucesiones era la comunidad que tenía el
impuesto más alto. A raíz de la presión ejercida por Ciudadanos Andalucía
terminó aprobando una reducción de hasta un millón de euros que, desde 2018, ha igualado el
tratamiento de las herencias en Andalucía con las normas vigentes en Madrid o
Canarias. Lo que no ha hecho la exconsejera Montero es reducir el Impuesto de
Donaciones de forma equivalente.
Según los datos de la Agencia Tributaria de Andalucía. La Junta de
Andalucía recaudó en 2017 un total de 245
millones de euros entre el impuesto de sucesiones y donaciones. Por otro
lado, Andalucía también se coloca a la cabeza en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el gravamen de Actos
Jurídicos Documentados de toda España.
En cuanto al Índice
de Frank, que mide el esfuerzo fiscal al poner en relación la recaudación
tributaria con el PIB per cápita, encontramos que el marco de impuestos altos
que ha venido aplicando Montero supera en un 44% el promedio nacional. Y es
que, frente a un Índice de Frank de 0,16 puntos para toda España, Andalucía se
mueve en 0,23, solo por detrás de Extremadura y sus 0,25.
En cuanto a la presión
fiscal definida esta como comparativa entre recaudación tributaria y PIB
Andalucía queda en la cuarta región con mayor presión fiscal. En España los
impuestos se llevan el 38,7% de la renta, pero hay grandes diferencias entre
unas y otras regiones. Así, en el extremo superior de la tabla aparecen
Baleares (40,48% de la renta), Asturias (40,34%), Extremadura (40,24%), Andalucía (40,03%), Aragón (39,94%) y
Castilla-La Mancha (39,68%).
Los recortes sanitarios en Andalucía.
Montero ha ninguneado sistemáticamente las críticas a la
gestión de la sanidad, a la mejora de la misma y ha dado la espalda
constantemente a los profesionales sanitarios, a los sindicatos, a los medios y
a los ciudadanos. Estos últimos se
han levantado para denunciar las carencias del sistema público de sanidad y los
brutales recortes que ha venido sufriendo estos años de crisis. Montero es
la responsables de todos los recortes y tajos sanitarios realizados a la
sanidad en Andalucía, tanto como consejera de salud como consejera de hacienda.
Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en
sanidad por habitante, tan solo 1.110 euros, mientras la media
nacional es de 1.332 euros, según últimos datos publicados. Datos, que por
cierto, ponen cifras también a los recortes de la Junta de Andalucía. En 2008
el año de la crisis, el gasto sanitario en Andalucía alcanzaba los 10.307
millones de euros mientras que en el año 2014 alcanzó tan solo los 8.737
millones de euros. Estas cifras nos indican que se recortaron o se dejaron de
invertir en sanidad durante estos 6 años 1.570 millones de euros. (Recuerden
que el dinero defraudado con los ERE fue de 844 millones de euros).
A lo que hay que añadir el brutal recorte perpetrado en
materia de personal, con 7.500 puestos de trabajo amortizados por los
responsables sanitarios de la Junta de Andalucía. El gasto ahorrado en remuneración
de personal de los servicios hospitalarios y de la atención primaria, se eleva
nada más y nada menos que a 808 millones de euros (algo más de 133 mil
millones de pesetas). Desde 2009
a 2014 la Junta dejó de gastar 474 millones de euros
gracias a prescindir de personal que prestaba servicios en hospitales. Ahorro
en sueldos y contratos que se extendió a la atención primaria en la que dejó de
gastar en contratos desde 2009 el a 2014 la cifra de 334 millones de euros.
Además, Montero es la ideóloga de la fusión
hospitalaria en Andalucía que no era
más que una forma de ahorrar, pero no era una forma de gestionar la salud de
los andaluces. Gracias a las fusiones las listas de espera se dispararon por
toda la región. Montero es la responsable con los recortes de la sanidad que
quien pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública
Estableció el corralito farmacéutico en Andalucía.
Montero fue la ideóloga de las subastas farmacéuticas en
Andalucía. Con lo que es la responsable de la creación del corralito
farmacéutico al que tiene sometido a los andaluces. Está empezando ya a haber en España una
sanidad de primera para unos ciudadanos y otra de segunda o tercera para otros
ciudadanos. Problema que se agrava en Andalucía con la famosa subasta farmacéutica
que el Tribunal Constitucional ha avalado, siendo Andalucía la que retira de la
cartera medicamentos genéricos en beneficio de determinados laboratorios que
son los que ganan la subasta.
Además, los laboratorios que ganan las subastas suelen
ser extranjeros y pequeños, sin capacidad logística ni estructura
suficiente, por lo que muchas veces renuncian a la subasta o dejan
desasistido puntualmente el mercado. La subasta provoca también una ruptura
de la unidad de mercado al excluir en la práctica durante dos años los
medicamentos que no son seleccionados.
A lo que se añade el problema que los pacientes andaluces
no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre
todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. De los 10.000
medicamentos que se pueden vender en toda España con cargo a la Seguridad
Social, en Andalucía solo se pueden dispensar 400, y tienen que ser de
las subastas. A lo que se añade el que la Junta de Andalucía no ha publicado
aun el supuesto ahorro que se da con las subastas, y menos aun dónde invierte
ese supuesto ahorro farmacéutico.
La sanidad andaluza solo tiene un hospital entre los 10
primeros de España.
Gracias a los recortes y a las fusiones hospitalarias
realizadas por Montero, con el beneplácito de Susana Díaz, ha conseguido
hundir a la sanidad andaluza. Tanto es así que el último análisis de la
sanidad pública realizado por Merco (Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa) Entre los 10 primeros hospitales de España tan solo hay uno
andaluz, el Virgen del Rocío de Sevilla, que ocupa el puesto número 8. Los
demás hospitales andaluces se van perdiendo en el listado del ranking de
mejores hospitales de España. Así el Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba está en el puesto 13, el Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla en el 15, el Complejo Hospitalario Regional de Málaga en el 22, el
Hospital Universitario Virgen de Valme en Sevilla en el 26, el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada en el 27, el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga en el 34, El complejo
Hospitalario Universitario de Huelva en el 35, El Complejo Hospitalario
Torrecárdenas de Almería en el 40 y cierra la lista de hospitales andaluces el
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz en el puesto 41, descendiendo
desde el puesto 30 que ocupaba el año pasado. Por otro lado, es imprescindible
señalar que la provincia de Jaén no tiene a uno solo de sus hospitales
públicos entre los 75 primeros de España.
El proceso de desmantelamiento
de la Administración.
Montero, como responsable de la Hacienda y la Función
Pública, ha sido una de las responsables
del desmantelamiento de la propia administración de la Junta de Andalucía.
Así, mientras la Junta de Andalucía reduce personal de la Administración
General -personal que trabaja para las Consejerías y sus Organismos Autónomos-,
sanidad y educación, su administración
paralela no ha dejado de crecer estos últimos años con una clara intención
clientelar y con otra descarada de que las potestades públicas pasaran a esta
administración paralela. Además, el costo de mantener esta administración paralela
supera con creces los 7.000 millones de euros.
Así nace el espíritu de la Ley 1/2011, con la idea de
darle cobertura legal a esta administración paralela. Una ley -precedida de un
Decreto- que cuela por la puerta de
atrás a 23.899 trabajadores de todos
los entes instrumentales como empleados públicos, sin haber realizado una sola
prueba de acceso a la Administración reguladas en la Ley 6/1985 de Función
Pública de la Junta de Andalucía.
Desde 1997 hasta 2017, la Cámara de Cuentas ha fiscalizado con
diferentes intensidades a entidades de esta administración paralela con un
resultado común, detectando irregularidades en la contratación del personal.
Como demuestra lo que indicaba en cuanto al personal de convenio de DAPSA
(Desarrollo Agrario y Pesquero S.A.) en su integración en la Agencia Agraria y
Pesquera de Andalucía, la Cámara de Cuentas indica que en relación con los expedientes analizados se concluye, en línea con lo
señalado en el informe de control financiero permanente elaborado por la
Intervención General de la Junta de Andalucía, y en cuanto a la provisión de
puestos de trabajo en el ejercicio 2010, que los expedientes de personal
contratado no aportan documentación suficiente para garantizar que se hayan
respetado los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
El castigo a los
empleados públicos andaluces.
Desde que Zapatero decidió castigar a los empleados públicos en 2010,
cuando anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina de todos los empleados públicos y
congelarlas en 2011, se inauguraba toda
una poda en derechos y en salarios de los empleados públicos y,
subsidiariamente, de los pensionistas en España. Montoro continuó con la poda
de derechos y salarios de los empleados públicos. Más congelaciones e incluso
la supresión de la paga extra de la navidad de 2012, aunque esta última la ha
ido devolviendo, poda de moscosos, etc.
Esto lo aprovechó la Junta de Andalucía para realizar todo un conjunto de recortes a los empleados
públicos andaluces, recortes que se ampliaron en Andalucía a la eliminación de toda la acción social en
su conjunto (que no ha sido repuesta), eliminación de premios de jubilación
por Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, y el hecho de que aún
no hayan devuelto aun parte de lo que queda por pagar de la paga extra
suprimida en 2012.
Continuó con la congelación de las
ofertas públicas y la poda de
relaciones de puestos de trabajo al no reponer personal. Lo peor de estos
años ha sido las 7.500 plazas recortadas en Sanidad que no han sido
recuperadas, y los 4.512 efectivos de la Administración General recortados en
la Junta de Andalucía entre personal funcionario y laboral que se han perdido
estos años, en beneficio de la administración paralela de la Junta de
Andalucía.
Luego empezó a devolver derechos como la jornada laboral de las 35 horas
más interesada en el enfrentamiento con el gobierno de Rajoy que en que los
trabajadores de la administración andaluza recuperaran de verdad las 35 horas
sabedora del recurso al tribunal constitucional por parte del gobierno de
Madrid.
La gran impulsora de
la sanidad paralela.
Ella ha sido una de las responsables de la creación y extensión de la
sanidad paralela en Andalucía, dando continuidad a un modelo sanitario que
empezaron sus antecesores como Consejeros de Salud. Una sanidad paralela que no está integrada en el SAS, cuyo personal
no es estatutario del SAS, sino personal laboral de las Agencias Sanitarias,
con sus propios convenios colectivos y sometidos al derecho privado.
La Junta asume la
financiación de las Agencias Sanitarias a las que encarga la función de
proveedores públicos de servicios sanitarios, señalando en el Contrato
Programa qué servicios han de prestar, a quien, cuando y en qué condiciones,
realizando estas actividades en régimen de descentralización funcional.
Fueron 5 las
Empresas Públicas que se crearon entre 1993 y 2006, la primera de
ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) fue creada para
prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma;
las cuatro restantes, en la actualidad, asumen la gestión de 17 hospitales
públicos y prestan servicios de atención especializada a una población de
1.287.938 habitantes. Son hospitales de especialidades (1), comarcales (3) y de
alta resolución (13). Estas cinco agencias que conforman la sanidad paralela de
la Junta de Andalucía, en este momento hay
5.053 empleados en su conjunto.
Ella fue la responsable desde la Consejería de Salud de la extensión de la
sanidad paralela de Andalucía con la
creación de los CHARES, ahora llamados HARES. Los Hospitales de Alta
Resolución son centros incluidos en el Libro Blanco de Atención Especializada,
(2004) elaborado por la Consejería de Salud por mandato del Parlamento andaluz
y que llegaron a ser hasta 26 los prometidos. En junio de 2005 fue inaugurado
el primero. Ahora funcionan 13 de ellos. El Toyo en Almería; Puente Genil y
Valle del Guadiato en Córdoba; Alcaudete, Sierra del Segura y Alcalá la Real en
Jaén; Utrera, Sierra Norte, Écija y Morón en Sevilla; Guadix y Loja en Granada;
y por último Benalmádena en Málaga. El de Lebrija y el del Valle del
Guadalhorce están abriendo escalonadamente, y aún están pendientes los HARE de
La Janda en Cádiz, Lepe y Cazorla.
La gran impulsora de
la externalización de la investigación sanitaria.
Con Montero de Consejera en Andalucía se
ha ido tejiendo por toda la red sanitaria una serie de fundaciones que detentan
la investigación y las patentes que generan el sistema público sanitario
andaluz, con miles de trabajadores colocados en esta externalización. Es el
caso de la Fundación Progreso y Salud,
que tiene varias líneas de trabajo entre las que destacan la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria
de Andalucía, la Línea Iavante
(antigua fundación Iavante hoy integrada en la Progreso y Salud) para la
formación y evaluación de Competencias profesionales, y la línea I+i donde está
la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación y la Gestión de Centros y
Proyectos, entre los que destacan la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas,
el CABIMER (donde trabaja el
exministro Bernat Soria), GENYO Centro Pfzier-Universidad de Granada-Junta de
Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, BIONAND Centro Andaluz de
Nanomedicina y Biotecnología, GBPA Genomics and Bioinformatics Platform of
Andalusia, LARCEL Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, La Biblioteca
Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (que dirige Verónica Juan Quilis,
la mujer del citado exministro de sanidad socialista) y el BIOBANCO del Sistema
Sanitario Público Andaluz.
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