DESVIACIÓN DE PODER (cap. 9): “Arbitrariedad en el Consejo de Transparencia de Andalucía”

Artículo de Luis Escribano

La Consejería que dirigía la Ministra de Hacienda, junto al Consejo de Transparencia, actuaron de forma arbitraria para colocar y blindar a cierto funcionario

Resulta significativo que haya participado en estos manejos el Director del citado Consejo, Manuel Medina Guerrero, Catedrático de Derecho Constitucional

El funcionario beneficiado participó en 2008 en el controvertido proceso de otorgamiento de las concesiones para explotar las TDT locales de la comunidad andaluza, una adjudicación marcada por la sospecha de trato de favor a grupos mediáticos cercanos al PSOE y anulada por el TSJA

La Magistrada del Juzgado nº 12 de Sevilla denegó en tres ocasiones la prueba relacionada con dicho funcionario, al que se le creó un puesto de trabajo en el Consejo de Transparencia, blindando su ocupación

Estos comportamientos tan usuales generan una constante pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas

 

Si en el capítulo anterior relataba algunos de los enjuagues de la Consejería de Hacienda que dirigía la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el presente capítulo narraré unos hechos relacionados con la llegada de un funcionario al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con cierto trato de favor, en los que ha participado la misma Consejería de Hacienda.

Resulta llamativo el trato especial que reciben determinados funcionarios, que han ocupado puestos de libre designación, por parte de los responsables de recursos humanos de la Junta de Andalucía en comparación, por ejemplo, con un servidor, que no sólo he sido destituido en dos ocasiones de puestos de libre designación por oponerme a actuar arbitrariamente y realizar mi trabajo conforme al ordenamiento jurídico, sino que en la asignación del nuevo puesto he sido discriminado de nuevo, entre otros vicios de nulidad. Al parecer, si colaboras con el régimen y no te opones a la realización de arbitrariedades, se llega muy lejos en la Junta de Andalucía.

No voy a entrar en el análisis de los méritos o capacidades del citado funcionario del Consejo de Transparencia, que no es el objeto del presente artículo, sino en el modo de gestión del personal por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dar ese trato de favor a determinados funcionarios, trato que revela la arbitrariedad con la que actúa la Junta de Andalucía. Es la herencia que nos deja la Ministra de Hacienda, pieza imprescindible de Chaves, Griñán y Susana Díaz: por donde va pasando María Jesús Montero (Sanidad, Hacienda y Administración Pública), el ordenamiento jurídico es arrasado.

Pero también es significativo que haya participado en estos chanchullos la Dirección del citado Consejo de Transparencia, en manos de Manuel Medina Guerrero, en cuyo curriculum figura ser Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y haber desempeñado un puesto de Letrado del Tribunal Constitucional.

Se trata del caso del funcionario Carlos Escandón Moret, que ha ocupado durante varios años la Jefatura del Servicio de Radiodifusión y TV de la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia, un puesto de trabajo de libre designación, exactamente en la misma Consejería a la que pertenecía el puesto que ocupaba un servidor, y que fue destituido también poco más de un mes antes de mi cese.

El citado funcionario participó en 2008, según noticias publicadas en los medios de comunicación, en el controvertido proceso de otorgamiento de las concesiones para explotar las TDT locales de la comunidad andaluza, una adjudicación marcada por la sospecha de trato de favor a grupos mediáticos cercanos al PSOE y que ha tenido que repetirse tras declarar su nulidad el TSJA en su sentencia de 2 de junio de 2015, en la que se manifestaba que el Ejecutivo andaluz nunca debió proceder en 2008 a adjudicar las TDT con base en una normativa que había sido declarada nula judicialmente en 2007, por invasión legislativa de competencias estatales, según informó la periodista Silvia Moreno en el diario El Mundo.

Por cierto, no he podido encontrar en el BOJA la Resolución por la que el citado funcionario fue nombrado en dicho Servicio de Radiodifusión y TV, por lo que debe suponerse que ha ocupado dicho puesto con carácter provisional durante años, sin que la plaza se haya convocado públicamente (la única convocatoria que he encontrado ha sido publicada en el BOJA de 16/09/2016, anunciando que próximamente iba a quedar desierta).

Según manifiesta la Consejería de Hacienda en numerosos escritos y actos administrativos, así como el propio Letrado de la Junta de Andalucía en mi proceso judicial, lo que hace la Junta de Andalucía tras el cese de un funcionario en un puesto de libre designación es buscarle un puesto apropiado a su perfil profesional y adscribirlo provisionalmente al mismo hasta que participe en el siguiente concurso de méritos.

Sin embargo, en el caso del Sr. Escandón Moret, la secuencia ha sido otra muy diferente: tras convocarse en el BOJA el puesto que ocupaba dicho funcionario en la Consejería de la Presidencia (Sv. de Radiodifusión y TV), el Consejo de Transparencia solicitó a la Consejería de Hacienda que se adscribiera dicho funcionario al mismo porque necesitaban personal con su perfil; esta última Consejería le creó un puesto en el Consejo en fecha desconocida, y meses después se publicitó en el BOJA dicha creación ocultando el nombre del funcionario que lo pasaba a ocupar provisionalmente.

Como suele ser habitual en la Junta de Andalucía, y más aún en materia de personal, este proceso está viciado con numerosas irregularidades, que no significa que sea ilegal la creación del puesto y la asignación al citado funcionario, porque se adecua a la legalidad externa. Lo que vengo a destacar en este capítulo es el trato discriminatorio hacia unos y otros funcionarios, dentro de la legalidad, según quien sea el funcionario, y esa discriminación sí es ilegal desde el momento en que se trata a iguales desigualmente. En este caso concreto, su caso y el mío transcurrieron con una diferencia temporal de poco más de un mes, perteneciendo los dos al mismo Cuerpo (A12) y teniendo consolidado el mismo grado (28), y sin embargo, el trato ha sido muy diferente: la discriminación y arbitrariedad de la Consejería de Hacienda (¡vaya con la Ministra de Hacienda!) es de manual, como demostraré a continuación.

Proceso del funcionario que tuvo un trato de favor.

Curiosamente, tres días después de la convocatoria publicada en el BOJA el 16/09/2016 del puesto del Sv. de Radiodifusión y TV que ocupaba el Sr. Escandón y que estaba próximo a quedar vacante (eso dice el BOJA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía remitió un escrito a la Consejería de Hacienda  y Administración Pública solicitando que le adscriban dicho funcionario por los específicos motivos que expone en el mismo. Asimismo, el escrito aclara que dicho funcionario ha mostrado su conformidad: ¡faltaría más! ¿Qué funcionario diría que no a que te “blinden” en un puesto nivel 26 hasta tu jubilación?

Para ello, aún existiendo puestos vacantes y dotados en esa fecha en la misma Consejería de la Presidencia y en muchas otras Consejerías y entes (recuérdese que, tal como acredité en el capítulo anterior, el concurso de méritos estaba convocado y existían muchos puestos vacantes y dotados -50-, como el que me asignaron tras mi cese, además de otros muchos no dotados), la Consejería de Hacienda crea un puesto de trabajo en el citado Consejo de Transparencia, que se hace público en el BOJA de 24-11-2016 mediante la Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da publicidad a las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía para la adscripción provisional de personal funcionario, puesto que estaba previsto para el funcionario Carlos Escandón Moret.

Obsérvese lo que dice dicha Resolución de 18-11-2016:

“El artículo 66.2 del Reglamento…aprobado mediante el Decreto 2/2002, de 9 de enero, establece que los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo …por lo que, cuando en la Relación de Puestos de Trabajo…no existe puesto vacante adecuado para la adscripción provisional a realizar, resulta necesario modificarla para crear un puesto de trabajo con las características requeridas…. en el que no es necesario establecer un determinado modo de acceso, dado que los puestos se originan para dar cumplimiento a los citados derechos de los funcionarios, y se crean con el carácter de «a extinguir», lo que supone que, una vez se queden vacantes, se procederá a su supresión, no siendo posible su cobertura posterior”.

Es decir, que la misma Resolución que publicita la creación del puesto al Sr. Escandón Moret en el Consejo de Transparencia reconoce que no se crearán puestos mientras existan vacantes en la Relación de Puesto de Trabajo –RPT- (ni siquiera dice dotada y libre); pero, como he indicado anteriormente, sí existían vacantes cuando cesaron al Sr. Escandón Moret. ¿Nos encontramos con otra falsedad en documento público?

Una vez que se crea el puesto de trabajo, aparece en la RPT del Consejo de Transparencia el puesto de Asesor Técnico, código 13272010, con el Cuerpo preferente P-A12, aunque curiosamente el área funcional que aparece en el puesto es “Administración Pública”, un caso insólito en las RPT de la Junta de Andalucía, que sólo tiene una explicación: es una preterición “ad personam”, dado que las características del puesto creado se han adaptado a las de la persona que lo ha ocupado desde su creación, tras su cese en el puesto PLD de la Consejería de la Presidencia.

Por otro lado, el puesto creado aparece en la RPT “a extinguir”, es decir, blindando a dicho funcionario en esa plaza hasta su jubilación si no quiere moverse de dicho puesto, porque dicho puesto ya no puede convocarse en ningún concurso de méritos. Esta argucia de “blindar” a determinados funcionarios en puestos de trabajo muy significativos se utiliza con frecuencia por la Consejería de Hacienda y Administración Pública (ahora Economía, Hacienda y Administración Pública), como revelaré con detalles y pruebas en próximos artículos. Ya saben ustedes que el régimen necesita blindarse con funcionarios de mucha confianza que estén dispuestos a actuar arbitrariamente si hiciera falta.

Aquí les dejo con la imagen de la RPT del Consejo de Transparencia fechada a diciembre de 2016:

Las evidencias que demuestran la arbitrariedad.

Pero, ¿es esa la única irregularidad? No, no fue la única. Para poder justificar la creación del puesto, el Consejo de Transparencia inventó unos motivos ajustados al perfil del citado funcionario para otorgarle una apariencia de legalidad. Pero todo ese artificio se derrumba con las siguientes evidencias:

Primera evidencia.- Cuando se propuso la RPT del Consejo de Transparencia, que luego se aprobó mediante Orden de de 19 de mayo de 2016 (BOJA de 25/05/2016), no se reflejaba ningún puesto de trabajo para realizar las funciones que curiosamente ¡cuatro meses después! sirvieron de pretexto para solicitar la adscripción de dicho funcionario. A ello debe añadirse que, transcurrido un tiempo, se volvió a modificar la RPT del Consejo, y el puesto creado al Sr. Escandón Moret pasó a denominarse “Asesor Técnico Planificación” (como puede observarse en la imagen del escrito del Consejo solicitando al Sr. Escandón, la planificación fue el pretexto utilizado), una prueba más de que la organización de la Junta de Andalucía no responde a las necesidades de los ciudadanos, sino al perfil del personal que coloca caprichosamente, según convenga el régimen del PSOE.

Segunda evidencia.- Con fecha 5 de abril de 2016, la Jefa de Servicio de Presupuestos del Consejo, Cristina Sánchez Mira (adscrita provisionalmente con otra argucia de Hacienda), y el Director del Consejo, Manuel Medina Guerrero, suscriben una Memoria funcional y económica para justificar el nombramiento de tres interinos para el Consejo de Transparencia. En dicha Memoria tampoco se menciona que sea necesario un funcionario para realizar las funciones de planificación que sirvieron de pretexto para solicitar la adscripción del Sr. Escandón.

A continuación les dejo con algunos extractos de dicha Memoria y del oficio de remisión:

(...)

Tercera evidencia.- Cuando me cesaron de mi puesto el 11-11-2016, y ante la falta de regulación de un procedimiento a seguir en la asignación de un nuevo puesto de forma provisional, siguiendo las indicaciones de la entonces Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia (Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira, hija de la Jefa de Servicio de Presupuestos del Consejo de Transparencia), me dirigí a hablar con algunos Centros Directivos para no verme excesivamente perjudicado en mi carrera administrativa, y por si alguno quería solicitar mi adscripción, como parece ser suele hacerse tras los ceses de puestos de libre designación.

A los tres días, el lunes 14-11-2016, tuve una entrevista con el Director del Consejo de Transparencia, Manuel Medina, y con su Coordinador General de la Secretaría General, Amador Martínez Herrera. Dado que el Consejo necesitaba personal ante la escasa dotación que padecía, les ofrecí la posibilidad de que me reclamaran para mi adscripción en el citado Consejo (varios funcionarios habían sido adscritos al mismo), dada mi participación en el Grupo de Trabajo que se creó para la Ley de Transparencia de Andalucía, mi amplia experiencia en puestos relacionados con la Administración Local (más de 13 años, en los que ejercí las Jefaturas de los Servicios de Gobierno Local y Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local) y con otros ámbitos como los medioambientales y consumo (ejercí varios años como ponente técnico de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla, la Presidencia de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, Secretaría del Consejo Andaluz de Consumo y Coordinador de los Órganos Regionales de Mediación, Inspector de Consumo, etc.), con amplia formación y experiencia en evaluación de impacto ambiental de proyectos, planificación (coordinando y controlando diversos planes), calidad (dirigiendo varios proyectos), en elaboración de presupuestos y control de su ejecución, subvenciones, gerencia y dirección pública, etcétera.

A petición de Amador Martínez, remití a última hora de la misma mañana del 14-11-2016, tras la entrevista, un correo electrónico con mi historial profesional y mi currículum, y me respondieron al día siguiente a primera hora (no tardaron mucho en analizarlo, como pueden ver), comunicando que en el Consejo de Transparencia sólo necesitaban Licenciados en Derecho, como pueden observar en la siguiente imagen:

¿Saben ustedes en cuántos puestos de la RPT del Consejo de Transparencia, a fecha de hoy, se exige la Licenciatura de Derecho como requisito? De los 29 puestos que tiene en total, sólo a 3 puestos. Pero voy a ser magnánimo: de los 17 puestos del Consejo que exigen titulación superior para ser ocupados, sólo hay 3 que tengan como requisito la Licenciatura de Derecho.

Es decir, aunque al Consejo de Transparencia se habían adscrito, entre otros funcionarios, una Lda. en Farmacia (Cristina Sánchez Mira, del Cuerpo A112) y un funcionario con formación en Matemáticas o Estadística (Carlos Escandón Moret, del Cuerpo A12), y tenían tres interinos trabajando en el citado Consejo por falta de personal, mi adscripción no les resultaba necesaria. ¿Acaso hay que tener pedigrí socialista o un vínculo de amistad reconocida para ocupar un puesto en el citado Consejo de Transparencia?

Por cierto, desconozco el historial completo del Sr. Escandón Moret porque la Magistrada María Fernanda Mirmán Castillo me denegó en tres ocasiones la prueba solicitada, y no sólo de este funcionario, sino de más de veinte funcionarios que podían acreditar la discriminación que intentaba demostrar en mi proceso judicial respecto a la actuación de la Consejería de Hacienda que dirigía María Jesús Montero, Ministra de Hacienda.

Me pregunto si esa denegación de las pruebas por la Magistrada sobre el historial del Sr. Escandón Moret pudiera tener alguna relación con el hecho de que su hermana, Monserrat Mirmán Castillo (Licenciada en Matemáticas), trabaje como Jefa de Servicio en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el que estuvo el Sr. Escandón como Jefe de Gabinete en un puesto de libre designación.

Cuarta evidencia.- En relación con el apartado anterior, y para rematar las evidencias, resulta que la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, tiene como ámbito subjetivo de aplicación a las entidades locales (artículo 3.1.d), ámbito que un servidor conocía en profundidad, dados los 13 años de experiencia en el mismo.

Para colmo, el Informe Anual de Actuación del Consejo relativo al año 2016, publicado en la web del Consejo de Transparencia y presentado al Parlamento, en su apartado 2.3 se dedica a exponer las carencias de personal en dicho Consejo. Además, casi el 40 % de reclamaciones se refieren a Entidades Locales (pag. 60 del informe), y sobre Publicidad activa, cuestión que un servidor conoce a la perfección por las actuaciones llevadas a cabo en la Dirección General de Administración Local, casi el 44 % de denuncias son de Administración Local (pag. 78 del Informe), el mayor número de consultas es de Entidades Locales (10 de 11 recibidas, pag. 87), el Consejo mantiene reuniones con la DGAL para coordinarse (pag. 100), y la pagina 102 del informe dedicado a las Entidades Locales dice literalmente: “Consciente de la pesada carga que entrañaba para los municipios de menor capacidad de gestión cumplir con las numerosas obligaciones de publicidad activa impuestas por la LTPA, uno de los primeros cometidos que planificó y llevó a cabo la Dirección del Consejo fue visitar todas y cada una de las diputaciones provinciales andaluzas.”

Aquí tienen esta noticia publicada en El Mundo sobre la falta de medios: El Consejo de Transparencia denuncia su deterioro.

Sin embargo, como un servidor no tenía el pedigrí exigido por el régimen del PSOE, tenía vetada cualquier posibilidad de acceso al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, no vaya a ser que, como decía sorprendentemente la Magistrada en su sentencia, pudiera hacer uso de la información que pudiera obtener para denunciar públicamente la corrupción de altos cargos de la Junta de Andalucía. ¡Manda narices!

Lo que resultó más sorprendente es que la Magistrada negó en la Sentencia de mi proceso judicial que existiera discriminación alguna, ante las claras evidencias que existían y que había acreditado en el proceso. ¿Lo corregirá el TSJA tras el recurso presentado, o tendré que soportar la cruz de la Justicia en Andalucía?

¡Cuánta razón tiene la Magistrada Mercedes Alaya con la Justicia!

Estos comportamientos generan una constante pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas

Ante estas claras evidencias, y si tuviera un mínimo de pudor, el Sr. Medina Guerrero debería de dimitir, especialmente al estar al frente de un Consejo que no ha demostrado ninguna “transparencia” en la colocación de su personal, que ha contado con la necesaria participación de la Consejería que dirigía la Ministra de Hacienda, campeona en arbitrariedades, y que debería abandonar las instituciones públicas por el bien y la salud de los españoles. En otros artículos explicaré como han llegado otros funcionarios a dicho Consejo, que más bien parece un club de amigos y conocidos que una institución pública.

¿Se puede condensar tanta hipocresía en una institución pública? Parece ser que el PSOE y sus allegados destacan en Andalucía por los peores vicios. Y tras lo visto, el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha perdido, a mi juicio, toda credibilidad ante tan colosal arbitrariedad. ¿O acaso para el Sr. Medina, oponerse a ser un corrupto y denunciar la corrupción en Andalucía supone un obstáculo para trabajar en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos que dirige?

Por último, visto lo visto, y aunque se trate de una pregunta retórica: ¿a qué se dedican en el Parlamento los Diputados de los cinco partidos políticos, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU? Los andaluces no se merecen este trato tan indigno; si aún tienen algo de vergüenza, deberían dimitir e irse a sus casas.

Parafraseando a nuestro colaborador José Luis Roldán, los peores enemigos de la Política –con mayúsculas- en Andalucía son los políticos de los partidos que ocupan sillones en las instituciones públicas.