Artículo de Luis Escribano
En el año 2016 publicaba
en este diario mi primer artículo sobre lo ocurrido en la Consejería de la
Presidencia y Administración Local con mi cese como Jefe de Servicio de
Cooperación Económica en la Dirección General de Administración Local (enlace: Mi
cese, una oportunidad para el Parlamento).
Posteriormente publiqué
otro artículo dirigido a Juan Marín, presidente y portavoz del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, con motivo del bloqueo del citado Grupo y el del PSOE
a mi comparecencia en la Comisión de Presidencia y Administración Local del
Parlamento andaluz para detallar los verdaderos motivos por los que se me había
cesado del citado puesto (enlace: Carta abierta a Juan Marín).
Hoy inicio una
serie de artículos en los que iré detallando diversos hechos de interés, que he
podido acreditar en el proceso judicial que inicié contra el acto del cese y el
de la asignación del nuevo puesto de trabajo. Y califico de interés los hechos
porque, a mi juicio, clarifican una vez más los motivos por los que los poderes
públicos marginan el interés general y el servicio público para centrarse en
intereses espurios, facilitando o participando en esa lacra de corrupción que
corroe los cimientos del Estado de Derecho, pilar imprescindible para que los
ciudadanos puedan disfrutar de forma efectiva de sus derechos y libertades.
Desviación de
poder, falsedad en documento público, nepotismo, etcétera, son algunos de los
ingredientes de esta trama infesta en la que identificaré a personajes -con
nombres y apellidos- de la Consejería de la Presidencia y Administración Local,
Hacienda y Administración Pública, Consejo de Transparencia y Protección de
Datos, Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud, entre otros, que
demuestran no sólo cómo mercachifles disfrazados de políticos actúan arbitrariamente
o miran para otro lado, sino también cómo algunos funcionarios se aprovechan
del sistema corrupto -alentado por aquellos- para ocultar sus propios errores o
para favorecer sus intereses particulares ajenos al interés público.
Pero esta trama
no sólo afecta a la Junta de Andalucía, pues también veremos cómo el Juzgador
de primera instancia, denegando pruebas solicitadas, adulterando hechos
acreditados en el proceso, silenciando otros de extrema gravedad, deslizando
mensajes muy peligrosos para nuestra sociedad, e incluso separándose de la
doctrina pacífica del Tribunal Supremo, se ha lavado las manos como Pilatos, quizá
porque ha pesado en su ánimo la trascendencia política del caso, quizá por
exceso de trabajo, quizá porque tenga a un familiar ocupando un puesto de libre
designación en la Junta de Andalucía, quizá por otras causas desconocidas,
quizá por todas ellas, quizá por ninguna de ellas.
No olviden que
dicha trascendencia se debe a que el Vicepresidente de la Junta de Andalucía
tuvo que dar explicaciones de forma oral en el Pleno del Parlamento. Ahora será
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien tenga la siguiente palabra.
Dije en el
primer artículo citado que temía quedarme solo en esta lucha –me refería a esos
partidos de la oposición que sólo se miran su propio ombligo-, y no me
equivoqué. Soy consciente que ahora intentarán aprovecharse de la información
que iré publicando para sacar rédito partidista, como han demostrado multitud
de veces. Pero, lamentablemente, esta es la situación que vivimos en Andalucía:
unos pocos ciudadanos, entre ellos funcionarios y periodistas, haciendo el
trabajo de control de los abusos y desviaciones del poder, una función propia e
ineludible de los partidos de la oposición y de la Justicia (Fiscales y
Jueces), los cuales poseen unas atribuciones para investigar dichos abusos que
ya quisiéramos algunos ciudadanos. ¡Qué degeneración!
Sinceramente,
viendo lo que hay, para mí ya no tiene tanta importancia perder o ganar este
pleito judicial como que se conozca la verdad. Si he decidido publicar estas
informaciones es porque, como servidor público, lo considero mi deber por
encima de otros intereses ajenos a los generales. Los andaluces deben estar bien
informados, y quizá acaben entendiendo algún día que poner su futuro y el de sus
hijos en manos de estos partidos repletos de corruptos disfrazados de
políticos, no acabará con esta lacra sistémica, sino que la agravará.
La confianza de
los ciudadanos en las instituciones públicas está por los suelos, y los hechos
que siguen aconteciendo contribuyen a incrementar dicha desconfianza,
especialmente cuando vemos esas reacciones para intentar silenciar a los
cronistas y denunciantes de la realidad.
Sin embargo, el principal
problema radica en la ciudadanía que sigue depositando su confianza en quienes nos
han llevado a esta situación y la siguen agravando, en vez de articular la sociedad civil para dar un
vuelco a esta situación. La asociación “Justicia por la Sanidad”, que preside
el médico de urgencias Jesús Candel, es un claro ejemplo del camino a seguir si
queremos acabar con tanto engaño, hipocresía, robo y cinismo.
¿Se acuerdan ustedes
del compromiso que firmaron el PSOE y Ciudadanos sobre la regeneración
democrática y los puestos de libre designación en las Administraciones andaluzas,
uno de sus cánceres que posibilita el régimen clientelar que tanto daño hace a
Andalucía? Se lo voy a recordar a ustedes:
“Limitación de los cargos de libre
designación a nivel 30: subdirector general. A Todos los puestos por debajo de
ese nivel se accederá mediante oposición pública y transparente”.
Por no saber, ni siquiera saben que por oposición se accede a los puestos básicos -salvo excepciones-, y que por encima de ellos sólo se accede por
concurso de méritos o libre designación.
Excelente explicacion y deseando de seguir leyendo.
ResponderEliminarDe acuerdo totalmente.seando seguir siendo informada De
ResponderEliminar