Tras diez años de crisis el paro sigue galopando por Andalucía

Artículo de Antonio Barreda

El paro terminaba en diciembre de 2006 en Andalucía con 477.784 parados registrados en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El paro masculino se situó a finales de diciembre de ese año en 188.186 mientras que el femenino se cifró en 289.598. Del total de parados de Andalucía, 65.129 eran menores de 25 años, de ellos 34.753 eran mujeres y 30.376 hombres. El entonces Consejero de empleo, Antonio Fernández (hoy sentado en el banquillo por el Caso ERE), hizo hincapié, en esa ocasión, en los resultados del empleo y destacó que el descenso del paro registrado este mes es "el más importante de los últimos seis años".

Un año más tarde, en diciembre de 2007, al albur del inicio de la crisis de 2008, el paro subió en  33.033 desempleados, un 6,91 por ciento más respecto a 2006, con lo que la cifra total de parados se situó al finalizar el ejercicio en 510.817, de los que 300.354 fueron mujeres y 210.463, hombres. Antonio Fernández, entonces consejero de empleo indicaba que se alcanzaría el pleno empleo en Andalucía en 2011 o 2012. El entonces Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves indicaba que "Andalucía alcanzará el pleno empleo en un plazo de entre 5 y 7 años", entre 2013 y 2015.  "Nuestra economía funciona y hemos reducido en cinco puntos el paro en esta legislatura hasta situarlo en el 12,5%. Si sigue nuestro crecimiento económico, el nuevo mandato se reducirá en seis puntos y en otros dos años, nos situaremos en el 4 o 5 % de paro, esto es, el pleno empleo", pronosticaba en una entrevista en la Cadena SER.

La crisis del ladrillo y el pufo de la banca pública que hubo que rescatar a escote entre todos los españoles (que aun no ha devuelto el dinero prestado) hizo que el país entrara en la peor crisis económica desde el reinado de Felipe II. Algo que nuestra clase política no supo ver o no quiso ver, dado que los dirigentes de las Cajas de Ahorro, principales beneficiarias del rescate bancario, estaban dirigidas por ex políticos, de uno u otro pelaje.

Así, un año más tarde, en diciembre de 2008, se supo que Andalucía aumentó en 208.561 personas durante ese año, un 40,83 por ciento más respecto a 2007, con lo que la cifra total de parados se situó al finalizar el ejercicio de 2008 en 719.378, de los que 359.033 fueron hombres y 360.345 fueron mujeres. El pleno empleo que nos prometían era ya una quimera, una mentira más de la que nos tenían acostumbrados nuestra clase política.

El paro en Andalucía está aun lejos de los niveles de 2006.

Los parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Andalucía han descendido en el mes de marzo de 2018 en 6.541 personas, lo que supone una bajada del 0,78 por ciento respecto al mes anterior. Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Andalucía  tiene una cifra de 837.426 desempleados, de los que 357.392 son hombres y 480.034 mujeres.

Tras doce años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía interrumpidamente, al finalizar 2006 había en Andalucía 477.784 parados, mientras que en abril de 2018 hay 837.426 parados. Existiendo entre estos años una diferencia de 359.642 parados más entre 2006 y 2018. Todo un logro del gobierno regional y del nacional, que demuestran que una parte de la población andaluza está abandonada a su suerte, que las políticas económicas de la Junta son un absoluto fracaso, por mucho humo y brotes verdes que nos quieran vender.

Además, entre los datos destaca el hecho de que 387.874 parados andaluces de la totalidad de 837.426 en el mes de abril son mayores de 45 años. Lo que nos indica que toda una generación de trabajadores mayores de 45 años está condenada a la exclusión social y a la pobreza, ya no solo porque el mercado laboral no absorba les ni interesen estos trabajadores, sino por el hecho de que no están cotizando para la edad de jubilación y tendrán una merma significativa de su futura pensión de jubilación. El debate sobre las pensiones siempre margina la pobreza, y en este caso margina significativamente al colectivo de trabajadores mayores de 45 años.

El rescate bancario fue el principal lastre de la economía.

El Banco de España en su último informe actualizado del pasado 7 de septiembre de 2017 da por perdidas el 75% de las ayudas públicas para salvar las cajas (pueden consultarlo en la web del Banco de España). El Banco de España cuantifica las aportaciones públicas a través del Fondo Estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 54.353 millones de euros. De ellos, sólo considera recuperados 4.477 millones, lo que representa un 8,2% y calcula que el Estado podrá recobrar otros 9.798 millones cuando venda las participaciones en la nueva Bankia que incluye Banco Mare Nostrum. En total, el Banco de España prevé recuperar tan solo 14.948 millones y da por perdidos los 40.000 millones restantes. En esta última cifra destacan los 12.052 millones definitivamente perdidos en Catalunya Caixa y los más de 9.000 millones irrecuperables en las cajas gallegas.

Además, los 54.353 millones mencionados por el Banco de España no es toda la factura del rescate que puede tener impacto en las cuentas del Estado. El organismo no tiene en cuenta, por ejemplo, el riesgo contraído en el llamado banco malo Sareb, que supera los 40.000 millones de euros, una cifra descomunal si comparamos que el presupuesto de la Junta para 2018 es algo más de 33.000 millones de euros. O sea, que, si sumamos la factura del rescate bancario a la factura de la Sareb o banco malo, el agujero producido en la economía española es de 80.000 millones de euros que han sido puestos a escote por todos los españoles, euro a euro, céntimo a céntimo. Y ese dinero, de momento, se ha perdido por las cañerías de los que provocaron la crisis del 2008.

La reforma laboral del PP destruyó la calidad del empleo.

El principal cambio que operó la reforma laboral, fue el de facilitar y abaratar el despido. Antes de la aprobación de la reforma laboral, el 12 de febrero de 2012 el despido de referencia era el improcedente, con indemnización de 45 días por año. Con la reforma, no sólo bajó esa cantidad, a 33 días, sino que además el despido de referencia pasó a ser el procedente, el de 20 días por año, porque con el nuevo redactado de la reforma se ponía muy fácil a las empresas despedir por causas económicas procedentes.

El segundo gran cambio de esta reforma laboral del PP fue facilitar al empresario la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, salario incluido. La tercera modificación de la reforma fue el impacto sobre la negociación colectiva, así,  se pasó a dar primacía al convenio de empresa sobre los de niveles superiores, se dispuso que cuando un convenio llevara un año caducado su contenido decaería (en vez de seguir teniendo efecto hasta ser sustituido por otro, como hasta entonces; esto es lo de la famosa ‘ultractividad’) y también se facilitó mucho el procedimiento para descolgarse de los convenios, para inaplicarlos cuando la situación de la empresa tenga números negativos. Pero además la reforma introdujo elementos perniciosos que iban desde facilitar los despidos por absentismo hasta hacer más fáciles los EREs y los EREs en el sector público. El caso más sangrante  fue el ERE perpetrado por el PP en el Ayuntamiento de Jerez.

La reforma laboral del PP pone en peligro el sistema de pensiones

La reforma laboral del Partido Popular del año 2012 pone en peligro el sistema de pensiones porque trajo aparejadas la destrucción de empleo fijo por empleo precario. Esta precariedad del mercado laboral afecta directamente a las cotizaciones con las que financiar el sistema de pensiones por múltiples vías: Cotizaciones que solo cubren unos meses al año (contratos temporales). Cotizaciones parciales, solo de una parte de la jornada (contratos a tiempo parcial). Cotizaciones devaluadas (de salarios cada vez más bajos). Cotizaciones incompletas (de autónomos y asalariados de altos ingresos) que cotizan solo por una parte de lo que ganan y se les exime de pagar por todo (frente a la obligación de los restantes cotizantes). Cotizaciones desaparecidas (la mitad de los parados no perciben prestaciones, y de los desempleados que reciben prestaciones, la mayoría de estas son subsidios asistenciales por los que no se reconoce el derecho al pago de cotizaciones.

 Además, gracias a la Reforma Laboral es la primera vez que la recuperación del empleo no está implicando la recuperación de las cuentas de la Seguridad Social, por tres factores: la precariedad laboral, la rebaja salarial que España ha experimentado durante la crisis, y la política de bonificaciones a la contratación del Gobierno. Todo esto lastra los ingresos de la Seguridad Social. Y aunque el empleo se recupera, lo hace poco a poco y con condiciones y sueldos precarios, y eso hace que las cotizaciones que aportan los asalariados sean insuficientes para reflotar las cuentas de la Seguridad Social. La política de empleo del Gobierno se ha basado fundamentalmente en reducir y bonificar las cuotas de los nuevos contratos. Muchos de los nuevos contratos no pagan las cotizaciones completas que les corresponderían porque se benefician de alguna de estas medidas. Se está usando, de esta forma, el Fondo de Reserva para financiar otras políticas, como las bonificaciones.