Artículo de Antonio Barreda
El paro
terminaba en diciembre de 2006 en Andalucía con 477.784 parados
registrados en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El paro
masculino se situó a finales de diciembre de ese año en 188.186 mientras que el
femenino se cifró en 289.598. Del total de parados de Andalucía, 65.129 eran
menores de 25 años, de ellos 34.753 eran mujeres y 30.376 hombres. El entonces
Consejero de empleo, Antonio Fernández (hoy sentado en el banquillo por el Caso
ERE), hizo hincapié, en esa ocasión, en los resultados del empleo y destacó que
el descenso del paro registrado este mes es "el más importante de los
últimos seis años".
Un año más
tarde, en diciembre de 2007, al albur del inicio de la crisis de 2008, el paro
subió en 33.033 desempleados, un 6,91
por ciento más respecto a 2006, con lo que la cifra total de parados se situó
al finalizar el ejercicio en 510.817, de los que 300.354 fueron mujeres
y 210.463, hombres. Antonio Fernández, entonces consejero de empleo indicaba
que se alcanzaría el pleno empleo en Andalucía en 2011 o 2012. El entonces
Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves indicaba que "Andalucía
alcanzará el pleno empleo en un plazo de entre 5 y 7 años", entre 2013 y
2015. "Nuestra economía funciona y
hemos reducido en cinco puntos el paro en esta legislatura hasta situarlo en el
12,5%. Si sigue nuestro crecimiento económico, el nuevo mandato se reducirá en
seis puntos y en otros dos años, nos situaremos en el 4 o 5 % de paro, esto es,
el pleno empleo", pronosticaba en una entrevista en la Cadena SER.
La crisis del
ladrillo y el pufo de la banca pública que hubo que rescatar a escote entre
todos los españoles (que aun no ha devuelto el dinero prestado) hizo que el
país entrara en la peor crisis económica desde el reinado de Felipe II. Algo
que nuestra clase política no supo ver o no quiso ver, dado que los dirigentes
de las Cajas de Ahorro, principales beneficiarias del rescate bancario, estaban
dirigidas por ex políticos, de uno u otro pelaje.
Así, un año más
tarde, en diciembre de 2008, se supo que Andalucía aumentó en 208.561 personas
durante ese año, un 40,83 por ciento más respecto a 2007, con lo que la cifra
total de parados se situó al finalizar el ejercicio de 2008 en 719.378,
de los que 359.033 fueron hombres y 360.345 fueron mujeres. El pleno empleo que
nos prometían era ya una quimera, una mentira más de la que nos tenían
acostumbrados nuestra clase política.
El paro en
Andalucía está aun lejos de los niveles de 2006.
Los parados
registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en
Andalucía han descendido en el mes de marzo de 2018 en 6.541 personas, lo que
supone una bajada del 0,78 por ciento respecto al mes anterior. Según los datos
facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Andalucía tiene una cifra de 837.426 desempleados, de los que 357.392 son hombres y 480.034
mujeres.
Tras doce años
de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía interrumpidamente, al finalizar
2006 había en Andalucía 477.784 parados, mientras que en abril de 2018 hay
837.426 parados. Existiendo entre estos años una diferencia de 359.642
parados más entre 2006 y 2018. Todo un logro del gobierno regional y del
nacional, que demuestran que una parte de la población andaluza está abandonada
a su suerte, que las políticas económicas de la Junta son un absoluto fracaso,
por mucho humo y brotes verdes que nos quieran vender.
Además, entre
los datos destaca el hecho de que 387.874 parados andaluces de la totalidad de 837.426 en el mes de abril son mayores
de 45 años. Lo que nos indica que toda una generación de trabajadores mayores
de 45 años está condenada a la exclusión social y a la pobreza, ya no solo
porque el mercado laboral no absorba les ni interesen estos trabajadores, sino
por el hecho de que no están cotizando para la edad de jubilación y tendrán una
merma significativa de su futura pensión de jubilación. El debate sobre las
pensiones siempre margina la pobreza, y en este caso margina significativamente
al colectivo de trabajadores mayores de 45 años.
El rescate
bancario fue el principal lastre de la economía.
El Banco de
España en su último informe actualizado del pasado 7 de septiembre de 2017 da
por perdidas el 75% de las ayudas públicas para salvar las cajas (pueden
consultarlo en la web del Banco de España). El Banco de España cuantifica las
aportaciones públicas a través del Fondo Estatal de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) en 54.353 millones de euros. De ellos, sólo considera recuperados
4.477 millones, lo que representa un 8,2% y calcula que el Estado podrá
recobrar otros 9.798 millones cuando venda las participaciones en la nueva
Bankia que incluye Banco Mare Nostrum. En total, el Banco de España prevé
recuperar tan solo 14.948 millones y da por perdidos los 40.000 millones
restantes. En esta última cifra destacan los 12.052 millones definitivamente
perdidos en Catalunya Caixa y los más de 9.000 millones irrecuperables en las
cajas gallegas.
Además, los
54.353 millones mencionados por el Banco de España no es toda la factura del
rescate que puede tener impacto en las cuentas del Estado. El organismo no
tiene en cuenta, por ejemplo, el riesgo contraído en el llamado banco malo
Sareb, que supera los 40.000 millones de euros, una cifra descomunal si
comparamos que el presupuesto de la Junta para 2018 es algo más de 33.000
millones de euros. O sea, que, si sumamos la factura del rescate bancario a la
factura de la Sareb o banco malo, el agujero producido en la economía española
es de 80.000 millones de euros que han sido puestos a escote por todos los
españoles, euro a euro, céntimo a céntimo. Y ese dinero, de momento, se ha
perdido por las cañerías de los que provocaron la crisis del 2008.
La reforma
laboral del PP destruyó la calidad del empleo.
El principal
cambio que operó la reforma laboral, fue el de facilitar y abaratar el despido.
Antes de la aprobación de la reforma laboral, el 12 de febrero de 2012 el
despido de referencia era el improcedente, con indemnización de 45 días por
año. Con la reforma, no sólo bajó esa cantidad, a 33 días, sino que además el
despido de referencia pasó a ser el procedente, el de 20 días por año, porque
con el nuevo redactado de la reforma se ponía muy fácil a las empresas despedir
por causas económicas procedentes.
El segundo gran
cambio de esta reforma laboral del PP fue facilitar al empresario la
modificación unilateral de las condiciones de trabajo, salario incluido. La
tercera modificación de la reforma fue el impacto sobre la negociación
colectiva, así, se pasó a dar primacía
al convenio de empresa sobre los de niveles superiores, se dispuso que cuando
un convenio llevara un año caducado su contenido decaería (en vez de seguir
teniendo efecto hasta ser sustituido por otro, como hasta entonces; esto es lo
de la famosa ‘ultractividad’) y también se facilitó mucho el procedimiento para
descolgarse de los convenios, para inaplicarlos cuando la situación de la
empresa tenga números negativos. Pero además la reforma introdujo elementos
perniciosos que iban desde facilitar los despidos por absentismo hasta hacer
más fáciles los EREs y los EREs en el sector público. El caso más
sangrante fue el ERE perpetrado por el
PP en el Ayuntamiento de Jerez.
La reforma
laboral del PP pone en peligro el sistema de pensiones
La reforma
laboral del Partido Popular del año 2012 pone en peligro el sistema de
pensiones porque trajo aparejadas la destrucción de empleo fijo por empleo
precario. Esta precariedad del mercado laboral afecta directamente a las
cotizaciones con las que financiar el sistema de pensiones por múltiples vías:
Cotizaciones que solo cubren unos meses al año (contratos temporales).
Cotizaciones parciales, solo de una parte de la jornada (contratos a tiempo
parcial). Cotizaciones devaluadas (de salarios cada vez más bajos).
Cotizaciones incompletas (de autónomos y asalariados de altos ingresos) que
cotizan solo por una parte de lo que ganan y se les exime de pagar por todo
(frente a la obligación de los restantes cotizantes). Cotizaciones
desaparecidas (la mitad de los parados no perciben prestaciones, y de los
desempleados que reciben prestaciones, la mayoría de estas son subsidios
asistenciales por los que no se reconoce el derecho al pago de cotizaciones.
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