Necesitamos una verdadera Justicia europea

Artículo de Rafa G. García de Cosío

De niño me enteré de fugas increíbles: el Dioni en Brasil o Roldán en Tailandia. En mis años universitarios conocí en los medios fugas menos espectaculares, como la de Juana Chaos en Venezuela, Roman Polanski en Suiza o la de Assange en la embajada de Ecuador en Londres. No soy experto en Derecho, y menos en Derecho Internacional, pero siempre comprendí el concepto de “tratado de extradición” entre países con fronteras soberanas o independientes jurídicamente, por llamarlo de alguna manera.

Lo que no entiendo desde hace meses es este vacío legal o jurídico total que es la Unión Europea cuando se imputa a una persona en un Estado miembro y ésta se fuga a otro país comunitario sin que pase nada, como es el caso de Carles Puigdemont. Resulta que en este caso casi no se puede hablar de tratados de extradición porque la Unión Europea no tiene fronteras, pero tampoco se puede reclamar una detención automática en un tercer país miembro si un juez de dicho país no lo pide expresamente. Paradójicamente, muchos países de Europa, incluida España, aceptan de buena gana que un Tribunal de derechos humanos compuesto por extranjeros, como es el de Estrasburgo, dicte a uno de los países firmantes, por ejemplo, la excarcelación de etarras. Por qué los derechos humanos sí se juzgan en el conjunto de la UE, pero no los delitos comunes, de malversación o prevaricación? Eso sí, la orden de busca y captura de Puigdemont no es la única anomalía jurídica que hemos visto estos años en el territorio de la Unión.

El caso Patria: Finlandia absuelve y Eslovenia condena

En 2014, un tribunal de Finlandia decidió absolver a la compañía finesa Patria, acusada de sobornar al entonces primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, para intervenir en la compra de sus tanques de combate. Sin embargo, cuatro semanas antes de las elecciones europeas, el Tribunal de Apelación de Eslovenia condenó a dos años de cárcel a Jansa (que tuvo que cumplir por haber estado en una anterior ocasión en la cárcel, tras revelar secretos de Estado como joven periodista en 1988). Este caso no tiene nada que ver con la fuga de Puigdemont a un país miembro de la UE, pero ambas historias ilustran a la perfección un defecto enorme en la configuración jurídica de la actual Unión Europea.

La Unión Europea ha suprimido las fronteras y garantizado los mismos derechos a todos los europeos en todo su territorio, pero no así los deberes, siendo el más importante de ellos el de declarar ante un juzgado de un Estado miembro tras una orden de detención. Si, como en el caso de la empresa Patria, dos entes (una compañía de Finlandia y un ministerio esloveno) operan con una libertad que no había hace un cuarto de siglo, tiene que haber también una Justicia europea que aplique unas leyes comerciales comunes y dicte una única sentencia.

Si nos fijamos en el gran debate europeo de los últimos años, el de la inmigración 'ilegal' (en especial en la que entra por el Mediterráneo), también es fácil detectar una paradoja entre el afán de los gobiernos europeos de proteger conjuntamente las fronteras ante inmigrantes 'ilegales' (es decir, que han cometido una ilegalidad: entrar sin permiso en nuestro territorio) y al mismo tiempo su indiferencia ante nacionales de terceros países, como Puigdemont, cuyas acciones recientes se consideran ilegales y para las que se emite una orden de detención. De hecho, cuál es realmente la diferencia jurídica entre una persona como Amis Amri (el terrorista que huyó a Italia y fue abatido en Milán tras su atentado de Berlín en 2016) y Puigdemont, al que también se persigue en España pero que ya ha logrado dar conferencias en Bélgica y Dinamarca? No es esto una muestra de falta de interés de Estados miembros de la Unión por el respeto a la Constitución de un país socio y supuestamente amigo?

Se ha hablado mucho los últimos años del euro, de la unión fiscal, monetaria y bancaria, pero nadie ha hablado de la importancia, por fin, de una Justicia igual para todos los europeos. Recientemente se ha abierto un tímido debate sobre una policía o ejército común europeo, pero esto sería como empezar la casa por el tejado. Es un cuerpo jurídico verdaderamente unido lo que hace falta, y que luego vengan las fuerzas y cuerpos de seguridad de la UE que sean para materializarlo.

(Nota de redacción: este artículo fue escrito antes de la detención y posterior liberación de Puigdemont en Alemania)