Artículo de Antonio Barreda
En el BOJA del
pasado 26 de abril se publicaba una disposición estatal del Ministerio de
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. En el contenido de dicha
disposición, que firmaban Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
Gobierno, y Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente del gobierno andaluz, se
recogía el Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía,
en relación con la Ley de Andalucía 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
La Subcomisión
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1. Iniciar negociaciones
para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el artículo 18.2
párrafo tercero y la disposición adicional undécima de la Ley de Andalucía
5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018.
2. Designar un
grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo,
Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda.
3. Comunicar
este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
¿A qué se
refiere esta discrepancia?
Si acudimos a
los Presupuestos de la Junta para 2018 el artículo de referencia de la
discrepancia indicada es el siguiente:
Artículo 18.
Retribuciones del personal laboral.
Con cargo a la
masa salarial así obtenida para el año 2018 deberán satisfacerse la totalidad
de las retribuciones del personal laboral y todas las que se devenguen a lo
largo del citado año. Se exceptúan de lo anterior las cuantías que tengan por
objeto garantizar que las retribuciones íntegras anuales del personal
laboral del sector público andaluz sean de, al menos, 1.000 euros mensuales en
catorce pagas. En este caso, será necesario informe previo favorable de la
Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública.
Y la referida disposición
disposición adicional undécima de la Ley de Andalucía 5/2017, de 5 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018,
dice: Garantía de retribución mínima.
La retribución
íntegra anual del personal del sector público andaluz no será inferior a
1.000 euros mensuales por jornada completa en catorce pagas.
La Junta
aprueba el sueldo mínimo de la Junta en 1000 euros.
El 5 de octubre
de 2017 la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, informaba en el
Parlamento de Andalucía que ningún empleado público andaluz cobrará menos de
1.000 euros, recogía así reivindicaciones históricas de los sindicatos en la
Administración General de la Junta de Andalucía.
Asímismo, la
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero indicaba
sobre los sueldos mínimos 1000 euros en la Junta de Andalucía que es de
"justicia" que la "recuperación económica" llegue también a
aquellos trabajadores con los salarios más bajos. Además de incluir para 2018
las 35 horas de jornada laboral para los empleados públicos usada como arma de
confrontación contra el gobierno de Rajoy. Arma política que se ha evaporado
con los acuerdos firmados el pasado mes de marzo entre los sindicatos de la función pública y el ministro Montoro,
que dejaba abierta la puerta a recuperar las 35 horas semanales de trabajo.
Hay que
retrotraerse en el tiempo al 6 de abril de
1.990 cuando se realizó la primera huelga general en el ámbito de la
Junta de Andalucía. De aquí salieron acuerdos históricos para todos los
trabajadores de la administración de la Junta de Andalucía. Como fueron los
famosos Acuerdos de Estabilidad para interinos y personal laboral eventual
(recuerden que no había habido aun ofertas públicas de verdad en la Junta de
Andalucía) y el famoso Acuerdo para la Equiparación Salarial con la Comunidad
Autónoma más retribuida, que repercutieron en el reparto de los Fondos Adicionales de 7.500 millones de
pesetas, con la que el sueldo mínimo en la Junta de Andalucía quedaba
garantizado por encima de las 100.000 pesetas.
El gobierno
en contra del sueldo mínimo de 1.000 euros.
El gobierno de
Rajoy, obsesionado con los recortes y la contención salarial al precio que sea,
con el objetivo de empobrecer a toda costa la masa salarial de los empleados
públicos en su conjunto, como así lo ha hecho con los trabajadores de la
privada a los que ha ofrecido una Reforma Laboral que permitía e incentivaba
las bajadas de sueldos y los descuelgues de los convenios colectivos.
Recuerden que el
Ministerio de Defensa adjudicó el 1 de mayo de 2017 la seguridad de todas sus
instalaciones a nivel nacional a la empresa Marsegur, una de las empresas
llamadas “piratas” y “Low cost” que ganó el concurso de adjudicación al
presentar la oferta más barata para más de 570 vigilantes y 145 centros de
Defensa.
En solo un mes
habían perdido la mitad de su sueldo en virtud del convenio de empresa impuesto
por Marsegur, que reduce los salarios entre un 40% y un 60%. Esta empresa
aplica un convenio a sus trabajadores que reduce su salario entre un 40% y un
60%. De un salario bruto de 1520€ con pagas prorrateadas, sin pluses de
antigüedad, nocturnidad, festivos ni descuentos de IRPF y SS, pasa con Marsegur
a 882,33€ brutos.
Esta vieja
técnica de empobrecer a los trabajadores para que el excedente salarial pase a
manos de los empresarios que se supone invertirán crear puestos de trabajo, es
una vieja política conocida desde los tiempos del ministro socialista Carlos
Solchaga, el enano de Tafalla. Una política que siempre ha fracasado en los
último 35 años en España. Porque el excedente salarial no se invierte, sino que
enriquece al empresario. Nunca en este país ha habido tal cantidad de ricos, a
pesar de la tremenda crisis, ni la brecha salarial entre ricos y pobres han
sido tan amplia en la historia reciente de España.
Rajoy da alas
a la confrontación.
El gobierno
nacional da dio alas a la confrontación con las 35 horas que incluso llevó al
Tribunal Constitucional tras el fracaso del pasteleo que llevaba con la gestora
del PSOE de Mario Jiménez para apoyar la
abstención en la investidura de su gobierno. Tras la llegada de Pedro Sánchez a
la secretaría general del PSOE tras arrasar en las primarias a Susana Díaz se
rompieron todos los puentes de diálogo. Como consecuencia de ello llegó el
recurso a las 35 horas en el Constitucional.
Recurso que ha
quedado enterrado tras los acuerdos firmados por Montoro y las centrales
sindicales presentes en la Mesa General de la Función Pública que abría la
puerta a las 35 horas y a su aplicación por las comunidades autónomas. Un
ministro Montoro que es experto en pegarle tiros en los pies a su propio
gobierno.
Ahora ha
encontrado una nueva confrontación con el gobierno de Susana Díaz en referencia
a paralizar la aplicación del sueldo mínimo de 1.000 euros para el personal
laboral de la administración de la Junta de Andalucía. Ayer mismo la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, se refirió ayer a este asunto en la sede del
Parlamento, señalando que el Gobierno quiere “recurrir en el Tribunal
Constitucional que Andalucía apruebe que no haya ni un solo trabajador público
que gane menos de mil euros”.
La presidenta de
la Junta denunció que es “el paso previo que van (el Gobierno de Rajoy) a hacer
para recurrir de nuevo en el Tribunal Constitucional la dignidad de los
trabajadores públicos en Andalucía.
Además la
confrontación se la ponen en bandeja al PSOE cuando los trabajadores públicos
que se beneficiarían de esta medida son los trabajadores con los salarios más
bajos, en el caso de la Junta de Andalucía, serían los integrantes del Grupo V
del VI Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía. Y
solo serían muy pocos los trabajadores beneficiados por esta medida, ya que
este grupo V, mayoritariamente, está ocupado por personal laboral fijo que con
los trienios superan los 1.000 euros de sueldo, quedando esta medida solo para
los trabajadores eventuales de este grupo laboral que estén recientemente
contratados por la Junta de Andalucía. Hablamos de ordenanzas, conserjes,
vigilantes, personal de limpieza, personal de servicios domésticos, etc.
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