DESVIACIÓN DE PODER (capítulo 1): “La trama”

Artículo de Luis Escribano

La semana pasada anunciaba el inicio de la publicación de una serie de artículos-capítulos sobre un nuevo culebrón andaluz, al que he titulado “Desviación de poder”, un título que reúne esencialmente todo lo acontecido.

Tenía dos opciones: ir narrando cada unos de los hechos aisladamente hasta vincularlos en un desenlace final, o comenzar explicando la estructura a fin de darle cierto sentido a cada uno de los sucesos. Y me he inclinado por esto último para evitar perderse entre tantos acontecimientos.

En resumen, la historia que voy a narrarles se desarrolla paralelamente en dos ámbitos: por un lado, el de mi actividad particular de investigación y denuncia de corrupción en las Administraciones Públicas, especialmente en Andalucía; y por otro lado, el de mi actividad laboral como funcionario de carrera en la Junta de Andalucía, que me ha permitido relacionarme con altos cargos y funcionarios de dicha Administración autonómica, aunque también de la local y estatal.

En el primer ámbito, dicha actividad la inicié en la década de los 90, y fue a partir de 2010 cuando se revitalizó a raíz de la reordenación del sector público de la Administración andaluza, una calamidad sin parangón en ninguna otra región española y que sin duda constituye un paso importante dirigido a permitir y consolidar la corrupción en Andalucía, que incluye su bien tejido régimen clientelar.

No obstante, dicha actividad tomó más auge a partir del mes de septiembre de 2012, a raíz de una invitación de mi buen amigo Eduardo Maestre a grabar vídeos de denuncia de corrupción para publicarlos en su canal de Youtube (Canal de Eduardo Maestre). Publicamos más de 50 vídeos, grabados conjuntamente, denunciando numerosos casos y comentando los conocidos a través de los medios de comunicación, siempre basados en datos oficiales y públicos. Posteriormente, ambos iniciamos un movimiento ciudadano denominado “La Resistencia”, y a partir de 2015 iniciamos el diario-blog “El Demócrata Liberal”, en el que han participado numerosos colaboradores.

En el año 2017 participé en la formación de la “Alianza de denunciantes contra la corrupción”, con motivo del proyecto presentado por la Junta de Andalucía de “Decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, una medida aparente sin ninguna efectividad, llena de aberraciones. Asimismo, inicié mi colaboración como miembro activo en la asociación “Justicia por la Sanidad“ que preside el médico Jesús Candel, conocido en las redes sociales como “Spiriman”, a fin de luchar contra la corrupción en la Sanidad pública andaluza y de mejorar la gestión de la misma en beneficio de los ciudadanos.  

Paralelamente, en el ámbito laboral fui cesado en noviembre de 2010 del puesto del Servicio que ocupaba en la Dirección General de Consumo, por los motivos que se han publicado recientemente en los medios de comunicación (enlace a noticia), pasando a ocupar un puesto en la Dirección General de Administración Local. A finales de 2012 me nombraron Jefe del Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local, en la ya extinguida Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que en aquel entonces estaba en manos de IU-CA como consecuencia de su acuerdo con el PSOE-A tras las elecciones del 25 de marzo de aquel año, a fin de facilitar la investidura de José Antonio Griñán como Presidente de la Junta de Andalucía. El titular de la Dirección General desde junio de 2012 fue Antonio Maíllo, que abandonaría el cargo en septiembre de 2013 tras ser nombrado Coordinador de IU-CA en junio de 2013.

La llamada de teléfono.

Fue en esta época cuando ocurrió el primer hecho significativo, siendo Consejera de la Presidencia la actual Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En abril de 2013, el diario El Mundo publicó varias noticias sobre las denuncias que presentamos Eduardo Maestre y un servidor en la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) tras una larga entrevista con el Fiscal Superior, Jesús García Calderón, sobre graves irregularidades que afectaban a cargos de varias Consejerías de la Junta de Andalucía.

A raíz de dichas noticias, Antonio Maíllo me llamó una mañana a su despacho para decirme que le acababa de llamar por teléfono el entonces Viceconsejero de la Presidencia, Antonio Vicente Lozano Peña (procesado en el juicio del caso ERE), para pedir mi cese. Según me dijo, la frase fue algo parecida a “mucho estás tardando en cesar a Luis Escribano”, y Antonio Maíllo le respondió que los ceses y nombramientos en esa Consejería eran competencia del Viceconsejero de Administración Local y no suya, y que por tanto no iba a cesar a nadie.

Tras Antonio Maíllo tuve como Directores Generales a Francisco Javier Camacho González –IU- (desde septiembre de 2013 hasta enero de 2015), Isabel Niñoles Fernández –PSOE- (desde enero de 2015 hasta diciembre de 2015) y Juan Manuel Fernández Ortega –PSOE- (desde enero de 2016 hasta que me cesó del puesto el 11-11-2016). Lo curioso del caso es que los tres anteriores Directores a este último me felicitaron por el trabajo realizado en el Servicio, y los problemas sólo existieron con el último, pero según la Magistrada del Juzgado número 12 de Sevilla, María Fernanda Mirmán Castillo, este dato no dice nada respecto a la posible desviación de poder, así que sigamos con el relato.

Con anterioridad tuve como Directores Generales, en el Servicio de Gobierno Local de la misma Dirección General, a Alfonso Yerga Cobos –PSOE- (desde enero de 2003 hasta mayo de 2004) y a Juan Rafael Osuna Baena –PSOE- (desde mayo de 2004 hasta febrero de 2006, cesando por petición propia por cambio de residencia), y en la Dirección General de Consumo a Ana María Romero Obrero –PSOE- (desde enero de 2009 hasta septiembre de 2010, fecha en la que me cesó).

Como observarán, he tenido en total a siete Directores como superiores jerárquicos, y los dos únicos cargos que me cesaron lo hicieron por no permitirles que me manipularan en sus intentos de desviaciones de poder, es decir, por ajustarme al ordenamiento jurídico a pesar de las presiones, unas veces de forma directa y otras de forma velada (como expliqué en el recurso judicial en el caso de Juan Manuel Fernández Ortega).

El cese.

En el año 2016 acontecieron varios hechos que influyeron en la decisión de mi cese en noviembre de ese año, y que iré detallando caso por caso en posteriores capítulos. A los pocos días de que me comunicaran mi cese verbalmente, presenté un escrito dirigido al Consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, solicitando los motivos del mismo por escrito, porque no los conocía. El mismo día, pedí la resolución de mi cese a la Secretaria General Técnica de dicha Consejería, Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira, y a la Jefa del Servicio de Personal, María Leal Fernández, que se negaron a entregármela, aunque ya estaba dictada. A fecha de hoy, aunque les parezca increíble, no se me ha notificado la resolución del cese fechada en noviembre de 2016. Sólo he podido conseguir una copia en el proceso judicial posterior, al formar parte del expediente administrativo.

Tras mi cese, me asignaron un nuevo puesto con carácter provisional en la Consejería de Salud, que con claridad me perjudicaba en mi carrera administrativa. Ya saben que, para algunos de estos cargos del PSOE, o estás con ellos para todo, aunque se trate de una ilegalidad, o te consideran su enemigo, y si encima denuncias la corrupción, te lo hacen pagar muy caro.

Visto que no me dejaban más camino que el judicial, interpuse un recurso contencioso-administrativo a primeros de 2017 contra mi cese y la asignación del nuevo puesto, señalando el juicio el Juzgado al año siguiente, en 2018. Ya se ha celebrado, y la sentencia ha sido dictada, por supuesto desestimando todas mis pretensiones. Lo contrario hubiese sido una hecatombe en el Gobierno de Susana Díaz, porque el Vicepresidente de la Junta de Andalucía habría quedado como un mentiroso en el Parlamento de Andalucía, y porque tras denunciarle por escrito los motivos de mi cese, no respondió a lo que denuncié, silenciándolo todo y, por tanto, quedando en evidencia. Solicité como prueba las actuaciones del Consejero en el proceso judicial, y me la denegó dos veces la Magistrada. Otra piedra en el camino...

No obstante, ya les adelanto que la sentencia está llena de presunciones, hechos inventados y tergiversados, silencios clamorosos tanto de falsedades como de hechos graves y demás vicios, y por ello la sentencia ya ha sido recurrida al TSJA. Esto promete alargarse en el tiempo, aunque si fuera necesario, llegaré a la última instancia judicial posible, a pesar del conocido dicho: “una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia” (Jean de la Bruyère). No obstante, tengo mis motivos para seguir adelante.

El testimonio de Antonio Maíllo.

A fin de demostrar en el proceso judicial el “cariño” que me tenían en la Consejería de la Presidencia, en la que acabé forzosamente cuando Susana Díaz reestructuró las Consejerías (BOJA de 18-06-2015) y adscribió la Dirección General de Administración Local a la misma, me puse en contacto con Antonio Maíllo para solicitarle que fuera como testigo por mi parte al juicio oral para dar testimonio de lo que ocurrió con la citada llamada telefónica de 2013, dado que los hechos anteriores y posteriores a mi cese también apoyaban mi tesis de la desviación de poder y vulneración de derechos fundamentales, entre otras "minucias".

Ante su negativa, pedí auxilio al Juzgado, y aunque en las primera diligencias la citada Magistrada me denegó casi todas las pruebas solicitadas de forma anticipada, incluida la testifical, tras recurrirlo me dio la razón en un Auto judicial en octubre de 2017, y admitió la práctica de algunas de las pruebas, entre ellas la testifical de Antonio Maíllo, el cual asistió al juicio el pasado mes de febrero. Sin embargo, la Magistrada tomó la decisión de no ser necesario su testimonio en la misma vista oral tras transcurrir más de una hora de juicio, por lo que se me impidió probar judicialmente lo ocurrido con dicha llamada telefónica.

En fin, como dice la canción de José Alfredo Jiménez Sandoval:

“Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar,

(rodar y rodar, rodar y rodar);

También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar...”.

Rodando voy sin prisa, pero sin pausa. Habrá nuevos capítulos muy interesantes.

Continuará...