En el país cuya principal empresa (Banco Santander) está presidida por una mujer (Ana Patricia Botín), se convoca una huelga feminista por parte de mujeres que se consideran herederas de “las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte las luchas anti-imperialistas”. Leer el manifiesto que ha servido para convocar el paro del 8-M es encontrar mil y un argumentos para seguir haciendo esfuerzos por la igualdad como un día cualquiera, es decir, trabajando.
Nada hay más abominable que utilizar el sufrimiento de personas para conseguir otros beneficios que nada tienen que ver con la resolución del atroz problema que supuestamente preocupa. La reclamación de “una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas”, que a buen seguro es suscrita por cualquier persona de bien, no puede mezclarse con la apelación a “la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas”. En una interpretación benévola de los hechos, esta correlación se podría atribuir a la ausencia de norte en las convocantes de la huelga; aunque en la dinámica actual es indudable que las casualidades no existen y que conviene establecer una causalidad en todos y cada uno de los párrafos que componen el cúmulo de despropósitos que conforman el manifiesto de la huelga feminista.
Claman, como clamamos muchos miles de españoles: “¡BASTA! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones”; y como quien no quiere la cosa cuelan de rondón una exigencia a “ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética”, como si a las mujeres que sufren el maltrato machista les importara mucho esa supuesta “presión estética” que algunas dicen soportar. Y, si de lo que se trata es de exigir “plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad”, ¿por qué se excluye a la mitad masculina de la población? Pues por la sencilla razón de que ni se pretende igualdad ni se procura acabar con la violencia machista.
Unir en un mismo manifiesto la denuncia del maltrato a las mujeres con un rechazo “al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto: ¡No a las guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas”, no sólo es un sinsentido sino que -aún más grave- es un insulto a esas mujeres víctimas a las que falazmente se dice defender.
Al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia con otras muchas causas inicialmente bienintencionadas, poner a disposición de la sociedad un maletín con millones de euros a repartir, supone iniciar una alocada carrera por ver quién se erige como más efusivo defensor de la causa, llegándose a una total perversión de las reivindicaciones. En este caso, el primer maletín de millones lo puso Rodríguez Zapatero durante su nefasta etapa presidencial, a partir de la cual Mariano Rajoy ha seguido la inercia, contagiando además a todas las administraciones autonómicas y locales hasta llegar al momento actual en el que todos son rehenes de un lobby hembrista que, en el caso de Andalucía está liderado por la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz.
La aquiescencia de todo el arco político mayoritario andaluz se ha puesto de manifiesto en la decisión de nuestro Parlamento autonómico de posponer un día su sesión plenaria para evitar que coincida con el 8-M, protagonizando así otro de los habituales ejercicios de funambulismo que tan bien hacen los políticos cuando de cruzar charcos sin mojarse se trata.
A duras penas encontrarán consuelo las miles de mujeres españolas maltratadas ni en el manifiesto del 8-M ni en la actitud de los partidos políticos mayoritarios; antes al contrario, probablemente seguirán sufriendo en silencio tanto el maltrato que les inflinge su supuesto amante como el menosprecio que les proporciona una clase dirigente más preocupada por sus votos, y por tanto sus nóminas, que por el bienestar de los ciudadanos.
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