Los gobiernos de turno siempre han usado a sus trabajadores para que sirvan de ejemplo a la sociedad, al resto de los trabajadores en general y a los empresarios en particular. La desregulación laboral empieza por castigar a los servidores públicos, por legislar quitando derechos, congelando los salarios y termina en las reformas laborales que conocemos. Todo esto no es más que un plan para deteriorar los servicios públicos y a sus trabajadores. Que no se engañe nadie.
Antes de la entrada del euro los gobiernos lo tenían fácil, devaluaban la peseta y nos hacían más competitivos. La entrada en el euro ha dado con esto al traste y han terminado asiatizando las condiciones de trabajo de los españoles. La idea no es nueva, ya la concibió Carlos Solchaga y la han continuado todos y cada uno de los ministros de economía que han venido detrás. Moderar los salarios y disparar los beneficios empresariales con la idea de que este excedente de dinero en manos empresariales se invirtiera en nuevos puestos de trabajo.
El 30 de diciembre de 2011 la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría anunciaba que el Consejo de Ministros aprobaba ampliar la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas, así como congelar la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos. Otras medidas que confirmó fueron que la tasa de reposición (la cobertura de vacantes) en la administración pública se situaba para 2012 en el 0%, salvo para docentes, personal de hospitales y centros de salud del sistema nacional, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado e inspectores tributarios y laborales, que, en todos estos casos, es del 10%. Otra de las medidas adoptadas fue la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes.
La polémica sobre la jornada de las 35 horas en Andalucía
El BOJA del día 19 de octubre de 2016 publicaba el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, donde se establecía, con carácter general, la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas.
El gobierno de Rajoy sabía de este decreto desde octubre de 2016 y silenció el posible recurso en el Tribunal Constitucional, atento al pasteleo que ya tenía con la gestora del PSOE post Pedro Sánchez y que iba a encabezar Susana Díaz tras las primarias. Pero la sorpresiva vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE hizo volar todos los puentes que había entre el PSOE de la gestora y el gobierno nacional. Fruto de ello es que el gobierno de Rajoy en el consejo de ministros del 14 de julio de 2017 recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regulaba la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
El Tribunal Constitucional tumba la jornada de las 35 horas
El pasado 15 de diciembre el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional y anuló la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, tras el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley 5/2016 de la Junta por el que se regulaba la jornada de trabajo de los empleados públicos. El Constitucional considera que al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa comunidad autónoma, este decreto-ley “vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas”.
Según explica la sentencia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fue aprobada por el Gobierno “en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios”. Esta norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, “no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”. En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de 35 horas semanales de promedio al año “resulta incompatible” con la ley estatal, que la fija en un mínimo de 37 horas y media semanales.
La Junta aprueba el teletrabajo
El Consejo de Gobierno andaluz del 26 de diciembre pasado aprobó el acuerdo que alcanzaron los sindicatos UGT, CCOO y CSIF con la Administración andaluza para aplicar la nueva jornada laboral de 37,5 horas para los empleados públicos, tras el fallo del Constitucional. Así, los más de 250.000 empleados públicos andaluces trabajarán 35 horas semanales presenciales y harán otras 2,5 horas de “teletrabajo” supervisado por sus jefes directos y bajo el control de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dentro del “teletrabajo” se incluirán, por ejemplo, la formación, la investigación sanitaria y un "catálogo de tareas".
El catálogo de tareas se trata de un documento subido a la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 45 páginas fechado en diciembre de 2017, que incluye las tareas no presenciales a convalidar para funcionarios de la Administración General, el sector sanitario y el sector instrumental, ya que, según la Junta, el sector docente no lo precisa, al computarle el servicio de guardia; como tampoco el de Justicia, cuya regulación se contiene en normas estatales.
La formación en línea es el elemento principal del catálogo de tareas, la realizarán de modo autónomo a través de medios digitales que registrarán los tiempos de conexión, aunque también los funcionarios podrán optar por justificar horas mediante trabajos de investigación, asistencia a reuniones, etc.
El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) ha programado su plataforma informática para poder generar los certificados acreditativos del cumplimiento de los horarios no presenciales que, como ya adelantó la consejera, María Jesús Montero, fiscalizarán los jefes de servicio de cada departamento en un informe anual por trabajador. Prevé cursos de formación abierta de automatriculación y autoinstructivos sin tutorización docente proactiva, que estarán disponibles a partir del 23 de enero. También habrá cursos en formación colaborativa y formación tutorizada en línea. En el ámbito sanitario, la Agencia de calidad Sanitaria de Andalucía certificará horas a profesionales en una plataforma corporativa específica.
Montoro habla ya de la jornada de las 35 horas
Llamadme Juanma aprendió a no hacer más el ridículo hablando de las 35 horas en Andalucía y esta vez ha optado por lo que mejor sabe hacer, callarse. Y ha dejado que sea el partido, desde Madrid y a través del gobierno, quién sea la voz autorizada para hablar de la vuelta de la jornada laboral de las 35 horas al personal de la administración.
El Ministro Cristóbal Montoro ha abierto ahora una ronda de contactos con los representantes de los empleados públicos para buscar puntos de acuerdo, entre los que destaca la jornada de las 35 horas a nivel estatal. La primera reunión se hizo el pasado 23 de enero. La Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ya ha comunicado a los sindicatos que las negociaciones se reanudarán el 5 de febrero, con el Ministro Montoro al frente. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho números. La extensión de la jornada laboral de 35 horas a todos los empleados costaría entre 600 y 800 millones de euros.
Comisiones Obreras asegura los contactos con el ministerio
CC.OO. confirma la existencia de las reuniones e indica que han acordado iniciar la negociación de los salarios, mejorando la propuesta que se planteó en septiembre, así como la recuperación de la negociación colectiva en todos los ámbitos, lo que supone poder negociar el resto de condiciones laborales, como jornada, carrera profesional, prestaciones por incapacidad temporal o acción social, entre otras.
Asimismo, se va a reactivar de manera inmediata todo lo relativo a empleo, es decir, los procesos de estabilización, el documento de criterios generales, tasa de reposición y la posible firma de un II Acuerdo para la mejora del empleo público que universalice el proceso, consiga en tres años rebajar la temporalidad en las Administraciones Públicas al 8% y permita además iniciar la recuperación del empleo perdido.
También indica CC.OO. que respecto a los distintos conflictos sectoriales que se vienen denunciando, como el de la Administración General del Estado o el Servicio Exterior, entre otros, el Gobierno se ha comprometido a reactivar las mesas de negociación correspondientes. En este sentido asume el compromiso para desbloquear el Acuerdo sobre el anticipo de la edad de jubilación de la policía local y reunir a las partes.
UGT incluye una propuesta salarial en la negociación
El sindicato UGT ha señalado que las propuestas están abiertas y que confía en que haya presupuesto en el mes de abril. El sindicato solicita una subida salarial –dentro de un acuerdo plurianual- que permita una recuperación significativa del poder de compra perdido por los de los empleados públicos, cifrado en más de un 13% desde 2010.
Asimismo, ha propuesto al Gobierno que todos los empleados públicos perciban el 100% del salario en los casos de incapacidad temporal para evitar desigualdades injustificadas entre trabajadores. En algunas casos se han producido negociaciones que ha permitido recuperar una parte, por lo que UGT reivindica recuperarlo todo y que no haya diferencia entre las distintas Comunidades Autónomas, ayuntamientos y la Administración General del Estado.
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