Artículo de Manuel Vicente
Las reuniones semanales del Gobierno andaluz se van sucediendo este año entre asuntos absurdos carentes de interés para el ciudadano, entre los que ha destacado la redacción de una ley que obliga a los bares a facilitar agua a los clientes que lo demanden; asunto éste que puede provocarnos una sonrisa o bien una mueca de preocupación, al constatar cómo el régimen socialista andaluz no tiene límites en su afán por entrometerse en nuestras vidas.
A falta, pues, de iniciativas que atiendan los problemas reales de la sociedad, evitando el imparable deterioro de los servicios públicos -educación y sanidad, sobre todo-, limitando el alcance de la pobreza entre la población, impidiendo eficazmente la violencia en todos los ámbitos de la vida...; a falta, por tanto, de impulso para ejercer de Gobierno, el régimen socialista ha conseguido enredar a los partidos políticos mayoritarios en la trampa del debate sobre la financiación autonómica, recurrente asunto que sirve exclusivamente para que sus señorías parlamentarias justifiquen sueldo.
Por el despacho de San Telmo han pasado para hacer reverencia a Susana Díaz los máximos representantes políticos, además de sindicales, empresariales, etc, cual perdices dispuestas a ser mareadas con las habilidades dialécticas de las que la presidenta del régimen está bien dotada. En paralelo, el Parlamento de Andalucía -cuya actividad empieza a estar más cercana al patio de Monipodio que a una Cámara de representación de la soberanía popular -ha creado una comisión sobre la financiación autonómica -con finalidad napoleónica- en la que cada partido ha expresado sus ideas al respecto representando el habitual teatrillo, pues sus conclusiones son las mismas que habrían expuesto sin tanta reunión ni tanta comparecencia de expertos.
Después de lo que ellos mismos llaman “meses de trabajo”, el PSOE ha encontrado nuevos argumentos para pedirle a Mariano Rajoy unos cuantos miles de millones más; el PP ha conseguido que parezca que le preocupa Andalucía sin confrontar con sus correligionarios del Gobierno central; Podemos mantiene su teoría del subsidio universal; y Ciudadanos...bueno, realmente da igual lo que diga Ciudadanos, al final será Albert Rivera quien desde algún medio de comunicación afín ejerza de oráculo.
No obstante, y aparte del postureo, los partidos parecen haber llegado al acuerdo de dar una patada a la dignidad del pueblo andaluz, utilizando los índices de pobreza como argumento para recibir más dinero de la Administración central. El régimen, no sólo no acaba con el problema, sino que aspira a perpetuarlo para obtener recompensa ¡y con la complacencia de los restantes partidos!
Sin embargo, a ninguno de ellos se le ha ocurrido hacer a la presidenta del régimen una ingenua pregunta: ¿y para qué quiere Vd. más dinero?
Por las cloacas de la corrupción, las arcas de la Junta de Andalucía han perdido en la última década 3.000 millones en el fraude de los cursos de formación; otros 750 millones, por los ERE fraudulentos; 100 millones más en las facturas falsas de UGT, amén de otros robos de menor cuantía de dinero de los andaluces, que el régimen no se esmera en recuperar porque, como afirmaba una de sus dirigentes: “el dinero de la Junta no es de nadie”. Sumen a esto los 3.400 millones de euros que los gestores del régimen se han gastado sin saber en qué, según el último informe de la Cámara de Cuentas, organismo éste que ha puesto además de manifiesto el pago de sobresueldos irregulares a altos cargos de la Consejería de Salud, el despilfarro del gasto en Educación, y el descontrol en las contrataciones de la administración paralela y en las inversiones en empresas o agencias públicas. ¿Para esto quiere el régimen más dinero?
La degradación de la política andaluza ha hecho realidad lo que parecía imposible: que la actitud pedigüeña de los socialistas contagie a los demás partidos y se imponga como discurso único políticamente correcto del que nadie se atreve a discrepar. Nadie de los grandes partidos, claro.
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