Caso ERE. Nadie conoce a nadie

Artículo de Antonio Barreda

En esta Andalucía subvencionada nada sorprende ya a estas alturas. Nada pasa sin que todo lleve el férreo control político desde hace cuarenta largos años. Nada se sabe que no quiera saberse, ni comunicarse. Los medios adictos del régimen tienen los ventiladores preparados. El periodismo de investigación hacia el régimen hace muchos años que está ausente, enterrado entre páginas y páginas de loas y de alabanzas. Y en medio de páginas llenas a rebosar de la propaganda habitual pagada con dinero público. La publicidad institucional que apesebra aun paga muchas nóminas en demasiados medios. Con una consigna clara. De lo que no se habla no existe. Y así, un poderoso velo de silencio cae sobre la región cubriéndola como una espesa niebla para que nadie sepa nada, para que nadie vea nada, para que nadie pregunte nada.

El hecho de que se esté juzgando a toda la cúpula política, que ha gestionado hasta hace unos años la Junta de Andalucía, es un hecho tan grave que representa los límites de hasta dónde puede llegar la gobernanza y la gestión de los medios públicos, en manos de unos cargos públicos que se creían por encima de todo y que creían, además, que no tenían que rendir cuentas ante nadie de su gestión pública. Pero lo que sí sabemos de este caso es que se repartieron algo más de 800 millones de euros en ayudas socio laborales con un procedimiento que no tenía soporte normativo jurídico alguno.

Y este hecho, en sí mismo, a nadie le preocupa, por lo que estamos viendo, en la sociedad civil andaluza. Que sus propios dirigentes políticos, que han ocupado sus instituciones, estén sentados en un banquillo para ser juzgados es un referente de que no hay nadie por encima de la Ley. Pero lo peor de este caso sea que la propia sociedad andaluza no está siendo sacudida por un terremoto político y social que recorra las plazas, las calles y las casas y llegue a las instituciones. Pero en esta Andalucía anestesiada y subvencionada no pasa nada. Nunca pasa nada.

Todo empezó por la famosa “descomisión” del caso ERE en el Parlamento de Andalucía, cuando sus señorías empezaron a darle la espalda a la sociedad andaluza, más interesados en deconstruir el caso que en saber la verdad sobre los fondos y los destinos que se usaron en las “ayudas socio laborales”. Con unos diputados de la oposición del PP siempre en fuera de juego, mucho más pendientes de sus futuros contratos en el partido que de preguntar por lo que tenían delante. Y unos diputados de IU intentando emular al famoso juego de la pelota de la revolución francesa. Aquella descomisión se convirtió al final en un aquelarre. En una comisión en la que nadie sabía nada. En la que nadie preguntaba nada. En la que nadie contestaba nada. Todo controlado. Todo medido. Los manijeros convirtieron la comisión en un pobre acto político. En una montaña de escalada imposible. La leyenda del bueno de Manolo y los suyos debía prevalecer sobre toda acción judicial.

Y mientras esto pasaba, la juez instructora del caso, Mercedes Alaya estaba siendo puesta a prueba por el conjunto de poderes del estado. Montesquieu ha muerto. Una frase que se hizo histórica y que se le atribuye a Alfonso Guerra en 1985 cuando la mayoría parlamentaria del PSOE reformó la Ley del Poder Judicial. Y ha muerto definitivamente porque por Andalucía Montesquieu ni siquiera ha aparecido. Lo intentaron traer aquí aquellos diputados como Luis Carlos Rejón en la legislatura de la pinza. Pero todo fue solo el sueño de una noche de verano. Porque esto no era la Francia de los Capeto, ni era la primavera de los pueblos, ni tan siquiera era la toma del palacio de invierno. Tan solo era la vuelta de nuevo a los orígenes del régimen andaluz. Los años de hierro. La nada como forma de gobierno. Y en este camino aparecieron los ERE y sus responsables.

Alaya se fue y el caso perdió fuelle. La instrucción la hizo en medio de inmensos tsunamis de presión política. Hasta un Alfonso Guerra en el ocaso de su carrera dijo que "incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron". También ese día dejó perlas como que en España se debe aplicar la "máxima" pena tanto a los corruptos como a quien inventa un caso sobre un representante político y luego se demuestra que es falso. Todo un ejemplo de creer en los tres poderes del estado. Aunque él decía siempre pertenecer al tercer estado. A los descamisados.

Ahora el caso está en el mundo de las togas, allí es ahora donde están sentados la flor y la nata de los que gobernaron la Junta de Andalucía como si hubieran sido auténticos sátrapas persas. La satrapía andaluza tenía apariencia de estado independiente en sus formas, pero todo era a base de dinero público. La subvención como forma de gobierno permanente. El Boja como portavoz de la sociedad subvencionada. Y los millones y millones de euros de Europa corriendo por las arterias del régimen hasta llenarlo todo, hasta alimentarlo todo. Un mapa lleno de escorrentías por donde el dinero público lo regaba todo. Esa era la esencia del régimen. Nada de planes industriales, ni de planificaciones regionales, nada de I+D+i, solo subvenciones como si fuera una OPA hostil para apoderarse de la sociedad andaluza en su conjunto.

Y en medio, el Tribunal Supremo, que acaba de fallar sobre nulidad de las ayudas de 3,8 millones de euros concedidas entre 2002 y 2006 al Matadero de Sierra Morena por el entonces director general de empleo Francisco Javier Guerrero. El Tribunal Supremo señala en su fallo “la grosera omisión de los trámites elementales del procedimiento” para conceder una subvención pública que en este caso se dio “sin más base que la decisión del citado director general”. Además, el alto tribunal indica que se omitieron “las reglas básicas del procedimiento administrativo”. La empresa ni siquiera presentó una “solicitud formal”.

En el expediente, indica el tribunal, no constan “todos los requisitos, las bases de la convocatoria, los compromisos que debe asumir la beneficiaria, la fiscalización del gasto, y la propia resolución administrativa que aprecie las razones de utilidad pública e interés social que justifiquen la subvención”. Añade el alto tribunal que “la empresa recurrente no comprometió ningún tipo de actuación concreta, ni solicitó de manera precisa subvención alguna”. Y, dice el alto tribunal, que “ no existió” procedimiento para otorgarla, “más allá de las resoluciones y convenio objeto de revisión, y de las actuaciones materiales de pago”.

Y detrás la sustituta de Alaya, María Núñez Bolaños, que acaba de archivar dos piezas separadas del caso ERE por las ayudas concedidas al obispado de Cádiz y a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén. Según la jueza los beneficiarios de las ayudas de los ERE pueden considerarse "víctimas o perjudicados" más que "delincuentes" de la "caótica y desordenada" tramitación de los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa. Todo un ejemplo de cómo retorcer el derecho penal.

Según la magistrada, "ninguna responsabilidad penal puede atribuirse ni a los trabajadores ni al Obispo o personal del Obispado, quienes, más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación" de la Dirección General de Trabajo. Además, señala en el auto que “ninguna responsabilidad penal puede tener el ciudadano" que solicita una subvención o ayuda y que, "bajo el principio de confianza en nuestras instituciones, asume la situación de sujeto en una relación jurídico-administrativa, ante una irregular actuación de la administración en el procedimiento de concesión".

Núñez Bolaños indica en el auto que "no es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la administración", de forma que "si la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación, salvo que nos conste fehacientemente que dicho ciudadano solicita, gestiona ante la administración a sabiendas de su ausencia de derecho y en connivencia con el concedente para obtener una ayuda a la que no tiene derecho y mediante una resolución injustificada, arbitraria y prevaricadora, dictada con la única finalidad de beneficiar a quien no tiene derecho en su propio lucro injustificado". Todo un ejemplo de cómo retorcer el derecho penal.

Así, que, al final, lo que estamos viendo estos días en la Audiencia de Sevilla es más de lo mismo. Régimen andaluz en estado puro, alimentado por los medios adictos al régimen más interesados en la Gürtel y en Bárcenas que en lo que pasa y ha pasado aquí en Andalucía de verdad. Pasarán los acusados uno tras otro con el guion de la defensa bien aprendido, dirán o desdirán lo que tengan y quieran decir. Sabremos solo lo que quieran que sepamos. Pero lo que sí está quedando claro es que aquí nadie conoce a nadie.