¿Tienen bula los políticos?

Artículo de Luis Marín Sicilia

“No hay impunidad posible para quien ha delinquido, sea político, médico o ingeniero”

“La nimiedad del personaje [Puigdemont] es tan palmaria como el triste destino que le espera”

Es bula el  privilegio en virtud del cual alguien queda liberado de una carga o de una obligación. En el ejercicio de todas las actividades humanas puede incurrirse en la comisión de faltas sancionadas legalmente con medidas correctoras de la conducta irregular atentatoria para la convivencia social. Las faltas más graves son las constitutivas de delito que conllevan una especial dureza en la imposición de las penas tendentes a restituir el orden social quebrantado y a conseguir la reinserción del delincuente en la normalidad convivencial.

 Faltas y delitos pueden cometerlos todos los seres humanos, tanto en la esfera de su ámbito profesional como fuera de ella. Y todos los que trasgreden las normas establecidas quedan sujetos a la corrección pertinente mediante las oportunas medidas sancionadoras. Si un médico, un abogado, un arquitecto, un electricista, un ingeniero o un policía han de responder por los excesos y las irregularidades que en el ejercicio de su profesión realicen, ¿por qué no han de responder los políticos cuando violenten el orden legal que a todos nos obliga?

Había una cierta expectación sobre la resolución del Tribunal Supremo respecto al posible levantamiento de la prisión preventiva decretada contra el político catalán Oriol Junqueras. La resolución del alto tribunal no puede ser más expresiva sobre la improcedencia de su puesta en libertad. El político en cuestión no ha rectificado su acreditada voluntad de no atenerse al orden constitucional, pretendiendo que hablando de paz y de diálogo es suficiente para su excarcelación, mientras queda acreditado que su conducta, por la que está detenido, incitó a actitudes violentas y de desafío al poder constituido que contradicen las buenas palabras y la fe religiosa en la que dicen ampararse.

Lejos de alejar de la convicción de los magistrados que no tiene voluntad de volver a reiterar los presuntos hechos delictivos que le llevaron a prisión, unánimemente han concluido los miembros del tribunal que el peligro de reiteración delictiva es manifiesto, por lo que no procede su puesta en libertad. Y hemos de lamentar que tal cosa se haya producido, porque es de bien nacidos desear que, quien tomó un camino erróneo, rectifique. No ha sido así, y bien que lo sentimos. Por el encausado y por la paz social tan necesaria en aquella región española.

Hay en España una legión de voceros, con carné de políticos profesionales, que pretenden conceder a quienes bravuconamente y de forma ilícita han quebrantado la legalidad el privilegio de seguir ejerciendo su función política porque, de no hacerlo, se atentaría con los derechos de participación política y representativa que corresponde a quienes han sido elegidos democráticamente. Resulta que todos los delincuentes que sufren privación de libertad tiene restringidos sus derechos ciudadanos, pero los políticos, esa casta que tanto denostaban algunos, quieren seguir gozando de su normalidad cívica “porque representan a la ciudadanía”. Pues ya saben; si quieren quedar impunes de sus fechorías preséntense a unas elecciones, por si tienen la suerte de ser elegidos. Así parecen pensar los “nuevos políticos”.

No hay impunidad posible para quien ha delinquido, sea político, médico o ingeniero. Si el cirujano no puede pretender salir de prisión para hacer una operación que puede ser muy importante para la salud de sus pacientes, ningún político puede pretender seguir ejerciendo como tal en tanto no cumpla el castigo que corresponda a su conducta irregular o, mientras esta se dilucida, no se comprometa firmemente a no reiterar los hechos investigados.

Para mayor contumacia en el error, el fugitivo de Bruselas, además de no tener la valentía de asumir la responsabilidad de sus propios actos, incrementa la gravedad de los mismos al calificar la confirmación de la prisión preventiva de Junqueras como una especie de cambalache que el Estado se inventa para mantenerlo como rehén mientras se busca un acuerdo. La nimiedad del personaje es tan palmaria como el triste destino que le espera, tanto si se queda comiendo mejillones el resto de sus días como si en algún momento se comporta con la hombría mínima de salir de Bélgica y asumir sus responsabilidades.

El futuro de Cataluña, bastante incierto si la mayoría no impone un mínimo de sentido común, pasa por la reconstrucción de consensos y la reconciliación de los dos bloques que, como dice Duran Lleida, han confirmado reiteradamente que están socialmente empatados. No cabe que cada día sea más difícil el entendimiento entre ambas, lo que confirmaría la profecía de Aznar cuando pronosticó que el “proces” no rompería España pero sí Cataluña.

El primer reto, pues, es la reconciliación de los catalanes entre sí. Después, desde el sentido común, habrá que restañar las heridas con el resto de España, con la Unión Europea y con los sectores económicos y los mercados. La incertidumbre para estos sobre el futuro de Cataluña no aguanta más de seis meses. Si en ese periodo los disparates no se reconducen, el dinero, que siempre es temeroso y conservador, huirá con determinación de aquella prospera comunidad que tardará muchas décadas en recuperarse, si es que lo consigue.

Mientras esa amenaza real existe, unos políticos mediocres se dedican a buscar privilegios, bulas y tratos de favor, en vez de pedir disculpas y esforzarse por reparar el enorme daño social y económico que han infringido a sus ciudadanos.