Nos están engañando con las pensiones

Artículo de Antonio Barreda

Desde hace unos años los dos únicos partidos que han gobernado en La Moncloa, PSOE y PP, nos han venido engañando con el futuro de las pensiones. En el año 95 se llegaba al famoso acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones en España. Desde entonces solo nos han ido contando mentiras tras mentiras.  Previamente ha se habían hecho reformas, como el llamado sistema mixto público-privado, que se creó con la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, donde se permitía los famosos fondos de pensiones en aseguradoras y en banca. Una Ley que fue contestada en solitario por CC.OO. que convocó, por ello, la primera huelga general de la democracia en España, mucho antes que el famoso 14-D. Más tarde el sistema creado por esta Ley absorbería a la propia CC.OO. que actualmente es partícipe en empresas que gestionan fondos de pensiones en España.

Es toda una irresponsabilidad que ninguno de los Gobiernos que ha tenido España en los últimos años haya acometido de manera seria y adecuada el problema de las pensiones. Hay que recordar el hecho de que el actual Gobierno del PP se comprometió en 2012 a mandar una carta a cada trabajador para explicarle, con los datos hasta esa fecha, cuál sería la cuantía de la pensión a percibir. Ni que decir tiene que no ha habido ni rastro de esta promesa.

Los problemas de los fondos privados de pensiones

Estos fondos privados de pensiones no contaban a largo plazo con dos problemas que podían ocurrir en el mercado. Las crisis económicas que vendrían y las posibles inflaciones en la economía durante el periodo de vigencia de estos planes. La primera se produjo tras el año 92 y provocó un aumento de los fondos privados. La segunda crisis llegó en 2008 cuando muchos tuvieron que rescatar sus planes de pensiones por necesidad vital, y, por otro lado, el paro subió, según la EPA del primer trimestre de 2013, hasta los 6,2 millones de parados, con una tasa de desempleo por encima del 27%. La inflación, por suerte, se quedó estancada en los peores años de la crisis, lo que lastró la propia economía. Esta expulsión brutal del mercado de trabajo de millones de trabajadores, produjo dos cosas, por un lado, un aumento de prestaciones por desempleo, y por otro, una reducción de las cuotas de seguridad social que sostenían el sistema de pensiones. Solo durante el primer año de gobierno de Rajoy el paro aumentó en más de 1 millón de parados.

Un sistema de pensiones como el nuestro que se sostenía con las aportaciones de los trabajadores, fundamentalmente, estaba desangrándose por culpa de aquellos que habían creado una burbuja ficticia que no supieron desinflar. Estos días hemos escuchado en el Parlamento español como Rodrigo Rato desvelaba que el ministro Guindos pidió a Bruselas el rescate del país, o como el exministro Pedro Solbes culpaba directamente a Zapatero de no haber actuado a tiempo para acabar con la crisis. La crisis llamada del ladrillo provocó que a España solo le permitieran el rescate bancario.

El precio del rescate bancario lastra la economía

El Banco de España en su último informe actualizado del pasado 7 de septiembre de 2017 da por perdidas el 75% de las ayudas públicas para salvar las cajas (pueden consultarlo en la web del Banco de España). El Banco de España cuantifica las aportaciones públicas a través del Fondo Estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 54.353 millones de euros. De ellos, sólo considera recuperados 4.477 millones, lo que representa un 8,2% y calcula que el Estado podrá recobrar otros 9.798 millones cuando venda las participaciones en la nueva Bankia que incluye Banco Mare Nostrum. En total, el Banco de España prevé recuperar tan solo 14.948 millones y da por perdidos los 40.000 millones restantes. En esta última cifra destacan los 12.052 millones definitivamente perdidos en Catalunya Caixa y los más de 9.000 millones irrecuperables en las cajas gallegas.

Pero aquí no queda la cosa, porque los 54.353 millones mencionados por el Banco de España no es toda la factura del rescate que puede tener impacto en las cuentas del Estado. El organismo no tiene en cuenta, por ejemplo, el riesgo contraído en el llamado banco malo Sareb, que supera los 40.000 millones de euros, una cifra descomunal si comparamos que el presupuesto de la Junta para 2018 es algo más de 33.000 millones de euros. O sea, que, si sumamos la factura del rescate bancario a la factura de la Sareb o banco malo, el agujero producido en la economía española es de 80.000 millones de euros que han sido puestos a escote por todos los españoles, euro a euro, céntimo a céntimo. Y ese dinero, de momento, se ha perdido por las cañerías de los que provocaron la crisis del 2008.

La falta de previsiones agrava la crisis del sistema de pensiones

Lo que sí sabemos es que la crisis de 2008 trajo como consecuencias una volatilidad del mercado laboral que no se ha vuelto a corregir, unido a la huida masiva de varios millones de inmigrantes que cotizaban a la Seguridad Social. Conviene recordar que el 2008 con el gobierno de Zapatero se publicaba el informe "Estrategia Nacional de Pensiones 2008" que concluía que el sistema provisional de pensiones no entraría en déficit hasta 2029. Entre los factores fundamentales, el informe menciona la aportación producida por los inmigrantes, que acompañó el crecimiento de la economía.

Las previsiones de este informe estaban tan equivocadas que decía el mismo que de seguir con el actual sistema, se prevé que el fondo de reserva de la Seguridad Social -conocido como hucha de las pensiones-, que cerrará este año con unos 60.000 millones, no sería necesario utilizarlo hasta 2029, también ocho años más tarde que lo previsto en el último cálculo. Para este informe el efecto del proceso de envejecimiento de la población española se manifestaría previsiblemente a partir de 2030.

El debate sobre las pensiones

Hay ya un debate encendido sobre el sistema de pensiones y su capacidad para sobrevivir más allá de 2026. El sistema actual pervive mientras existan altas en la Seguridad Social para mantenerlo. Las proyecciones hablan que dentro de unos años o se incrementan el número de altas o la quiebra del sistema es inminente. Otro de los debates es saber si el alta proviene de contratos temporales o indefinidos, ya que esto es esencial para el mantenimiento del sistema. Incluso se alzan los que piden reformas urgentes del sistema para garantizar las pensiones acortando las mismas o ampliando la vida laboral de los españoles, ya que cuando se jubilen los baby booms de los años sesenta habrá muchos más jubilados que cotizantes.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dejó claro el pasado mes de abril, en el propio parlamento nacional, que la desviación presupuestaria de la Seguridad Social sigue siendo el gran problema del Gobierno. Tanto es así que el déficit de este año estará cerca del récord histórico que marcó el año pasado, cuando superó los 18.000 millones, y hará que la desviación acumulada desde que gobierna el PP sea de más de 80.000 millones al cierre de este ejercicio de 2017. Una sangría que el PP no ha podido, o no ha querido corregir.

Solo hay para una paga extra más en pensiones

La Seguridad Social tomó el pasado mes de diciembre 7.792 millones para poder hacer frente a la paga extra de las pensiones de diciembre. De ellos, 3.586 millones se han extraído del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Tras esta retirada, solo restan en el Fondo 8.095 millones frente a los 66.815 millones que llegó a acumular en 2011. Es decir, le queda apenas lo justo para abonar una sola mensualidad más. Además, la Seguridad Social ha utilizado otros 4.206 millones que le faltaban por coger del préstamo de 10.192 millones que le concedió el Gobierno en los últimos Presupuestos. En junio ya había usado 5.986 millones para abonar la extra de verano. Y ahora se agota el resto para poder pagar la de diciembre, incluyendo la liquidación del IRPF.

En estos momentos, los pagos mensuales de las pensiones se financian prácticamente con lo que se ingresa en el mes por cotizaciones de trabajadores. Pero estos recursos no son suficientes para costear las pagas extra. En junio y diciembre, la nómina mensual se duplica. Pasa de un desembolso que ronda los 8.800 millones de euros hasta los 17.470 millones que se gastaron este pasado mes de diciembre. Para esas mensualidades no basta con lo que se recauda de las cotizaciones. Pero el crédito financiado a cargo de los Presupuestos es un préstamo que no devenga intereses y que tiene que devolverse en diez años a partir de 2018. O sea, una deuda viva que aumenta año tras año.

Los datos del informe de la OCDE

El informe bienal sobre las pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integra en sus proyecciones las reformas realizadas en los Estados miembros hasta septiembre de 2017, y publicado en diciembre del pasado año, indica que España en 2050 se habrá convertido en el segundo país más envejecido del mundo, sólo por detrás de Japón. La tasa de reemplazo de las pensiones en España (medida en porcentaje del salario) será del 82 % para un joven de 20 años que empezó su vida activa en 2016 y que cubra el periodo completo de cotización para jubilarse, netamente por encima del 63% de media de la organización e incluso del 71 % en la Unión Europea.

Los autores del documento ponen el acento en que España afronta un rápido envejecimiento, hasta el punto de que, según la ONU, en 2050 habrá 76 personas de más de 65 años por cada 100 entre 20 y 64. Será la segunda tasa de dependencia más alta sólo por detrás de Japón, cuando en 2015 España se colocaba, con menos del 35 %, en décimo tercera posición (27,9 % de media en la OCDE). La OCDE advierte de que el paro persistente y la alta tasa de temporalidad reducen los derechos de pensión para una parte significativa de la población en edad de trabajar.

Otro problema para la viabilidad financiera del sistema español de pensiones es la baja tasa de empleo de las personas de más de 55 años, muy por debajo de la media, en particular el grupo de 65 a 69 años, donde es la más baja de los países de la OCDE. De hecho, la edad media efectiva de salida del mercado de trabajo, que había subido antes de la crisis, se ha estancado en 62 años para hombres y mujeres, cuando la media en el "club de los países desarrollados" es de 65 años para los primeros y 62 para las segundas.

Solo cuatro provincias españolas sustentarían las pensiones

Según los últimos datos publicados a septiembre de 2017 sobre los datos de la Seguridad Social en 2016, de las cincuenta provincias españolas sólo cuatro podrían sostener a día de hoy sus pensiones con lo que ingresan por cotizaciones sociales. Sólo Madrid, Baleares, Almería y Las Palmas recaudan lo suficiente para sostener las pensiones. En el lado del superávit les acompañan también las dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

Melilla es la que mejor se encuentra en esta materia, ya que recauda un 122% de lo que necesita. Ceuta y Baleares ingresan un 110% de su gasto en pensiones, mientras que Almería recauda un 105%. En el caso de Madrid, tiene un superávit de 83 millones de euros, con un excedente del 0,5% respecto a su gasto en pensiones, y Las Palmas tiene un superávit de apenas 18 millones de euros. Pero el resto de España, es decir, las 46 provincias restantes, es deficitaria.

Hay que recordar que las cifras de la Seguridad Social están calculadas sin añadir las transferencias que hace el Estado para financiar los complementos a mínimos, por lo que el déficit del sistema sería de 26.000 millones de euros y no los casi 19.000 contabilizados al cierre del ejercicio. Cataluña es la autonomía con más déficit (4.700 millones de euros, más del 20% del total), debido en parte a los 3.373 millones de euros de desfase que tiene Barcelona. Le sigue Andalucía, con 4.168 millones de euros de déficit.

El mayor desajuste corresponde a Asturias, que apenas recauda un 42% de lo que necesitaría para pagar sus pensiones. Esto se debe a que sus pensiones son más altas que la media, sólo superadas por las que se cobran en el País Vasco. Tampoco llegan a recaudar la mitad de lo que cobran sus pensionistas otras dos provincias: León, que ingresa el 44%, y Lugo, que recauda el 48% de lo que necesitaría para pagar estas prestaciones.

Las provincias de Orense y Zamora, que ingresan el 50 y el 52%, respectivamente de lo que se paga a sus pensionistas. En este caso, el motivo está más en el número de pensionistas que en su importe, ya que sus prestaciones están lejos de la media nacional. Por debajo del 60% están también Cantabria, Ávila, Teruel, Pontevedra y Salamanca, es decir, estas cinco provincias no podrían pagar el 40% de su gasto en pensiones.

Rajoy se carga la subida de las pensiones vinculadas al IPC

El gobierno de Rajoy se cargó la subida de las pensiones en función del IPC, en vez de ello se inventó un Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que era el nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que el Gobierno aprobó dentro de la reforma de 2013. Esto implicaba que a partir del año 2014 las pensiones públicas dejaran de revalorizarse conforme al IPC.

Si se aplica tal cual la fórmula incluida en la reforma de 2013, las pensiones tendrían que haber bajado este año pasado de 2017 alrededor del 3%. Pero no se aplicó. La reforma incluyó junto a este nuevo índice un tope mínimo y máximo: sea cuál sea el resultado de la fórmula, las pensiones se revalorizarán al menos un 0,25% y como máximo una tasa igual al IPC+0,5%.  Este IRP sirve en parte para suavizar esa pendiente y repartir el coste entre generaciones. Porque la fórmula es muy clara, mide ingresos y gastos del sistema a lo largo del ciclo: si no cuadran, lo que hace es ajustar las prestaciones para corregir ese déficit.  La tasa de IPC conocida para 2017 fue de un 1,1 interanual, según consta en el Instituto Nacional de Estadística, por lo que las pensiones en 2017 han perdido un 1,75% de poder adquisitivo, cinco veces más de lo que las subió el Gobierno, y en los siguientes años va a profundizar su caída.

La reforma laboral del PP pone en peligro el sistema de pensiones

La reforma laboral del Partido Popular del año 2012 pone en peligro el sistema de pensiones porque trajo aparejadas la destrucción de empleo fijo por empleo precario. Esta precariedad del mercado laboral afecta directamente a las cotizaciones con las que financiar el sistema de pensiones por múltiples vías: Cotizaciones que solo cubren unos meses al año (contratos temporales). Cotizaciones parciales, solo de una parte de la jornada (contratos a tiempo parcial). Cotizaciones devaluadas (de salarios cada vez más bajos). Cotizaciones incompletas (de autónomos y asalariados de altos ingresos) que cotizan solo por una parte de lo que ganan y se les exime de pagar por todo (frente a la obligación de los restantes cotizantes). Cotizaciones desaparecidas (la mitad de los parados no perciben prestaciones, y de los desempleados que reciben prestaciones, la mayoría de estas son subsidios asistenciales por los que no se reconoce el derecho al pago de cotizaciones.

Además, gracias a la Reforma Laboral es la primera vez que la recuperación del empleo no está implicando la recuperación de las cuentas de la Seguridad Social, por tres factores: la precariedad laboral, la rebaja salarial que España ha experimentado durante la crisis, y la política de bonificaciones a la contratación del Gobierno. Todo esto lastra los ingresos de la Seguridad Social. Y aunque el empleo se recupera, lo hace poco a poco y con condiciones y sueldos precarios, y eso hace que las cotizaciones que aportan los asalariados sean insuficientes para reflotar las cuentas de la Seguridad Social. La política de empleo del Gobierno se ha basado fundamentalmente en reducir y bonificar las cuotas de los nuevos contratos. Muchos de los nuevos contratos no pagan las cotizaciones completas que les corresponderían porque se benefician de alguna de estas medidas. Se está usando, de esta forma, el Fondo de Reserva para financiar otras políticas, como las bonificaciones

Aparecen las propuestas de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez la semana pasada lanzó una propuesta del PSOE, que va a empezar casi de inmediato a ser negociada con los agentes sociales, y que podría terminar como propuesta en el Congreso en el segundo semestre del año, consiste en aumentar los ingresos del sistema con la creación de dos nuevos impuestos a la banca para sufragar hasta un 13% del déficit. El primero será una tasa a las transacciones financieras. El segundo, un nuevo impuesto extraordinario a la banca. Cada uno de ellos recaudaría entre 800 y 1.000 millones de euros al año, según cálculos de los socialistas, un máximo de 2.000 millones en total.

Por otra parte, los propios socialistas desde Ferraz también plantearán aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social a las rentas superiores a los 45.000 euros brutos anuales. En total, los nuevos ingresos podrían ascender a unos 2.750 millones de euros. Además, el PSOE quiere obtener otros 4.300 millones de una racionalización del gasto de la Seguridad Social. Como explican en un documento titulado La apuesta socialista por el sistema público de pensiones, esa racionalización consiste en que la Seguridad Social deje de hacer frente a gastos que no debe acometer. Y que estos sean sufragados vía Presupuestos Generales del Estado. Se trata de las reducciones de cotizaciones procedentes de las políticas activas de empleo, así como de los gastos de personal, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión de los organismos de la Seguridad Social. El PSOE también aspira a recaudar 3.500 millones adicionales contando con la creación de empleo actual -unos 500.000 nuevos empleos al año-. Y otros 4.500 por la aplicación de la mejora de los salarios que ellos contemplan en su propuesta de pacto de rentas.

El PP contesta

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, consideró la propuesta de Pedro Sánchez de "mentira y demagogia" de crear impuestos a transacciones financieras y banca para sostener el sistema público de pensiones, ya que el problema "no se arregla" con estos nuevos gravámenes.

Hernando ha asegurado que esto no va a solucionar el problema del sistema de pensiones que necesita es un "gran pacto intergeneracional" porque España es un país en el que cada vez las personas viven más, por lo que la cuantía de las pensiones ha pasado de 90.000 millones en 2011 a 140.000 actualmente, y esto "no se arregla con dos impuestos a los bancos". Por eso, ha instado al PSOE a llegar a un acuerdo entre todos y tomar "decisiones valientes" y dejar de pensar en "sacar ventaja".

Por otro lado, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, rechazó la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear un impuesto a la banca para sostener las pensiones y defendió que el pago de las mismas se mantiene gracias a la creación de empleo. "Lo que sostiene las pensiones no son los impuestos, que destruyen empleo y reducen el crecimiento, sino las aportaciones de empresarios y trabajadores al sistema de seguridad social porque quién no estaba trabajando, ahora está trabajando", dijo desde Bruselas. El secretario de Estado consideró que subir la imposición no es "la mejor forma" de apuntalar el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto en el que aún "existe un alto nivel de desempleo" y "muchas debilidades" en la estructura económica española.  

Cs contesta al PSOE

Francisco de la Torre, del equipo económico de Cs, contestaba a través de un artículo publicado la pasada semana en la web Voz Populi. Decía que Ciudadanos tiene cuenta que el déficit de la Seguridad Social asciende a unos 15.000 millones al año. Por lo tanto, concluye que con las cotizaciones sociales no es suficiente para pagar las pensiones y los gastos de gestión del sistema. Añade que se podrían pagar los gastos de gestión del sistema con impuestos. Calcula que ascienden a unos 4.000 millones de euros al año. Pero alerta al mismo tiempo de que este escenario supondría aumentar el déficit del Estado en unos 4.000 millones y, aún así, se continuarían necesitando otros 11.000 millones por ejercicio.

En el caso del impuesto a las transacciones financieras, el equipo económico de Rivera alerta de un impuesto a un elemento como son las transacciones en los mercados financieros. Advierte de que es un impuesto que acabará trasladándose en cascada a todos los ciudadanos, ya que cualquier operación en los modernos mercados de capitales pasa por varias transacciones. Por si esto fuera poco, si sólo se aplica además la tasa en España como propone el secretario general del PSOE, pronostica que las operaciones se desplazarán a otros mercados financieros, como ocurrió en Suecia cuando lo implantó

Añade que la tasa para operaciones en bolsa existe en UK y antes del Brexit recaudaba 3.000 millones de libras. La única posibilidad seria es implantar una tasa para operaciones en bolsa. Esto existe en el Reino Unido, y antes del Brexit conseguía una recaudación de unos 3.000 millones de libras. Dado el tamaño del mercado español, con un volumen que no supera un 25% del London Stock Exchange, no podremos conseguir más allá de 750 u 800 millones de euros, sin un riesgo grave de perjudicar a nuestros mercados financieros.

El futuro de las pensiones

Lo que sí está quedando claro es que nos quieren vender a todos los españoles un sistema público-privado de pensiones, donde la capacidad de ahorro de los futuros pensionistas va a ser vital para que los españoles no deleguemos nuestra tranquilidad durante el retiro en el Gobierno de turno, y comencemos a planificar nuestro futuro cuanto antes. Ya hay cálculos que indican que un español de más de 50 años debe de ahorrar unos 100.000 euros para complementar su jubilación. Pero con las tasas de sueldos y de capacidad de ahorro de los ciudadanos, provocado por la crisis y por la reforma laboral, esto último comienza a ser una quimera.

Las compañías privadas, bancos y aseguradoras, presionan con que la solución al problema de las pensiones sea una estructura de capitalización complementaria. Es decir, un sistema mixto de pensiones en el que los trabajadores puedan compensar la reducción en la tasa de sustitución con un ingreso privado. Como medidas adicionales, el Gobierno, por su parte, también podría considerar crear estímulos fiscales para incentivar el ahorro privado entre los ciudadanos y para que las empresas, a su vez, encuentren incentivos reales para ofrecer estos productos a sus empleados.

Lo que todos deben esperar a corto plazo es una reforma del sistema de pensiones donde, de nuevo, nos irán recortando derechos a todos los ciudadanos. Una de ellas, las más enérgica y dolorosa sin duda, será la posible ampliación de la edad de jubilación hasta los 70 años, unido a que la pensión sea calculada en función de toda la vida laboral cotizada, lo que nos dará un tajo de considerables dimensiones a las pensiones dentro de unos años.

Como ya ha señalado el último informe del BBVA, el problema poblacional y la caída de los salarios y por tanto de las cotizaciones al sistema, arroja como resultado la insuficiencia del sistema, o lo que es lo mismo, no es que vaya a quebrar o se vaya a quedar sin fondos (aunque sí el fondo de reserva que dejará de existir) sino que simple y llanamente, no habrá dinero para dar unas pensiones públicas dignas a los jubilados en el futuro, lo que supondrá que 4 de cada 10 jubilados estará en riesgo severo de pobreza en 2050.

Para evitar esto muchos abogan que, ante los problemas de suficiencia del sistema, una posibilidad sería la de blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación, lo que tendría un coste anual durante los próximos cuarenta años de algo más de cuatro décimas del PIB que habría que financiar con impuestos adicionales, lo que supondría un incremento de la recaudación del IRPF de alrededor de un 6%.

De todo lo expuesto que se deduce, cada vez más claro, que habrá que tirar de los presupuestos generales del estado y crear impuestos adicionales para mantener el sistema actual de pensiones, y, por otro lado, para contrarrestar la caída poblacional que se va a producir dentro de 40 años, España debe ser un país que atraiga a la mano de obra extranjera para mantener el sistema.