¿Quién defiende a los ciudadanos?

Artículo de Antonio Montero

En democracia, los partidos políticos. Ha sonado la sirena de error. Sí, porque sus alternativas a los problemas que señalan los distintos medios de comunicación: el dilema que se avecina con el pago de las pensiones; el peligro que se cierne, con la disminución incesante de la población, sobre la sostenibilidad del sistema de salud; que la deuda pública, es decir, lo que los españoles debemos a las entidades financieras, es mayor del 100% del PIB, o sea más de lo que España produce en un año, por no referirnos a las “minucias” derivadas de los intentos de sedición y golpe de estado de una parte de los dirigentes políticos catalanes o la sequía que padecemos, no forman parte del “programa electoral” de ninguna elección pasada, presente, y nos tememos, que futura.
¿Quién ha oído una alternativa, una propuesta de solución o de medida de parte de algún partido político en relación con temas a resolver a medio o largo plazo?

Los medios de comunicación y algunos economistas (Daniel Lacalle entre otros) se refieren a la doble administración que mantienen algunas comunidades, en las que existe la Consejería del Medio ambiente y además la Agencia del Medio Ambiente y el Instituto del Medio Ambiente; Consejería de Asuntos Sociales y el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, de la Senectud…y así sucesivamente. Se trata de mecanismos por medio de los cuales mantienen con sueldos notables a políticos y adeptos, que algunos políticos, cuando no tenían las posibilidades de disfrutarlos, algunas veces censuraban pero que una vez en el parlamento usan como mecanismo de poder. En su descaro, a niveles internos, llaman a esto visibilidad (del partido). Sí, ¿o es que no es un mecanismo de poder la transacción resultante de forzar la introducción de una enmienda (mía) en una ley a cambio de la promesa de silencio al colocar a tres más (tuyos) en la Agencia Fulanita?

¿Alguien ha oído alguna propuesta de gobierno concreta en la campaña electoral de las elecciones catalanas, más allá de la del líder socialista Iceta pidiendo la quita de la deuda pública catalana? O sea, que de los despilfarros realizados por los políticos nacionalistas nos ocupemos (los costeemos) los ciudadanos de España y un poco menos los catalanes. Esto último es de alguna simplificación, pero trato de hacer didáctica la realidad. No, ellos van a lo suyo, que NO es lo nuestro. A veces, concretan propuestas que sirvan de arma arrojadiza contra los adversarios, entre los que llegan a incluir a los ciudadanos, por ejemplo el líder del PSOE nos anuncia, cuando los nubarrones se acercan, un revisión de la ley de lo que llaman “memoria histórica”, de la que pretenden que no sea posible la discrepancia. No olvidemos está elaborada por un prevaricador consumado.

En ocasiones las circunstancias les fuerzan a llegar a algún tipo de acuerdo, ha sido el caso de la redacción de una ley contra el maltrato a las mujeres, que saben no solucionará nada, porque no se abordan las causas, pero que pone sobre el tapete una cantidad importante de dinero, a repartir en función de sus cuotas de poder, de su visibilidad.

No, no debemos ser ingenuos, el interés primordial de la clase política no es defender los intereses de los ciudadanos, es defender los suyos propios. Para los ciudadanos elaboraron unas normas, leyes, según las cuales éstos deberían trabajar durante 35 años, o más, para optar a la pensión de jubilación que les corresponda, ellos con dos legislaturas consolidan la máxima pensión posible. La pensión de los ciudadanos es incompatible con cualquier otra fuente de ingresos, la de ellos nace compatible. Y así con cualquier ejemplo que busquemos. Más aun, los tribunales de justicia que entiendan sus causas no serán los mismos que los nuestros, los de ellos, con frecuencia, son elegidos por la clase política. Este proceder lo han señalado distintos personajes desde John C. Calhoun, séptimo vicepresidente de los Estados Unidos, a Ortega y Gasset pasando por profesores ilustres como Miguel Anxo Bastos o Albert Jay Nock. John Calhoun llega a afirmar, en relación con las disputas entre partidos: “El conflicto entre los partidos… tiende necesariamente a embarcarse en una lucha por los honores y emolumentos del gobierno; y cada uno para poder obtener un objeto, tan ardientemente deseado, recurrirá, en medio de la lucha, a cualquier medida que sea la más apropiada para lograr este propósito”. El reciente intento de golpe de estado perpetrado por los independentistas catalanes es un innegable y reciente ejemplo práctico de la afirmación anterior. En el caso catalán los tan cacareados intereses del pueblo, ni por un instante, han sido los móviles de las decisiones tomadas y cuyas consecuencias en lo económico serán graves por más que, lógicamente, ningún líder haga referencia a ello. Por el contrario, apelan a los sentimientos más ramplones para enfrentar a la ciudadanía en su propio interés como ha ocurrido con el caso del tesoro del monasterio de Sijena.

Los ciudadanos debemos asumir más responsabilidades que la de votar cuando nos convoquen a ello. Gastar algún tiempo en poner en marcha nuevas formas de organización ciudadana, plataformas, clubs, foros desde los que alumbrar y difundir alternativas a los problemas que ellos ignoran en su perspectiva de cuatro años. Forzar un nuevo compromiso con el medio y largo plazo. Las redes sociales, los numerosos periódicos digitales que ofrecen una información al minuto pueden ser herramientas eficaces en una alternativa a esta forma de gobierno sesgada.