Artículo de Luis Marín Sicilia
"La fractura social es real y casi dramática en Cataluña"
"El fugitivo, por mucho que brame, tendrá que rendir cuentas a la
justicia en cuanto pise suelo español"
“La república catalana ha derrotado a la monarquía del 155” . Con estas altisonantes
palabras, el fugitivo mayor del Reino de España pretendía amedrentar a los
españoles con un aparente triunfo de sus tesis que, bien analizadas, no son
sino una derrota en toda regla. Porque el pretencioso Puigdemont no deja de
ser, por el momento, un fugitivo de la justicia, una persona incapaz de
someterse al Estado de Derecho al que debe los cargos institucionales que ha
traicionado y de cuyas responsabilidades ha huido con acreditada cobardía.
Las elecciones autonómicas catalanes corroboraron el jueves lo
que los analistas más documentados presagiaban: que el soberanismo de aquella
región tendría un leve retroceso que no le impediría formar gobierno, y que el
constitucionalismo obtendría el mejor resultado de su historia, pero que,
debido a la distribución de los escaños, muy alejados de una mínima
proporcionalidad respecto al número de votos de los electores, no le
permitirían gobernar.
Cierto pesimismo alcanzó anoche a la ciudadanía más
comprometida con la idea de España. El triunfalismo de los “amarillos” pudo
hacer mella en muchos de ellos, pero estoy convencido de que el análisis más
pausado de lo ocurrido pondrá las cosas en su sitio. Algunas conclusiones, a
vuela pluma, pudieran extraerse de lo acontecido:
1) La fractura social es real y casi dramática en Cataluña,
lo que, de no imponerse el buen sentido, puede hacer ingobernable aquella
comunidad. Las diferencias entre los líderes separatistas, que en conjunto han
perdido dos escaños, son notables y será un obstáculo para el acuerdo entre
ellos.
2) El empeño en priorizar el sentimentalismo y el victimismo
sobre la racionalidad pone en duda ese “seny”, ese sentido común, que
tradicionalmente se ha atribuido a los catalanes.
3) La ley electoral catalana produce situaciones tan
injustas como que “a más votos” se obtengan “menos escaños”. Los no
independientes obtienen casi doscientos mil votos más que los soberanistas, y
sin embargo estos podrán gobernar con mayoría absoluta.
4) El resultado electoral no deroga al artículo 155 de la
Constitución, que estará vigente hasta la constitución del nuevo gobierno que
no será hasta primeros de febrero como muy pronto.
5) El fugitivo, por mucho que brame, tendrá que rendir
cuentas a la justicia en cuanto pise suelo español. El gobierno ni puede, ni
debe ni quiere interferir la labor de los jueces y, por tanto, si Puigdemont
pretende ser investido será previamente detenido y serán los jueces los que
decidan qué actos le serán vedados hasta que se produzca el juicio por los
delitos de sedición, rebelión y prevaricación que se le imputan.
6) El gobierno de Rajoy ha debido aprender la lección y, de
insistir los separatistas en sus tesis rupturistas ilegales no debe esperar al
beneplácito de otras fuerzas políticas para hacer que se respete la legalidad,
recurriendo al Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para aplicar las
medidas pertinentes que desarrollen el artículo 155.
7) El monopolio del “pueblo catalán” por parte de los
independentistas se ha acabado. Tiene razón Arrimadas cuando les advierte que
no pueden seguir hablando en nombre de
todos los catalanes, porque si se trata de contar, son más los que no
comulgan con el separatismo. Y estos no están dispuestos a seguir callados.
En conclusión, un nuevo Parlamento catalán se configurará
según el veredicto de las urnas y con las atribuciones y funciones que les
asigna la Constitución y su Estatuto de autonomía. Quien quiera ir más allá se
encontrará con el peso de la ley. Así ocurrió en el Ayuntamiento de Marbella,
disuelto e intervenido el 7 de abril de 2006 en base a “sistemáticas
ilegalidades” al haberlo gestionado de forma “gravemente dañosa para los
intereses generales”.
Sería lamentable que los catalanes, adornados siempre de un
buen sentido común, resultaran ahora más radicales que los vascos, a quienes
siempre tuvimos por más temperamentales. El 30 de octubre de 2004 el Parlamento
Vasco aprobó por 39 votos a favor y 35 en contra el llamado Plan Ibarretxe.
Solicitado su refrendo en el Congreso, con arreglo a la legalidad vigente, fue
rechazado el 1 de febrero de 2005 por 313 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones.
Ibarretxe aceptó su derrota democráticamente y pasó a la historia política.
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