¿Autonomía?

Artículo de Enric Cabecerans

La actual crisis territorial de España, en la que los nacionalistas de Cataluña han enfrentado a los propios catalanes entre sí y a una parte de éstos con el resto de españoles, ha contribuido a cuestionar el actual sistema político de nuestro país, abriendo la posibilidad de una reforma constitucional. Sin embargo, tras el órdago soberanista no parecería razonable premiar las aspiraciones de éstos con reformas que faciliten el encaje de Cataluña en España. En realidad, esto del encaje no es más que otra trampa semántica, como el derecho a decidir, para que algunos consigan determinados privilegios en detrimento de los demás españoles.

Afirmaba, en su día, Francesc de Carreras que el Estado de las Autonomías había traído prosperidad para España; Sosa Wagner, con sorna, le replicaba que la prosperidad se había producido a pesar de ellas. Comparto ese pensamiento, igual que otras muchas personas que entendemos que las Comunidades Autónomas han sido un experimento que ha generado más problemas de los que ha resuelto. En este sentido, es un hecho contrastado el espectacular incremento de las deudas generadas por los distintos Gobiernos regionales, y sobre todo, la acentuada desigualdad que se ha generado entre los ciudadanos. La descentralización administrativa es una opción muy razonable para gestionar los recursos públicos, ya que la cercanía facilita el conocimiento de las necesidades de cada región. Pero la autonomía política solo ha contribuido a generar conflictos y diferencias, éticamente reprobables desde una óptica progresista, entre unos territorios y otros.

De todos es conocida la situación en Cataluña, en el País Vasco y Navarra, sus reivindicaciones y sus peculiaridades, pero ¿qué ocurre en las demás comunidades? Y en particular, ¿Cómo ha evolucionado Andalucía en estos años de autonomía?

La autonomía andaluza

Las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía tuvieron lugar el 23 de mayo de 1982, que ganó el PSOE-A, partido que se ha mantenido al frente de la Junta de Andalucía, desde entonces. La evolución de los principales indicadores socioeconómicos, desde los años 80 a la actualidad, demuestran que se han mejorado determinados aspectos, como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que ha pasado de una tasa de actividad del 20,2% al 51,5%. Asimismo, los servicios sanitarios y la educación muestran mayores tasas de progreso. El analfabetismo ha disminuido a un 3,1% y el porcentaje de personas con estudios secundarios o superiores no ha parado de aumentar. En sanidad, se han visto incrementados los centros de atención primaria y los hospitales públicos. Sin embargo, estas mejoras no han sido exclusivas de la comunidad andaluza, en realidad forman parte del desarrollo de todo el país y de la consolidación del Estado del Bienestar.

Si atendemos a las estadísticas del mercado de trabajo, los datos no se muestran nada favorables: el paro, en 1980, era del 17,4% y los últimos datos de 2017, lo sitúan en el 25,4%. El sur de España siempre ha sufrido altas tasas de desempleo, por encima de la media nacional. Incluso con las transferencias de las políticas activas de empleo en 2003, el Gobierno de la Junta no ha sido capaz de generar ocupación estable. De hecho, Andalucía está a la cola, después de la ciudad autónoma de Melilla.

Tabla 1: Evolución del paro 2007-2017

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ESPAÑA	8,01	11,23	17,75	19,59	21,28	24,79	25,65	23,67	21,18	18,91	16,38
ANDALUCÍA	12,5	18,21	25,51	28,38	30,69	35,21	36,19	35,21	31,73	28,52	25,41

Datos: INE

Tabla 2: Población ocupada por sectores

	AGRICULTURA	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS
ANDALUCIA	7,20%	9%	5,7%	78%

Datos:INE

En aspectos puramente económicos, podemos decir que el peso relativo de Andalucía en el PIB nacional apenas ha variado a lo largo de estos años: del 12,8% en 1980 al 13,3% en 2016. La aportación del sector primario al valor añadido bruto ha caído, mientras el sector servicios se ha incrementado espectacularmente, 7,2% y 78%, respectivamente, en 2017. En pocas palabras, el PSOE-A no ha traído a Andalucía grandes mejoras. En realidad, casi tres millones y medio de andaluces, el 41,7%, viven en situación de riesgo de pobreza, y el 9,9% de las personas, sufren pobreza severa. ¿En qué piensan nuestros gobernantes?

En 2012, el economista, Cesar Molinas escribía un acertado artículo en El País titulado “Una teoría de la clase política” en la que argumentaba que: “la clase política española ha desarrollado un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación”. Sin duda, Andalucía es un claro ejemplo de ello. El PSOE-A se ha mantenido en el poder desde el principio de los tiempos y, seguramente, no es casual que la Administración de la Junta de Andalucía sea el primer empleador de la región. Otra de las consecuencias del sistema autonómico es que el poder dentro de los partidos políticos también se ha descentralizado, hasta el punto en que cada líder regional ha adquirido, en la práctica, el rango de barón en su zona de influencia.

España necesita una serie de reformas estructurales para volver a la senda del crecimiento y la prosperidad. Entre ellas, yo defiendo un modelo  centralista, similar al francés, donde el poder político solo se sustente en el Parlamento español,  y el control de la legalidad sea ejercido, de un modo eficaz, a través de un poder judicial independiente (también económicamente). Un sistema en el que los ciudadanos puedan elegir directamente al Presidente del Gobierno y en el que los representantes públicos no puedan alargar su mandato más allá de 8 años. Defiendo una ley electoral de distrito único en el que el voto de todos los españoles valga lo mismo y  unos medios de comunicación públicos neutrales, que faciliten información veraz y que den publicidad a las propuestas de los distintos grupos políticos, en igualdad de condiciones. Estas propuestas aspiran a conseguir una democracia más efectiva, en la que los poderes del Estado estén separados desde su origen. Un sistema capaz de corregir las diferencias que se han acentuado durante estos años para garantizar la igualdad y la libertad de los ciudadanos en todo el país.

La política autonómica ha dado lugar, en muchas ocasiones, a ciudadanos de primera y de segunda categoría, en función del territorio donde viven. Por ello, abogo por huir de la disgregación del poder político que promueve una clara dispersión en las decisiones que afectan a la ciudadanía, provocando legalidades paralelas o enfrentadas que, a menudo, acaban en los Tribunales.

Ahondar en la separación de poderes permite mejorar las garantías en la gestión de las competencias de cada uno de estos, así como  evitar injerencias y presiones. El hecho de limitar en el tiempo la representación de los cargos públicos pretende, en gran medida, impedir la construcción de las redes clientelares que sostienen las élites de cada partido. Unos medios de comunicación públicos neutrales, que no estén dirigidos por el partido político de turno debe mejorar, indudablemente, la calidad de la información y facilitar la pluralidad y la difusión de los distintas formas de pensamiento.

A menudo, las soluciones a los problemas no necesitan grandes dosis de ingenio, solo aplicar un poco de sensatez para avanzar hacia una sociedad más cohesionada y más justa, que promueva un nivel óptimo de bienestar y respete la singularidad de los individuos.

Enric Cabecerans, miembro del Consejo Nacional de dCIDE