La aversión que los gobiernos nacionales tienen con los empleados públicos parece no tener fin. Todo esto no es más que un plan para deteriorar los servicios públicos y a sus trabajadores. Que no se engañe nadie. Los gobiernos de turno siempre han usado a sus trabajadores para que sirvan de ejemplo a la sociedad, al resto de los trabajadores en general y a los empresarios en particular. La desregulación laboral empieza por castigar a los servidores públicos, por legislar quitando derechos y termina en las reformas laborales que conocemos.
Hubo varias congelaciones salariales, desde González a Aznar. Con la excusa siempre de las diversas crisis que han afectado a la economía. Antes de la entrada del euro los gobiernos lo tenían fácil,devaluaban la peseta y nos hacía más competitivos. La entrada en el euro ha dado con esto al traste y ha terminado “asiatizando” las condiciones de trabajo de los españoles. La idea ya la concibió Solchaga y la han continuado todos y cada uno de los ministros de economía que han venido detrás. Moderar los salarios y disparar los beneficios empresariales con la idea de que este excedente se invirtiera en nuevos puestos de trabajo.
El peso de los salarios en el PIB
La crisis económica que llegó en 2008 generó las mayores masas de parados de la historia de España. En la EPA publicada en abril de 2013 se llegaba a los 6,2 millones de parados, un 27,16 de tasa de paro. Tan solo el primer año del mandato de Rajoy se generaron más de 1 millón de parados en la economía. Paralelamente se produjo una devaluación salarial, sobre todo a partir de la aprobación de la reforma laboral de 2012. Era el viejo modelo Solchaga - que le hemos contado - para recuperar competitividad se optó por disminuir los costes laborales, rebajando los salarios de los trabajadores, pero, sobre todo, de aquellos trabajadores que se incorporaban a los nuevos contratos. Algo de lo que ya avisó el propio Banco de España. Que esta política de castigar los salarios incrementaba la crisis.
Para que vean lo que les decimos. Los últimos datos publicados del INE (Instituto Nacional de Estadística) en la Contabilidad Nacional España hablan de una recuperación de rentas de los niveles de renta precrisis, pero la participación de las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa todavía dos puntos por debajo. A finales de 2007, la remuneración de los asalariados (que incluye sueldos brutos y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) representaba el 49% del PIB y ahora tan sólo del 47%. Con el excedente de explotación bruto y las rentas mixtas brutas (el excedente empresarial) ha pasado justamente lo contrario: en 2007 su participación era del 41% y ahora es del 43%. Es decir, los dos puntos que se ha reducido la aportación de la masa salarial han ido a parar a las rentas empresariales.
Además, si analizamos la transferencia de rentas desde el factor trabajo hacia el capital, desde el año 2008 se han perdido 30.000 millones de euros de masa salarial anual y, en su lugar, este dinero se ha ido a remunerar el capital, con un incremento de 14.000 millones, y a pagar impuestos, 25.000 millones. De esta forma, el sector productivo español ha ganado en competitividad para competir con las empresas del resto del mundo, a costa de los costes salariales y los costes de mano de obra que gracias a Rajoy son hoy mucho menores, pero que, además, genera unos terribles problemas de desigualdad en la sociedad.
El origen de los recortes: faltan 80.000 millones en la economía
El pasado mes de septiembre supimos la totalidad del dinero que falta al rescate bancario y que va a ser pagado a escote entre todos. Una cifra impresionante de dinero que falta al conjunto del estado y al conjunto de las comunidades autónomas como capital líquido circulante en el país. El Banco de España en su último informe actualizado del pasado 7 de septiembre da por perdidas el 75% de las ayudas públicas para salvar las cajas (pueden consultarlo en la web del Banco de España).
El Banco de España cuantifica las aportaciones públicas a través del Fondo Estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 54.353 millones de euros. De ellos, sólo considera recuperados 4.477 millones, lo que representa un 8,2% y calcula que el Estado podrá recobrar otros 9.798 millones cuando venda las participaciones en la nueva Bankia que incluye Banco Mare Nostrum. En total, el Banco de España prevé recuperar 14.948 millones y da por perdidos los 40.000 millones restantes. En esta última cifra destacan los 12.052 millones definitivamente perdidos en Catalunya Caixa y los más de 9.000 millones irrecuperables en las cajas gallegas.
Pero aquí no queda la cosa, porque los 54.353 millones mencionados por el Banco de España no es toda la factura del rescate que puede tener impacto en las cuentas del Estado. El organismo no tiene en cuenta, por ejemplo, el riesgo contraído en el llamado banco malo Sareb, que supera los 40.000 millones de euros, una cifra descomunal si comparamos que el presupuesto de la Junta para 2018 asciende a 34.759,5 millones de euros.
Zapatero fue el primero a recortar
Zapatero decidió castigar a los empleados públicos en 2010, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina de todos los empleados públicos y congelarlas en 2011. Se convertía en el primer presidente en la historia de la democracia en España que rebajaba los sueldos de los empleados públicos. Todo un aldabonazo de aviso a todos los trabajadores de la privada. Hasta la fecha tan solo se habían congelado los salarios de los empleados públicos en dos ocasiones, en 1994 con Felipe González de presidente y la segunda en 1997 con el primer mandato de Aznar.
A esto se sumaba la suspensión para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas, la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007 y la eliminación del cheque bebé, la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2015. Se inauguraba toda una poda en derechos y en salarios de los empleados públicos y, subsidiariamente, de los pensionistas en España.
Montoro continuó con los recortes
Montoro continuó con la poda de derechos y salarios de los empleados públicos. Más congelaciones e incluso la supresión de la paga extra de la navidad de 2012, aunque esta última la ha ido devolviendo, poda de moscosos, etc. Esto lo aprovechó la Junta de Andalucía para realizar todo un conjunto de recortes a los empleados públicos andaluces, recortes que se ampliaron en Andalucía a la eliminación de toda la acción social en su conjunto, eliminación de premios de jubilación por Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, y el hecho de que aún no hayan devuelto la última parte que queda por pagar de la paga extra suprimida en 2012.
El pasado día 14 de diciembre los secretarios generales de UGT y CC.OO. han situado en el 13% la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos en España desde el comienzo de la crisis.
Susana mueve ficha: recuperación de los derechos perdidos
Susana Díaz ya había puesto su mirada en la Secretaría General del PSOE a la que optó tras la defenestración de Pedro Sánchez en un Comité Federal. Previamente había movido ficha en Andalucía para presentar sus credenciales al solio del PSOE. Así, la Junta avanzó antes que el gobierno de Rajoy para recuperar derechos de los empleados públicos. El 2 de junio de 2016 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el acuerdo suscrito el 2 de junio por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta, que suponía la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012 como consecuencia de la aplicación en Andalucía de las normativas estatales de reequilibrio económico-financiero.
Entre los derechos que se reponían en este acuerdo destacan la jornada laboral de 35 horas semanales, que volvió a implantarse a partir de 2017, y la devolución de la paga extra completa del mes de diciembre de 2012. Respecto a la jornada, la medida tendría en cuenta las características especiales del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario, mientras que en el ámbito docente se implantará progresivamente a partir del curso 2017-2018 por razones de organización y planificación del calendario escolar. Por su parte, el abono de las cantidades pendientes se realizaría con el siguiente reparto equivalente: 48 días en la nómina de septiembre de este año, 46 en febrero de 2017 y 45 en febrero de 2018.
La polémica sobre la jornada de las 35 horas
El BOJA del día 19 de octubre de 2016 publicaba el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, donde se establecía, con carácter general, la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas.
El gobierno nacional sabía de este decreto desde octubre de 2016 y silenció el posible recurso en el Tribunal Constitucional, atento al pasteleo que ya tenía con el PSOE post Pedro Sánchez y que iba a encabezar Susana Díaz tras las primarias. El día 30 de ese mismo mes, el gobierno de Rajoy superaba la investidura gracias a las 68 abstenciones de los diputados del PSOE en el Parlamento y establecía puentes de diálogo con el PSOE de cara a la estabilidad del gobierno nacional y la aprobación de los presupuestos.
La llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE hizo volar todos los puentes que había entre el PSOE de la gestora y el gobierno nacional. Fruto de ese encontronazo es que el gobierno de Rajoy daba por cerrada cualquier puerta o negociación que hubiera con el PSOE. Y entre ellas estaba la jornada laboral de las 35 horas del gobierno de Susana Díaz. Por ello, esperó hasta el consejo de ministros del 14 de julio de 2017 para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
Rajoy empezaba a recular con las 35 horas
El pasado 17 de julio conocimos que el gobierno de Rajoy se había comprometido a revisar sector a sector para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. “Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018”, explicó el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Bermúdez de Castro confirmó la voluntad del Gobierno de analizar “a futuro” los distintos sectores; el plazo que se dio es breve puesto que enmarcó la revisión en el ámbito de tramitación del proyecto de Cuentas del Estado para 2018 que deberán remitirse al Congreso de los Diputados a finales del mes de septiembre. “El ministro ha planteado la posibilidad de ir viendo sectores específicos que necesiten, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada”, explicó el consejero andaluz de Presidencia.
En términos económicos, una rebaja de la jornada laboral en el conjunto del sector público tendría un impacto de hasta 1.200 millones de euros, según las cifras que en abril ya ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.
Todo era una mentira urdida desde Moncloa. Porque entonces supimos por CC.OO. que denunció en la Mesa General de Función Pública de los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, celebrada en el mes de Julio en Madrid, que el gobierno de Rajoy no estaba dispuesto a negociar con la jornada de 35 horas a nivel estatal.
El papel del ceniciento Moreno Bonilla
Moreno Bonilla ha intentado que no le salpique esta polémica con la Junta, pero finalmente ha salido tocado por ella. Primero porque nunca definió si está o no de acuerdo con la norma de las 35 horas, tanto en Andalucía como en España, y segundo porque le imponen un recurso el gobierno de su partido que incide en la calidad de vida y los servicios públicos que se prestan en Andalucía. Son los típicos claroscuros de Moreno Bonilla en Andalucía. Sí, pero no. Quedarse en la casilla de en medio nunca le va a beneficiar en Andalucía. Sobre todo, desde que su partido, con la llegada a Zoido a la presidencia, acalló y enterró toda crítica a la administración paralela de la Junta de Andalucía. Silencio del que es cómplice Moreno Bonilla. Un silencio que le hizo quedarse con tan solo 33 diputados en el Parlamento de Andalucía. Que tome buena nota de ello.
Moreno Bonilla el pasado julio empezó a trastear con la jornada de las 35 horas cuando decía que había mantenido contactos con Montoro para que el recurso de amparo en el Constitucional no tenga efectos inmediatos y los empleados públicos andaluces no vean peligrar su horario. “Si se puede evitar que se evite” señaló. Además, acusaba a Susana Díaz de que esta medida se debe a una estrategia electoralista. Cuando hay que recordarle al ceniciento Moreno Bonilla que quedan aún dos años para cualquier cita electoral, con lo que se queda sin argumentos.
El Tribunal Constitucional tumba la jornada de las 35 horas
El pasado día 15 de diciembre el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional y ha anulado la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, tras el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la jornada de trabajo de funcionarios. El Constitucional considera que al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa comunidad autónoma, este decreto-ley “vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas”.
Según explica la sentencia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fue aprobada por el Gobierno “en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios”. Esta norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, “no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”. En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de 35 horas semanales de promedio al año “resulta incompatible” con la ley estatal, que la fija en un mínimo de 37 horas y media semanales.
Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de Educación Infantil y Primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada por el Supremo “incompatible” con la estatal, y habla de “contradicciones”, pues, según la norma del Gobierno, “la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.
La Junta de Andalucía no modificará la jornada presencial ni rescindirá contratos
La Junta de Andalucía a través de la Oficina del Portavoz de Gobierno, indicaba el pasado viernes 15 de diciembre, en una nota, que el Gobierno andaluz no va a modificar la jornada presencial de los empleados públicos ni rescindirá ninguno de los contratos realizados con motivo de la aplicación de las 35 horas en la comunidad autónoma, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.
La nota seguía indicando que la Consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha trasladado un “mensaje de tranquilidad” a los más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía en el sentido de que no van a ver afectada su jornada presencial en los centros de trabajo. Montero ha avanzado que el lunes 18 llevará a la Mesa General de negociación común con las organizaciones sindicales un acuerdo para incorporar en el cómputo de la jornada laboral las actividades y tareas que los trabajadores habitualmente ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, como preparación de clases, estudio de casos clínicos, investigación o formación 'online', entre otros.
Montero, señaló, finalmente, que se trata de “un paso adelante en el reconocimiento de las tareas que se vienen desarrollando habitualmente para complementar las 37,5 horas que mandata el Constitucional”. Según ha explicado, la incorporación de este tiempo al cómputo de la jornada era una aspiración de las organizaciones sindicales en el que ya se venía trabajando. Una vez adoptado el acuerdo, será aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del martes 19.
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