¿A quién benefician las Comunidades Autónomas?

Artículo de Manuel Vicente

El intento de ruptura de la unidad nacional por parte del independentismo catalán -con la inestimable ayuda de Podemos y todas sus mareas-, al que se ha unido de inmediato el vasco para aparecer como el 'poli bueno', está suponiendo el último paso de la desastrosa aplicación del Estado de las Autonomías que inventaron los padres de la Constitución del 78 como eufemismo de lo que en todo el mundo se conoce como Estado federal. Independentistas catalanes, y en menor medida vascos, han llegado a la orilla del Rubicón y han colocado un pie al otro lado después de disponer durante años del beneplácito de los gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, a los que garantizaban legislaturas sin sobresaltos a cambio de asumir progresivamente mayores cuotas de poder, las mismas que tenían que entregar también al resto de barones autonómicos para apaciguar ánimos.

De esta manera se ha ido debilitando paulatinamente el Gobierno central y disolviendo la identidad nacional hasta conformar una organización territorial en la que España no es más que la suma de 17 identidades regionales que defienden la unidad exclusivamente por conveniencia económica y con nulo sentimiento de nación. Hasta que el riesgo de fractura del territorio no ha sido patente, el ciudadano medio no ha descolgado las banderas de España hacia el exterior y no se ha sacudido el complejo que identifica español con “facha”, aunque los militantes de izquierda aún lo conservan en mayor medida cuanto más radicales. La reacción social ha servido quizá de impulso para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ejecutará la solución política mediante una tibia aplicación del artículo 155 de la Constitución -las condiciones puestas por el PSOE revelan que no se ha quitado el complejo de ser llamado “facha”- y para que haya activado la judicial, como corresponde, a través de la Fiscalía General del Estado.

Aunque algunos lleguen a pensar que ya todo está superado, los males de fondo permanecen sin que ninguno de los cuatro partidos mayoritarios se atreva a afrontarlos desandando el alocado camino hacia la destrucción de España que ha supuesto este Estado de las Autonomías en el que el famoso 'café para todos' se ha convertido en 17 desayunos, almuerzos, meriendas y cenas que la economía española no puede costear. Aunque la crisis catalana quedara resuelta el 21-D, lo cual es mucho aventurar, se nos avecinan cruciales debates para la configuración territorial y el sostenimiento de las Comunidades Autónomas a través de sendas reformas de la Constitución y del sistema de financiación autonómica, en los cuales no habrá ningún partido con representación en las Cortes que abogue por restar poder a las Comunidades Autónomas y fortalecer al Estado ni por el progresivo desmantelamiento de la elefantiásica arquitectura administrativa autonómica, de lo que en Andalucía sabemos mucho ya que soportamos no sólo un edificio sino dos, con lo que suponen de descontrol en el gasto público hasta el punto de que más de 3.000 millones de euros -procedentes de los impuestos que pagamos los ciudadanos- gasta anualmente la Junta sin saber en qué (véase el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas).

Difícilmente los impuestos que pagamos los españoles podrían nunca costear el entramado político-administrativo formado por Administración General del Estado-Comunidades Autónomas-Diputaciones Provinciales-Mancomunidades-Consorcios-Ayuntamientos, de ahí que su sostenimiento se esté realizando a base de un endeudamiento que alcanza ya el 100% del Producto Interior Bruto, con lo que supone de cargar nuestros desmanes sobre las próximas generaciones. Además de lo económico, España necesita poner freno a las inmersiones lingüísticas que desplazan al castellano a un segundo lugar, a las manipulaciones históricas que se enseñan en los libros de texto de los colegios, a la proliferación de universidades que compiten entre sí pero ninguna accede al ránking de las 150 mejores del mundo, al cultivo de la identidad nacional desde la infancia. Todo esto sólo se consigue devolviendo la competencia de Educación al Gobierno central, al igual que deben devolverse las de sanidad y justicia para garantizar el mismo servicio a todos los españoles con independencia del territorio en el que residan.

Partido Popular y PSOE ya dejaron claro hace tiempo su negativa a modificar el status quo autonómico; mientras que Ciudadanos se desentendió, en su pacto de legislatura, de incomodar a Mariano Rajoy con condiciones como la supresión de las diputaciones. El aluvión de cargos políticos que dejarían de encontrar acomodo en caso de desmantelamiento de las duplicidades administrativas es un peaje excesivamente alto para los partidos tradicionales y también para los que se han hecho viejos en sólo tres años. La infografía que ilustra este artículo ha sido rechazada en algunos foros aunque curiosamente nunca se ha expuesto una cifra oficial del número de puestos de carácter político que se esconden entre tanto organismo nacido al amparo de las Comunidades Autónomas. Ni se ha expuesto ni probablemente se expondrá jamás, sencillamente porque ninguna administración sabe con exactitud cuántos sueldos políticos está costeando con el dinero de los impuestos que pagamos los ciudadanos. En esto no esperen, desde luego, que Andalucía sea pionera.