Artículo de Manuel Vicente
El intento de ruptura de la unidad nacional por parte del
independentismo catalán -con la inestimable ayuda de Podemos y todas sus
mareas-, al que se ha unido de inmediato el vasco para aparecer como el 'poli
bueno', está suponiendo el último paso de la desastrosa aplicación del Estado
de las Autonomías que inventaron los padres de la Constitución del 78 como
eufemismo de lo que en todo el mundo se conoce como Estado federal.
Independentistas catalanes, y en menor medida vascos, han llegado a la orilla
del Rubicón y han colocado un pie al otro lado después de disponer durante años
del beneplácito de los gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, a los
que garantizaban legislaturas sin sobresaltos a cambio de asumir
progresivamente mayores cuotas de poder, las mismas que tenían que entregar
también al resto de barones autonómicos para apaciguar ánimos.
De esta manera se ha ido debilitando paulatinamente el
Gobierno central y disolviendo la identidad nacional hasta conformar una
organización territorial en la que España no es más que la suma de 17
identidades regionales que defienden la unidad exclusivamente por conveniencia
económica y con nulo sentimiento de nación. Hasta que el riesgo de fractura del
territorio no ha sido patente, el ciudadano medio no ha descolgado las banderas
de España hacia el exterior y no se ha sacudido el complejo que identifica
español con “facha”, aunque los militantes de izquierda aún lo conservan en
mayor medida cuanto más radicales. La reacción social ha servido quizá de
impulso para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ejecutará la
solución política mediante una tibia aplicación del artículo 155 de la
Constitución -las condiciones puestas por el PSOE revelan que no se ha quitado
el complejo de ser llamado “facha”- y para que haya activado la judicial, como
corresponde, a través de la Fiscalía General del Estado.
Aunque algunos lleguen a pensar que ya todo está superado,
los males de fondo permanecen sin que ninguno de los cuatro partidos
mayoritarios se atreva a afrontarlos desandando el alocado camino hacia la
destrucción de España que ha supuesto este Estado de las Autonomías en el que
el famoso 'café para todos' se ha convertido en 17 desayunos, almuerzos,
meriendas y cenas que la economía española no puede costear. Aunque la crisis
catalana quedara resuelta el 21-D, lo cual es mucho aventurar, se nos avecinan
cruciales debates para la configuración territorial y el sostenimiento de las
Comunidades Autónomas a través de sendas reformas de la Constitución y del
sistema de financiación autonómica, en los cuales no habrá ningún partido con
representación en las Cortes que abogue por restar poder a las Comunidades
Autónomas y fortalecer al Estado ni por el progresivo desmantelamiento de la
elefantiásica arquitectura administrativa autonómica, de lo que en Andalucía
sabemos mucho ya que soportamos no sólo un edificio sino dos, con lo que
suponen de descontrol en el gasto público hasta el punto de que más de 3.000
millones de euros -procedentes de los impuestos que pagamos los ciudadanos-
gasta anualmente la Junta sin saber en qué (véase el último informe de
fiscalización de la Cámara de Cuentas).
Difícilmente los impuestos que pagamos los españoles podrían
nunca costear el entramado político-administrativo formado por Administración
General del Estado-Comunidades Autónomas-Diputaciones
Provinciales-Mancomunidades-Consorcios-Ayuntamientos, de ahí que su
sostenimiento se esté realizando a base de un endeudamiento que alcanza ya el
100% del Producto Interior Bruto, con lo que supone de cargar nuestros desmanes
sobre las próximas generaciones. Además de lo económico, España necesita poner
freno a las inmersiones lingüísticas que desplazan al castellano a un segundo
lugar, a las manipulaciones históricas que se enseñan en los libros de texto de
los colegios, a la proliferación de universidades que compiten entre sí pero
ninguna accede al ránking de las 150 mejores del mundo, al cultivo de la
identidad nacional desde la infancia. Todo esto sólo se consigue devolviendo la
competencia de Educación al Gobierno central, al igual que deben devolverse las
de sanidad y justicia para garantizar el mismo servicio a todos los españoles
con independencia del territorio en el que residan.
Partido Popular y PSOE ya dejaron claro hace tiempo su
negativa a modificar el status quo autonómico; mientras que Ciudadanos se
desentendió, en su pacto de legislatura, de incomodar a Mariano Rajoy con
condiciones como la supresión de las diputaciones. El aluvión de cargos
políticos que dejarían de encontrar acomodo en caso de desmantelamiento de las
duplicidades administrativas es un peaje excesivamente alto para los partidos
tradicionales y también para los que se han hecho viejos en sólo tres años. La
infografía que ilustra este artículo ha sido rechazada en algunos foros aunque
curiosamente nunca se ha expuesto una cifra oficial del número de puestos de
carácter político que se esconden entre tanto organismo nacido al amparo de las
Comunidades Autónomas. Ni se ha expuesto ni probablemente se expondrá jamás,
sencillamente porque ninguna administración sabe con exactitud cuántos sueldos
políticos está costeando con el dinero de los impuestos que pagamos los
ciudadanos. En esto no esperen, desde luego, que Andalucía sea pionera.
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