Artículo de Manuel Vicente
La demagogia, las ambiciones desmedidas, la deslealtad, las
traiciones, las patrañas, todas esas maldades que proliferan en la política
concebida como poder se superan al presenciar grandes gestos como el
protagonizado por la parlamentaria autonómica Mari Carmen Prieto, quien forma
parte del pequeño grupo de personas que entiende la política como servicio
público.
Como cada verano desde hace algunos años emerge guadianesco
el debate sobre las dietas que los miembros del Parlamento de Andalucía cobran
en el mes de agosto en el que no hay actividad política y, por tanto, no se
hacen merecedores de recibir tal compensación económica, cuyo propósito es
satisfacer los gastos que supone la acción parlamentaria para quien la ejerce.
La aplastante lógica de que, si no hay acción parlamentaria, no hay gastos y,
por tanto, no hay motivo de compensación es entendida por cualquier mortal
andaluz. Sin embargo, la mayoría de nuestros parlamentarios autonómicos se
niegan a entenderlo, sabedores de que la dinámica social olvidará anualmente
esta polémica conforme se vaya acercando a la orilla del mar donde todo se
desvanece.
La brisa veraniega malagueña no ha hecho mella en la memoria
de Mari Carmen Prieto, quien al llegar el mes de septiembre y percibir las
dietas que convenientemente le ha abonado el Parlamento de Andalucía las ha
donado de manera inmediata, cumpliendo así con el compromiso público adquirido
antes de las vacaciones. Esos emolumentos -de indudable legalidad pero de cuestionadísima
legitimidad y nula moralidad- han encontrado un mejor destino, según su buen
saber y entender, en manos de una persona que se está viendo injustamente
acosada por haber denunciado en los tribunales las posibles prácticas
irregulares cometidas en el sindicato UGT con fondos públicos.
Mari Carmen Prieto ha decidido que el dinero percibido por
un concepto que no merece tiene una mejor utilidad defendiendo judicialmente a
Roberto Macías, a quien ningún partido político está amparando a pesar de su
contribución a la defensa del dinero público y a pesar de que todos ellos
proclaman con fruición su empeño en acabar con la galopante corrupción que
atenaza a Andalucía, y en general a toda España. El gesto de la parlamentaria
no adscrita, quien abandonó las filas de Ciudadanos poco antes de ser
expulsada, tiene aún más valor por cuanto coincide en el tiempo con una nueva
queja ante el juez del funcionario de la Junta de Andalucía que descubrió
irregularidades en los cursos de formación sufragados con fondos procedentes de
los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Teodoro Montes ha vuelto a
denunciar el acoso laboral que soporta, uniéndose a larga lista de denunciantes
de corrupción que sufren escarnio privado mientras en público los sosias del
Gobierno andaluz, PSOE y Ciudadanos, presumen de Consejo de Transparencia y
Oficina Anticorrupción sin credibilidad ninguna.
Con un solo gesto y desde su condición de no adscrita, Mari
Carmen Prieto ha dejado en evidencia a los otros 108 miembros del Parlamento
andaluz y a sus cinco respectivas formaciones políticas. PSOE, PP, Ciudadanos e
Izquierda Unida han dado múltiples excusas para que sus representantes no
prescindan de más de 1.000 euros que les han venido bastante bien para pasar
sus vacaciones de verano sin que se les haya caído la cara de vergüenza. La
cúpula andaluza de Podemos anunció antes del asueto estival su renuncia a
dichos emolumentos sin que hasta el momento de escribir estas letras se tenga
conocimiento del destino que le hayan podido dar, aunque, en honor a la verdad,
quien suscribe tiene serias dudas de la honestidad de unos trileros expertos en
retorcer argumentos y legalidades.
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