Artículo de Manuel Vicente
Las muestras de agotamiento del régimen socialista son cada día más evidentes no sólo por su escasa capacidad para afrontar los problemas de la sociedad sino además por su falta de ideas para conectar con una población hastiada de sus hueras palabras. A un curso político cargado de protestas sociales le ha seguido un verano en el que se ha vuelto a sufrir la degradación de los servicios públicos esenciales hasta llegar al desgraciado culmen de una muerte absolutamente innecesaria en el sevillano hospital de Valme, que ha dejado sin consuelo a una familia que jamás entenderá por qué ha muerto una joven madre que salía de una cesárea.
Este desgraciadísimo episodio ocurre cuando aún no ha desaparecido la indignación por el informe oficial elaborado por la Cámara de Cuentas, revelando los millonarios premios que se han repartido altos cargos de la Consejería de Salud que han realizado drásticos recortes en el servicio sanitario, lo cual eleva al infinito la desvergüenza de un régimen cuya única finalidad es dotar a una clase política de un nivel de vida que jamás alcanzaría fuera de su amparo. ¿Creen que los exconsejeros que salieron del gabinete de Susana Díaz en su última remodelación mantendrían su nivel salarial en el sector privado? Es obvio que no; por eso el régimen les recoloca en algunos de sus numerosísimos chiringuitos en los que seguirán percibiendo una gran soldada financiada con la presión fiscal más elevada de Europa.
En este contexto comienza el nuevo curso político con la primera ocurrencia de los ideólogos del régimen de emprender nuevamente la batalla contra el Gobierno central de Mariano Rajoy por la financiación de Andalucía, es decir, los dineros que el Ministerio de Hacienda tiene que transferir cada año a la Consejería homóloga para que se paguen los servicios que la Junta tiene que prestar a los ciudadanos. Si esto es lo máximo que pueden aportar los estrategas de San Telmo, no descarten que el más inteligente de ellos sea un infiltrado del PP. Para quienes peinamos canas, escuchar la primera rueda de prensa de Susana Díaz tras las vacaciones es un acto de rejuvenecimiento, pues nos retrotrae 15 años atrás cuando Manuel Chaves –junto a su guardia pretoriana Pizarro-Zarrías-Caballos- se empeñaba en una estrategia de confrontación contra el Gobierno de Aznar basada en supuestos agravios hacia Andalucía. Casi dos décadas después, o bien los estrategas de San Telmo se han quedado anquilosados en el tiempo o bien su capacidad intelectual se ha agotado y no son capaces de aportar nuevas ideas.
Ciertamente, la disyuntiva que tienen ante sí es harto complicada. Por mucho que quieran dedicar gruesos insultos a los adversarios políticos que le piden explicaciones por trágicos sucesos como el del ascensor del hospital de Valme, la sociedad andaluza no se da por aludida y seguirá considerando que tamaña aberración no ha sido fruto de la fatalidad. Que ha sido un desgraciado accidente, sin duda. Que la nefasta gestión de los dirigentes del régimen dedicado al área de sanidad facilita que esos accidentes ocurran, también. Que es una desvergüenza premiar con sobresueldos a quienes empeoran la calidad de los servicios públicos, igualmente. Frente a estos convencimientos que ya han arraigado en la conciencia social, los estrategas del régimen apenas encuentran más argumentos de contrario que repetir lo dicho décadas atrás y aprovecharse de la misma falta de iniciativa de su principal contrincante, cuyo agotamiento e incapacidad no es menor. Y ello aderezado con una campaña de imagen de la presidenta fotografiada con representantes políticos y sociales para dar sensación de talante conciliador y dialogante. Como ven todo muy rancio y muy burdo, pero bastante eficaz por la ausencia de un oponente con solvencia.
Poca credibilidad le puede otorgar la sociedad andaluza al Partido Popular cuando sus gobiernos regionales han hecho de la privatización el pilar de su gestión sanitaria, o han protagonizado escándalos de corrupción tan mayúsculos como los perpetrados por el régimen socialista andaluz, al que la dirección popular que comanda Juanma Moreno sigue empeñada en allanarle el camino para hacerlo más longevo que el franquista. Frente a los desastrosos efectos que está teniendo en los ciudadanos la actuación de la Consejería de Salud, la respuesta de los populares es pedir responsabilidades políticas, es decir, dimisiones inútiles. ¿Para qué ha servido el reciente relevo de consejero? Para que Aquilino Alonso sea recolocado en la Agencia Andaluza de la Energía y mantenga su nivel retributivo, lo cual nunca será recriminado por el PP puesto que repite esta misma práctica allí donde gobierna.
Una verdadera alternativa al régimen socialista andaluz exigiría que los altos cargos destituidos no puedan ser recolocados en otros puestos de la administración pública y obligaría a que sufragaran de su bolsillo sus negligencias e irregularidades políticas. Ya está bien de que las arcas andaluzas tengan que pagar las irresponsabilidades de los políticos en su gestión de los asuntos públicos cuando derivan en indemnizaciones o multas impuestas por los tribunales. Recordemos por ejemplo la indemnización de 127 millones de euros que la Junta deberá pagar a los promotores del centro comercial Nevada, en Granada, a la que fue condenada por la desidia de los representantes de la administración andaluza que no cumplieron ni siquiera con sus obligaciones judiciales. O bien los fondos que no se podrán recuperar del fraude de las facturas falsas del sindicato UGT porque la Consejería de Empleo utilizó un procedimiento erróneo -si lo hizo a propósito o por impericia es algo que se debería investigar si algún partido parlamentario ejerciera de verdadera oposición al PSOE-.
En este escenario de degradación de los servicios públicos y de hastío de la sociedad producto de la acción del gobernante y de la omisión del oponente, se corre el riesgo de que el mayor beneficio sea para aquellos cuyo objetivo es la desestabilización del sistema; ésos a los que Mariano Rajoy atribuyó la “máxima: cuanto mejor, peor para mí, el suyo beneficio político”.
En este contexto comienza el nuevo curso político con la primera ocurrencia de los ideólogos del régimen de emprender nuevamente la batalla contra el Gobierno central de Mariano Rajoy por la financiación de Andalucía, es decir, los dineros que el Ministerio de Hacienda tiene que transferir cada año a la Consejería homóloga para que se paguen los servicios que la Junta tiene que prestar a los ciudadanos. Si esto es lo máximo que pueden aportar los estrategas de San Telmo, no descarten que el más inteligente de ellos sea un infiltrado del PP. Para quienes peinamos canas, escuchar la primera rueda de prensa de Susana Díaz tras las vacaciones es un acto de rejuvenecimiento, pues nos retrotrae 15 años atrás cuando Manuel Chaves –junto a su guardia pretoriana Pizarro-Zarrías-Caballos- se empeñaba en una estrategia de confrontación contra el Gobierno de Aznar basada en supuestos agravios hacia Andalucía. Casi dos décadas después, o bien los estrategas de San Telmo se han quedado anquilosados en el tiempo o bien su capacidad intelectual se ha agotado y no son capaces de aportar nuevas ideas.
Ciertamente, la disyuntiva que tienen ante sí es harto complicada. Por mucho que quieran dedicar gruesos insultos a los adversarios políticos que le piden explicaciones por trágicos sucesos como el del ascensor del hospital de Valme, la sociedad andaluza no se da por aludida y seguirá considerando que tamaña aberración no ha sido fruto de la fatalidad. Que ha sido un desgraciado accidente, sin duda. Que la nefasta gestión de los dirigentes del régimen dedicado al área de sanidad facilita que esos accidentes ocurran, también. Que es una desvergüenza premiar con sobresueldos a quienes empeoran la calidad de los servicios públicos, igualmente. Frente a estos convencimientos que ya han arraigado en la conciencia social, los estrategas del régimen apenas encuentran más argumentos de contrario que repetir lo dicho décadas atrás y aprovecharse de la misma falta de iniciativa de su principal contrincante, cuyo agotamiento e incapacidad no es menor. Y ello aderezado con una campaña de imagen de la presidenta fotografiada con representantes políticos y sociales para dar sensación de talante conciliador y dialogante. Como ven todo muy rancio y muy burdo, pero bastante eficaz por la ausencia de un oponente con solvencia.
Poca credibilidad le puede otorgar la sociedad andaluza al Partido Popular cuando sus gobiernos regionales han hecho de la privatización el pilar de su gestión sanitaria, o han protagonizado escándalos de corrupción tan mayúsculos como los perpetrados por el régimen socialista andaluz, al que la dirección popular que comanda Juanma Moreno sigue empeñada en allanarle el camino para hacerlo más longevo que el franquista. Frente a los desastrosos efectos que está teniendo en los ciudadanos la actuación de la Consejería de Salud, la respuesta de los populares es pedir responsabilidades políticas, es decir, dimisiones inútiles. ¿Para qué ha servido el reciente relevo de consejero? Para que Aquilino Alonso sea recolocado en la Agencia Andaluza de la Energía y mantenga su nivel retributivo, lo cual nunca será recriminado por el PP puesto que repite esta misma práctica allí donde gobierna.
Una verdadera alternativa al régimen socialista andaluz exigiría que los altos cargos destituidos no puedan ser recolocados en otros puestos de la administración pública y obligaría a que sufragaran de su bolsillo sus negligencias e irregularidades políticas. Ya está bien de que las arcas andaluzas tengan que pagar las irresponsabilidades de los políticos en su gestión de los asuntos públicos cuando derivan en indemnizaciones o multas impuestas por los tribunales. Recordemos por ejemplo la indemnización de 127 millones de euros que la Junta deberá pagar a los promotores del centro comercial Nevada, en Granada, a la que fue condenada por la desidia de los representantes de la administración andaluza que no cumplieron ni siquiera con sus obligaciones judiciales. O bien los fondos que no se podrán recuperar del fraude de las facturas falsas del sindicato UGT porque la Consejería de Empleo utilizó un procedimiento erróneo -si lo hizo a propósito o por impericia es algo que se debería investigar si algún partido parlamentario ejerciera de verdadera oposición al PSOE-.
En este escenario de degradación de los servicios públicos y de hastío de la sociedad producto de la acción del gobernante y de la omisión del oponente, se corre el riesgo de que el mayor beneficio sea para aquellos cuyo objetivo es la desestabilización del sistema; ésos a los que Mariano Rajoy atribuyó la “máxima: cuanto mejor, peor para mí, el suyo beneficio político”.
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