Artículo de Luis Escribano
Se trata de un caso
que refleja con detalle el régimen clientelar del PSOE en Andalucía
El Gobierno andaluz,
¿ha exigido responsabilidades penales a los responsables, a pesar de desconocerse
el paradero de más de 3 M
€?
¿Qué controles tiene
establecida la Consejería de Hacienda ante estos casos? ¿Qué actuaciones ha
realizado desde que conoció el caso?
La amargura que produce perder el trabajo y engrosar las
listas del paro no es un plato deseable para ningún trabajador, especialmente
si de los ingresos obtenidos dependen todos los gastos de su familia. Y si esto
ocurre con edades avanzadas, el asunto empeora, pues es más difícil encontrar
un nuevo empleo o aventurarse a crear uno.
Sin embargo, lo que voy a mostrar en este artículo una vez más es la
perversión del sistema que el PSOE andaluz ha llevado hasta extremos
inverosímiles. Presten atención al asunto concreto: la Junta de Andalucía que
preside Susana Díaz premia a una
asociación que recibió un préstamo de 1’49
millones de euros concedido por una empresa cuyo titular era la propia
Junta de Andalucía, y ese préstamo es reconocido como deteriorado íntegramente
en un documento publicado por la Junta de Andalucía, sin que se informe de
lo ocurrido y de los responsables.
Imaginen la situación si a quien concedieran ese préstamo
fuera un ciudadano como usted o yo: ¡¡¡nos habrían embargado hasta la ropa que
llevamos puesta!!! Pero, claro, en este caso se trataba de mantener la “paz
social”, es decir, que el PSOE pudiera seguir gobernando Andalucía, a pesar de
su nefasta gestión en la empresa que estaba en sus manos a través de la Junta
de Andalucía, cuyos trabajadores han acabado despedidos. Sin duda, el gran
negocio del PSOE en Andalucía es la compra de voluntades con el dinero de los
contribuyentes.
Pongamos nombres a todos los actores: Junta de Andalucía, Santana
Motor SA, Asociación de Promoción
Social “28 de Febrero”, UGT y CCOO. Y ahora observemos los distintos
escenarios, siendo el municipio de Linares (Jaén) uno de ellos.
Lo primero es recordar uno de los tantos casos de corrupción ocurridos en nuestra Comunidad: las “ayudas sociolaborales” concedidas a Santana Motor por la Junta de Andalucía, millones de
euros, a través de los archiconocidos entes de la administración paralela, la
Agencia IDEA y SOPREA, cuyos cargos públicos están siendo investigado por el
Juzgado Nº 6 de Instrucción de Sevilla. La investigación fue iniciada por la
Magistrada Alaya y continuada por la Magistrada Núñez Bolaños. Hay 17 personas
“investigadas” (antes, imputadas) por esta pieza separada, especialmente altos
cargos (2 ex-Consejeros, 3 ex-Directores Generales, 2 cargos del IFA –ahora Agencia IDEA-, 6 ex-directivos de la empresa). Para conocer en mayor profundidad el
tema, les recomiendo la lectura de los artículos publicado en este diario por
Antonio Barreda, titulado “Santana
Motor: otra historia de la Agencia IDEA” y “ Sorpresas
SOPREA”.
Resumiendo la historia, la Junta de Andalucía tomó las
riendas de la empresa privada de Santana Motor en los años 90, hasta llevarla a
la ruina y aprobar su liquidación, habiendo aportado millones y millones de
euros, con irregularidades en el primer ERE de 2001 que está siendo investigado
judicialmente.
Este es otro gran “éxito” del PSOE-A que tantos andaluces le
agradecen con su voto. Y como muestra, un botón: no hay más que ver los resultados de las elecciones municipales y
autonómicas en Linares, siendo el PSOE el partido más votado desde el año 2003.
¡Hay que ser muy gilipollas o estar viviendo con el dinero de los demás! No hay
otra explicación posible.
¿Qué es un ERE?
Aclaremos en qué consiste un ERE (expediente de regulación
de empleo) para entender lo ocurrido con Santana Motor (y con otras tantas
empresas a las que la Junta de Andalucía regaló a dedo ayudas económicas para
las “prejubilaciones” de sus empleados con edades de más de 50 años).
Cuando una empresa entra en crisis, suele adoptar una serie
de medidas para solucionarlo. Entre ellas, a fin de disminuir gastos en
recursos humanos, se encuentran la reducción de la jornada laboral, la
suspensión o la extinción de los contratos de trabajo (despidos). Cuando son varios los
trabajadores afectados, la empresa inicia un ERE, procedimiento administrativo
regulado en la legislación laboral para obtener la autorización de los órganos
administrativos competentes para despedir o suspender a los trabajadores en un
marco en el cual se garantizan los derechos de los trabajadores. Una vez
aprobado el ERE con la reducción de la jornada, la suspensión o extinción de la
relación laboral, el trabajador puede solicitar su prestación por desempleo
(paro).
Salvo en algunos sectores muy concretos (minería,
astilleros, etc.), la Unión Europea (UE) no permite ayudas públicas de ningún
tipo a empresas que entran en crisis (para evitar distorsionar la competencia),
y tiene establecido un procedimiento de consulta. Son las empresas las que
deben pactar con sus trabajadores el ERE. Para ello, al inicio del ERE el
empresario envía un aviso a los trabajadores o a sus representantes legales
para iniciar un periodo de consultas y diálogo para reducir los efectos de la
regulación de empleo y alcanzar un acuerdo entre las partes (días de
indemnización, recolocación, etc.).
En Andalucía, como ya expuse en mi artículo sobre los ERE, “Lo
silenciado en el caso ERE”, cuya lectura les recomiendo, esas ayudas
públicas a las empresas fueron disfrazadas por la Junta de Andalucía (y también
antes por los mismos protagonistas, Chaves y Griñán, cuando pasaron por el
Ministerio de Trabajo), que empezaron a denominarlas “ayudas a los
trabajadores”, como si formaran parte de nuestro sistema de Seguridad Social,
para evitar que pudieran ser consideradas “ayudas de Estado” a las empresas, lo
que precisamente prohíbe la UE.
El escenario de
Santana Motor.
El PSOE andaluz, viendo la que se le venía encima con la
marcha de Suzuki de la empresa de Santana Motor en los años 90 del siglo pasado,
es decir, más de mil trabajadores en paro en la provincia de Gaspar Zarrías
(Jaén), un granero de votos del PSOE, adoptó como solución fácil adquirir la
propiedad de la empresa con dinero
público, en un primer momento de forma parcial hasta adquirir todas las
acciones en 1995.
A partir de aquí, ya se imaginan el resto. El PSOE,
utilizando todos sus instrumentos de propaganda a su alcance, se dedicó a
alimentar la idea de que Linares iba a convertirse en un gran “polo industrial”.
Esto publicaba El País en 2008 con el segundo ERE que se avecinaba:
"Claro que nos preocupa el ERE, pero no nos
asusta, ya estamos curados de espanto", señala el alcalde de Linares, el
socialista Juan Fernández. Y es que la Santana de hoy poco o nada tiene que ver
con la de los años noventa, y ello gracias a un plan de diversificación
industrial que ha permitido crear varias
empresas mixtas en las que ya se genera más empleo que en el segmento de
la automoción. La Santana Motor de toda la vida ha pasado a denominarse Parque Empresarial Santana. Hasta el
momento son nueve las firmas con las que Santana ha suscrito alianzas para reorientar su actividad.
Destacan la compañía vasca CAF, con una plantilla de 100 empleados que ampliará
pronto a otro centenar para la fabricación de trenes; Aemsa, un grupo eólico
con una plantilla de 130 trabajadores; Iturri, con otros 100 empleados en el
municipio de La Carolina para la fabricación de vehículos ligeros y de
emergencias; o el más reciente acuerdo entre CAF, Grupo Gallardo y GEA 21 para
fabricar vagones de mercancías y que dará empleo a otros 130 operarios. Eso sin
olvidar el centro de I+D, con 15 empleados de alta cualificación....
El futuro
de la rama de automoción se llama ahora Fiat Iveco, la multinacional italiana
que, si no cambian las cosas, tiene una opción de compra sobre la fábrica,
donde ya fabrica el todoterreno Massif. Con este acuerdo, Santana preveía
acabar este año con las pérdidas, que han pasado de 40 millones hace apenas
cinco años a los 12 millones del último ejercicio.”
¿En que quedó todo esto? ¿Qué hizo el PSOE-A con sus
“gestores” colocados en la empresa y en la Junta de Andalucía? Lo que sabemos a
ciencia cierta es que Santana Motor está en liquidación, como otras de las
empresas del grupo, proceso que inició hace años. Sus trabajadores estuvieron
afectados por dos ERE: uno en 2001 y otro posterior, con “prejubilaciones”
pagadas con nuestro dinero, estando el primero investigado en la vía penal.
El problema es que, en este caso, el empresario era la Junta
de Andalucía, y el pacto entre trabajadores y empresa en los ERE se alimentaba
de dinero público, y cuando el PSOE mete la mano en el erario público, acaba
arruinándolo todo, en este caso con la inestimable ayuda de UGT y CCOO, que han
estado muy activos en todos los ERE irregulares de otras empresas en los que ha
intervenido (lo convirtieron en un negocio para cobrar suculentas comisiones,
apareciendo incluso trabajadores “intrusos”).
Para calmar los airados ánimos de los
trabajadores de Santana Motor con los
gestores socialistas, nada mejor que impulsar la creación de la Asociación
Promoción Social “28 de febrero”, y es lo que hizo la Consejería de Empleo y
los sindicatos UGT y CCOO. Y si había que “prestar” dinero público a
trabajadores y a dicha Asociación para mantenerlos contentos, ahí estaba el PSOE dando lecciones de “solidaridad”...con
nuestro dinero, claro.
Si la Junta no hubiera entrado en el accionariado de Santana
Motor y hubiera dejado a Suzuki –accionista principal- solucionar sus problemas
cuando entró en crisis, el ERE lo hubiera tenido que asumir la empresa privada sin
ayudas públicas. Los trabajadores, como ocurre en la inmensa mayoría de las
empresas, hubieran tenido que pactar con la empresa sus despidos, y pasar a la
situación de desempleo. En vez de ello, el PSOE decidió que la Junta de
Andalucía se metiera de lleno, adquiriendo todas las acciones y asumiendo ella
el coste de las reestructuraciones de Santana Motor, y hasta UGT llegó a ser
consejero de la empresa. Así mantenía la “paz social”, a base de talonario con
fondos públicos, y ya puestos, si algo caía en el camino, mejor. Ahora el primer
ERE está en el Juzgado de Instrucción Nº 6.
A continuación les dejo con un listado de algunas empresas
que desde el año 2008 han aprobado algún ERE -las privadas sin recibir ninguna ayuda pública-, según noticias publicadas en
distintos medios.
Fuente: Web “Expediente Regulación de
Empleo.es”
¿A cuántos de estos trabajadores afectados por los ERE o de los
que vienen ahora –Iberia, Abengoa, Bancos, etc.- les han buscado una solución
las Administraciones Públicas con dinero del erario público, salvo poder cobrar
el desempleo y registrarse en las oficinas de empleo por si cayera alguna
oferta de empleo? Lógicamente, la mayoría se ha buscado la vida como ha podido
(acuerdos empresa-trabajadores, desempleo, etc.). Seguro que ustedes conocen en
su entorno a familiares y amigos que han quedado desempleados con 50 años, y ninguna
Administración les ha pagado “prejubilaciones” hasta cumplir la edad de
jubilación.
Las Administraciones no pueden dedicarse a solucionar la
vida de cada ciudadano despedido a los 50 años de edad con “prejubilaciones”
pagadas con dinero público en vez de asumir dicho coste las empresas, porque
quebraría España. A lo sumo, los Gobiernos nacional y autonómicos deben crear
el mejor escenario económico-financiero y jurídico-laboral posible para que los
trabajadores no vean quebrantados sus derechos y para que los ciudadanos
encuentren empleo a la mayor brevedad posible y las cifras de paro se minimicen,
sin entrar en la gestión de las empresas salvo en el caso de incumplimientos
legales (alzamiento de bienes, evasiones fiscales, etc.).
En 2011, publicaba Canal Sur (la de Susana) que “en función de los acuerdos sociales
previstos en el Plan Linares Futuro, que asumió "de forma activa" el
Plan de Acción Social (PAS) de Santana que se firmó en 2008,...quienes se
incluyen en el denominado grupo A (mayores de 50 años) podrán comenzar a
solicitar las prejubilaciones, de cuya gestión se encarga la Asociación de
Promoción Social 28 de febrero. Por su parte, los empleados que forman parte
del grupo B (menores de 50 años) deben ser recolocados "de forma
inmediata" en empresas de la zona con contratos indefinidos.”
¿Que “deben” ser
recolocados en “empresas de la zona”
de forma inmediata y “con contratos
indefinidos”? Si así es como entiende la gestión empresarial el PSOE en la
Junta de Andalucía, no es de extrañar que estemos a la cola en casi todos los
ranking, salvo en el de la corrupción y el desempleo, donde Andalucía es
imparable.
Ayudas a la Asociación
de Promoción Social “28 de febrero”
Con fecha 15 de abril de 2011, la empresa Santana Motor formaliza
un préstamo con la Asociación de Promoción Social “28 de Febrero” por un
importe de 1’49 millones de euros,
que correspondía a cantidades entregadas en 2009, 2010 y 2011 (hasta marzo). Es decir, se formalizó con posterioridad a la entrega del dinero. El
mismo, según se declara en la Memoria de 2011 de la rendición de cuentas de la
empresa, se encuentra totalmente
deteriorado, es decir, se da por perdido.
Asimismo, la empresa Santana Motor, dentro del “Plan
Linares Futuro”, prestó a distintos trabajadores 1’6 millones de euros, comprometiéndose los mismos a devolverlo. No
he podido averiguar la situación de dichos préstamos.
De estos mencionados préstamos no he encontrado nada
publicado en algún diario, y se desconoce si en la instrucción judicial del caso
se ha investigado este asunto, y eso que se
trata de más de 3 millones de euros en total.
Según publicó Andalucía
Información en marzo de este año, en la instrucción de la Magistrada Núñez Bolaños aparece una ayuda excepcional a la Asociación Promoción
Social “28 de febrero” para el pago de honorarios de abogados satisfechos
al despacho Olivencia-Ballester,
ascendentes a 119.828 euros y que
incluye la intervención profesional en las ofertas a presentar a las
potenciales adjudicatarias de las áreas a externalizar, contratos de
compraventa de activos, arrendamientos de inmuebles, o contratos de
suministros.
Asimismo, se menciona también una Resolución de 17 de
diciembre de 2009 de la Dirección General de Trabajo, por la que se concedió a la misma Asociación una ayuda
sociolaboral de carácter excepcional para gastos de personal y prestación
de servicios a extrabajadores recolocables de Santana Motor por importe de 603.291 euros.
Asimismo, en el Auto que dictó la Magistrada Mercedes Alaya el 24/04/2012, se menciona igualmente que
“destaca sobremanera el asesoramiento
jurídico absolutamente dilatado en el tiempo, costeado por la Junta de Andalucía, que prestó Estudios Jurídicos
Villasis, a la Asociación 28 de Febrero de Santana Motor, siendo uno de sus
socios Antonio Gutiérrez Castaño, amigo personal del hoy imputado”,
refiriéndose al ex-Consejero Antonio Fernández.
Es decir, el dinero llegaba a la citada Asociación desde la
Junta de Andalucía, o bien directamente (incluso pagando facturas de
asesoramiento jurídico), o bien a través del IFA –Agencia IDEA- o desde la
propia empresa Santana Motor a través de cantidades que se entregaban directamente
a los trabajadores o la Asociación de estos en calidad de “préstamos”.
Premio de
voluntariado 2016.
El pasado 2 de diciembre de 2016, fue entregado por la Junta
de Andalucía el Premio Andaluz de Voluntariado 2016 en la modalidad de “Entidad
de Voluntariado” a la Asociación
Promoción Social “28 de Febrero”, en el Salón de Actos Juan XXIII del
Campus de la Universidad de Córdoba. Asimismo, hay que recordar que esta
entidad ya fue distinguida por la Agencia Andaluza de Voluntariado en 2009 con
la Bandera de Andalucía.
Declaraba su Presidente en el Blog de “Andalucía, Compromiso Digital”,
Francisco Checa, que “nosotros somos 66
voluntarios en la asociación... en Andalucía Compromiso Digital tenemos a 7
voluntarios. Entre nuestras actividades está la realización de talleres de
Andalucía Compromiso Digital en la misma asociación, ya que disponemos de salas
y ordenadores. Llevamos a cabo muchas acciones formativas gracias a nuestros
voluntarios.”
En 2013, en la edición de Jaén del diario Ideal, decía
igualmente el Presidente de la Asociación: “«El
voluntariado se ha convertido en un aspecto fundamental para la asociación
porque es la mejor vía para devolver a la sociedad lo que hemos recibido en
este tiempo. Son muchos los proyectos que se desarrollan en este aspecto y que
ha tenido reconocimiento tanto a nivel local como provincial y regional a pesar
de que fundamentalmente se trata de un beneficio para la ciudad de Linares»”.
No tengo nada que objetar a la dedicación de los
trabajadores “prejubilados” a hacer “voluntariado” con la Asociación en áreas
como la deportiva, medioambiental, cultural, social, etc., que siempre es de
agradecer, aunque echo en falta una dedicación al segundo tema que más preocupa
a los andaluces: la corrupción, y
eso que les “ha rozado” en la empresa de Santana Motor, según la instrucción
judicial. Yo les animo a que investiguen y denuncien toda la corrupción que
invade la Junta de Andalucía y sindicatos UGT y CCOO, tal como hacemos unos
pocos andaluces, un área más para su “voluntariado”. Deberían tener en cuenta
que mientras menos dinero se desvíe en la corrupción, mejores servicios
sociales disfrutaremos todos. Obviamente, si lo hicieran, la Junta de Andalucía
no volvería a premiar jamás a la Asociación por su labor.
Sin embargo, lo que no puede admitirse es que la Asociación aún no
haya aclarado esta cuestión: ¿quién o
quiénes recibieron el préstamo de casi 1,5 millones de euros que les concedió
la empresa Santana Motor -dinero público- y si ha sido devuelto finalmente?
Porque en caso de no hacerlo, o en el supuesto más grave de tratarse de otro caso
de corrupción, como andaluz exigiría ahora mismo la devolución del dinero con
sus intereses, de la Bandera de Andalucía y del Premio Andaluz del
Voluntariado. Por ello, desde estas páginas les exijo que sean tan
transparentes con todos los andaluces como voluntaristas con los linarenses.
Asimismo, hay otras cuestiones que debería responder la
Junta de Andalucía:
- ¿Qué actuaciones realizó la Consejería de Hacienda cuando recibió la Memoria de 2011 de la empresa Santana Motor en la que se decía que dicho préstamo estaba deteriorado íntegramente? ¿Denunció a los responsables?
- ¿Qué ha pasado con el resto de préstamos -1’6 millones de euros- concedidos a otros trabajadores de la empresa?
- ¿Qué ha ocurrido con estos 3’1 millones de euros, al margen del resto de millones que está investigando el Juzgado?
No hay comentarios:
Publicar un comentario